Cuando el dinero impone sus propias reglas de juego en el planeta Tierra, se establece un desequilibrio ecológico en nuestros territorios latinoamericanos, que se acrecienta con la inacción judicial de los organismos públicos, que son incapaces de aplicar las leyes ambientales vigentes, para castigar con celeridad los hechos delictivos presentados.

La gran delincuencia en contra de la Pachamama, es un problema multifacético dentro de las regiones latinoamericanas, ya que cada empresario, latifundista, guerrillero o político, tiene sus propias ambiciones económicas que deben ser rápidamente alcanzadas, violentando la santidad del Medio Ambiente y fructificando la ignorancia de sus decisiones.

Desde Cabo Rojo en Puerto Rico, pasando por la ciudad de Carapeguá en Paraguay, y llegando hasta el Archipiélago Madre de Dios en Chile, existen terribles inconvenientes ambientales que se vienen ocultando en paquetes turísticos, en hoteles cinco estrellas y en enormes centros comerciales, que NO reflejan la realidad socio-ambiental de la geografía latinoamericana.

Por eso, explicaremos los 10 principales ecocidios visualizados en América Latina durante el año 2019, para NO quedarnos calladitos en el abismo de la impunidad, y para alzar la voz de protesta social junto a la ciudadanía.

En el puesto número diez, denunciamos la muerte de 100 polluelos de garza nocturna blanca, en la ciudad de Sonsonate ubicada en El Salvador. Los árboles donde anidaban las garzas, fueron podados por trabajadores de la Alcaldía de Sonsonate, sin tener la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, siendo el bulevar Acaxual donde se visualizó la triste escena de cien polluelos de garza muertos, luego de que las ramas y los nidos de sus árboles, fueron ilegalmente tumbados para evitar la sobrepoblación de la garza nocturna blanca en la ciudad salvadoreña. Aunque los polluelos fueron tratados como una plaga, podían haber sido criados en cautiverio, para luego liberarlos en un hábitat natural, sin necesidad de matarlos.

En el puesto número nueve, resalta la tala ilegal de bosque primario y especies condicionadas, en la Reserva Ecológica Mache-Chindul ubicada en la provincia de Esmeraldas (Ecuador), donde vive el grupo étnico Chachi que sigue denunciando la violación de sus derechos como pueblo indígena, por la creciente invasión de sus tierras y por la deforestación que sufre su ancestral territorio. El desmonte en Mache-Chindul alcanzó 19,63 hectáreas de bosque, y el ciudadano implicado en el delito ambiental, fue obligado a pagar 34 mil dólares como sanción penal por el atropello ecológico, que se cometió en una hermosa reserva estatal donde habita el cuco terrestre escamado, el murciélago frutero enano, el mono aullador negro y el armadillo de cola desnuda.

En el puesto número ocho, encontramos la tala de árboles endémicos ocurrida en las Dunas de Baní (República Dominicana). En un trayecto de cinco kilómetros, se usaron sacos de arena, para habilitar cuatro caminos improvisados, donde se observaron desechos de materiales de construcción y tanques de gasolina, que demostraron la presencia de delincuentes, quienes buscan adueñarse ilegalmente de los terrenos, para parcelarlos y realizar actividades agrícolas sin presentar licencia ambiental, y sin considerar que las Dunas de Baní fueron declaradas área natural protegida en suelo dominicano, debido a su valor prehistórico, arqueológico, turístico, y por la belleza caribeña de la Península de Las Calderas.

En el puesto número siete, se halla el desmonte de 60 hectáreas de bosque nativo para la siembra de maíz transgénico, en el departamento de San Pedro ubicado en la provincia de Misiones (Argentina). El uso de máquinas topadoras, la quema a cielo abierto, y el humo por tanta polución en las cercanías del Paraje Paraíso, ha generado malestar e impotencia para los ambientalistas argentinos, pues se sabe que la deforestación alcanzó las 100 hectáreas de selva misionera, e incluso, se confirmó la fumigación y el uso de fertilizantes en el maizal transgénico, que pone en riesgo la salud humana y menoscaba la calidad del agua.

En el puesto número seis, señalamos el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, ubicado en las costas del puerto de Guaymas, estado Sonora (México). El ecocidio azteca fue cometido otra vez por la empresa minera Grupo México, y aunque el Mar de Cortés es conocido como “El Acuario del Mundo” debido a su grandiosa fauna marina, no ha podido evitar la destrucción ambiental del capitalismo salvaje mexicano, siendo inevitable la pronta extinción de la vaquita marina, de la afrodisíaca totoaba y del famoso tiburón ballena, que es maltratado por miles de adinerados turistas, que pagan mucho dinero para nadar con el divertido animal acuático.

