Mendoza. Un mar de dudas. El gobernador Cornejo comenzó a sufrir  los primeros síntomas del síndrome del pato rengo.  Esta expresión, de origen norteamericano pero cada vez más utilizada en la política argentina, es la debilidad y pérdida de poder que  sufren, en los últimos meses de gestión, los gobernantes que no pueden ser reelectos. A un año de dejar el poder, el estilo arrogante y arbitrario del gobernador mendocino, ha perdido eficacia y  muestra sus límites y contradicciones.

Estos errores   se hicieron visibles esta semana cuando el Gobierno Escolar debió dejar sin efecto la Resolución DGE, N° 3141/18, debido al malestar generalizado que generó esta decisión, torpe y arbitraria, entre  docentes, alumnos y padres. La norma cuestionada fijaba, a partir del 2019, que todos los niveles del sistema educativo debían cumplir 190 días de clase, debiendo los alumnos comenzar las actividades el día 18 de febrero.  El activismo social en las redes fue fundamental para torcer la voluntad gubernamental. Las 53.000 firmas que consiguió la petición en Charge org, de una alumna del Colegio Andino, Camila Federman, para que las clases comiencen en Marzo, le dio voz a la protesta  y empoderó a la comunidad educativa la cual se insubordinó y dio por tierra con el despropósito que habían gestado el gobernador. También las más de 22.000 firmas que recogió la Senadora Fernanda Lacoste (PJ) en contra de la medida, habla de la magnitud del rechazo.  Sin embargo, esta revisión de la medida, no contemplo a las y los docentes, quienes deberán presentarse en las escuelas el 11 de febrero, casi un mes antes que sus alumnos. Sólo el ensañamiento y maltrato de Jaime Correa, Director General de Escuela, contra los trabajadores de educación, pueden explicar este dislate.  No faltará algún sector social que festeje esta afrenta contra los docentes. El individualismo egoísta y la falta de solidaridad es la plaga cultural sembrada por el neoliberalismo y, lamentablemente, también en Mendoza tiene una legión de seguidores.

El 10 de febrero del 2007 quedará en la historia Chile como una jornada donde el caos y la confusión de los usuarios del transporte urbano de Santiago hicieron tambalear  la primera presidencia de Michelle Bachelet. Las enormes dificultades para poner en marcha el llamado Transantiago, un cambio estructural del transporte público de pasajero, deterioró gravemente la figura presidencial, arrastró la renuncia de varios ministros y hasta rompió la alianza parlamentaria que sostenía la gestión del gobierno de la Concertación.  El gobernador Cornejo está en víspera de inaugurar lo que ha dado en llamar el MendoTran, que reproduce con enorme similitud mucho de las características del Transantiago, cuyos loables objetivos son:

Potenciar el trasbordo.

Recorridos más directos y con menos tiempo de viaje.

Mayor cantidad de frecuencias.

Troncales con frecuencias cada 5 u 8 minutos en hora pico.

Cambio en la imagen de la red de transporte.

Unidades nuevas y modernas.

Paradas mejor señalizadas, iluminadas y con mejoras en la accesibilidad peatonal.

Generar intermodalidad, es decir, que la persona pueda viajar eligiendo diferentes modos de movilidad.

Este sistema, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 17 de diciembre se postergó repentinamente para la primera semana de enero. Una muy mala señal de partida que se origina en una pésima  lectura sobre la verdadera percepción y comprensión que tienen los potenciales usuarios del Mendotran. Si bien Va con Firma Mendoza (VCF) se ocupó detalladamente de describir el nuevo sistema en  la nota “¿Cómo será el nuevo sistema de Transporte Público?”, hay que volver a señalar que persiste entre los mendocinos una alto grado de incertidumbre, temor y desconocimiento que no ha podido ser disipado por el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.  Ya los medios oficialistas empiezan a cargar la responsabilidad de los futuros problemas en los pasajeros, a quienes acusan solapadamente de ser pocos proclives a los cambios o de renuentes a informarse. Sin dudas que estas son excusas. El gobierno tiene problemas en la implementación del nuevo sistema y es bueno que comience a reconocerlo.  Basta con leer las miles de quejas que se van acumulando en las redes sociales para darse cuenta de la enorme confusión existente. Una de las peticiones colgadas en Charge.org que solicita que “Los nuevos recorridos de transporte público sacan los colectivos de los barrios hay que caminar entre 5a 12 cuadras para llegar. Los recorridos demoran más tiempo. Hay que hacer trasbordo”,  ya ha cosechado más de 19.000 firmas, sin contar los cientos de mensajes posteados por los usuarios en las páginas oficiales del gobierno de Mendoza.

