El Presidente Macri va de salida. Quizá sea esta la única buena noticia que reciben en cuatro años la mayoría de los argentinos. Un pequeño grupo de adinerados, unidos por lazos de negocios e intereses económicos, que desprecia al Estado y el servicio público, deja solo tierra arrasada. Quienes prometieron más transparencia  dejan como herencia una corrupción estructural que será necesario erradicar; los que vinieron a rescatar la república del “populismo” resultaron ser expresiones de la vieja matriz autoritaria argentina que vulneraron todas las instituciones de la democracia: eliminaron la libertad de expresión, encarcelaron opositores, persiguieron jueces, extorsionaron y persiguieron a dirigentes sociales y sindicales,   aplaudieron el gatillo fácil, ignoraron la división de poderes y se aliaron a los genocidas de la dictadura entre otras infinidad de perversidades. Más rotundamente se cayó la mentira del crecimiento económico. ““Nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar” mintió el Macri candidato en el debate del 2015. Hoy no se necesita ser experto para darse cuenta que a pesar del ajuste impiadoso, la apertura indiscriminada  y el torniquete que estranguló el consumo interno, “el mejor equipo de los últimos 50 años” no logró controlar la inflación ni frenar la recesión, la que fue alimentada por el propio gobierno a golpes de devaluación y tarifazos.

Otro objetivo del  macrismo fue la destrucción del Estado al que consideraban  pesado, ineficiente y anticuado. Para hacerlo “más liviano” el gobierno de Cambiemos  remató cientos de inmuebles públicos por ”improductivos e innecesarios”; reprimió y despidió a miles de empleados públicos, destruyó  el Plan Nuclear Argentino, congeló todos los proyectos satelitales desfinanciando principalmente el INVAP, también vació el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) principal instrumento del Estado para el desarrollo rural; los mismo sucedió con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y todo organismo  dedicado a la producción de conocimiento para el desarrollo nacional. Sin embargo, estructuralmente inmoral, el gobierno saliente intenta ahora seguir plantando obstáculos al próximo gobierno, nombrando centenares de nuevos empleados y funcionarios públicos afines a su ideología. Con este objetivo el Presidente firmó el decreto 788/19, con el que se propone abarrotar  de funcionarios macristas la gestión de Alberto Fernández otorgando, mediante un régimen especial, a un centenar de directores y coordinadores de la alta administración pública nacional, estabilidad por cinco años e indemnizaciones exorbitantes si llegan a ser separados de su cargo. Otro despropósito que tendrá que ser reparado por la administración entrante.

Con el camión de mudanzas en  Olivos, el aún Presidente persiste desvergonzadamente en cubrir su retirada,  intentando ocultar los contubernios en los que estuvo involucrada su administración. Por Decreto de Necesidad y Urgencia  795/2019 creo la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados con el fin de que, los falsos arrepentidos que utilizó  su gobierno para denunciar, perseguir y encarcelar opositores, con saña especial a Cristina Fernández de Kirchner, no queden bajo la órbita de los próximos huéspedes de la Casa Rosada. Si los “arrepentidos” truchos del macrismo llegasen a contar la verdad sobre las  operaciones ilegales en las que estuvieron involucrados, muchas de las causas judiciales amañadas por el oficialismo se derrumbarían en un instante y muchos de sus instigadores podrían terminar en la cárcel. La resistencia de algunos miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, que denunciaron por inconstitucional el DNU,  pone en dudas su aplicación. En la nota de  "La oficina de Testigos Protegidos “seguirá donde estaba” la abogada Graciana Peñafort brinda detalles de la maniobra.

