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La fantasía del Presidente Macri y del gobernador Cornejo es ganar las próximas elecciones volviendo a convencer a la mayoría de los argentinos de que el único camino para llegar a la tierra prometida es la propia autodestrucción económica y social. Pero el precipicio macrista ya no podrá seguir siendo adornado con globos amarillos o “la revolución de la alegría”, sencillamente porque en el camino “pasaron cosas”, un forma piadosa de calificar uno de los peores fracasos económicos de las últimas décadas. En consecuencia, con una sociedad empobrecida y sin expectativa, la agenda electoral tendrá que pasar por carriles menos incómodos. Los ejes de campaña girarán entonces en torno a la lucha contra la corrupción, en versión Cambiemos y el combate de la inseguridad, con la doctrina Bullrich recargada.
Uno de los expedientes que mayores rindes políticos le genera al macrismo es estigmatizar, reprimir y criminalizar la pobreza. A ellos está destinado el proyecto de ley del nuevo Régimen Penal Juvenil que el gobierno tiene en carpeta para enviar al Congreso, un mamotreto de más de cien artículos, que pondrá bajo sospecha a los casi cuatro millones de niñas, niños y adolescentes que viven en la pobreza en Argentina. Su fin excluyente es bajar a quince años la edad para enjuiciar y encerrar a los adolescentes. El macrismo es consiente que criminalizar a los jóvenes de los sectores populares excita el voto de la clase media que está convencida que sus problemas de inseguridad, se solucionan con políticas de mano dura, gatillo fácil, pistolas Taser, más cárceles y policías. A pesar de las groseras evidencias que demuestran que hay una relación directa entre los exorbitantes niveles inseguridad y la políticas de hambre y pobreza que genera la política económica y social de Cambiemos, no siempre esta ecuación puede ser comprendida por el elector macrista. La seguridad y la protección contra el delito, en todas sus formas, es un derecho fundamental que tiene la ciudadanía, pero no será usando a los adolescentes como chivos expiatorios como se resolverá este flagelo. Mientras, para ir preparando el terreno que justifique este nuevo punitivismo y represión, el oficialismo monta megaoperativos policiales cinematográficos, que son trasmitidos en directo por televisión, en una clara y por momentos grotesca farsa publicitaria y comunicacional.
El Presidente Macri, quien se inflama de republicanismo para señalar con dedo acusador a otros mandatarios de la región, no tiene ningún reparo en violar abiertamente la Constitución Nacional cuando sus necesidades políticas se lo exigen. Con fines exclusivamente electorales y reeditando un nuevo capítulo de la “lucha contra la corrupción” en modo macrista, firmó el DNU 62/2019 que pone en vigencia la llamada Extinción de Dominio, que no es otra cosa que un decomiso; un procedimiento destinado a acelerar la recuperación, a favor del Estado, de los bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de delitos. De igual modo, creer que el Presidente Macri está interesado en combatir la corrupción es, por lo menos, ingenuo. Con un gabinete tapado de causas judiciales, que incluso alcanzan a la familia del jefe de gobierno, resulta poco creíble aquello de que “en la Argentina de hoy, el que las hace, las paga”. Si no fuese por la legión de jueces y fiscales adictos se encargan de ir limpiando el lodazal que va dejando la maleable moral macrista, muy otro sería el entusiasmo oficialista. Se verá hasta donde lo acompaña la “familia judicial”. Por ahora el circo mediático, con la excusa de la Extinción de Dominio, se montará contra la corrupción kirchnerista, uno de los números favoritos de la agenda macrista, ideal para ocultar el vaciamiento de la ANSES que esta semana sufrió otra sangría de $10.000 millones para financiar gastos corrientes, a los que deben sumarse otros $86.000 millones, tomados por el gobernó a fines de diciembre. Con el DNU que legisla sobre la Extinción de Dominio, nuevamente la búsqueda de un fin noble es bastardeado por un Poder Ejecutivo que avanza en facultades que son propias del Congreso Nacional. El proyecto en cuestión ya había recorrido las cámaras legislativas pero no obtuvo, en diputados, los dos tercios necesarios para su aprobación definitiva. El DNU es inconstitucional porque no se dan “las circunstancias extraordinarias” que manda la Carta Magna, a la vez que vulnera la prohibición de “regular la materia penal” que es el asunto central que aborda el DNU, más allá del nombre con el que el gobierno intenta llamarlo. Sacarle los bienes a personas sin condena penal y de manera retroactiva a quince años, tiene un parentesco asombroso con la Comisión Nacional de Reparación Histórica –CONAREPA-, que creo la última dictadura militar que encabezó Jorge Rafael Videla y cuyo fin, con la excusa de la corrupción, era incautar los bienes de la dirigencia peronista derrocada. Con la recuperación de la democracia, el Estado debió soportar juicios millonarios por estos bienes mal sustraído. Esta situación puede repetirse si este mamarracho jurídico no es enmendado a tiempo.