Un análisis de las objeciones de los usuarios permite visibilizar sus principales preocupaciones. Miles de mendocinos están convencidos que el Mendotran incrementa los problemas de seguridad y deja   barrios sin servicios; otros argumentan que van a tardar más en llegar a los lugares de destino y que los trasbordos son excesivos e inútiles; también denuncian que las indicaciones, mapas y app son confusos y enmarañadas y que se multiplicarán los problemas para las personas mayores y discapacitados.  El listado de refutaciones es muy amplio y el gobierno, con esta suspensión temporaria de la medida, parece haber tomado nota de los riesgos que conlleva un cambio que, aunque necesario, requiere responsabilidad y recaudos de los cuales parece carecer. Las esperanzas de una mejora en el transporte público parecen esfumarse también,  cuando son casi los mismos empresarios del viejo sistema lo que se han maquillado para quedarse, por diez años más, con las licitaciones de los nuevos recorridos, reduciéndose de 12 a 7 los grupos prestatarios del servicio. En el nuevo esquema el Estado seguirá subsidiando a los dueños de las empresas, asumiendo el costo de casi el 70% de los los 82 millones de kilómetros anuales que están previstos recorrer con  el nuevo sistema. “Estamos trabajando permanentemente para minimizar los errores. Mientras tanto, todas las críticas constructivas, aun desde el enojo, las estamos tomando, y estamos procesando esa información” Estas palabras, en boca del Secretario de Servicios Públicos es un alivio para una comunidad que pocas veces es escuchada por el gobernador Cornejo, quien confunde dogmatismo con convicciones, arbitrariedad  con orden, autoritarismo con autoridad.

La confianza del gobernador no sólo flaquea por el lado de la gestión. También está perdiendo el control de su propia estructura política y muestra dificultades para conducir  la alianza que lo sostiene en el poder. "Nos estamos juntando de forma permanente con Omar De Marchi. Ahora miramos el futuro” blanqueó a la opinión pública el intendente de Las Heras, Daniel Orozco,  luego de una reunión auspiciada por el incombustible Julio Cobos. Repuesto, en apariencia, del papelón que protagonizó el senador con su novia Natalia Oblón, a quien intentó nombrar como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, unos meses después de que esta se recibiera de abogada en una carrera que  cursó a distancia en una universidad privada, Cleto Cobos vino a Mendoza a renovar credenciales. Aunque es redundante decirlo, el senador nacional es de convicciones cambiantes e inconstantes en materia de lealtad. Esto parece no alterar a sus electores, pero sí trastorna el humor de Alfredo Cornejo para quien, aunque no lo exprese en público, el cobismo es una estructura  que se beneficia casi exclusivamente de los esfuerzo político que realiza el resto del radicalismo, en especial de los del cornejismo. En el convite lasherino estuvo presente además Omar de Marchi, lanzado explícitamente por el Pro a la gobernación. También fueron de la partida Gustavo Gutiérrez, embajador en la República Checa y que reporta a Elisa Carrió, la vicegobernadora Laura Montero y Carlos Balter, del  implosionado Partido Demócrata. Los acuerdos electorales de este sector parecen avanzados, ya que se esmeraron en promocionar la reunión y hasta emitieron un documento que sintetizan sus objetivos políticos. Si bien Alfredo Cornejo minimizó el encuentro tanto como intenta disimular las desavenencias que tiene con Cobos, es consciente que ese núcleo de dirigentes, quienes están en pleno armado electoral, será fuente de conflicto y  de disputa política. De la fórmula De Marchi-Cobos o viceversa solo trascendieron especulaciones.

Diciembre, sin penas ni glorias. El presidente Macri decidió tomarse un descanso en el Sur luego del G20. Está tranquilo, y así transcurre diciembre en Argentina. Para el nivel de crisis económica y social que atraviesa el país, se puede advertir que pasaremos un fin de año en una tensa calma.

Para el gobierno nacional el año terminó con el G20 y la institucionalización de la doctrina Chocobar. En las últimas semanas han decidido instalar temas que distraen momentáneamente la atención de la opinión pública del desastre económico y el cierre de 25 Pymes al mes, o el 48% de pobreza infantil, entre otra infinidad de pésimas noticias.

