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Mendoza. El decreto de la discordia. Una de las conductas recurrente de los dirigentes políticos, pero no solo de ellos, es confundir la verdad con lo que les conviene; lo útil con lo verdadero. El gobernador Cornejo no es ajeno a esta tentación. Hace pocos días dictó el Decreto 2010/18, por el cual promulgó una ley del año 2007, de cuando Julio Cleto Cobos era gobernador de la provincia. Se trata de la ley 7814/07, por la cual se modifica el artículo 198 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, que fuera sometida a consulta popular durante la gestión de Celso Jaque, y que limita “la elección de los intendentes a un solo periodo consecutivo o, con intervalo de un periodo, si ya han sido reelegidos”. Es razonable preguntarse porqué tuvieron que pasar más de diez años para promulgar una ley que reforma un artículo de la Constitución de Mendoza. Las respuestas son una combinación de razones jurídicas y políticas.
A pesar de que la Constitución de la provincia tiene más de cien años, muchos intentos por reformarla han fracaso estrepitosamente. Primero porque requiere un alto consenso político ya que exige, para su reforma, que se dicte primero una ley, la que debe ser aprobada por los dos tercios de ambas Cámaras legislativas. Luego esta misma ley debe ser puesta a consideración de la ciudadanía quien, a través de su voto, decide si aprueba o no dicha reforma constitucional. No alcanza entonces con los acuerdos políticos o parlamentarios. Es la voluntad popular expresada en las urnas, la columna vertebral de este procedimiento.
Uno de los procesos reformistas que se frustró, pero que aún hoy tiene consecuencias políticas, fue el iniciado por el gobernador Felipe LLaver, en 1987. Si bien el mandatario radical consiguió, en aquel momento, los votos necesarios de cada Cámara para la aprobación de la ley de reforma constitucional, la consulta popular recayó en la gestión del Gobernador Octavio Bordón quien, una vez realizado el referendum, dictó el Decreto Nº169/89 con el fin de promulgar dicha ley. Sin embargo, la Unión del Centro Democrático, el partido de Álvaro Alsogaray y del cual formaba parte el Partido Demócrata, denunció este decreto ante la justicia, por considerarlo inconstitucional ya que los votos que se expresaron a favor de la reforma no estaban calculados sobre el total del padrón electoral de la provincia sino sobre los votantes que efectivamente habían concurrido a las urnas. La Suprema Corte de Justicia de la provincia, por intermedio de la ex jueza Aída Kemelmajer de Carlucci, dio la razón a los demandantes y declaró la nulidad del decreto dictado por el “Pilo” Bordón, haciendo caer la reforma. Según la Suprema Corte, el referéndum popular de una reforma constitucional debe contar con una mayoría de votos válidos por el “Sí” del 50% más uno, computada sobre el total del padrón electoral de la provincia y no sobre el total de votantes. Si bien esta resolución se apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta avaló la decisión de los jueces mendocinos, con la sola disidencia del entonces Juez Enrique Petracchi. Luego de este fallo contra el decreto de Bordón, los gobernadores que le sucedieron hasta hoy, evitaron quedar enredados en esta maraña judicial.
La ofensiva política del gobernador Cornejo, al dictar el decreto promulgatorio 2010/18, es intentar torcer este fallo de inconstitucionalidad convencido que, de judicializarse su decreto, la Corte, que ahora tiene otros integrantes muchos de ellos afines al radicalismo, deberá emitir un nuevo fallo que podría modificar la “doctrina Kemelmajer”.
Desde el punto de vista político, la pretensión de evitar la reelección indefinida de los intendentes municipales, está teñida lamentablemente de revanchismo y oportunismo electoralista, en dosis equivalentes. Ya en el año 2017 Alfredo Cornejo había hecho un buscó avanzar en una reforma constitucional, que incluía su propia reelección como gobernador. La intentona se frustró por el rechazó de las fuerzas políticas opositoras, en particular del Partido Justicialista. También ahora el gobernador mendocino presume que puede interpretar, por decreto, la voluntad de la mayoría de la sociedad mendocina, al afirmar que existe consenso en torno a la necesidad de reformar la Carta Magna de la provincia. Una hipótesis que, como ya se demostró antes, la Suprema Corte no convalidó.
La verdad es que, con este nuevo decreto, se avanza expresamente sobre los intendentes del justicialismo. De aplicarse la reforma, quedan fuera de carrera los cinco intendentes justicialistas que tiene Mendoza: Jorge Giménez, de San Martín, Martín Aveiro de Tunuyán, Roberto Righi de Lavalle, Alejandro Bermejo de Maipú y Emir Félix de San Rafael. También quedan inhabilitados Jorge Difonso de San Carlos, del Partido Demócrata y Mario Abed, intendente de Junín, el único edil radical alcanzado por la maniobra.
El flamante presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Guillermo Carmona, salió a cruzar al gobernador afirmando que, más allá de las posiciones que se tenga frente a hecho de limitar la reelección de los intendentes, el decreto del gobernador “es un decisión inconstitucional, que vulnera el criterio que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha sostenido por décadas”. Lo acusó severamente de avanzar en “una maniobra política que tiene fines proscriptivos (…) al cambiar las reglas de juego a pocos meses de las elecciones (…) vulnerando el orden constitucional” en Mendoza.
