Mendoza. Portezuelo del Viento y las necesidades electorales. Las necesidades electorales le han jugado una mala pasada al Gobernador Cornejo. Su gobierno de “racionalidad y orden”, principios rectores de su administración, muestran inconsistencias técnicas y políticas que esta semana alcanzó ribetes de verdadera improvisación. Vender humo llamaban los romanos al hecho de intentar sacar ventajas recurriendo falsas promesas. El castigo, ejemplar en los tiempos PAMdel Imperio Romano, ha perdido sentido en una cultura donde la verdad dejó de ser una preocupación y las promesas políticas sólo un absurdo requisito.

 Tras el severo ajuste que sufrió la obra pública en el presupuesto nacional, monitoreado ahora por el Fondo Monetario Internacional, el gobernador mendocino logró igualmente reflotar la construcción de la hidroeléctrica Portezuelo del Viento, la mayor obra de infraestructura prevista para su gestión. Sin embargo, todo parece desvanecerse en el aire, luego de una serie de pasos en falsos que revelan, la improvisación y desprolijidad, con las que el gobierno nacional y provincial está negociando una de las obras de infraestructura más importante y postergada de la provincia.

El emprendimiento es una deuda del gobierno Nacional con Mendoza. Las pérdidas económicas que generó para la provincia la llamada Promoción Industrial dieron lugar, en su momento, a que el estado mendocino entablara, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un juicio contra el gobierno nacional por inconstitucionalidad. Con sentencia favorable para Mendoza, el por entonces gobierno de Julio Cobos, firmó con Néstor Kirchner en el año 2006, un convenio por el cual Portezuelo del Viento sería financiado íntegramente con recursos nacionales, a modo de resarcimiento, por los perjuicios causados a los mendocinos.

Sorpresivamente, en el mes de mayo de 2016 el gobernador Cornejo anunció que el presidente Macri se había comprometido con la licitación de la obra. Si bien en el presupuesto nacional 2017 figuraba Portezuelo del Viento, esta obra fue directamente excluida en 2018. Estas idas y vueltas en torno a la falta de definiciones de los gobiernos nacional y provincial para licitar y comenzar las obras hidroeléctricas, entre ellas Portezuelo del Viento, hizo que diputados nacionales de las provincias de Mendoza y Neuquén, Guillermo Carmona, Omar Félix, Rubén Miranda, Alberto Ciampini y Darío Martínez presentaran juntos un proyecto de ley, destinado a incorporar en el Presupuesto 2019 siete mil millones de dólares destinado a la ejecución de estos emprendimientos. En la oportunidad el Diputado Carmona advirtió: “Ya ha cambiado cuatro veces la versión de por qué no avanza en la licitación. Lo cierto es que tanto Portezuelo como los Blancos fueron excluidos del Presupuesto nacional 2018, y que los gobiernos nacional y provincial simulan avances que en realidad no existen. Nadie puede asegurar hoy que Portezuelo se vaya a licitar el año próximo, como ahora dice el Gobierno. No estamos de acuerdo con que al ajuste comprometido por el Poder Ejecutivo Nacional al Fondo Monetario Internacional lo paguen las provincias con la postergación de sus obras estratégicas”.

El tema del financiamiento ha sido determinante para avanzar con el proyecto.Hay que recordar que a mediados de año, el gobierno nacional decidió recortar gastos para la obra pública de las provincias por un monto cercano a los $30.000 millones. A falta de recursos estatales, el Presidente Macri buscó incorporar al capital privado para financiar grandes emprendimientos bajo la modalidad denominada Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, el fracaso registrado en otros países y la falta de confianza en el programa económico sólo sedujo a unos pocos inversores, los cuales se interesaron por las obras más seguras y rentables.

“Se ha dispuesto que la licitación de Portezuelo del Viento se realice en el marco de la Ley de PPP, cuyo esquema flexible permite diferir en el tiempo los pagos correspondientes a la obra, los cuales van a ser financiados en su totalidad por el Estado Nacional, conforme se acordó con la provincia de Mendoza”, decía el Jefe de Gabinete Marcos Peña en el mes de octubre ante el Congreso Nacional.