Avisado de estas consecuencias, el gobierno está ahora dispuesto a “generar consenso” legislativo para evitar una segura declaración de inconstitucionalidad. La posibilidad de “recuperar los robado” para “seguir construyendo escuelas, jardines, espacio para los niños,” como dijo el Presidente Macri, podría salir paradójicamente de su propia familia si avanza el planteo realizado por los diputados Rodolfo Tahilade y Martín Doñate, destinado a “recuperar los cinco millones de dólares que están en poder de Gianfranco Macri” por el traspaso, en apariencia fraudulento, de seis parques eólicos que están siendo investigados por la justicia. Es un giro inesperado del DNU 62/19 el que parece tener los días contados.
La estrategia imperialista de los Estados Unidos de poner gobiernos títeres en Latinoamérica no es una novedad en la historia regional. Abandonando la metodología del golpe militar tradicional, hoy la Casa Blanca impulsa los llamados golpes blandos, utilizando a los parlamentos, la justicia y los medios de comunicación para maquillar de legalidad los atropellos a la democracia. Mel Zelaya en Honduras en 2009, Fernando Lugo en Paraguay en 2014, Dilma Rousseff y Lula en Brasil son los eslabones de esta cadena de intervenciones destituyentes. Hoy está en curso un golpe de Estado en Venezuela. A riesgo de provocar una sangrienta guerra civil como en Libia, Irak o Siria, Estados Unidos ha tomado la decisión de desalojar a Nicolás Maduro de la presidencia de ese país y poner en su lugar a un ignoto conspirador, miembro de la fracasada oposición venezolana, Juan Guaidó.
En principio los objetivos de la Casa Blanca son dos: uno económico y otro geopolítico. El económico es saquear la mayor reserva mundial de petróleo y gas, su principal botín de guerra. El geopolítico es contener el avance de China y Rusia en esta parte del continente. Por supuesto que toda esta peligrosa farsa se justifica en una abstracta defensa de la democracia y los derechos humanos que no se compadece con el feroz bloqueo económico y financiero a que ha sido sometido ese país.
El Presidente Macri, a pesar de que Argentina no tiene ningún conflicto con Venezuela, es uno de los más entusiastas en satisfacer los deseos de la Casa Blanca. Sin dudas que está convencido de que participar de la asonada antidemocrática, le dará prestigio internacional y le será de utilidad política en un año electoral. Ninguna de las dos cosas. En el plano internacional, la administración Cambiemos carece de una estrategia propia y solo atina a un alineamiento cerrado con Donald Trump, de quien Argentina solo ha recibido indiferencia, salvo que el acuerdo con el FMI y el endeudamiento externo, se consideren ventajas para el pueblo argentino. También la diplomacia argentina abandonó, sin medir las consecuencias, los principios de no intervención y la solución pacífica de las controversias, una tradición que honra la política exterior del país. Además de colaborar en la destrucción de la integración regional y debilitar así su autonomía y soberanía, cambiemos se subordina a la globalización neoliberal y abandona la construcción de un mundo más policéntrico y multipolar. Esta ceguera diplomática traerá, en algún momento, serias consecuencias para la Argentina teniendo en consideración la posición que han adoptado China y Rusia, dos potencias claves en el tablero internacional. Un muy interesante análisis realiza en VCF, el especialista Juan Cruz Campagna, bajo el título “Venezuela bajo asedio y el papel de Estados Unidos”.
Tampoco el Presidente Macri podrá sacar tajada electoral de la tragedia venezolana. La subordinación gratuita a Washington no podrá detener los tarifazos, el derrumbe del salario y las jubilaciones, la recesión ni la pobreza. La idea de un país de mendigos felices es una fantasía que solo existe en la imaginación de Cambiemos.
Por ello, seguir tensando el clima político en Venezuela, es una enorme irresponsabilidad cuando la cordura política indica que, la paz y la estabilidad, solo se alcanzarán con un acuerdo político que incluya a todos los actores en tensión. De lo contrario, se entregará Venezuela a los Estados Unidos y sólo quedará para el resto de la región, más anarquía y desolación.