El conflicto negado

El conflicto no es un fenómeno ajeno a las sociedades democráticas, por el contrario, es consustancial a su existencia. La complejidad de los intereses que se conjugan y confrontan exige a quienes exponen un reclamo, pero especialmente a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, tener en cuenta el bien común social.  Siguiendo este argumento, la mayor responsabilidad para que el conflicto se encause de manera constructiva es del Estado.

Enrique Serrano, en su obra “El conflicto político. Una reflexión filosófica”, afirma que  “El conflicto es un fenómeno irreductible del mundo humano; el conflicto entre los hombres no tiene que desenvolverse necesariamente de manera violenta. Si los individuos o grupos no califican al Otro como una bárbaro, sino como una expresión de la pluralidad humana, el conflicto se atenúa, lo cual hace posible encauzarlo y controlarlo dentro del marco de la polis, así como aplicar el uso de técnicas racionales (tales como el uso de los discursos) para dirimirlo”.(1)

Todo esto viene a cuento de lo ocurrido en Mendoza durante la última semana, originado en el justo recamo salarial de los sindicatos docentes y el acompañamiento de otros gremios del sector estatal. Terminó en decreto de aumento sin paritarias y dos dirigentes sindicales presos. Un verdadero bochorno para un sistema institucional que se demuestra rígido y ajeno a la realidad que transitamos.

Habíamos advertido que la aplicación de normativas represivas de última instancia por parte del gobierno para sancionar los cortes parciales de accesos realizados durante el pico del conflicto era tirar con munición gruesa. No estaba en los cálculos llegar al grado de detener a dos de ellos aplicando el art. 194° del Código Penal: en una comisaría a la Secretaria Gremial de ATE, Adriana Iranzo, y en la propia penitenciaría al Secretario General del mismo sindicato Roberto Macho. Esta decisión es todo lo contrario a propiciar instancias de diálogo para discutir alternativas posibles a la cuestión de fondo: los bajos salarios que perciben las y los agentes públicos.

Lo mismo ocurre con la descalificación del gobierno hacia las y los dirigentes sindicales, a quienes busca negar en tanto representantes de sus bases en conflicto, incluyéndolos en una categoría política - la militancia sindical también lo es, por lo que no debe confundirse la esencia de la representación que la origina - para deslegitimar una medida que es plenamente acompañada por la gran mayoría de docentes que la reclamaron. Son “kirchneristas” y “no se consultó en las escuelas para que lo voten”, repitieron disciplinados tanto el Director General de Escuelas José Thomas como el ministro Víctor Ibáñez, en una conferencia de prensa que ofrecieron luego de la decisión sindical de convocar a un paro por 72 hs. en la próxima semana. “No se derogará el decreto de aumento”, vociferaron cerrando la puerta al diálogo. La contradicción es evidente, puesto que las mismas autoridades del gobierno escolar que piden la votación en la escuela son las que han prohibido el desarrollo de asambleas en los horarios de clases.

Algo verdaderamente llamativo fue la intención de diferenciarse de dos expresiones que participan del frente oficialista Cambia Mendoza de la irreductible posición expresada por Thomas. Así, tanto Omar De Marchi, operdor larretista del PRO, como Jorge Difonso (Unidad Popular) se reunieron con la cúpula del SUTE, tras lo cual propusieron a Suárez reconducir el conflicto declarado hacia el diálogo que parece hoy dinamitado por los propios funcionarios provinciales.

Lo cierto es que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) votó el paro por 72 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo en reclamo de la derogación del decreto que dispuso un aumento salarial (44% sobre la base de diciembre de 2021), en el plenario general extraordinario que se realizó en San Martín y de la que participaron delegados de los 18 departamentos. Carina Sedano, la titular del SUTE, remarcó que la decisión se tomó por amplia mayoría teniendo en cuenta "los sueldos precarizados de los docentes" y el fuerte impacto de la inflación, que afecta también a los celadores. Piden también por la reapertura de las paritarias y que la DGE les permita realizar asambleas en horario escolar. El paro se concretará el lunes, martes y miércoles próximos.

Al mismo se sumaron el SADOP, representación de docentes privados, y ATE que proponen medidas de similar alcance y por el mismo motivo. Los gremios vinculados a la salud probablemente sigan el mismo camino.