Es claro que Alfredo Cornejo pretende quedarse, el año próximo, con los municipios que hoy administra el justicialismo. Pero a pesar de estas maniobras, tendrá que ganar primero en la Justicia, luego convencer a los vecinos en las urnas y tratar, paralelamente, de no descuidar su propio capital político. Reformar la Constitución es una tarea pendiente. La propia Legislatura provincial ha producido avances en ese sentido. Pero en la dudosa hipótesis que fuese urgente limitar la reelección de los intendentes, lo razonable hubiera sido sancionar una nueva ley y realizar una nueva consulta popular para saldar la polémica. Pero los tiempos de las instituciones no son los tiempos con los que cuenta el gobernador.
Consejo de la Magistratura. Enojos y algo más. Nuevamente los radicales, los socios menores de la alianza Cambiemos, salieron perjudicados en el reparto de cargos al perder, en manos de la oposición de la Cámara de Diputados, una de las sillas que ocupaba el correligionario Mario Negri en el Consejo de la Magistratura. Este es un espacio de alta sensibilidad política para los poderes de turno. El organismo participa en los procesos de selección de jueces, fiscales y defensores, como también aplica sanciones disciplinarias a los magistrados, como suspenderlo e incluso habilitar la apertura de procedimientos para hacerles juicio político y removerlos. Está compuesto por 13 consejeros de los cuales seis son legisladores nacionales: tres senadores y tres diputados, dos de la mayoría y uno de la primera minoría.
Culminado el mandato de los Consejeros que integraron el periodo 2014-2018 el oficialismo daba por supuesto que continuarían, por otro periodo, Mario Negri (UCR) y Pablo Tonelli (PRO). Pero sorpresivamente, un acuerdo parlamentario entre el kirchnerismo, el massismo, el Bloque Justicialista, el bloque Córdoba Federal que responde al gobernador Juan Schiaretti y a otros aliados, logró arrebatarle un consejero al oficialismo y quedarse con dos de las tres bancas del Consejo de la Magistratura en juego.
Esta sonora derrota política del oficialismo quedó plasmada en un comunicado que está colgado en la página oficial de la Unión Cívica Radical. Despechados y dolidos por haber quedado fuera del Consejo, acusan a la oposición de “celebrar un verdadero pacto de impunidad.” La frustración también la descargan contra sus socios del Pro. “Lo que nos causa sorpresa y también profundo malestar, es la impericia en las filas del propio oficialismo. Fruto de ello, se ha afectado una banca en el Consejo de la Magistratura que representábamos desde su fundación, allá por 1998. La impericia, mala praxis y desidia política está a la vista y no estamos dispuestos a minimizarla u ocultarla” dice el comunicado firmado por Alfredo Cornejo. Molestos por lo que suponen un acuerdo del Pro con el Justicialismo, dejaron caer la sesión de 21 de noviembre y tampoco participaron de la reunión de gabinete ampliado con el Presidente Macri. Sin embargo el mismo hizo diputado del PRO, Pablo Tonelli, declaró “¿Cuál hubiera sido la manera de impedir la decisión en la Cámara de Diputados? No se puede desconocer la voluntad mayoritaria. Lo que hizo la oposición en la Magistratura es perfectamente válido, juntaron la mayor cantidad de firmas y se quedaron con las bancas”
Finalmente, a pesar del enojo de la UCR, tomaron juramento por el período 2018-2022, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, los diputados Eduardo Enrique De Pedro (FPV-PJ) , Graciela Camaño (FR) y Pablo Gabriel Tonelli (PRO). De 9 miembros que esperaba tener en el Consejo la alianza Cambiemos, quedó reducido a 7 sobre 13, ya que también en la Cámara de Senadores, el bloque Justicialista en el Senado se aseguró dos espacios dentro del órgano y frenó la intención del oficialismo, que pretendía sacarle un lugar.
Las declaraciones de Graciela Camaño al portal El Parlamentario, describe lo que allí se puso en juego: “lo que va a pasar en el Consejo de la Magistratura es lo más sano que puede suceder en democracia, que es que nadie tenga la mayoría. Que nadie tenga los dos tercios para poner, sacar, impugnar, o manipular el servicio de justicia en la Argentina”, dijo la jefa del bloque del Frente Renovador.
A esta derrota legislativa el oficialismo hubo de sumar otro revés en el Senado. Esperanzado en conseguir quorum para tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, solicitado por el juez Claudio Bonadío, llamó a sesión especial el pasado martes 20 de noviembre. Nuevamente los números le fueron adversos. De los 37 senadores que necesitaba para dar inicio a la sesión especial, sólo consiguió sentar a 24 legisladores propios, más la neuquina Lucila Crexell y el peronista Pro Carlos Reutemann. La doctrina del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, respecto de las prisiones preventivas, sigue siendo la referencia que define, en este tema, la posición del Justicialismo en el Senado de la Nación.