Sería subestimar al lector pretender desmenuzar estadísticas o analizar los números de la economía del 2018, para mostrar el peligroso precipicio sobre el cual se balancea el futuro del gobierno y el destino de los argentinos. El fantasma de la crisis que aún no toca fondo y la actitud de un gobierno que persiste en agravarla, tiñe de angustia e incertidumbre la mesa de millones de hogares que han sido agredidos por la política económica macrista.

Los dueños del país, como decía Osvaldo Bayer refiriéndose al gobierno de Cambiemos, han hecho retroceder la Argentina a la década del treinta. Esta podría ser la síntesis del balance de los tres años de la gestión Cambiemos. El autor de la Patagonia Rebelde era consciente de que el macrismo no es una novedad en la historia nacional. Es solo una nueva forma de narrar una vieja y repetida tragedia argentina, que encarnó en su momento la rancia oligarquía agroexportadora de la década infame, corrupta y elitista, subordinada al industrialismo británico y que vuelve hoy, envuelta en una nueva retórica, a saquear el país, arrebatar derechos, perpetuar la injusticia, profundizar la dependencia. De lo que se puede estar seguro es que este capitalismo del siglo XIX que propone Cambiemos; esta alianza de ricos y poderosos que desgobierna la argentina, no es nueva y menos aún moderna y transformadora.

Desde el punto de vista económico, quizá el acuerdo firmado con el FMI y el salvataje por 57.100 millones de dólares, gestionado sin acuerdo del Congreso Nacional, sea una de las noticias económicas más relevante del año y una de las evidencias más visibles de la bancarrota en la que se hunde “la revolución de la alegría”. Profundizar el ajuste y secar la economía para frenar la inflación y el dólar fueron los objetivos declarados. Comprar tiempo para posponer el default y postergar la propia caída política del oficialismo, lo fines no expresados.

En un Estado que sólo sirve para facilitar el negocio de las grandes corporaciones empresarias, los pobres no tienen ningún lugar. El año que está concluyendo tampoco fue bueno para los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Desde que asumió el Presidente Macri la pobreza infantil creció más del 60%. Los 8.300.000 de niños que padecen severas privaciones materiales en nuestro país, no han tenido lugar ni contención en la agenda de un gobierno que carece de la conciencia del mal y que hace de la perversidad su rasgo distintivo. El eslogan de “Pobreza Cero” es una de las ficciones que mejor retratan la hipocresía del macrismo.

La actividad productiva, industrial y de servicios, sigue sumergida en una profunda recesión. La total desregulación de la actividad financiera y cambiaria, la libertad otorgada a los capitales especulativos, la total liberación del comercio, con una apertura indiscriminada de las importaciones trajo como consecuencia una devaluación del 105% anual, una alza de las tasas de interés por sobre el 70%, una inflación que ronda 45% y una caída del consumo por encima del 6%. En promedio la producción industrial se contrajo el 2,5%. La caída de la actividad económica se tradujo también en la destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo ya que las industrias se encuentran funcionando, en promedio, al 50% de la capacidad instalada.

Para certificar que estos números están basados en hechos reales, basta con analizar el Presupuesto 2019, un instrumento que refleja el plan de gobierno para lo que resta de la gestión, donde lo único que crece son los intereses de la deuda que se incrementan en un 48% y cuyo monto total ya representa el 87% del PBI. Paradójicamente, sin contemplación por una sociedad castigada por la crisis, en medio de las fiestas de fin de año, el gobierno acaba de anunciar un conjunto de aumentos en el transporte, gas, agua y electricidad. Perversión en estado puro.

Entre las víctimas que caen diariamente bajo la onda expansiva del ajuste macrista, hay que sumar también a vastos sectores de la clase media. La angustia y decepción invade a los electores del fallido gobierno de Macri. Mastican en silencio su frustración y su bronca mientras desesperan por un dólar barato que pueda llevarlos a descansar al lugar que se “merecen”. Sus problemas de identidad política no resuelta no los favorece. El creerse a sí mismos lo que no son, tiene altos costos ya que, además de sufrir los tarifazos, la inflación y la caída de sus ingresos, el gobierno nacional volvió este año a “meterles la mano en el bolsillo” al modificar la ley de impuesto a los Bienes Personales, con el propósito de cumplir con los compromisos tomados con el FMI. La clase media es el pato de la boda de esta reforma. Aquellos que declaren bienes por valores que superen $2.000.000 comenzarán a pagar una tasa de 0,25% hasta llegar al 0,75%. Paradójicamente se exime del pago de este impuesto a los más grandes propietarios de inmuebles rurales. Que los pobres y la clase media subsidien a los ricos es un rasgo característico de esta gestión que parece no ofender al electorado macrista. Por supuesto que tampoco pagaran este impuesto quienes escondieron sus riqueza en el exterior, guaridas fiscales que ocultan aproximadamente 250.000 millones de dólares de patrimonios de argentinos, que incluye, además de muchos funcionarios públicos, a la misma familia presidencial.

