El jueves 7 de marzo pasado el gobierno nacional negoció y firmó acuerdos que amplían lo que fue establecido en el “Comunicado Conjunto” del 13 de septiembre de 2016, la pieza fundamental de la sumisión del gobierno de Mauricio Macri frente al Reino Unido con respecto a la situación de las islas del Atlántico Sur.

Acuerdos sobre vuelos a Malvinas, cooperación científica y explotación de recursos naturales como pesca e hidrocarburos son algunos de los asuntos negociados por ambos gobiernos. La semana pasada se dio un paso más en esta dirección a partir de nuevos acuerdos en el área de defensa, que incluyen el intercambio de capacitación para tratamientos psicológicos postraumáticos de militares, maniobras de cooperación en el Atlántico Sur y el aprovisionamiento de repuestos de Gran Bretaña para el equipamiento de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Todo esto forma parte de las relaciones “más abiertas” y el “buen diálogo” que sentaron como base el presidente Mauricio Macri y la primera ministra británica Theresa May en los últimos tres años. Pero ¿Incluye el gobierno argentino el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas? O por lo menos ¿Insiste el gobierno argentino, tal como lo indica la ONU en distintas resoluciones, a que el Reino Unido reinicie un diálogo por la disputa de soberanía reconocida internacionalmente por Malvinas?

La respuesta es no. En el acuerdo que sellaron ambas cancillerías el 13 de septiembre de 2016 resolvieron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, “se aplica al comunicado conjunto y a todas sus consecuencias”. Así, se volvió a restituir la vieja fórmula del “paraguas” que “congela” los reclamos de soberanía mientras se “acuerdan” otros aspectos.

En aquél “comunicado conjunto” (que nunca fue tratado en el Congreso de la Nación a pesar de pedidos y protestas de legisladores de distintos partidos políticos), se resolvió adoptar medidas apropiadas para remover obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Es decir, habilitar a la potencia extranjera que ocupa ilegalmente territorio argentino, a explotar y disponer libremente de los recursos que allí se encuentran. Una pretensión británica desde hace tiempo.

Los primeros días de febrero del presente año durante un encuentro entre el canciller argentino Jorge Faurie y su par britanico, Alan Duncan, que se realizó en Canadá en medio de la reunión del denominado Grupo Lima, creado bajo tutela de Washington para atacar a Venezuela, las cancillerías de ambos países acordaron nuevos vuelos de las islas Malvinas a Córdoba, que empezarán a funcionar a partir de octubre próximo, fecha en que comienza la temporada turística en el Atlántico Sur.

Esto también responde a los intereses británicos ya que necesitan hace tiempo una ampliación de conexión aérea para poder mantener una mayor actividad en el continente y potenciar el comercio y el turismo.

Durante la reunión de Faurie y Duncan se confirma, además, la inauguración de un operativo que ya está en marcha para el control de la depredación del calamar y la merluza por parte de científicos argentinos y británicos.

Estos acuerdos incluyen la posibilidad de establecer en un futuro emprendimientos conjuntos en la exploración de hidrocarburos en la zona del Atlántico Sur.

La cuestión de soberanía, tema central de la disputa, no ha sido objeto de atención por parte del actual gobierno nacional desde que asumió en diciembre de 2015, aceptando sin chistar la negativa del Reino Unido a incluir el tema en las negociaciones a pesar de los múltiples llamamientos de la comunidad internacional en favor de una solución definitiva de la disputa.

Trabajar en favor de los derechos argentinos sobre el archipiélago en disputa y el ejercicio pleno de soberanía es una obligación de quienes gobiernan el país. Así lo expresa la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."

La política de sumisión a los intereses británicos de parte del gobierno de Mauricio Macri debe ser repudiada. Es vergonzosa y funcional a las necesidades de una potencia extranjera que controla por la fuerza gran parte del territorio nacional argentino.