Muere víctima de femicidio o transfemicido una mujer o persona trans cada 23 horas en nuestro país. En América Latina se estima que son 10 cada 24 horas. El encierro producto de la pandemia por COVID 19 ha agravado la situación en todos los países.

Tanto a nivel mundial como regional la violencia de género y la discriminación por motivos de género, sexualidades e identidades es considerada como algo sistémico, estructural que debe ser abordado desde todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Nuestro país es pionero en materia de legislación contra la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y leyes igualitarias, sin embargo, está claro que con las leyes por si solas no alcanzan. 

Es necesaria una respuesta firme y comprometida desde los distintos poderes de los Estados tanto a nivel nacional como provincial y esto involucra a las personas que los conforman y sus acciones diarias.

El femicidio es el último eslabón de una serie de violencias y micromachismos que se van dando generalmente mucho antes y que para gran parte de esta sociedad se encuentran naturalizadas.

Un ex gobernador, diputado nacional, Presidente de la Unión Cívica Radical y con aspiraciones a presidir la oposición en nuestro país no puede en un acto público decir en referencia a la única intendenta mujer de la Provincia de Mendoza que es una chica “agradable” pero no sabe de administración, que se dice feminista y en realidad la maneja el marido.”

Dichas manifestaciones son discriminatorias (suponen un trato de inferioridad), misóginas (denotan desprecio por el hecho de ser mujer, alguien tiene que manejarla) y constituyen un acto de violencia política en los términos de la Ley 26485.  En efecto, violencia política según la ley, es la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.”

Las recientes declaraciones del Diputado Nacional Alfredo Cornejo no debieran sorprendernos si hacemos un poco de memoria acerca de cuáles fueron sus actitudes cuando fue gobernador de esta provincia frente a los casos de funcionarios de su propio gobierno acusados por actos de violencia de género, a los que protegió y apaño hasta donde pudo, intentando desacreditar cada una de las denuncias. 

Tal es el caso del su Ministro de Seguridad Sr. Gianni Venier,  denunciado por violencia de género por su ex esposa,  su Ministro de Salud,  Rubén Giacchi que agredió físicamente a su pareja en público, el  ex Subsecretario de Justicia Marcelo D Agostino (agresiones a su ex pareja),  el ex Subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré que tuvo que presentar la  renuncia al ser procesado por varias denuncias de abuso sexual en contra de sus empleadas,  su Director General de Escuelas, Jaime Correa (condenado por violencia verbal y psicológica contra una empleada), Ceferino Sanchez, funcionario del IUSP (lesiones leves agravadas, amenaza y acoso sexual a una empleada) y podríamos seguir con hechos actuales como el desplazamiento de la cúpula del IUSP (Instituto Universitario de Seguridad Pública), designada durante el gobierno de Cornejo y acusados entre otras cosas por violencia de género por parte de empleadas y docentes.

Tampoco debiera sorprendernos sus declaraciones si recordamos su negativa cerrada a proponer una mujer con perspectiva de género en nuestra Suprema Corte de Justicia y la proposición en cambio de Valerio, una persona ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos y organizaciones de mujeres por misógino y homofóbico.

Avalar o justificar estos discursos legitima, reproduce y justifica la violencia machista.
A Cornejo a esta altura de su carrera política debiera importarle.