El gobierno de Mauricio Macri ha llegado a su fin. Sin embargo, sus nefastas consecuencias, se harán sentir por años. Si bien los argentinos, o por lo menos una abrumadora  mayoría, vivieron este recambio político como un momento liberador, de alivio; como el fin de una tragedia por momento insoportable, el caos institucional, económico y social  sembrado por la administración macrista es una espada de Damocles que amenaza el buen andar del nuevo gobierno.  

 Pero  no solo calamidades  económicas, institucionales y sociales quedan entre los escombros de un  país en ruinas y condicionan las decisiones del gobierno recién asumido. Hay otros peligros, más complejos y muchos más difíciles de desentrañar y,  más aún, de resolver. Es una batalla cultural que se expresa en la profunda división que anida en el seno de la sociedad argentina. Aunque el neoliberalismo argentino no lo reconozca  y haga responsable al peronismo de la fractura que atraviesa la estructura social, la derecha crilolla es portadora de una retórica violenta e intolerante contra lo que despectivamente llama populismo.  Es difícil encontrar otros elementos en el relato del antiperonismo macrista que no remita casi exclusivamente al odio, la intolerancia y el prejuicio como claves de su construcción política. Se puede argumentar, con acierto,  que la grieta social tiene una larga y recurrente presencia a lo largo de toda la historia política argentina, resultado de las correlaciones de fuerza que se reflejan en la estructura económica de cada época. Sin embargo, esta actitud violenta,  despectiva, racista y profundamente antidemocrática, que históricamente fue patrimonio de la élite tradicional argentina y del “medio pelo” que tan bien describió Arturo Jauretche, ha sido introducida ahora, a través de la manipulación de grandes medios de comunicación, en las estructuras de los sectores medios empobrecidos   e incluso sectores populares que han asumido como propios la defensa de los antivalores de quienes han sido sus verdaderos verdugos económicos. 

Paradójicamente serán esos mismos sectores, que aplaudieron a un gobierno que los denigró socialmente, los primeros en demandar respuestas  a la nueva administración. Lo que no le dio Mauricio Macri en cuatro años lo querrán ahora de inmediato. Una forma de comenzar a erosionar al gobierno sabiendo de la crisis aberrante que este  hereda.   

Consciente de esta división entre los argentinos Alberto Fernández ha puesto en el centro de sus objetivos construir lazos de solidaridad, de humanidad, de diálogo.   En su discurso ante el la Asamblea del Congreso Nacional sostuvo que “vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social (…)  Un contrato social que sea Fraterno y Solidario. Fraterno, porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario, porque en esta emergencia social, es tiempo de comenzar por los últimos, para después poder llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos.” 

Este llamado a la unidad de los argentinos estuvo presente en  cada uno de sus discursos y cada uno de sus gestos. Acierta el Presidente cuando asegura que “Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre argentinos.”  Pero no es lo que piensa una parte importante de la oposición y menos aún Mauricio Macri quien, para conservar parte de su capital político, necesita imperiosamente del fracaso de la nueva gestión.  

Machacar  sobre la supuestas  “tensiones” entre Alberto y Cristina es otra de las variantes de la misma estrategia  de desgaste del macrismo. Para ahuyentar cualquier fantasma en ese sentido, en el escenario que ambos compartieron en Plaza de Mayo,  Alberto Fernández volvió a ratificar esa unidad afirmando que, la división que existió entra ambos, que no fueron de fondo, no se repetirán.  “No, no, ya no todo eso ya pasó, lo importante es que hoy, en esta Plaza, estamos Cristina, estoy yo, estamos todos unidos, decididos a poner la Argentina de pie” dijo emocionado.

También el Presidente Fernández sabe que no hay tiempo de gracia para su gobierno.  Se cuentan de a millones quienes piden respuestas inmediatas a sus problemas. Para comenzar a detener el grave  deterioro económico y social que experimenta el tejido productivo de la Argentina y frenar parcialmente el creciente desempleo que aqueja ya al 10,6 de los trabajadores registrados,  el Poder Ejecutivo declaró por 180 días, la emergencia ocupacional y restituyó, durante este mismo periodo, el derecho de los trabajadorxs a percibir la doble indemnización en caso de despido sin justa causa.  Este derecho había sido denegado por Mauricio Macri cuando, en el 2016, vetó el proyecto de ley N° 27.251.  

En esta misma dirección, y con el fin de recobrar  el consumo y reforzar el poder adquisitivo de los sectores populares el Presidente Alberto Fernández relanzará, los primeros días de enero,  el plan Precios Cuidados con una canasta de 538 productos de consumo masivo a lo que se sumará una canasta navideña con productos para las fiestas de fin de año. Con una inflación que llegó al 52,1% en el último año, es urgente atacar este flagelo.

 También  la grave escasez de recursos  pone un límite que solo podrá superarse, al menos en parte,  atacando la escandalosa concentración económica producida en el marco del capitalismo de amigos que implantó Mauricio Macri.  En este sentido el Presidente Fernández modificó el esquema de retenciones a las exportaciones agrarias heredado de la gestión macrista.  Este sábado dejó sin efecto el esquema establecido por Mauricio Macri, que retenía cuatro pesos por dólar exportado, fijándose ahora un porcentaje fijo del 9%. Para  la soja, este 9% se sumó al 18% que ya estaba vigente, por lo que el total de las retenciones suma el 27%. Pero a pesar de los pataleos de las patronales agrarias, esta modificación de régimen de retenciones es  en realidad una actualización de los índices ya establecidos, por cuanto, al momento en que Mauricio Macri fijó los cuatro pesos de retención por dólar, este billete cotizaba a 38 pesos y hoy ronda los 60 pesos.