Justicia Independiente y Calidad Institucional

Otro tema de discusión importante porque muestra la profundidad de la crisis de Mendoza, que no sólo es económica, es la cooptación sistemática del poder judicial por parte del radicalismo gobernante a partir de su acceso al poder, ocurrido en 2015. La excusa para propiciar tal discusión la dio la decisión del presidente de la Corte provincial, Dalmiro Garay, al dar de baja una resolución de teletrabajo que impulsó la Sala II, donde participan miembros del cuerpo que no forman parte de la claque oficialista. Tanto Mario Adaro como Omar Palermo, de ellos se trata, tampoco ahorraron críticas contra Garay por el “uso discrecional del plenario” para desactivar las disidencias en el máximo tribunal provincial.

Sobre esto opinó la ex jueza Aida Kemelmajer de Carlucci, cuyos dichos son muy trascendentes en el ámbito de la justicia provincial. “Es verdad que la Corte de Mendoza ha perdido credibilidad en estos últimos años en la opinión pública”, empezó diciendo en una entrevista reciente.

Continuó dando un ejemplo muy claro de cómo es percibido este alineamiento que ya resulta evidente e innegable: “Las razones son muy diversas. Hay símbolos, imágenes, que, aunque parezca mentira, inciden en esa credibilidad. Por ejemplo, el juramento de la doctora Day, más allá de que si su designación cumplía o no con los requisitos constitucionales, se hizo en la sede del Poder Ejecutivo, rompiendo una tradición de que los ministros juran en la sede del Poder Judicial”. Faltó decir que hasta el guion del acto estaba armado en el cuarto piso de la Casa de Gobierno.

Si bien la hipotética “independencia judicial” es un ideal teórico que pocas veces se cumple porque generalmente los intereses reales están presentes sin que se hagan tan evidentes como en los otros poderes del estado, Kemelmajer advierte que, “haya o no perdido independencia, lo cierto es que se ha perdido confianza y esto es muy grave para el Poder Judicial. Reconquistar la confianza o prestigio perdido no es fácil.”

En un nivel más cercano, merece mencionarse también la decisión de utilizar el poder judicial para fines políticos como ocurrió en el caso del encarcelamiento del sindicalista Roberto Macho, ya comentado.

La calidad institucional es un concepto amplio y un tanto abstracto. No obstante, según la acepción clásica, suele contener al menos algunos elementos esenciales, como lo es la división de poderes. No sólo hace falta una legislación actualizada y que contribuya a ese bien social del que se hablaba al comienzo que es la convivencia democrática, también es necesario un poder Judicial capaz de garantizarlo.

Por lo visto, un poco alejado del modelo de resolución de conflictos que proponen los gobiernos de Cambia Mendoza: ¡acate o marche preso!  

Crecer y Distribuir: Termina una semana con un Frente de Todos que hizo su  jugada más fuerte para estabilizar la economía. El ingreso de Sergio Massa al gabinete, con el aval de Alberto Fernández y Cristina Fernández, mantiene viva la alianza de gobierno y tonifica una gestión que viene golpeada por la  inflación, el alza del dólar atada a movidas especulativas, la caída de las reservas del Banco Central, una transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía y, en consecuencia, un deterioro en los ingreso de los trabajadores.

