La Foto. La sonrisa impostada de  Christine Lagarde y Mauricio Macri, fotografiados juntos en la cumbre del G20 en Japón, no logra ocultar la dependencia política que tiene el  Presidente de los dólares del FMI para llegar a las elecciones. No ya para ganar sino apenas para sobrevivir. El préstamo a tres años por u$s57.300 solo tuvo un objetivo: planchar el dólar para contener la inflación y prolongar artificialmente  la paz cambiaria hasta octubre. Hoy el FMI financia la campaña electoral de un Presidente desesperado por su futuro político, pero la deuda será heredada por generaciones de argentinos cuyo bienestar se ha hipotecado en nombre de la libertad de mercado y la “revolución de la alegría”

El costo de esta ficción es económicamente suicida. Este esquema obliga por un lado  a mantener tasas de interés por encima del 70%, magnitud que es incompatible y destructiva para cualquier actividad productiva. Como todo modelo que prioriza la especulación financiera,  el macrismo ha beneficiado escandalosamente a los grandes bancos mientras asfixia la actividad económica generadora de empleo e inclusión social. Solo en el año 2018 los bancos contabilizaron ganancias por $170.000 millones, con un incremento de sus ingresos  que rondó el 120% anual comparado con el año anterior. El mismo Banco Central ha contribuido a engrosar las arcas de las entidades financieras emitiendo Letras de Liquidez (Leliq), bonos a siete días que sólo los bancos están autorizados a comprar. El negocio es redondo: mientras los bancos pagan a los ahorristas alrededor del 45% de tasa nominal anual, usan ese mismo dinero para comprar Leliq, por el cual reciben el 70%.

Otro grave perjuicio del que deberán hacerse cargo los argentinos es  que el destino de la deuda tomada con el FMI no ha ido a ninguna inversión productiva. El endeudamiento solo tiene por objeto evitar la corrida cambiaria ante de las elecciones y financiar la fuga de capitales. En este sentido resulta contradictorio que mientras que el estatuto del FMI prohíbe que los dólares  prestados sean utilizados para satisfacer la demanda de los especuladores el organismo haya hecho una excepción con la Argentina. Esta flagrante violación a las normas del FMI solo pudo ser posible gracias a la intervención de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump, principal interesado en sostener a un incondicional en esta parte del continente.  Gracias entonces a los buenos oficios de los amigos del Presidente el FMI flexibilizó sus criterios y hoy el Banco Central puede vender sin restricciones todos los dólares provenientes de ese préstamo. Es por ello que durante la gestión Macri ya se fugaron más U$S 75.000 millones, donde casi la mitad correspondiente al stand by otorgado por el FMI. Es evidente que la devolución del mayor préstamo que dio en su historia el FMI dejará vulnerable políticamente al gobierno entrante.   “Resulta alarmante que esa práctica con visos de ilegalidad respecto de las propias normas establecidas del FMI siga permitiéndose” trasmitió Alberto Fernández al enviado del FMI Alejandro Werner. Aún resta que el Fondo desembolse 11 mil millones de dólares. Si no se modifican los criterio, esos recursos ingresaran por una ventanilla y se escurrirán por otra casi instantáneamente. Al resto de los argentinos solo les quedará más deuda y mayor pobreza por la decisión de un gobierno de capitular ante los especuladores.

Mercosur – Unión Europea una nueva capitulación.Después de 20 años de negociación se firmó el Acuerdo provisional de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Este acuerdo de Asociación Estratégica, según la cancillería argentina, implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial y con más de US$ 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios.

Más allá de los aspectos anecdóticos  que rodearon el anuncio, que tuvo como protagonista al canciller Jorge Faurie quien entre sollozos  comunicaba la novedad al presidente Macri, todo prolijamentemente montado en formato de campaña electoral,   la novedad llega en medio de una aguda crisis económica que empeora día a día. Es por ello que el gobierno desesperado por brindar lo que supone una  buena noticia, ha inundado los medios oficialistas con una propaganda que, lejos de la seriedad, la complejidad y sobre todo los riesgos que subyacen en el acuerdo, ha montado un show que busca ocultar más que mostrar la gravísimas consecuencias que podrían derivarse  de estas decisiones de “apertura al mundo” que promueve el oficialismo. Según el catecismo macrista el acuerdo brindará mayor calidad institucional, mejorará la competitividad de la economía argentina, favorecerá la integración regional, beneficiará a la Pymes y promueve la atracción de inversiones. Sin embargo es necesario considerar algunos aspectos que son estratégicos.