La entrada en vigencia del protocolo del aborto no punible;  la promesa da elevar nuevamente al nivel de Secretaría el área de Malvinas de Cancillería; la reedición, hacia el mes de marzo, del programa Conectar Igualdad;  la creación del primer Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad como también el de Vivienda y Hábitat; la jerarquización al rango de Ministerio de las áreas de Cultura, Salud, Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sustentable; Ciencia y Técnica y Obras Públicas son respuestas a los compromisos asumidos durante la campaña.  

"Volveremos y vamos a ser mejores" bramó Alberto Fernández ante la multitud que lo aclamaba  en Plaza de Mayo. Las primeras decisiones de su gobierno son fieles a esa consigna. La larga marcha recién  comienza y los factores de poder acechan. Solo la política podrá vencer al odio, y de hacer política, pocos movimientos como el peronismo.  

Rodolfo Suarez va por la ley 7.722. También el gobernador de Mendoza,  Rodolfo Suarez, comparte la preocupación del Presidente Fernández por  cerrar la grieta que existe en el país. “Hay que trabajar en base a los consensos, al diálogo. Hay que dejar atrás la grieta en la Argentina porque el momento histórico así lo demanda. Terminadas las elecciones, hay que dejar de lado esos enfrentamientos  partidarios electorales para trabajar todos juntos” declaró luego de participar en Buenos Aires al acto de asunción del Presidente, en el Congreso de la Nación. Con la promesa de un Estado activo en materia de educación y apostando a un mejor desarrollo de las tecnologías del conocimiento, el nuevo gobernador mendocino avanzó en definiciones que apuntan a la reactivación económica de la provincia apuntando  principalmente a la explotación de Vaca Muerta y la generación de inversiones en la actividad minera. 

En línea con estos objetivos, el gobernador remitió  su propio proyecto a la Legislatura provincial para flexibilizar  la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera.  Sin dudas un tema caliente para cualquier administración, pero que el nuevo gobernador pretende despachar a la mayor brevedad,  aprovechando la alta legitimidad política que tiene como nuevo inquilino de la Casa de Gobierno. Los acercamientos entre los bloque legislativos se han multiplicado ya que para Rodolfo Suarez, tal como lo viene anunciando  desde la campaña electoral, la modificación de esta ley requiere de un alto consenso político como social. Así como en el oficialismo hay legisladores reticentes a flexibilizar la norma, en el peronismo también se combinan tanto rechazos  al proyecto como observaciones a la iniciativa del Poder Ejecutivo. 

 La primera crítica del justicialismo apunta a lo que considera graves incumplimientos en la gestión ambiental de la provincia. Desfinanciamiento del Fondo de Protección Ambiental;  debilitamiento de los organismos de control; acefalía en la Agencia de Ordenamiento Territorial; falta de aprobación legislativa de los balances hídricos de las distintas cuencas, lo que no permite tener información certera sobre cuál es la  disponibilidad de agua en los ríos mendocinos, son alguna de las objeciones más relevantes que el justicialismo mendocino hace al Poder Ejecutivo provincial. En consecuencia, para comenzar a discutir modificaciones al proyecto oficial, el justicialismo está exigiendo que cualquier proyecto minero debe contar con el aval del municipio correspondiente, la aprobación de los balances hídricos de las cuencas donde se radiquen los eventuales emprendimientos, Planes Municipales de Ordenamiento Territorial que autoricen la actividad minera; mayores controles ambientales; creación de nuevos Fondos  afectado, entre otras exigencias. La semana entrante vendrá cargada de novedades y podrá evaluarse que chances políticas tiene el proyecto. 

 Mientras, las organizaciones  ambientalistas, han entrado en estado de alerta y amenazan con volver a ocupar  las calles y denunciar judicialmente, a lo que el Gobernador Suarez califica como una “actualización” de la ley 7.722,  a pesar de eliminar las prohibiciones, salvo para el mercurio y permitiendo las demás sustancias, pero con uso sustentable y responsable.  En la nota de Babel “Calculan sancionar la reforma de la 7722 a fin de año”, se encuentra el proyecto remitido por el gobernador Rodolfo Suarez. 

Otra visión de la realidad tiene el diputado nacional Alfredo Cornejo  quien, arrastrado por la derrota de su socio político Mauricio Macri, sufre en carne propia el costo de quedar a la intemperie.   Irritado y sin ocupar ningún lugar de relevancia en la Cámara de Diputados se sintió molesto por la marcha peronista que se cantó en el recinto en el acto de asunción presidencial.  “Todas esas estupideces, lo único que hacen es confundir un espacio institucional con un facción de la Argentina" se despachó el ex gobernador mientras enumeraba los logros de Mauricio Macri que, a su juicio, fue “positiva en muchos aspectos, en materia de institucionalidad, de autonomía de la justicia, en la lucha contra el narcotráfico, en avances judiciales anticorrupción, en la apertura de la Argentina al mundo y también un balance negativo en cuanto a economía que derivan de una mala”. Aunque las circunstancias son especialmente críticas, hay dirigentes de los cuales difícilmente se pueda esperar gestos democráticos  de concordia y armonía.