Un día después del G20, Patricia Bullrich cumplió su sueño e institucionalizó el gatillo fácil. Una resolución que permite asesinar por la espalda a cualquier “sospechoso” de la policía que intente huir. La ministra justificó la medida una vez más, con el argumento de la necesidad de dotar de mayor poder a una policía “de brazos caídos”. "Desde que llegamos estamos cambiando esa filosofía. Lo estamos haciendo. Queremos fuerzas que puedan cumplir con su rol. Diría que ese fue un compromiso que nosotros tomamos con nuestro electorado: la lucha contra el narcotráfico, la lucha para tener mejor seguridad y la lucha para que la figura central sea la víctima y no el victimario", dijo en una entrevista con La Nación.

A pesar de ya existir procesos judiciales en marcha para impedir la medida, la resolución sigue en vigencia y al gobierno no parece importarle el tsunami de cuestionamientos jurídicos, sociales y de derechos humanos que vinieron luego de tomar esa decisión.

Miles de historias de pibes y pibas que viven en barrios populares y que han sufrido la violencia por portación de rostro y vestimenta,  explotaron por las redes sociales y fueron tomadas por el periodismo, que en su mayoría cuestiona este decreto.

Cambiemos tuvo como eje de campaña la inseguridad y el narcotráfico. En el 2015 la inseguridad era la principal preocupación de los argentinos, seguida de la inflación. Hoy, en las últimas encuestas la inseguridad está en un cuarto o quinto lugar. El ranking lo gana siempre la situación económica. No es que la inseguridad haya dejado de ser importante, es que la supervivencia económica es una necesidad que desborda y desplaza otras preocupaciones.

Casualmente, esta misma semana mientras se discutía esta resolución, en Brasil un policía abatió a un ladrón que tenía de “rehén” a una mujer. Es escalofriante, también decepcionante,  ver en el video los aplausos de las personas que estaban en el lugar, las que ni siquiera se mostraron asustados por los disparos. Al mejor estilo Macri, Bolsonaro salió a festejar el trabajo del policía. En el día de ayer, circuló un nuevo video, esta vez en el microcentro porteño. La policía de la ciudad redujo a dos motochorros, y la gente alrededor clamaba que le metieran un tiro en la cabeza: “Como Bolsonaro, como en Brasil” repetían los violentos.

Si Cambiemos realmente hubiera hecho algo por la inseguridad, no existiría este nivel de intolerancia social. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana en 2017 hubo 5 asesinatos por cada 100 mil habitantes, un total de 2293, de ellos 295 fueron femicidios. Si hablamos de otros delitos, se registraron 3921 violaciones y en 2015, 16 mil casos de violencia sexual. A su vez hubo 406 mil robos, y 255 mil casos de hurto. Lo que sí aumentó estrepitosamente de 2014 al 2017 fue la cantidad de violaciones y de violencia sexual.

La semana pasada un vecino de la Quinta de Olivos se mostraba desconcertado porque lo asaltaron a una cuadra de la casa donde vive el Presidente de la Nación. Definitivamente, la receta es  equivocada y el diagnóstico del problema mal formulado. Se autoriza a matar, a pesar de que la legislación lo impide, pero no se genera ni una sola política para disminuir la tendencia en aumento de violaciones, agresión sexual y femicidios, una verdadera tragedia nacional. El gobierno no ha decidido intervenir activamente en la actuación judicial respecto a los casos de violencia de género, y mucho menos la justicia. Esta semana miles de mujeres de todo el país se manifestaron para pedir justicia por Luciana, asesinada en manos de un femicida que sólo obtuvo una condena por venta de drogas.

En 2017, el estado asesinó cada 23 horas a una persona en casos de gatillo fácil, según un informe de la Correpi. Si se adicionara este número a la estadística de homicidios intencionales, el resultado sería aún más escandaloso.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un policía cada 107 personas, lo que la coloca en líder mundial en presencia policial. Sin embargo, no pudieron evitar que 10 inadaptados apedrearan el micro de Boca, o que un reconocido periodista canadiense fuera asaltado en pleno G20 en Puerto Madero.

Lo que se quieren instalar, es lo que ya está comenzando a suceder. La guerra de pobres contra pobres, de todos contra todos, mientras se continúa buscando la manera de permanecer en el poder por cuatro años más. La indulgencia social es tan generosa, que hasta les da el tiempo al poder para tomarse vacaciones.