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Brasil. Un cambio de prioridades. El triunfo de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil, y todo lo que él representa, es una demostración de que la paz, la democracia y los derechos humanos son siempre conquistas inconclusas, frágiles, que cada cierto tiempo caen en períodos de autodestrucción y profundos retrocesos. A la tentación autoritaria, Brasil agrega ahora también la estafa política.
El juez Sergio Moro, emblema de la lucha contra la corrupción, el cerebro del Lava Jato que encarceló sin ninguna prueba a Luiz Inácio “Lula” Da Silva para impedirle ganar las elecciones y, de esa manera, entregarle en bandeja la presidencia a Jair Bolsonaro, resultó ser un vulgar estafador político. Así como hace dos años dijo "Jamás. Jamás. Soy un hombre de justicia y, sin ánimo de criticar, no soy un hombre de política", sin sonrojarse aceptó ahora ser recompensado, por sus servicios de inquisidor a sueldo, como Ministro de Justicia y Seguridad Pública. El rey quedó desnudo. No parece que semejante farsa judicial y tamaña manipulación mediática necesite mayores aclaraciones. Cualquier parecido con Argentina, no es pura casualidad.
“No es prioridad la Argentina. El Mercosur tampoco es prioridad. ¿Es eso lo que usted quería oír? Conozco ese estilo. Argentina no es prioridad. Para nosotros, la prioridad es comerciar con todo el mundo” declaró Paulo Guedes, el futuro superministro de Economía brasilero a un periodista argentino. Aunque más tarde trató de minimizar sus dichos, la impresión fue decepcionante y un llamado de atención para el gobierno de Mauricio Macri. Deshidratar la integración regional y redireccionar sus relaciones comerciales y políticas hacia EEUU, son las prioridades de la nueva administración. Brasil es importante para Argentina no sólo porque es su primer socio comercial, sino también porque se vienen desarrollando proyectos conjuntos relacionados con la Cooperación Espacial, la Cooperación Nuclear , nuevas iniciativas en materia de Defensa y otros proyectos de alto contenido científicos y tecnológicos. La gran influencia de los militares en el gobierno de Bolsonaro, podrían poner en riesgo estos avances si deciden sacrificar estos proyectos como condición para una mayor convergencia con Washington. En una democracia tutelada, las decisiones más importantes ya comienzan a pasar por los cuarteles y al ritmo de los intereses de los Estados Unidos.
La soberanía en juego. Según narra el historiador Felipe Pigna, el primer texto de la Independencia aprobada Tucumán el 9 de Julio de 1816, decía “libres de España, de Fernando VII y sucesores”. Fue el General San Martín quien, desde Cuyo y a través de Tomás Godoy Cruz, pide que se agregue a esa fórmula la frase “y de toda dominación extranjera”, enmienda que se incorpora por intermedio de Congresal Pedro Medrano, el 19 de julio. San Martín era consciente de las amenazas que enfrentaba la recién emancipada nación. No sólo España, sino también Portugal, Gran Bretaña y otras potencias europeas intentarían someterla, en muchos casos con la infame colaboración de intrigantes nativos. Lamentablemente los temores del Libertador se confirman reiteradamente, con trágica certeza, a lo largo de la historia Argentina. La entrega de soberanía, el desinterés por defender la autonomía y la independencia, se han transformado en prácticas reiteradas.
La firma del acuerdo del Presidente Macri con el Fondo Monetario Internacional por un crédito de U$ 50.000 millones, a cambio de ceder implícitamente el manejo de las principales variables financieras y monetarias, configuran una de estas estas graves cesiones de soberanía. El Presupuesto 2019 fue la hoja de ruta trazada por el FMI para cumplir con sus designios. La enorme tijera que recorta inversiones en salud, ciencia, educación, ayudas sociales, obras públicas, entre otras grandes partidas, es el costo que el gobierno de la alianza Cambiemos le hace pagar al pueblo argentino por sus propios errores y por la inocultable subordinación política y económica a los especuladores financieros globales.