En el puesto número cinco, visualizamos a las 1.230 familias indígenas que viven en el departamento de Loreto (Perú), y que resultaron afectadas por el derrame petrolero del Oleoducto Norperuano a cargo de PetroPerú. Aunque el gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en el distrito de Manseriche, es consabido que la rotura en el oleoducto contaminó quebradas que desembocan en el río Marañón, y aunque según PetroPerú, el sabotaje es la causa del vertido de crudo, no hay duda que los pueblos originarios son los más perjudicados por la venta de sus recursos naturales, y han tenido que agradecer la gentileza de la Defensa Civil del gobierno peruano, que regaló un poquito de agua potable a los sedientos indígenas amazónicos.

En el puesto número cuatro, vemos los 40 mil litros de diésel derramados en las aguas de Isla Guarello, ubicada en la región patagónica de Magallanes (Chile), donde se halla la comunidad indígena Kawésqar, que exigió respeto por su cultura y por sus tesoros naturales. El vertido de petróleo ocurrió por una falla de transferencia del combustible de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), siendo un nuevo ecocidio ocurrido en territorio chileno, que se suma a los 1.100 litros de petróleo derramados por la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), los cuales contaminaron el río Rahue de la ciudad sureña de Osorno, generando una emergencia sanitaria por la suciedad del agua potable, que perjudicó aproximadamente a 200 mil habitantes de Osorno.

En el puesto número tres, subrayamos los desastres ambientales causados por el oleoducto Caño Limón-Coveñas (Colombia). Más de 100 válvulas ilícitas se instalaron en el oleoducto durante el 2019, y todos saben que el ecocidio sigue aumentando anualmente a un ritmo acelerado, porque la delincuencia ciudadana no se cansa de robar el crudo por coca, porque los grupos armados guerrilleros bloquean las labores de contingencia, porque la eterna pasividad de Ecopetrol no anticipa la repetitiva tragedia ambiental, porque el Ejército colombiano no resguarda militarmente la infraestructura petrolera, y porque la policía colombiana no quiere castigar los delitos in fraganti.

Para muestra un botón, 35.000 habitantes del municipio Tibú en Colombia, se quedaron sin acceso al agua potable en el 2019, ya que el servicio colapsó y fue suspendido debido a un derrame petrolero que afectó al río Tibú, por culpa de una válvula ilícita que obligó a cerrar la bocatoma del acueducto, pues las trazas de petróleo que se mezclan con el agua del río, siempre generan enfermedades gastrointestinales para cualquier ser vivo, que consuma el agua contaminada por petróleo.

La violencia ambiental que sufre el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ha hecho que losderrames petroleros en los ríos Tibú, Margua, Socuavo, Catatumbo, Cobaría y Cobugón, no puedan ser totalmente saneados, dada la recurrencia de los hechos delictivos que perforan la tubería, por lo que miles de colombianos y venezolanos seguirán intoxicados en Arauca, en Boyacá y en el Norte de Santander, ya que no se aplican las leyes penales ambientales en Colombia, y porque no son encarcelados los delincuentes que hurtan los barriles de petróleo, y los convierten en carteles de droga.

En el puesto número dos, se encuentran las 700 áreas afectadas en Brasil por fuga de hidrocarburos durante el año 2019, que contaminaron 300 playas en más de 100 municipios ubicados al noreste del país carioca, y cuya “marea negra” perjudicó ambientalmente a poblaciones como: Alagoas, Pernambuco, Bahía, Río Grande del Norte y Sergipe, donde se han recogido más de 600 toneladas de petróleo, que acrecentaron los niveles de contaminación del agua en Brasil.

Durante el mes de agosto, la mancha de petróleo en las costas de Brasil empezaba a ser fotografiada, y la noticia empezaba a ser difundida en medios de comunicación social. Para el mes de septiembre, ya se había confirmado que el crudo derramado no era de origen brasileño, y mientras las tortugas marinas agonizaban y vomitaban petróleo en las costas de Brasil, seguía siendo un fantasmagórico misterio, la génesis del desastre ecológico en suelo brasileño.

Sin embargo, en el mes de octubre el gobierno brasileño culpó con astucia diplomática a Venezuela, por todo el petróleo que envenenaba el paisaje de sus paradisíacas playas, y el gobierno brasileño encontró en medios oligarcas extranjeros, como la Cable News Network (CNN), el gran brazo de apoyo comunicacional para culpar a Venezuela por el derrame petrolero en Brasil, y para generar desinformación en la mente de todos los internautas, que aprovecharon la noticia de la CNN para politizar la tragedia ambiental brasileña, y para seguir criticando a la revolución socialista venezolana.

El gobierno venezolano rechazó las acusaciones infundadas del gobierno brasileño, y para el mes de noviembre ya se había descartado a Venezuela, como culpable de la fuga de hidrocarburos que contaminó las playas de Brasil, siendo aparentemente un buque griego, el gran culpable de la tragedia ambiental brasileña.

