Brasil y la rebeldía conservadora. Brasil va a elecciones teniendo al político más popular y con mayor intención de voto en prisión. Víctima de un escandaloso acoso mediático y de un golpe judicial, Luiz Inácio Lula Da Silva ha sido proscripto. Este ha sido el único camino que ha encontrado la derecha política de ese país y sus aliados, para intentar quedarse ilegítimamente con el control del Estado. En los últimos años, las fuerzas políticas de la región, alineadas a la política norteamericana, han puesto en marcha una estrategia coordinada de “guerra jurídica”, donde se utiliza a los jueces para perseguir y encarcelar a los dirigentes que conducen procesos democráticos más abiertos en inclusivos. De esta manera, el Poder Judicial se ha transformado en un verdadero “partido judicial” con capacidad para suplantar la voluntad popular y decidir el rumbo de los procesos políticos. El juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato y quien condenó a Lula a prisión, es un alumno aventajado de esta nueva doctrina que alienta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta estrategia se complementa con la complicidad de los grandes medios de comunicación y, en muchos casos, de las fuerzas reaccionarias que integran los parlamentos. Con este nuevo escenario, solo los ignorantes o cínicos pueden afirmar que, en estos países, está vigente el estado de derecho y la división de poderes. La estrategia no es nueva. La judicialización de la política también se implementó en otros países de la región quedando en evidencia que, para los poderes hegemónicos, la democracia es un producto institucional desechable cuando se trata de preservar los privilegios de la supuesta amenaza “populista”. Paraguay, Honduras, Ecuador, Argentina, y por supuesto Brasil forman parte de esta nómina, donde la voluntad de los electores ha sido manipulada y burlada por los poderes de facto.

Hoy día, sólo dos candidatos tienen chances de pasar a segunda vuelta electoral en Brasil: el ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, y el candidato del Partido de los Trabajadores y del ex presidente Lula da Silva, Fernando Haddad. Más atrás, e intentando captar el voto de centro izquierda, aparecen Marina Silva, de Rede y Ciro Gomez, del Partido Democrático Laborista, habiendo quedado sin chances, el socialdemócrata Geraldo Alckmin.

Por un lado, el militar de reserva Bolsonaro, candidato que lidera las encuestas, se autoproclama el candidato “anti-Lula” y “anticorrupción”, crítica que extendió a Fernando Haddad, elegido por Lula para sucederlo. Defensor de la dictadura militar, homofóbico, racista, xenófobo y machista, este ex militar carece de convicciones democráticas y se declara, sin ruborizarse, un ignorante. Defensor de la tortura, la pena de muerte y a favor de la portación de armas por parte de la población civil, el “Trump brasileño” ha declarado que "las mujeres deben ganar menos porque se quedan embarazadas" o, "mis hijos nunca serán gays ni tendrán novias negras, los he educado muy bien". Hablando de la tortura, ha dicho que "el objetivo es hacer que el tipo abra la boca. El tipo tiene que ser reventado hasta que abra el pico." Uno de los detalles que lo embellece, según sus electores, es que no sabe absolutamente nada de economía. Paulo Guedes, un ultraliberal de la escuela de Chicago, es su asesor económico y, de triunfar, será el encargado de hundir a Brasil en la peor desigualdad y pobreza. Si bien miles de mujeres alrededor del mundo salieron a las calles para protestar contra su discurso misógino, machista y de odio, Bolsonaro, que ha pasado la mayor parte de la campaña oculto en el Hospital Santa Casa de Misericórdia, ha tenido sorpresivamente un avance en las encuestas que, si bien no es suficiente para ganar en primera vuelta, revela otro mal síntoma para la democracia brasileña. Para un posible balotaje el día 28 de octubre, ambos candidatos aparecen técnicamente empatados. Por eso Fernando Haddad tiene la obligación de modificar el escenario de campaña, golpeando donde más lastima a su adversario, que es denunciando las graves consecuencias que tendrá el programa económico ultraliberal que tiene proyectado aplicar el establishment.

Bolsonaro, en definitiva, expresa una nueva “rebeldía conservadora”, una vuelta al Brasil de los privilegios y de la violencia. Este ex militar ignorante y brutal, refleja el rechazo de las clases altas y medias de la sociedad brasileña, que se oponen a que los más pobres puedan vivir con dignidad y decencia. Mejor lo sintetizó Lula: “Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una elite que se harta de tirar comida a la basura todos los días”.

