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El presidente Macri, pobre de credenciales políticas y con apóstoles s cada vez menos convencidos, deambula por el país como un fantasma político al grito del #Sisepuede. El 27 de octubre avanza inexorable y amenaza con arrasar con los últimos vestigios de neoliberalismo, aquel que inició Martínez de Hoz, continuó Domingo Cavallo y va a clausurar Mauricio Macri.
A pesar de un final anunciado, como un mal ilusionista, el Presidente intenta trasformar un gobierno fracasado e irrecuperable, en una promesa de felicidad. Hay que tener en cuenta que Mauricio Macri no solo es experto en contrabandear autos, por lo cual fue procesado en el 2001 por el Juez Carlos Liporace, sino también en traficar hechos e ideas. Repasar algunos de sus promesas de campaña ayuda a comprender mejor este travestismo. Lo que definió como “lluvia de inversiones” en la práctica solo fue endeudamiento y fuga de capitales. La “inserción inteligente de Argentina en el mundo” se tradujo en pérdida de soberanía nacional y entrega de los recursos naturales.
También la llamada “reparación histórica” no fue otra cosa que recorte de jubilaciones, vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y blanqueo de capitales. La “Argentina como supermercado del mundo” se convirtió, por influjo de su política económica, en hambre para tres millones y medio de argentinos. La “calidad institucional” no fue más que un permanente atropello al resto los poderes de la república y de sus facultades. Manipulación mediática y obediencia inconsciente son los recursos que aprovecha el poder macrista para alcanzar estos grados de impunidad. Pero no por repetido se hace verdad la mentira. Nada de lo que dice el Presidente, suponiendo que diga algo, se parece a la realidad.
Mientras las encuestas ya marcan una diferencia que está por arriba de los 20 puntos a favor de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, muy por encima de las PASO donde la ventaja fue del 16% Mauricio Macri, el candidato - presidente, concentra sus esfuerzos en seducir al electorado más conservador, donde cree que puede recuperar algo de las adhesiones que pierde día a día.
Con ese objetivo realizó un homenaje a los soldados caídos en 1975 en el Regimiento de Infantería 29 de Monte, en Formosa, pero sin decir una palabra sobre los 43 gendarmes que murieron en Salta cuando en diciembre del 2015, por orden de Patricia Bullrich y por pedido de Gerardo Morales, de trasladaban a Jujuy para reprimir las protestas sociales que se habían desatado en esa provincia. Tampoco mencionó a los 44 tripulantes del ARA San Juan cuyos familiares lo acusan de ser “el mayor responsable” de la tragedia del hundimiento de del submarino donde aún está pendiente el castigo a los culpables.
Transformado ahora en el abanderado de la defensa de las “dos vidas”, y siempre en modo de proselitismo político, prometió también esta semana ampliar el Servicio Cívico Voluntario, una especie de “colimba” donde los jóvenes que no trabajan ni estudian serían educados en valores, para evitar “caer en la educación pública”, por la Gendarmería Nacional. Esta es una vieja idea del 2005 del incombustible senador mendocino Julio Cobos que, como señaló en su momento el diputado Guillermo Carmona "No produjo resultados positivos y fue una experiencia duramente criticada desde distintos sectores de la sociedad”. Menos sutil, no por eso menos auténtica, Patricia Bullrich la amante de las letales pistolas Taser, también en plan de seducir a una empobrecida clase media, avanza con medidas represivas contra los sectores populares con el programa Ofensores de Trenes, que permite a policías y gendarmes pedir documentos a los pobres, quienes por ser tal, según el catecismo macrista, también son sospechosos de ser delincuentes.
Tal como lo señaló Alberto Fernández la movida se inscribe en una lógica de criminalización: “Vamos a las estaciones porque en los trenes viajan los pobres. Vamos a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes”, razonó. Tampoco el despreciable Miguel Ángel Pichetto se queda atrás cuando se trata de reforzar los prejuicios de una desclasada porción de clase media que perdió el rumbo. En una charla con estudiantes afirmó, hablando de narcotráfico y villas, que “La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire”.
Sin embargo, y a pesar de los denuedos presidenciales, una última encuesta realizada por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) sobre el clima electoral en argentina, Mauricio Macri, con un 36,65%, encabeza la consulta como el peor presidente de la etapa democrática de la Argentina seguido por Fernando de la Rúa con el 20,1% y tercero Carlos Menem con el 28,1%.
Pero mientras el candidato Mauricio Macri sigue con la fábula de #Sisepuede, el país navega a la deriva. El canciller Jorge Faurie, parte del macrismo en vías de extinción política, declaró esta semana que “el posible gobierno de Alberto Fernández genera intriga y preocupación en el mundo” afirmando que “el argentino no va a votar solo con el bolsillo”. Su hipótesis no resiste el menor análisis. Hasta los empresarios, en su mayoría macristas desencantados afirman, siete de cada diez, que la crisis es culpa de la mala praxis de la política económica macrista, según una encuesta de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Con una inflación que va superar este año el 60%, la economía se sigue despeñando día a día arrastrando a su paso empresas grandes, medianas y pequeñas.
