La titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, sostuvo que hay “un incremento exponencial del gatillo fácil desde el inicio del gobierno de Cambiemos, que en estos últimos meses ha crecido de manera más notable en relación a los dos años anteriores”.

Agregó que este aumento se dio “en particular a partir de diciembre del año pasado en el marco de la promoción pública del gatillo fácil como herramienta represiva por parte del gobierno nacional en torno del conocido caso Chocobar”.

Verdú describió en diálogo con Va Con Firma, que “en ese marco no se puede esperar otra cosa que este crecimiento exponencial que nos está costando más de una persona por día muerta por el gatillo fácil o por torturas en lugares de detención”.

Señaló que esta promoción de la represión implica tanto al “presidente de la Nación que se abraza con un policía que acaba de fusilar por la espalda a una persona desarmada”, a “una ministra de Seguridad que estando el hombre procesado por homicidio calificado lo va a visitar a la casa a tomar mate, a decirle que no está solo y le expresa su solidaridad” y al hecho de que luego de ese apoyo “ha sido reincorporado al servicio activo de la fuerza y te lo podés cruzar en cualquier calle de Avellaneda con su 9 milímetros en la cintura”.

Ayer, miles de personas marcharon en la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil convocada por distintas organizaciones como la Correpi y los familiares de las víctimas con las consignas “¡Basta de gatillo fácil! ¡Ni un pibe menos! ¡Ni una bala más! ¡El Estado es responsable!”.

Verdú destacó, sobre el posible recrudecimiento del conflicto social con la presencia de las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad interior, que en “la medida en que aumentás el poder de fuego en las calles, aumentás exponencialmente los fusilamientos, porque a más balas, más muertos”.

Añadió que “de la misma manera cuando profundizás la política de detenciones arbitrarias con las intersecciones, registros, requisas en el colectivo, etc; más personas pasan por comisarías y por eso aumentan también las denuncias de tortura y las muertes en lugares de detención”.

En cuanto al caso de Christopher Rego, asesinado el 12 de agosto por integrantes de Prefectura cuando eludía un control, Verdú consideró que “los videos permitieron determinar que no solo lo habían fusilado los prefectos sino además que habían limpiado la escena del hecho para que no quedaran rastros y se fueron del lugar sin siquiera pedir auxilio cuando el pibe todavía estaba vivo”.

“Por eso justamente los otros siete prefectos, además del que disparó están imputados por abandono seguido de muerte y por encubrimiento”, remarcó.

La titular de Correpi, destacó que “en este caso no pudo el gobierno sacar el pecho y decir esta es mi Prefectura, como sí hicieron después de Rafael Nahuel, por el hecho de que no era un pibe mapuche al que podían estigmatizar como violento, terrorista; sino un muchacho de clase media baja manejando una camioneta”.

Además, observó que “ahí se le cerraron un poco los caminos y como lavada de cara salieron con el clásico de vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y mandaron ese regalo prácticamente ofensivo a la mamá del bebé de menos de dos menos meses de Christopher”; refiriéndose a la caja de pañales, leche y ropa que le envió el ministerio de Seguridad a la viuda del joven asesinado.

El comunicado de los familiares

Los familiares de víctimas del gatillo fácil expresaron en un comunicado que “no son casos aislados, sino que estas formas de represión son ejercidas de manera sistemática a lo largo y a lo ancho del país y dirigida fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes” y que “se suceden impunemente”.

Reclamaron que “el responsable es el Estado” porque “no se trata de uno, dos o mil policías sino de toda la institución, así como de todas las otras fuerzas represivas: gendarmes, prefectos, penitenciarios”.

En el comunicado sostuvieron que “Cambiemos, desde que llegó al gobierno a fines de 2015, ha tenido como política intensificar la represión a la clase trabajadora” y eso significó “la promulgación de la Ley de Sepultura 24.660, que arrebata casi todos los derechos de los privados de su libertad, y el intento de bajar la edad de imputabilidad el año pasado”.

“A eso responden la intención de reformar el Código Penal para librar de responsabilidad a los policías que matan a nuestros pibes en todo el país, o la de devolver a los milicos a las calles para que colaboren con las fuerzas de inseguridad y juntos aumenten los niveles de represión a los que nos vemos sometidos bajo las excusas de las “nuevas amenazas” como terrorismo y el narcotráfico”, concluyeron.

Entrevista: Diego Colao