Tato Bores y otro cuento chino. En medio de la debacle económica que vive Argentina, bastaría sólo una noticia para graficar el nivel de saqueo al que están siendo sometidos los usuarios de los servicios públicos. La noticia es que la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía obliga a los usuarios a pagar, en 24 cuotas más intereses a partir del 1 de enero de 2019, un cargo extra para compensar a las empresas por la devaluación generada por el propio gobierno. El abuso es tan grosero y el nivel de obscenidad tan explícito que exime de mayores comentarios. Los diputados del FpV-PJ pidieron “derogar la escandalosa resolución” y solicitaron interpelar al secretario Javier Iguacel sobre esta medida, que “una vez más beneficia a las grandes empresas y hace caer todo el peso del ajuste sobre la población”. señalaron. “El inmoral cargo extra que deberemos pagar los usuarios de gas se suma al 35% que ya aumentaron las tarifas la semana pasada y al recorte en los subsidios de la tarifa social”, señaló el Diputado Agustín Rossi. También la Senadora Cristina Fernández presentó un proyecto en el mismo sentido, iniciativa que VCF analiza en la nota “Macri decidió que usuarios deberán compensar a las empresas de gas”. Mientras, el Ministro Iguacel, llevando al máximo su duranbarbismo, afirmó ridículamente que “la mayoría de la gente que se queja del aumento de gas son militantes kirchneristas”.

Mientras, el deshilachado equipo económico, uno de los peores de los últimos cincuenta años, no sabe, no puede o no quiere contener la inflación ni el dólar. A pesar que los errores son fuente de aprendizaje, esta regla no es aplicable al gabinete de Mauricio Macri. Hasta ahora el único logro, alcanzado a costos productivos y humanos exorbitantes, ha sido llevar el problema hacia adelante, pero sin solucionarlo. Primero fueron las Lebacs, las que se fueron canjeando por Letes y ahora por Leliq, con una tasa de interés que llegó, esta semana, al 74%. El nuevo programa monetario diseñado por el FMI, que se basa en una vieja idea de la Escuela de Chicago, consiste básicamente en “secar” el mercado de pesos. El razonamiento es que si los especuladores y ahorristas no tienen pesos, no podrán comprar dólares y entonces este detendrá su escalada y con él, se moderará el impacto inflacionario. Paralelamente, para que esta política contractiva funcione, “planteamos que la base monetaria crezca cero por ciento de acá a junio del año que viene” afirmó Guido Sandleris, presidente del BCRA. Completa el nuevo combo una banda de flotación de entre 34 y 44 pesos por dólar fuera de la cual, habrá intervención sólo si existe “volatilidad excepcional”. Además de estar condenado al fracaso, este nuevo programa se traduce en más deuda que sólo en Leliq rondaría los 900 mil millones de pesos a fin de año; un derrumbe más pronunciado del salario que ya está en el orden del 45% en dólares y 13% en pesos; una devaluación del 120% en lo que va del 2018, y una caída superior al 2,5% del PBI. El crédito, con una tasa nominal anual de entre el 75% y el 80%, es a esta altura, una trampa letal para empresas y consumidores, que terminará por destruir lo poco que queda de la economía real.

Hace 30 años, el humorista Tato Bores, relatando un diálogo imaginario con el entonces ministro Erman González comentaba, que el funcionario menemista le decía: “Nosotros le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango…no se emite, la gente no tiene un mango para comprar dólares, el dólar baja”. Entonces Tato Bores le replica: “Pero ministro, la gente está más seca que galleta de campo, no sólo no puede comprar dólares sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedios, no puede comprar pastillas, ni pilchas… Nada puede comprar”. Lamentablemente este viejo cuento chino, ya fracasó.

La calle se mueve por la Salud Pública. Se realizó esta semana la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública. En campaña Mauricio Macri prometía que “durante los primeros seis meses llevaremos a cabo un plan intensivo en los principales lugares del país con población en condiciones de pobreza extrema. Intervendremos a través de unidades móviles con equipos interdisciplinarios y en coordinación inter ministerial atendiendo las necesidades más urgentes en materia de salud.” La realidad es que hoy la salud pública está en terapia intensiva debido a los recortes presupuestarios que afectan la provisión de insumos y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria a lo que se suma el despido masivo de trabajadorxs, el desmantelamiento de programas como el Remediar, Argentina Sonríe y Qunita, entre otros. También el PAMI ha reducido el acceso a los medicamentos y a la salud, mientras se multiplican las denuncias por falta de vacunas y remedios para el tratamiento de tuberculosis, VIH y cáncer, entre otras enfermedades graves. La marcha en defensa de la salud y el repudio a la eliminación del Ministerio de Salud, convocó a cientos de organizaciones de profesionales, sociales, políticas y sindicales de distintas partes del país. Mientras que en el Congreso Nacional se inicia los debates sobre el Presupuesto 2019, la calle resistirá el programa de ajuste del FMI y, el tiempo dirá, si la oposición estuvo a la altura de lo que la salud en Argentina, hoy reclama.

La política en Mendoza, un cóctel difícil de descifrar. No es una novedad que la provincia no atraviesa su mejor pasar económico, mucho menos social. La provincia que dejará Alfredo Cornejo a los mendocinos será más chica económicamente que la que dejó su antecesor “Paco” Pérez.