Uno de los desafíos más importantes que tendrá la gestión de Alberto Fernández será  la de reforzar los ingresos del fisco si, tal como lo ha señalado intentará, por un lado,  recuperar el crecimiento y por otro cumplir con las obligaciones que Argentina tiene con el FMI.  Uno de las causas que ´provocó el desfinanciamiento del Estado fue la decisión del Presidente Macri  de realizar quitas y rebajas de retenciones al capital agropecuario. Ya el nuevo Presidente anunció que, parte del déficit fiscal que hereda de Cambiemos, lo tendrán que financiar los más beneficiados por el Presidente Macri, entre ellos los grandes productores, acopiadores y exportadores del sector rural. La reacción de los ruralista no se hizo esperar.  A pesar que Alberto Fernández ya se reunió con la Mesa de Enlace Agropecuaria afirmando que “Hemos dejado atrás los desencuentros y hemos decidido trabajar entre todos para poner de pie a la Argentina”, aparecieron las primeras amenazas e intentos de condicionamientos por parte de una agrupación macrista autodenominada Campo + Ciudad, quienes afirman que “Aceptar la decisión de las mayorías no significa que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando, a lo largo y ancho del país y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alertas, para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. (…) Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes y al saqueo les decimos nunca más “No solo es paradójico que hablen de abusos, aprietes y saqueo quienes hicieron de esas prácticas un estilo de gobierno  sino que ahora, pretenden conservar sus privilegios, con amenazas y patoterismo. Queda claro que los únicos valores que defienden, son la codicia y el autoritarismo, sellos distintivos del derrotado macrismo.

En Mendoza el próximo gobernador, Rodolfo Suarez, está decidido a avanzar en  la reforma de la ley 7722 con el objeto, a su juicio, ampliar así la matriz productiva de la provincia. Para el futuro gobernador  “esta ley es impeditiva para este tipo de inversiones. Pero vemos como en todo el mundo se desarrolla la tecnología, y más en esta materia, que es exponencial en el cuidado del medio ambiente (…)es la única manera que nosotros tenemos de generar riqueza y optimizar nuestro recurso escaso que es el agua ” afirmó en su momento. El debate por la enmienda de la ley  que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera, está instalada en la legislatura mendocina. Y para transparentar quienes son los promotores de la reforma, el peronismo accedió a no tratar en el Senado ninguno de los dos proyectos proyectos que tienen como autores a Alejandro Abraham y Juan Agulles, reclamándole al oficialismo que remita su propio proyecto de  reforma. “Queremos definiciones por parte del oficialismo y esperamos que, como primer gesto, el oficialismo encare todos los cumplimientos de materia ambiental que se tiene que concretar” reclamó el Presidente del justicialismo mendocino Guillermo Carmona. No se conocen aún los detalles del proyecto que elaboró el oficialismo pero su tratamiento, que tal vez se realice en sesiones extraordinarias,  promete un agitado verano político donde cámaras empresarias como el Consejo Empresario Mendocino y la Unión Industrial de Mendoza ya dieron su aval a la reforma, mientras que organizaciones ambientalistas ya se movilizan en defensa del agua y la intangibilidad de la ley.

En su  último discurso de apertura de sesiones legislativas  Alfredo Cornejo afirmó emocionado que dejaba ordenada las finanzas  públicas de la provincia, afirmando que “Hemos establecido la base de la buena administración". Sin embargo, el último  26 de noviembre el gobierno comunicó que no cumplirá el acuerdo paritario firmado con el SUTE antes de las elecciones. Según el gremio en  el acuerdo se había comprometido a equiparar las fechas de pago de sueldos a trabajadoras de la educación suplentes con el de titulares y terminar así  con el atraso de dos meses que vienen sufriendo. Sin embargo ahora propone posponerlo hasta mediados de enero, con lo que se atrasaría también el pago del aguinaldo para estas trabajadoras. 

Poco duró lo que todos sospechaban: no hay tal orden en las cuentas públicas. Lo que deja Alfredo Cornejo es un estado provincial endeudado, desfinanciado y que ha resignado  recursos, en particular con la forma del Pacto Fiscal impuesto por el Presidente Macri, que deja las cuentas provinciales en rojo, con un déficit que afectará sensiblemente la gestión del próximo gobernador.  La excusa de seguir culpando a Celso Jaque y a Paco Pérez se agotó. Lo cierto es que Rodolfo Suarez tendrá que seguir endeudándose para enfrentar los compromisos del año entrante. La Ministra Alassino como el Ministro Neri, voceros de la saga “las cuentas ordenadas”,  recién ahora reconocen que Mendoza no es una isla y que la inflación, la pobreza y la falta de crecimiento han afectado la recaudación. Lo que esconden los funcionarios es la complicidad política del radicalismo mendocino con el proceso de saqueo y fuga que vivió la Argentina en estos últimos cuatro años.     

La única verdad es la realidad,  dijo primero Aristóteles, luego Imanuel Kant y, más acá en la historia argentina, el mismo General Perón.  Y la realidad es que Mendoza, al igual que en el resto del país, “pasaron cosas”.