No obstante, la empresa propietaria del buque griego llamada Delta Tankers, también negó ser culpable del derrame petrolero en costas brasileñas, y sorprendentemente hasta diciembre del año 2019, han pasado más de cuatro meses desde que se originó el ecocidio petrolero en Brasil, pero el gobierno brasileño no ha podido erradicar la especulación, y no ha podido encontrar al verdadero culpable de un crimen ambiental, que a pesar del gran desarrollo de modernas tecnologías marítimas, aeroespaciales y cibernéticas, sigue sin ser resuelto y condenado por las autoridades brasileñas.

La marea negra petrolera que enlutó el noreste brasileño en el 2019, demuestra que la monetización de las actividades industriales es más importante que el bienestar ecológico, porque hasta los neonicotinoides se pueden usar libremente en Brasil, para asesinar a medio billón de abejas brasileñas, y para que el Fipronil transforme la dulce miel de la nerviosa colmena, en un salado carnaval de pesticidas con aguijones rotos.

Y en el puesto número uno, destacan las 5 millones de hectáreas de bosque arrasadas en los Llanos de Chiquitos, por una serie de incendios forestales provocados, en el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Beni (Bolivia). La aprobación del Decreto Supremo 3973 en el mes de julio del 2019, que el gobierno boliviano utilizó para legalizar y autorizar la expansión de la frontera agrícola, mediante el desmonte y la “quema controlada” de bosques en los mencionados departamentos, fue una terrible decisión gubernamental aprovechada como golpe político por parte de la oposición boliviana, que rivalizaba con el gobierno de izquierda instaurado en Bolivia.

Tras la aprobación del decreto a principios de julio, la oposición boliviana acrecentó desde finales de julio y comienzos de agosto, el número de incendios forestales que ocurrían en los pastizales de los bosques secos de la Chiquitanía, sobornando y pagando a personas inescrupulosas para intensificar la incineración de la capa vegetal, a sabiendas de que el calor, el abrasivo viento y la sequía del bosque chiquitano, ayudaría a expandir la voracidad del fuego sin generar sospecha por el delito premeditado, ayudaría a ocultar la conspiración política detrás del ultraje cometido en sus ecosistemas, y ayudaría a ganar las elecciones generales del mes de octubre, usando la destrucción ambiental como mecanismo de presión social, para avivar el rechazo popular de todos los bolivianos, en contra del gobierno de izquierda en Bolivia.

La aplicación de un maldito decreto presidencial, y el oportunismo de la derecha boliviana para rentabilizar el libertinaje ambiental, causó un supremo ecocidio en los Llanos de Chiquitos, incluyendo la muerte de 40 millones de árboles, la muerte de 2 millones de animales, la desolación para 4000 familias afectadas por los incendios forestales, y la alteración del ciclo reproductivo de 1200 especies de fauna autóctona boliviana, que no pueden escapar de las cenizas de Chiquitanía, que no pueden escapar de los machetes del Gran Chaco, y que no pueden escapar de las motosierras de la Amazonía.

Las lluvias que cayeron en octubre sobre la calcinada Chiquitanía, acallaron la vileza del fuego creado por el Ser Humano, quien por la ambición mundana de obtener más poder político, es capaz de atentar contra su propia supervivencia humana, y es capaz de quemar el bosque chiquitano de Bolivia, que demorará más de 200 años en perdonar el ecocidio, en curar las heridas y en reforestarse.

Recorrimos la hermosa geografía de América Latina, y sufrimos el dolor de una cicatriz en la Amazonía, que arde con la sal enrojecida del planeta Tierra.

Es imposible soñar con la sustentabilidad de un Mundo claramente insostenible. Vimos que el capitalismo salvaje compra las mejores licencias ambientales, compra el silencio de los corruptos entes gubernamentales, y compra la desenfrenada barbarie genocida que impera en el siglo XXI.

Usted y yo conocemos muchísimos más ecocidios perpetrados en el año 2019, pero si nos quedamos callados y no denunciamos los problemas ambientales de nuestras comunidades, pues estaremos siendo cómplices de las corporaciones nacionales y extranjeras, que se dedican a polucionar los territorios latinoamericanos que habitamos a diario.

Con el poder de las redes sociales en nuestras manos, ya NO hay excusas para evadir el compromiso ecológico a favor del planeta. Denunciemos los delitos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en WhatsApp. Utilicemos las herramientas tecnológicas para el bienestar del Medio Ambiente, olvidando la eterna indiferencia y despertando una nueva conciencia.

De enero a diciembre y de lunes a domingo, la Madre Tierra exige respeto, amor y voluntad de cambio en los Seres Humanos, para convertir la amarga pesadilla ambiental del año 2019, en una luz de esperanza positiva que ilumine los caminos del 2020.