Ayer se publicó en este mismo diario una nota al presidente de Apyme Enrique Tarditti, quien afirmaba sin consuelo: “Los últimos tiempos han sido dramáticos. No sé si llegamos a septiembre del año que viene. Si se sigue con esta política económica la situación va a ser irreversible, va a producir la expulsión de las pymes. Con tasas del 100 % para los empresarios del sector, es imposible para cualquier actividad económica aguantar”.

Claramente, el gobierno provincial no ha prestado atención a esta situación. De hecho conocen y reconocen que es culpa de la política macro y microeconómica del gobierno nacional, que a base de prueba y error, avanza y retrocede como si fuera un campeonato de ajedrez en la unión vecinal del barrio.

En medio de la debacle, la política en Mendoza es cada vez más incierta. Las alianzas o rupturas no responden a trayectorias políticas o historias, sino a pequeños intereses momentáneos de anular o invisibilizar a un otro.

Hay situaciones y temas concretos que Cornejo está sabiendo canalizar bien con la oposición. Uno es la modificación de la Ley 7722, que ingresó para ser modificada al senado de la mano de Alejandro Abraham del bloque Unidad Ciudadana, y que luego fue acompañada por el oficialismo que desesperado afirma que la matriz productiva de la provincia “está agotada”, sin importar el costo político que deberá asumir con las organizaciones ambientalistas que lo acompañaron en su campaña a Gobernador. Luego, quedó en evidencia nuevamente la semana pasada cuando planteó al unísono con la senadora Anabel Fernández Sagasti la necesidad de de que el Ejecutivo derogue un decreto del 2015 que otorga la mitad de las regalías del Nihuil a La Pampa. Cornejo lo hizo a través de una carta, la Senadora a través de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación.

En tanto el diputado provincial demócrata Marcos Niven formó hace un tiempo un monobloque y ahora se dedica a hacer ruido y cuestionar al gobierno. El último reclamo es respecto a la actuación del gobierno provincial en el incendio del Cerro Arco. El ecosistema del lugar tardará en recuperarse entre 30 y 40 años, y apenas comenzaron los incendios fue notoria la subestimación de Humberto Mingorance al fenómeno que luego se desató. Sin embargo se corre pero no tanto, gracias a él y Guillermo Pereyra el código de faltas pudo ser aprobado sin problemas en la Cámara de Diputados.

En tanto, la situación de los miembros de PI - Protectora es inentendible para los ciudadanos de a pie. Un pastor Evangelista en senadores miembro de la Comisión de Género, Mario Vadillo se fue de viaje en medio del tratamiento de la ley más controversial de los últimos tiempos en Mendoza, el Código de Faltas, y José Luis Ramón que a pesar de haber encabezado una fuerte campaña contra los tarifazos no puede aprovechar del todo su capital político por ser parte de una alianza frágil que después no pudo fortalecer por inexperiencia política.

En medio están las operaciones cruzadas del peronismo, que cerrará sus listas para la elección partidaria el próximo lunes 15 de octubre. En el día de ayer realizaron los intendentes, el bloque de legisladores del PJ, y los diputados nacionales un nuevo encuentro provincial esta vez en Guaymallén. Uno de los departamentos que el peronismo deberá ganar si quiere ser alternativa. La CGT y los movimientos sociales como la CTEP fueron los protagonistas. El brazo sindical está más activo que nunca, y desea sumar en el 2019 candidatos del movimiento obrero a las filas del partido.

El peronismo en su conjunto no quiere desangrarse en una interna. Sabe que no es lo que la sociedad adepta o indecisa reclama, sino más bien la muestra de madurez política y un programa de gobierno superador al de los últimos doce años. Sin embargo, los comentarios de Jorge Tanús del ciurquismo e integrante del bloque Unidad Ciudadana sobre eliminar la reelección de los intendentes no fue oportuna. Con esta reforma ninguno de los actuales intendentes peronistas podrían reelegirse, y el peronismo necesita asegurar el Sur, Las Heras y Guaymallén para ser alternativa electoral.

El mensaje fundamental del encuentro del peronismo de ayer con el sello “Construyendo Unidad”, no fue alentar una interna partidaria sino más bien transmitir la necesidad de la unidad para ganar las elecciones del 2019.

Este cóctel puede ser letalmente mortal para la oposición en el 2019, incluyendo al FIT y Protectora. La ambigüedad en la relación con el oficialismo no puede durar si se desea una construcción política alternativa que derrote a uno de los principales alfiles del macrismo en 2019.

Ya no se trata de gobernabilidad. El gobierno provincial y nacional contaron con las herramientas suficientes para endeudarse a sus anchas. Ningún presupuesto a Cornejo fue rechazado. A esta altura es claro que los impedimentos de la oposición no fueron suficientes para que ambos puedan desarrollar y profundizar un plan de gobierno que violenta, estigmatiza, y hambrea.

La sociedad mendocina necesita de una dirigencia política que pueda dar definiciones concretas. El resto, es humo.