A pesar de que los jueces que responden a Mauricio Macri se niegan a investigar la corrupción de los funcionarios de Cambiemos, un reciente trabajo de la Universidad Austral, coordinado por Marcelo Bermolén y basado en las mediciones de Transparencia Internacional, entre otros, concluye que ha aumentado la percepción de corrupción en el país y que se deteriora la imagen presidencial. El 53% de los argentinos, dice esta pesquisa, cree que el Presidente y todos -o casi todos- sus funcionarios están involucrados en actos de corrupción. Además se afirma que un 56% de la población percibe un aumento de la corrupción. Si bien el Presidente Macri goza de impunidad, no puede evitar que una gran parte de los argentinos ya lo señale como un mandatario dehonesto e inmoral.

Desde el punto estrictamente político Cambiemos ha intentado transformar a la oposición en un instrumento al servicios de sus necesidades. La cooptación de bloques opositores en el Congreso y de gobernadores peronistas ha sido una práctica habitual del oficialismo. También el macrismo persiste en instalar la imagen de un país dividido por una grieta entre kirchneristas y anti-kirchneristas. En su intento por disimular la verdadera grieta económica entre ricos y pobres; entre partidos y movimientos populares y el de las clases dominantes, intenta recrear ese conflicto y repetir la polarización política del 2015. Por el lado de la oposición, se consolida la idea de unidad del campo popular y la necesidad de construir un frente progresista donde confluyan el peronismo y otras fuerzas que integran el arco opositor.

Lentamente, mientras se espera la definición de lo que hará Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo empieza a mover sus fichas. El Diputado Agustín Rossi fue uno de los primeros dirigentes en asumir la consigna de la unidad y en liderar un proceso que lo tiene como candidato a Presidente para el 2019.También Felipe Solá es otro los dirigentes del peronismo que ha expresado su voluntad de disputar la candidatura presidencial por el justicialismo. A medida que el calendario electoral se acelera, se tendrán más definiciones sobre estas y otras candidaturas en gestación.

En Mendoza, el primer paso del Justicialismo para desalojar al macri-radicalismo de la Casa de Gobierno, fue unificar todas las expresiones de peronismo detrás de este objetivo estratégico. El desafío de volver a instalar al peronismo en el centro de la escena política mendocina fue asumido por intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales y autoridades partidarias los cuales, en los últimos meses del año que finaliza, se han movilizado en cada uno de los departamentos de la provincia, tratando de profundizar y consolidar este proceso. La elección de Guillermo Carmona como nuevo Presidente del Partido Justicialista, quien logra sintetizar políticamente tanto al peronismo como al kirchnerismo, ha facilitado este esquema de revitalización, apertura y actualización partidaria. A la intensa actividad desplegada por las nuevas autoridades, que incluyó la visita a cada uno de los departamentos y el lanzamiento del grupo promotor del Consejo Tecnológico, se viene sumando la creciente presencia de la Confederación General del Trabajo Regional Mendoza y la participación activa de las mujeres, las cuales ocupan la mitad de los cargos partidarios. También es notable la numerosa cantidad de jóvenes que se han sumado a esta estructura, lo que revela el proceso de trasformación y renovación en el que está inmerso el peronismo mendocino. Si bien este colectivo partidario es heterogéneo y multifacético, los une el convencimiento de que el peronismo, puede volver a ser gobierno en el 2019.

Mientras el peronismo se moviliza y gana terreno, el gobernador Cornejo intenta bloquear esta estrategia intentando dividir al peronismo o buscando impedir la reelección de los intendentes justicialista con un decreto, a todas luces, inconstitucional. Con serias dificultades para instalar a Martín Kerchner, el candidato de su íntima confianza, el gobernador mendocino se recuesta también en la figura de Rodolfo Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza. Entre tanto, crece la figura de Omar de Marchi, hombre Pro, intendente de Luján de Cuyo. En medio de esta encrucijada, y mientras Alfredo Cornejo trata de hacerse un lugar en el escenario nacional, el radicalismo mendocino corre el serio riesgo de entregar en bandeja la candidatura de Cambia Mendoza a un dirigente que reporta directamente a Mauricio Macri. Sin embargo, no deja de ser un espectáculo irritante ver a las figuras del oficialismo disputar obscenamente los espacios políticos, mientras el resto de los mendocinos son arrastrados por la crisis económica que este mismo radicalismo ayudó a gestar.

Desde el punto de vista institucional, Mauricio Macri se ha convertido en un veedor externo de todo lo que sucede en un país sumergido en el desconcierto. Argentina atraviesa sin dudas una crisis institucional, consecuencia de los propios desaciertos del gobierno nacional. La fuerte polarización política que antes señalábamos, y el desmadre económico son factores determinantes, pero también los son la distorsionada concepción que el oficialismo tiene de la democracia y la república.