Sin embargo, este último martes cuando el gobernador Cornejo llegó a la Casa Rosada para participar de la licitación internacional de Portezuelo del Viento se enteró, por boca del Ministro Dujovne, que la obra ya no se financiaría a través de la Participación Público-Privada (PPP), sino con recursos de organismos multilaterales, bilaterales o del Tesoro de la Nación. Sorprendido con el cambio, el gobernador mendocino solo atinó a decir "Es un financiamiento mucho más cómodo, nos incomodaba el PPP pero lo aceptábamos, así que ahora estamos mucho más cómodos". Muy poco serio. Pero aún: muy poco creíble que una obra que supera, según la cambiante información disponible, los mil millones de dólares, modifique su forma de financiamiento, literalmente, de la noche a la mañana.

Portezuelo del Viento lleva más de cincuenta años a la espera de su realización. Es un mega emprendimiento que resulta imprescindible para el sur de Mendoza y para toda la región. Sin embargo, llega a esta instancia de licitación, rodeada de una serie de inconsistencias que ponen en duda su continuidad. Por un lado la provincia de La Pampa irá a la justicia para denunciar la decisión arbitraria del Presidente Macri, de continuar avanzando con la obra que, según el Gobernador Verna, traerá graves perjuicios a su provincia al quitarle caudal al río Colorado a partir de la toma que hará del río Grande, el principal afluente que tiene el primero. En VCF, y bajo el título “Portezuelo del Viento: un proyecto polémico que enfrenta a dos provincias”, se amplía el análisis de este conflicto. También las dificultades en el desarrollo de la licitación y los vaivenes en materia de financiamiento restan seriedad a este proceso. No deja de ser llamativo el exorbitante crecimiento en el presupuesto de la obra, que se ha triplicado desde los primero anuncios a la fecha. Sólo el tiempo dirá que tiene de cierto la puesta en escena de esta semana. En principio parece solo humo.

Mientras los medios de comunicación que viven de la pauta oficial, siguen promoviendo candidatos de Cambiemos, los intendentes justicialistas que fueron proscriptos por el Gobernador Cornejo, mediante el Decreto 2010/18, han decidido ir a la justicia a reclamar la inconstitucionalidad de la medida.

Los intendentes peronistas Emir Félix de San Rafael, Martín Aveiro de Tunuyán, Jorge Giménez de San Martín y Roberto Righi de Lavalle denuncian una maniobra electoralista del Gobernador, quien se arroga la facultad de reformar la Constitución de la provincia de Mendoza por decreto. Los jefes comunales, si bien comparten el criterio de limitar las reelecciones de los intendentes, como así también de los concejales y legisladores, piden que el gobernador respete el procedimiento establecido para dicha reforma. En este sentido la Suprema Corte de Mendoza, sentenció que el referéndum popular para reformar la Constitución debe contar con una mayoría de votos válidos por el “Sí” del 50% más uno, computada sobre el total del padrón electoral de la provincia y no sobre el total de votantes. El decreto del gobernador intenta torcer este fallo de inconstitucionalidad convencido que, de judicializarse su decreto, la Corte, que ahora tiene otros integrantes muchos de ellos afines al radicalismo, podría emitir una nueva resolución que satisfaga sus caprichos políticos.

Como lo hemos señalado en estas columnas, el gobernador Cornejo pretende quedarse, el año próximo, con los municipios que hoy conduce el justicialismo. Pero a pesar de estas maniobras ilegales, tendrá que convencer primero a la justicia y luego persuadir a los vecinos y vecinas en las urnas. La mayoría de los mendocinos comparten la necesidad de reformar la Constitución pero también son respetuosos de sus mecanismos. Tal como lo señalaba Julián Barraquero, “las provincias dejarán de agitarse a impulso de rencillas locales y mezquinas y aprenderán a practicar los principios de gobierno porque se rigen, cuando tengan municipalidades manejadas y elegidas por el pueblo de los municipios y no por los jueces de paz, jefes políticos y subdelegados, que las convierten en instrumentos electorales y las desacreditan ante la opinión pública.”