Esta semana tocó el turno a la primera planta de cemento de Loma Negra, ubicada en Olavarría, la que después de 100 años de producción apagó sus maquinarias por estar operando por debajo de sus niveles de producción. También, en el país atendido por sus propios dueños, cerró Cidal, Compañía Industrial de Artículos de Látex fundada en 1953 dejando a 70 familias en la calle. Nada queda en pie.
La crisis macrista no es solo se reduce a los estragos económicos sino también institucionales. A pesar de que en teoría la justicia no puede estar subordinada a razones de estado o a intereses políticos partidarios, el oficialismo se encuentra envuelto en un nuevo escándalo que deja al desnudo la impunidad con la que operan distintas agencias gubernamentales sobre el Poder Judicial. Un total de 21 jueces, incluyendo al Ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda fueron ilegalmente espiados a través de datos del sistema de la Dirección Nacional de Migraciones. El juez Rodolfo Canicoba Corral que investiga las filtraciones, solo ha conseguido escasos indicios sobre los responsables y muchas resistencias de parte de los funcionarios señalados.
Mientras el Presidente Macri realiza su gira despedida, Alberto Fernández sigue avanzando en la elaboración de su plan de gobierno. Es consciente que el país atraviesa un momento bisagra, que pone sobre sus espaldas enormes desafíos y expectativas . Definiciones claras, respuestas urgentes esperan al próximo presidente. El camino elegido es un Pacto Social que termine con el modelo financiero a escala global del macrismo, que subordine la economía a la política y que tome las decisiones estratégicas en función de las necesidades de las mayorías de los argentinos.
Mendoza. Deuda y Minería.
El electo gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, quien obtuvo un holgado triunfo sobre el peronismo, sumando 87.000 nuevos electores para su fórmula, aun cree que es posible dar vuelta la elección nacional del 27 de octubre. “Macri quiso gobernar Argentina como un país normal pero es un país con una economía enferma” reflexiona para justificar lo injustificable. Su apuesta a la modificación de la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la minería metalífera y la reforma de la Constitución están entre sus prioridades de gobierno. En ambos frentes se encontrará con férreas resistencias.
Respecto de la minería la semana entrante se debatirá en la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Hierro Indio, yacimiento que se encuentra en las nacientes del Arroyo Colorado, afluente del Atuel. Si bien se trata de evaluar solo la etapa de exploración del proyecto, como aspectos gravimétricos y magnetométricos, el debate legislativo cobrará envergadura política, teniendo en cuenta el preocupante horizonte hídrico trazado por el Departamento General de Irrigación. “Se espera que el total de agua disponible en la provincia para la temporada 2019/2020 para los ríos con áreas bajo riego sea del 54 % de un año medio. Se estima alrededor de un 11 % menos de agua” afirmó Rubén Villodas, director de Gestión Hídrica de Irrigación. El informe dio cuenta que la temporada pasada fue para el Río Mendoza el segundo peor año en los últimos 22; para el Tunuyán, el peor en 65; para el Diamante y el Atuel , el segundo peor en 48 años. "Con la foto de hoy, la única esperanza es nosotros mismos.
El Gobierno también, afrontando en cada sector productivo una visión más integral de lo que se debe hacer para dar respuesta, planificación y apoyo a los distintos sectores de la Provincia", advirtió el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, en la presentación la presentación del Pronóstico de Caudales de los ríos de Mendoza 2019-2020. El radicalismo también podrá sentir en carne propia las consecuencias de haberse opuesto, bajo la administración de Francisco Pérez, a la aprobación de este mismo proyecto metalífero, argumentando razones ambientales.
Sobre la reforma de la Constitución de Mendoza, existe un consenso más extendido aunque no unánime. Si la idea del gobernador es avanzar en una reforma teniendo solo presente cuestiones de caja como “achicar el Estado”, bajar el “costo de la política”, tropezará con demandas sociales que están mucho más allá de su módico planteo fiscalista. Uno de los tantos temas estratégicos que seguramente deberá plantearse, de convocarse, la nueva Convención Constituyente será el límite de endeudamiento que podrá asumir la provincia teniendo en cuenta, fundamentalmente, el nivel de transferencias por coparticipación que lleguan a las arcas del fisco provincial. La reciente aprobación del gobierno nacional del contrato de garantía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para otorgar un crédito a la provincia de Mendoza de US$50 millones, destinado a ejecutar nuevas obras sobre el corredor de la ruta 82, a cambio de poner fondos de la Coparticipación Federal como Contragarantía, debería preocupar al futuro gobernador teniendo en cuenta sobre todo la volatilidad que se cierne sobre la política cambiaria.
Mientras trabajan para las elecciones nacionales del 27 de octubre, el tándem Suarez – Cornejo prepara una nueva gira internacional que incluirá China y los Estados Unidos donde buscarán inversiones por u$s 1.500 millones, principalmente para la reactivación de Potasio Río Colorado, la mina que venía operando Vale pero que volvió ahora a quedar en manos de la provincia luego de que la empresa brasilera le transfiriera su control.
Consultado por Clarín sobre si le preocupa quedar como provincia opositora si gana Fernández, afirmó que “No me preocupa porque creo que finalizada las elecciones tenemos que ponernos a trabajar todos juntos. La Argentina no resiste más la grieta, ni la pelea de los políticos y hay que terminar con eso si queremos crecer como país.” Una repuesta políticamente correcta. El tiempo dirá si también es sincera.