En materia de seguridad ciudadana, la llamada “doctrina Chocobar” es una de las grandes torpezas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien autorizó a través de una resolución, a las fuerzas federales, a disparar por la espalda a personas desarmadas, por considerar que, esta legalización del gatillo fácil, es una decisión legal y constitucional. El primero de febrero de 2018, Macri se reunió con el agente Luis Chocobar para trasmitirle confianza. “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación” fueron las palabras de aval presidencial. Sin embargo, el uniformado está procesado por "homicidio agravado en exceso en el cumplimiento de un deber". Está acusado de matar de dos tiros y por la espalda a uno de los dos delincuentes que, el 8 de diciembre de 2017, apuñalaron a un turista en La Boca. Es costumbre del Presidente involucrarse y presionar políticamente al Poder Judicial. Actualmente y según datos de la Correpi, en lo que va de 2018, ya fallecieron 238 personas por gatillo fácil. En 2017 murió una persona cada 23 horas a manos de las fuerzas policiales.

Esta doctrina es también consistente con la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Hay que recordar que el juez federal Gustavo Lleral, cerró la causa por la desaparición de Maldonado. Sin dudas la de Santiago fue una desaparición forzada. Otra pérdida para las comunidades mapuches este año fue la de Rafael Nahuel. Patricia Bullrich también sostuvo en este caso que el chico de 21 años se encontraba armado, causas que las pericias desmintieron.

Una nota aparte merece la situación de Milagro Sala, quien ayer regresó a su domicilio luego de ser absuelta en la causa “la balacera de Azopardo”. Luego de tres años en prisión preventiva, se cumplieron los requerimientos dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los que fueron ratificados por la Corte Suprema, quienes ordenaron que Milagro Sala debe permanecer en su casa, ya que su vida y su salud corren peligro.

Sin dudas es una decisión del gobierno nacional perseguir, reprimir y asesinar impunemente a las comunidades aborígenes de nuestro país para despojarlos de sus tierras, atacar la vida en comunidad y eliminar las costumbres ancestrales. Hasta el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exigió respuestas al estado argentino por estas atrocidades, denunciando además el trato diferencial que reciben por parte de la justicia penal las minorías étnicas y sociales y los retrocesos en materia migratoria. Para Cambiemos, lo que se tiene, se debe comprar a través de la escalera meritocrática.

En este panorama gris para la institucionalidad argentina, la sociedad ganó una nueva batalla a la corporación judicial. Luego de las multitudinarias manifestaciones en 2017, tras la declaración de la Corte de la aplicación del 2x1 para crímenes de lesa humanidad, este año este mismo colegiado declaró su inconstitucionalidad. El único juez que votó en contra fue Carlos Rosenkrantz quien, sin embargo, tras una jugada alentada por el oficialismo, obtuvo la presidencia del máximo tribunal.

También este año la Corte Suprema de Justicia falló por mayoría a favor del índice aplicable a las actualizaciones de las jubilaciones. Anses a través de la resolución 56/2018 estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el Ripte. La Corte por mayoría ordenó que se cambie el índice al Isbic (índice de salarios básicos de la industria y la construcción). El fundamento de la inconstitucionalidad es que la Anses se arroga facultades que son exclusivas del poder legislativo nacional. Así como se utilizan resoluciones de Anses para perjudicar a los jubilados, también se lo desfinancia. La semana pasada se tomaron 86 mil millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para aliviar el déficit fiscal gestado por la propia mala praxis oficial.

El día de ayer publicamos en este medio una nota en el que informábamos la salida de Javier Iguacel de la Secretaría de Energía. Con esta renuncia el jefe de Gabinete Marcos Peña toma el control de esa Secretaría, que será ocupada por un hombre de su confianza, Gustavo Lopetegui, con nula experiencia en el sector, cumpliéndose así con los acuerdos pactados con el FMI, respecto de la eliminación de los subsidios a los consumidores y más tarifazos en materia eléctrica y gasífera.

En el caso de Mendoza, ideológica y operativamente las acciones son las mismas. El Gobernador Cornejo impulsó un Código de Faltas punitivo y arcaico que tiene como finalidad principalmente aleccionar y perseguir a los sectores populares. La semana pasada tuvieron su primera víctima: un limpia vidrios, que fue expulsado de la ciudad sin alternativa económica alguna.

Al igual que Gerardo Morales en Jujuy, Cornejo se dedicó personalmente a perseguir y promover la causa contra la dirigente de la Tupac Nélida Rojas y su familia. Este año el Tribunal de Cuentas de la provincia comunicó, sin embargo, que no hubo irregularidades en las obras ejecutadas por la organización. Mientras, siempre hablando de políticas de vivienda, el intendente de la ciudad Rodolfo Suárez, decidió que uno de los programas Procrear destinados a vivienda social en la ciudad, será un negocio inmobiliario. La ubicación es demasiado buena, y los apartamentos muy modernos y costosos como para que sean habitados por los que menos tienen. Una muestra de la penetración que tiene la ideología Pro en el radicalismo local.

Terminamos el 2018 con anuncios de nuevos tarifazos. Por ahora cuarenta intendentes del conurbano bonaerense anunciaron que presentarán recursos de amparo para frenar las subas que ya no se toleran. Desde el gobierno provincial no hay reacción ni interés en cuidar el bolsillo de las y los mendocinos.

En el último panorama político del año nos queda como saldo un grave retroceso político, económico, social e institucional. Ojalá las y los mendocinos no dejemos de confiar en nuestras propias fortalezas, como actores fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida. Pero sin dudas, después de este 2018, nada volverá a ser lo mismo.