Por otra parte, esta semana se conoció que la Corte provincial con la firma de José Valerio, Pedro Llorente y Julio Gómez, dio lugar al pedido de apelación de la fiscal Chaves con la intención de revitalizar la causa de la Tupac, que ya se encontraba caída luego de que el tribunal de cuentas desestimara las irregularidades en las obras.

De ser así, el nuevo pedido de detención deberá ser analizado por una cámara que no esté integrada por los jueces que intervinieron ya en la causa. Es que la Octava Cámara del Crimen, formada por Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, cuando en septiembre del año pasado ordenaron la liberación de Nélida Rojas, sus familiares y otros miembros de la agrupación, cuestionaron a Chaves por las arbitrariedades y las irregularidades que cometió durante toda la investigación.

El abogado de Nélida Rojas, Alfredo Guevara explicó que hubo una clara operación del ejecutivo en el dictado de esta sentencia, porque realizaron una serie de maniobras para excluir a Omar Palermo de la votación. Llorente y Valerio esperaron que Palermo, el único juez díscolo a Cornejo tomara su licencia para tratar el pedido de Chaves.

Sin dudas el Gobernador se ha propuesto obstaculizar a como dé lugar una participación en igualdad de condiciones de la oposición en las elecciones del 2019.

El gobierno sigue regalando Malvinas.A fines de octubre de este año el canciller argentino Jorge Faurie, tal como viene promoviendo el gobierno de Mauricio Macri, afirmó en Londres que las islas Malvinas no pertenecen a la Argentina. “Nosotros tenemos una relación con el gobierno británico, que incluye el diálogo de quienes viven en las islas. Nuestra relación es generar un mayor vínculo entre la parte continental y la parte insular”, destacó.

Expresó además su interés en que quienes vivan en las islas “sientan que pueden llegar a Argentina para educarse, para atenderse en temas de salud y para hacer comercio”. A pesar de que a comienzos de este año el oficialismo, con Luis Petri a la cabeza, presentó un proyecto para cobrarle a los extranjeros e inmigrantes el uso de la salud pública, que claramente estaba dirigido a migrantes bolivianos, peruanos y paraguayos.

Esta semana, el embajador argentino en Londres, Carlos Sersale, reconoció la soberanía de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas a través de un tuit en el que se refirió a los funcionarios británicos designados por la corona como “máximas autoridades de la isla”.

Por su parte, Theresa May envió un mensaje de navidad a los habitantes de las islas en el que afirmó que “Si bien la relación entre nuestros gobiernos está cambiando, les puedo asegurar que algo nunca cambiará: nuestro absoluto compromiso con el pueblo y la soberanía de las Islas Falkland. Simplemente no está para ser discutido”.

En su visita al G20 la primera ministra y Macri celebraron el nuevo vuelo comercial de Córdoba a las Islas, situación que sólo fortalece a la ocupación británica. Nada dice el gobierno nacional de la exploración y la explotación ilegal de petróleo desde el año 2017, recurso natural que pertenece a nuestro país.

Ante el entreguismo del gobierno nacional, los británicos se han propuesto avanzar en el acuerdo Foradori-Duncan del 2016. Uno de los temas fundamentales es la “potencia comercial”: Para esto May nombró a Mark Menzies como “enviado especial”, quien tiene diálogo con el jefe de gabinete Marcos Peña. La intención es trabajar en un acuerdo de libre comercio, potenciando el crecimiento de las Islas, sin ningún tipo de beneficio para la Argentina.

Desde la ocupación de las Islas hasta la fecha, ningún gobierno argentino hizo una entrega de soberanía semejante, luego de una guerra que aún nos duele.