En un país, donde el gobierno transforma  la mentira en verdad casi por encanto, los grandes medios han comenzado a instalar la falacia que, el único obstáculo que perjudica la carrera electoral del Presidente Macri, del gobernador Cornejo y el resto de sus aliados, son exclusivamente los molestos escombros de una economía en ruinas; un derrumbe  que ha dejado sepultado a millones de argentinos en la pobreza. Sin embargo la crisis generada por Cambiemos es de tal magnitud que alcanza todas las esferas de la vida social. La inepta maquinaria política macrista-cornejista también ha desmantelado el deporte, la educación, la salud, la ciencia y tecnología, la cultura, los derechos humanos y la seguridad social, la  política exterior, la justicia, el transporte, la vivienda, el medio ambiente, la discapacidad, la seguridad ciudadana, entre otras tantas políticas públicas cercenadas.

En la provincia de Mendoza  es particularmente alarmante el deterioro  que afecta a las instituciones políticas. El gobernador Cornejo, arrinconado electoralmente por la oposición y por sus propios aliados  políticos, viene apelando a una serie de recursos de sospechosa legalidad para disimular sus fracasos y acomodar las instituciones a su conveniencia.

La primera alarma fue la envestida  contra los intendentes justicialistas.  Para impedirles competir por un nuevo mandato,  el gobernador modificó por decreto la Constitución Provincial impidiendo, mediante la enmienda del artículo 198, su reelección.   Los intendentes peronistas Emir Félix de San Rafael, Martín Aveiro de Tunuyán, Jorge Giménez de San Martín y Roberto Righi de Lavalle plantearon un recurso de inconstitucionalidad el que, llamativamente la Sala II de la Corte Suprema de Justicia,  aún no ha resuelto. Los medios de comunicación que se alimentan de la pauta oficial, festejaron la ilegalidad como la inspiración de un estadista florentino y no como una burda e ilegal maniobra electoralista de un gobernador que duda del próximo veredicto de las urnas.  De todas maneras, los intendentes proscriptos, dictaron la convocatoria a elecciones, para el 28 de abril a las PASO y el 1 de setiembre, la general.

La otra cara de este proceso es la situación por la  que atraviesan los intendentes de Cambia Mendoza, que pasaron de soldados incondicionales del modelo macrista a socios desencantados  de un proyecto, de cuya eficacia electoral, tienen profundas dudas. Es por ello que los caciques territoriales del oficialismo vienen presionando al gobernador Cornejo para que desdoble los comicios provinciales de los nacionales.  A pesar de la reunión de Mauricio Macri con el gobernador mendocino en Villa La Angostura, donde el Presidente pidió unificar las elecciones nacionales y provinciales, los caciques territoriales del oficialismo se resisten a inmolarse en el altar de los deseos presidenciales.  Quien planteó con mayor crudeza este dilema fue el intendente de Junín, Mario Abed quien, habiendo amenazado adelantar los comicios en su comuna, terminó desistiendo después de la intervención personal de Alfredo Cornejo. “Junín no desdobla por pedido del señor gobernador”, aclaró Abed para evitar malas interpretaciones.

El Intendente de San Carlos y referente del Frente Renovador en Mendoza, Jorge Difonso, fue por lejos, el más creativo para saldar esta situación y encendió nuevas alarmas sobre los límites de las instituciones.  Sobreviviente de muchas batallas electorales, en el 2011 ganó la intendencia gracias al apoyo nada menos que de once listas colectoras, estrategia que repitió en el 2015 con siete listas diferentes que le permitieron nuevamente quedarse con la jefatura comunal.  Hoy, eliminadas las listas espejos y colectoras, y sin posibilidades de renovar su cargo por el freno que le puso el decreto del gobernador, quiere asegurar un sucesor apelando a una novedosa arquitectura jurídica que le permite desdoblar los comicios o no, según le  convenga. Para ello dicto tres decretos. Si la provincia unifica las elecciones con el cronograma electoral nacional, entonces San Carlos desdobla y aplica los dos primeros decretos convocando para el 28 de abril a las PASO y el 1 de setiembre la elección general. Pero si el gobernador Cornejo decide “dejar solo” al Presidente Macri,  desdoblando las elecciones provinciales de las nacionales, entraría en vigencia el tercer decreto, una “condición resolutiva” que le permite a Difonso unificar las elecciones departamentales con las provinciales. De esta manera queda bien con Alfredo Cornejo, del cual es aliado, y también conservar la sociedad que mantiene con Sergio Massa, adversario hoy de Mauricio Macri. El gobernador convalidó la “picardía” ya que en su concepción, por sobre las instituciones, está el interés partidario. El Partido Justicialista de San Carlos denunció la medida pero el daño ya está hecho.  