En primer lugar con este acuerdo, la Unión Europea, lastimada por el Brexit, retoma la iniciativa política en Latinoamérica reivindicando las banderas del libre comercio y disputando este mercado  con los proteccionistas Estados Unidos y China. Europa esta reposicionando así sus empresas trasnacionales y presionando por desregulaciones sectoriales en un marco de liberalismo comercial. Aunque los medios oficialistas argentinos  pretenden haber descubierto en Macri a un estadista y estratega internacional, es evidente que los europeos se han aprovechado de sus debilidades y necesidades políticas para alcanzar la firma del Tratado con un presidente que va de salida del gobierno.

A pesar del secretismo que ha rodeado la negociación y la falta de información disponible es evidente que entre ambos bloque existen grandes asimetrías en el desarrollo económico de cada uno de ellos.  El comercio entre las partes revelan esa realidad: el 70% de las importaciones de Europa al Mercosur son productos industrializados, con alto valor agregado. Mientras que el 65% de exportaciones del Mercosur hacia el continente europeo está integrado por productos agrícolas y alimentarios,  los que además deberán superar duras barreras sanitarias y ajustarse a los exiguos cupos que fijan los europeos. Este nuevo esquema consolida en la Argentina un modelo de economía primarizada y extractivista con el riesgo de sepultar para siempre el desarrollo de la industria nacional y los empleos que esta genera.   

También, de ratificarse el acuerdo, las empresas  del viejo continente podrán participar en las licitaciones públicas que realice el gobierno,  proveyendo servicios de alto valor tecnológico y desplazando a las empresas nacionales que, salvo contadas excepciones, no tienen ninguna posibilidad de competir con las gigantes europeas dedicadas, por ejemplo, a la producción de energía o la realización de obras de infraestructura.  Salvo los mezquinos mecanismos de salvaguarda bilateral estas asimetrías entre los bloques se profundizarán y los beneficios se inclinaran inevitablemente para la Unión Europea.

La invasión de productos importados del continente europeo será inevitable ya que los países miembros del Mercosur como los es argentina, se comprometen a  eliminar paulatinamente todos los impuestos a los productos provenientes de ese continente como vestido y calzado, productos farmacéuticos, autos y autopartes, productos químicos, equipos industriales, chocolate, vino, duraznos envasados, gaseosas, quesos, galletitas, entre otros productos. Mientras que los países del Mercosur quedan relegados a exportar azúcar, arroz, miel, huevos, y productos agrícolas como carne vacuna y cerdo. Aunque en teoría todas las partes tienen derecho a mejorar y aumentar sus exportaciones,  no existen condiciones objetivas para que las empresas nacionales puedan competir bajo este esquema de integración. Hay temas aún más delicados como los derechos laborales, el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, la eliminación de barreras para el comercio electrónico, denominaciones de origen, entre otros aspectos ocultos en la letra de los documentos aún no revelados.

Si bien este acuerdo es por ahora solo un anuncio político ya que para su entrada en vigencia necesita, entre otros, de la aprobación del Congreso Nacional, no habría que subestimar los intereses que se mueven detrás de este tratado de libre comercio. Es por ello que tanto empresarios, políticos y sindicalistas  han salido a cruzar con dureza esta iniciativa que intenta poner un pesada lápida sobre el desarrollo industrial y tecnológico de la nación. Alberto Fernández lo resumió con certeza, "un acuerdo así no genera nada para festejar sino muchos motivos para preocuparnos" reflexionó el candidato a Presidente del Frente de Todos.

En tanto, Mauricio Macri en la Cumbre del G20 en Osaka volvió a negar ante los países del mundo la realidad económica que atraviesa el país y el nuevo récord de pobreza que  creció un 9% y llegó al 35,2%, y el 7% de indigencia. "Ya se están viendo signos de leve mejoría, empezando a dejar atrás la recesión y los desequilibrios que afectaron a nuestra economía durante años”, afirmó ante los líderes mundiales del Grupo de los 20 sin sonrojarse.