Fue por esta razón que, en su oportunidad, el fiscal Jorge Di Lello imputó al Presidente Macri y a varios miembros de su gabinete, por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público. También pidió cautelarmente que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI, ya que este no había sido tratado por el Congreso Nacional como lo exige la Constitución Nacional. Sin embargo el juez federal Julián Ercolini desestimó el caso y ahora el Fiscal German Moldes, uno de los promotores del 18F en homenaje a Alberto Nisman, terminó de archivar la causa porque el gobierno, a su juicio, “no rebasó ningún límite jurídico”. Todo tiene que ver con todo.
Otra novedad es que, por primera vez luego de casi tres años, el Canciller Jorge Faurie, compareció ante la Comisión de Relaciones y Culto de la Cámara de Diputados, a la que había sido citado reiteradamente. El vicepresidente de ese cuerpo, el diputado mendocino Guillermo Carmona, fue el encargado de marcar los ejes de la interpelación. En principio le recordó al Canciller que, desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri se produjo un cambio regresivo en el manejo de la Cuestión Malvinas que giró, de un período de reclamos ininterrumpidos a nivel regional y global, a una nueva etapa de abierta desmalvinización. Le reiteró el rechazo al acuerdo Foradori-Duncan que se firmó el 13 de setiembre del año 2016, el que se viene ejecutando sin acuerdo del Congreso Nacional, como lo exige la Constitución Nacional. El deshonroso acuerdo, al que aludió el Diputado Carmona, como lo hicieron luego los diputados Alejandro Grandinetti (FR), Martín Pérez (FPV-PJ) y Araceli Ferreyra (ME), es un tratado bilateral que dejó en evidencia la posición pro británica que sostiene el gobierno de Mauricio Macri. Con el insostenible argumento de una “inserción inteligente” de la Argentina en el mundo se renunció, mediante ese instrumento, al interés nacional y se resignó abiertamente toda reivindicación de soberanía. El acuerdo hace concesiones inaceptables a favor de Gran Bretaña en materia de comercio, pesca, hidrocarburos, recursos ictícolas, navegación, comunicación, cooperación militar entre otros temas. Sin embargo, para el Ministro Faurie, el acuerdo solo se trata de “eso es una hoja de ruta” que no amerita la intervención del Congreso.
Otras de la aclaraciones que pidieron los diputados, fue por los dichos que hizo a la prensa el Canciller Jorge Faurie, donde señaló que los argentinos “debían respetar la vida de ellos, pero generar un vínculo como dos pueblos, como una nación que estamos en el Atlántico Sur”. A la luz de la Resolución 2065 de la ONU, los Kelpers no son un pueblo en los términos del derecho internacional, sino una población implantada. Reconocerles el estatus de “pueblo” a los isleños sería también atribuirle el derecho “autodeterminación”. Una claudicación inaceptable. Llamativamente el Ministro Faurie repitió este despropósito frente a los legisladores. Fue por ello que el Diputado Carmona le espetó: “No hay dos pueblos; hay un pueblo: el pueblo argentino. No hay dos territorios ni dos soberanías; hay una soberanía, que es la soberanía argentina, y esto queremos reafirmarlo.” También por este motivo, el Frente Para la Victoria pedirá el juicio político por mal desempeño en sus funciones y porque el Canciller “está jugando abiertamente en contra de los intereses nacionales.”
Mientras, detrás de la artificiosa estabilidad del dólar y de una ficticia paz económica, se va incubando una bomba económica que, pasada las próximas elecciones, difícilmente escape al default. Solo como referencia escandalosa el Banco Central paga, por día, casi $1.300 millones en concepto de intereses por las Leliq, que otorga una tasa del 70%. Mientras, sube la nafta, las cuotas de los colegios privados, el transporte público de pasajeros, las prepagas, el impuesto a los Bienes Personales y muchos otros etcéteras.