Las desprolijidades del intendente Jorge Difonso, fueron aprovechadas por  el jefe comunal PRO, de Luján de Cuyo y aspirante a gobernador dentro del Frente Cambia Mendoza, Omar De Marchi. El candidato de Mauricio Macri en Mendoza, que viene tejiendo una alianza con el incombustible senador Julio Cobos, emitió un documento en el  que denuncia que “Más que pensar en el servicio a los votantes, los nuevos cronogramas electorales se van acomodando de acuerdo a la conveniencia de quien convoca”, pegándole por elevación a Cornejo y Difonso. También aprovechó el comunicado para esgrimir unos de sus argumentos favoritos  “Es oportuno aquí recordar, que si se implementara la Boleta Única, toda esta improductiva discusión sobre unificación o desdoblamiento electoral pasa a ser irrelevante” señaló convencido. La respuesta de los alfiles cornejistas no se hizo esperar. Los intendentes Tadeo García Zalazar y Rodolfo Suárez  acusaron a De Marchi de ser un oportunista político. "Él está montado en una carrera que yo dudo que vaya a sostener. Le va a ser muy difícil porque el PRO no tiene ningún arraigo territorial fuerte, no tiene los municipios que tienen los otros partidos del frente Cambia Mendoza, así que cuesta sostener un proyecto provincial sin la participación de municipios afines",  lo esmeriló el alcalde de Godoy Cruz.

Mientras, el gobernador Cornejo tiene plazo hasta el 11 de marzo para deshojar las  margaritas electorales y definir si unifica o no los comicios. La provincia tiene una  ley que establece taxativamente que las elecciones en la Mendoza se llevarán a cabo el segundo domingo del mes de junio para las PASO y el último domingo del mes de septiembre, los comicios generales.  Lo demás es sólo manipulación institucional y especulación política.

Luego de que el Presidente Macri  firmara el inconstitucional DNU 62/2019 que puso en  vigencia la Extinción de Dominio con el objetivo de decomisar  y subastar los bienes provenientes del delito, hasta “las obras de arte” aclaró el primer mandatario para avisar cual era la verdadera razón y destinatario de decreto, también en Mendoza el gobernador Cornejo quiere su propia ley en esta materia.  Es por ello que mandó a la legislatura provincial su propio proyecto de ley que permite restituir al Estado los bienes producto de la corrupción. Al igual que el decreto presidencial, el proyecto de ley es retroactivo y podrá aplicarse la extinción de dominio a bienes que hayan sido producto de un delito hasta con  veinte años de retroactividad a la fecha de sanción de la ley. Nuevamente, este último aspecto, abre el debate sobre la constitucionalidad de esta iniciativa. El proyecto permite al Estado recuperar los bienes y disponer de ellos sin que exista una condena penal sobre la persona que ostenta el dominio sobre dichos bienes.  El subsecretario de justicia de la provincia, Marcelo D’Agostino declaró que “Si los demandados demuestran la licitud de los fondos con lo que compraron esos bienes, se termina la extinción de dominio y no se llega a ninguna sentencia civil. Si no lo puede demostrar, el juez dictará una sentencia para que se lo desapodere de esos bienes para que vuelvan al patrimonio del Estado”.

Pero la sospecha principal recae sobre  la intencionalidad política que motiva al gobierno para impulsar, en un año electoral, esta iniciativa. Todavía está presente el tuit, de hace menos de un año, donde el Gobernador Cornejo estallaba contra la justicia mendocina por  el reclamo de los bienes que hacía, en aquel momento, Nélida Rojas líder de la organización barrial Túpac Amaru. “Ahora resulta que Nélida Rojas, de la Tupac, pide que le devuelvan sus 18 vehículos, sus dos terrenos y su cuenta millonaria. Este acto de caradurez e impunidad se lo debemos a la 8va Cámara del Crimen”, tuiteó el gobernador, atacando abiertamente una decisión judicial. Esta virulencia del primer mandatario provincial, que remite a las prácticas feudales del gobernador Morales en Jujuy, no garantizan las buenas intenciones que acompañan los fundamentos de la norma. Lo más probable es que, de aprobarse el proyecto enviado a la legislatura,  habrá una campaña electoral teñida de revanchismo y agresividad. “Cornejo amenaza nuevamente con aplicar una ley inconstitucional de extinción de dominio. Ocultan el hecho irrefutable de que no hay imputación alguna por fondos públicos ya que el propio Cornejo certificó el avance real de las obras de la Tupac” posteó el abogado penalista Alfredo Guevara buscando desenmascarar la maniobra. Bajo el título “Las suspicacias del proyecto de extinción de dominio”, publicado en VCF, se suma información sobre este proyecto.

Tal como señalábamos al principio de esta editorial, no sólo la destrucción de la economía entorpece la marcha del oficialismo hacia un nuevo periodo de gobierno. También el asalto a las instituciones es un lastre que tendrá serios costos para la alianza Cambia Mendoza.