Mendoza. Obras y Deuda.  A pocos meses de dejar el sillón de San Martín, el gobernador Cornejo descubrió que hay cuatro obras que ahora considera fundamentales.  Los proyectos en cuestión son la remodelación del Corredor de la Ruta 82 – Panamericana que conduce a Cacheuta y Potrerillos que exige una inversión de 80 millones de dólares,  de los cuales 30 millones los aporta el erario provincial. Otros de los proyectos es la implementación de los sistemas integrales de Gestión de Residuos Sólidos (RSU) cuyo costo asciende a 25 millones de dólares.  Un tercer proyecto es la construcción de la Doble Vía Acceso a Rivadavia, Junín y San Martín que demandará una erogación de 42 millones de dólares y el Acueducto ganadero a La Paz, consistente en la instalación de 483 km de cañerías que surtirá  a 376.400 hectáreas y que tiene un valor de 13 millones de dólares.

Lo que está en discusión en la Legislatura Provincial no es la importancia estratégica de las obras sino el momento elegido por el gobernador para impulsar las iniciativas y la deuda por  130 millones de dólares que debe asumir la provincia para ejecutarlas. Desde el interbloque peronista afirmaron que nunca se negaron a aprobar los proyectos, pero avisaron que se tomarán el tiempo necesario para evaluar la conveniencia de tomar deuda en dólares en momentos de alta volatilidad económica y en medio de una campaña electoral. Si bien el oficialismo tildó de irresponsable a la oposición, el peronismo tiene fundados recelos para aceptar a libro cerrado los deseos del gobernador.  Hay que recordar que la deuda consolidada de la provincia al 31 de marzo del 2019 era de $ 56.339 millones, un 286% más que lo registrado al 31 de diciembre del 2015. Los 500 millones de dólares tomados en mayo de 2016 y los 5.200 millones de pesos en junio de 2017, a cancelar en plazos de ocho y cuatro años, dispararon el pago de gastos e intereses de la deuda a 8.661 millones de pesos, solo para el año 2019. La discusión por el nuevo pedido de endeudamiento en la Legislatura Provincial no está cerrada. El peronista Lucas Ilardo declaró: "Queremos saber exactamente cuáles son las condiciones, los plazos, y lo que va a implicar para los mendocinos en los próximos años el fuerte nivel de endeudamiento al que nos ha sometido Cornejo, el más grande de la historia de esta provincia. Queremos tener esa información para tomar esa decisión priorizando cuáles son las obras que estén sujetas a un buen ejercicio de la toma del crédito y negando aquellas que no lo estén. Todavía no tenemos toda la información".  En la misma línea se expresó la candidata a gobernadora por el peronismo Anabel Fernández Sagasti, quien afirmó que “Mendoza está en su máximo nivel de endeudamiento y cuando la Provincia toma deuda, nos endeudamos todos. Las y los mendocinos estamos sufriendo esas consecuencias. Frente a un nuevo pedido del gobernador, vamos a ser muy prudentes y sensatos. Ese es mi compromiso”

¿Hay otro camino? El Congreso, ralentizado por el año electoral, tuvo nuevas reconfiguraciones luego del cierre de listas, principalmente tras el acuerdo de Sergio Massa con la fórmula Fernández-Fernández, situación  que modifica el panorama legislativo. Graciela Camaño, ex socia de Massa fundó un nuevo bloque junto al santafesino Alejandro Grandinetti, Marco Lavagna y el jujeño Alejandro Snopek, que denominaron “Consenso Federal” en sintonía con el espacio que conduce la fórmula Lavagna junto a Urtubey.

Si bien el Frente Renovador perdió cuatro diputados, sumó a Diego Bossio que abandonó el bloque Justicialista. Ahora será parte del interbloque federal UNA, conformado por massistas y la chubutense Rosa Rosario Muñoz. De esta forma el espacio queda con 14 miembros, y el interbloque Argentina Federal con 32 diputados. La nueva jefa de bloque del Frente Renovador será Carla Pitot.

Si bien la mayoría de los gobernadores han dado su visto bueno a la fórmula Fernández-Fernández, manifestaron que quieren mantener cierta autonomía en el Congreso, y mantuvieron el bloque PJ en el Senado, con Carlos Caserio como jefe.  En tanto se producen nuevas rupturas y acuerdos legislativos de cara a las elecciones presidenciales, Alberto Fernández continúa intensamente con su agenda de campaña. El apoyo de los gobernadores se consolida y el oficialismo ya teme una derrota en la misma provincia de Buenos Aires. El intento de suspender las PASO revela las debilidades del oficialismo mientras otro camino se va construyendo.