Cambia Mendoza. Una alianza desilachada. A pesar de la aparente buena convivencia en la alianza Cambia Mendoza, la carrera por instalar candidatos ya está lanzada. La discusión en la carpa oficialista, en torno a la Boleta Única, deja ver estas fisuras. Con la atendible excusa de un ahorro en la impresión de las boletas, Omar De Marchi, Presidente del Pro e intendente de Luján de Cuyo, sin avisar a su socio, el Gobernador Cornejo, viene impulsando un proyecto de ley de Boleta Única, el que busca consensuar con los presentados oportunamente por Marcos Niven (PD) y otro de Mario Vadillo (Protectora). Sin embargo, ni los legisladores radicales han participado de estas reuniones de Comisión como tampoco el Gobernador ha impulsado el debate, con la excusa de que esta iniciativa es redundante, porque está incluida en el artículo 17°, de la Ley Electoral 2551. Sin embargo las diferencias parecen estar más en las necesidades políticas de los socios de Cambia Mendoza que en un problema de presupuesto. Las dificultades que tiene Alfredo Cornejo para asegurar un candidato propio, le obliga a buscar un mecanismo que le garantice producir un “efecto arrastre” en las próximas elecciones. Seguramente especula que, su propia candidatura encabezando una de las listas, podrá traccionar las chances electorales de sus correligionarios. Este efecto “contagio” es más difícil de conseguir con la Boleta Única donde todos los candidatos, para cada categoría de cargo electivo, están en la misma boleta sobre la cual, haciendo una cruz, el elector marca la opción de su preferencia. Si el debate avanza en la Cámara de Diputados, el radicalismo no tendrá más chances que ocupar las bancas y debatir. La derrota sufrida por el Gobernador, con el proyecto que pretendía reformar la ley que regula el ejercicio de la abogacía y la procuración, sumado a los efectos que ya comenzó a generar la falta de recursos para la obra pública municipal, que provenían del Fondo Sojero y que fuera eliminado por el Presidente Macri, van configurando un clima de confrontación que debería preocupar al primer mandatario provincial.
También el Partido Demócrata atraviesa una nueva crisis. Si bien esta fuerza política provincial integra el frente Cambia Mendoza, su presidente y diputado provincial Marcos Niven junto al histórico Carlos Balter, están cada vez más lejos de Macri y Cornejo y parecen decididos al armado de un Partido Demócrata nacional, capaz de competir con candidatos propios. Esta semana estuvieron conversando con el ultraliberal José Luis Espert que, además de ser un crítico al modelo macrista, tiene pretensiones presidenciables. Mientras, por otro lado, los demócratas frentistas y disidentes, que son además funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo, están pergeñando la creación de un nuevo partido político, al que imaginan integrado al frente Cambia Mendoza. La fractura en el Partido Demócrata mendocino parece inevitable.
También el Partido Justicialista mueve sus fichas. Esta semana, los dirigentes más importantes que apoyan la candidatura del Diputado Agustín Rossi se reunieron en la sede nacional del Partido Justicialista, en Buenos Aires. El objetivo del encuentro fue profundizar la presencia territorial del precandidato presidencial y avanzar en la construcción de este espacio electoral con aspiraciones a la presidenciales de 2019. Participaron de la reunión el Diputado Daniel Filmus, la Diputada Cristina Álvarez Rodríguez, los economistas Enrique Vanoli y Mercedes Marcó del Pont, el diputado Carlos Heller y representantes de distintas provincias junto a legisladores provinciales, intendentes, y referentes territoriales. Por Mendoza asistieron el Diputado Nacional Guillermo Carmona, la Senadora Fernanda Lacoste (PJ) y el Concejal por Rivadavia, Juan Garrido (PJ). El recambio de autoridades del Partido Justicialista, probablemente el próximo 17 de noviembre, dará una nueva dinámica política al principal partido de la oposición, que aspira a disputar espacios tanto en la provincia como en cada uno de los municipios. La Unidad es la consigna; hay 2019, el desafío.