Con una concentración de poder poco frecuente, el fundador y principal referente  del Frente Renovador asumió con apoyo de todos  los sectores del FdT. En principio, su tarea es política ya que  Massa aterriza en un escenario donde sectores de la oposición política, económica y mediática han construido un escenario de caos  económico con claras intenciones de golpear  al gobierno mediante la generación de una  crisis social. También es cierto que nadie ha hecho más que el propio oficialismo para llegar a este nivel de debilidad política. Si bien el FdT heredó un país con una deuda externa fenomenal y con un grave deterioro económico y social, a lo que se sumó la crisis sanitaria por efecto del COVID-19, fueron los resultados electorales del 2021  los que complicaron seriamente el mandato de Alberto Fernández.  Fue claro que faltaron políticas distribucionistas  ya que, aunque se habían generado nuevos puestos de trabajo y las empresas obtuvieron razonables utilidades, la mayoría de los argentinos se empobrecieron. Ese fue un punto de inflexión que trajo un reacomodamiento de los miembros de la coalición y un cambio de gabinete para ganar tiempo e iniciativa. Lo esperaba sin embargo resolver el problema de la de la deuda irregular  y monumental  contraída por Macri con el Fondo Monetario Internacional.  Ese acuerdo produjo un quiebre al interior del FdT con la renuncia de Máximo Kirchner  a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados por "no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.  De allí en adelante se inició una confrontación pública entre los socios de la alianza de gobierno que tuvo en Cristina Fernández su mayor exponente. La renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía aceleró la crisis en el gobierno mientras la oposición y los factores de poder generan recurrentes corridas cambiarias y alimentaron el proceso inflacionario presionando por una devaluación del tipo de cambio. El nombramiento de emergencia de  Silvina Batakis no detuvo a los especuladores,   quienes siguieron captando ganancias  a costa del ingreso de los sectores asalariados.

En este contexto llega Sergio Massa al gabinete. “No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo”, se atajó el nuevo superministro tratando de quitarse un poco la presión que recayó sobre su nombramiento. Si bien los “mercados” recibieron a Massa con alguna expectativa y el precio del dólar se derrumbó parcialmente, la salida a de 700 millones de dólares del Banco Central   para pagar, esta semana,  las importaciones de energía y combustible fue una sangría importante para un entidad que está al límite de sus reservas. La boleta por cada buque que llega con   gas licuado cuesta  130 millones de dólares, y los de  gasoil de 30 millones.  De allí, como una línea de política económica,  la urgencia del nuevo ministro por fortalecer las arcas del BCRA con incentivos para el agro y toma de financiamiento internacional para eliminar la amenaza de presiones cambiarias que pretenden forzar una devaluación.

En línea con los anuncios que ya había realizado Batakis, se propone también ordenar el frente fiscal reduciendo y ordenando el   gasto público a través, entre otras medidas, de congelar  la planta de personal del Estado nacional y organismos descentralizados y no pedir más plata al Banco Central  para financiar el gasto, por lo menos hasta fin de año. Hay que tener en cuenta que este año  el Banco Central le transfirió al Tesoro nacional unos $ 950.000 millones. Si bien el  Tesoro le devolvió $ 322.449 millones la deuda sigue siendo importante. De hecho Massa anunció que la próxima semana  le reintegrará $ 10.000 millones al BCRA para achicar la deuda que tiene con esa entidad. También el  canje de deuda voluntario, de los títulos que vencen próximamente, va en la misma dirección.  Si consigue este objetivo y logra que los exportadores  desembolsen  cinco mil millones de dólares, el nuevo superministro habrá dado los primeros  en la dirección que se lo propuso.

Otro objetivo de Sergio Massa es contener  la delicada situación económica que atraviesan amplios sectores sociales y que necesitan una urgente recomposición de sus ingresos. La inflación reinante  sumado a la próxima disminución de subsidios a la energía eléctrica,  pegará de lleno en el bolsillo de los trabajadores y jubilados que, paradójicamente, es el que votó mayoritariamente al gobierno del FdT.  Más allá de los objetivos que se propone Massa y la supuestas pelea entre distribucionistas y productivistas al interior del Frente de Todos, no hay futuro político posible para un gobierno nacional y popular si no se recupera el poder adquisitivo de  trabajadores y jubilados. De no resolverse esta situación de precariedad social, el horizonte político del gobierno será de una alta conflictividad social, falta de estabilidad política y de una clara pérdida de sus posibilidades electorales para el año próximo.

Sin dudas que la caída de las principales variables económicas se detuvieron, al menos momentáneamente, con la llegada de Massa al gabinete. Fue un decisión política del conjunto del FdT. Los desafíos están planteados. Crecer es un imperativo. Pero tan o más importante es también recomponer y mejorar los ingresos de los sectores populares.

(1) Enrique Serrano. El conflicto político. Una reflexión filosófica. Instituto de Investigaciones Filosóficas. Universidad Nacional Autónoma de México. Pág.3 (Artículo publicado en: https//dialnet.unirioja.es).