Existe la extendida creencia que Argentina es un país rico. Quienes se nutren espiritualmente de esta idea afirman que este es un país que “tiene de todo”. Con acierto enumeran estas bondades: un vasto, variado y generoso territorio; depósitos magníficos de recursos mineros y petroleros; una geografía extraordinariamente variada y admirable. Se dispone de todos los climas y de una naturaleza pródiga, con suelos fértiles que proveen alimentos y agua en abundancia. Desde el punto de vista cultural, Argentina tampoco padece de violencia religiosa, racial o política de importancia que pueda obstruir su desarrollo. Pero, paradójicamente, Argentina tiene hoy 12.500.000 de pobres; una cifra que avergüenza y entristece. Razones sobran para explicar esta tragedia. Pero la causa más relevante es, seguramente, la incapacidad del gobierno de entender que, es el trabajo humano, el factor más importante para generar riqueza y bienestar económico. Es la clase trabajadora la que con su energía, conocimientos, creatividad, habilidades y sacrificio, producen el milagro del crecimiento económico. Sin embargo, es justamente este factor vital de la producción, el que está siendo masivamente eliminado del sistema productivo argentino a golpes de desempleo, tarifazos, inflación, devaluación y pérdida vital de ingresos y de protección social. Los más de cuatro millones de personas desocupadas y subocupadas que revelan las estadísticas oficiales, confirman la tragedia. Pero tan importante como el trabajo productivo, lo es también la distribución de la riqueza. Solo una agresiva política, que ataque a la vergonzosa desigualdad social existente, permitirá a millones de argentinos salir de la pobreza extrema en la que viven; en especial los ocho millones de niños que permanecen casi en la indigencia. Es evidente entonces que, aceptando que no somos un país pobre, Argentina es por lo menos un país empobrecido, desigual y profundamente injusto con la mayoría de sus habitantes. Pero también es indiscutible que, mientras reine la tiranía del mercado y el capitalismo financiero, la mayoría de los argentinos quedarán a merced de la desocupación, la explotación y la pobreza.
El Presidente Macri ya no culpa ahora de la crisis sólo al kirchnerismo, sino que extiende esta responsabilidad a los últimos “70 años de decadencia” que sufrió la Argentina. Tratando de victimizarse y no haciéndose cargo de su propia ineptitud y desgobierno, pretende negar, desde sus orígenes, toda la historia del peronismo y la del conjunto de fuerzas políticas y sociales que integran el movimiento nacional. La fantasía de un país preperonista, gobernado sólo por empresarios y corporaciones pero sin la participación de los trabajadores, sin derechos sociales, sin justicia social ni soberanía, es el proyecto político que la alianza Cambiemos anhela instrumentar. Sin embargo la historia lo desmiente. La llegada del peronismo al poder significó, en su momento, el desarrollo del Estado de Bienestar, industrialista y distributivo, que apuntó a la sustitución de importaciones y que aplicó políticas anticíclicas, promoviendo la inclusión y la movilidad social ascendente mediante la creación de empleo y la ampliación de derechos sociales como la salud y la educación entre otra infinidad de derechos.
Lo que oculta el Presidente Macri es, que el origen de los padecimientos que sufre Argentina, fueron los gobiernos neoliberales de su misma estirpe. Como bien lo señala el Profesor Emérito de la UBA, Mario Rapoport, “la decadencia comenzó con la última dictadura militar, el formidable negocio del endeudamiento externo, las devaluaciones o una falsa paridad con el dólar, la fuga de capitales, los procesos hiperinflacionarios, la enajenación de activos del patrimonio nacional, el empobrecimiento de gran parte de la población, el crecimiento nulo. (…) Sin embargo, de la democracia surgió otra vertiente, de una ideología neoliberal y aún más radical que la de los militares, que nos ha sumido de nuevo en otra profunda crisis. La decadencia argentina viene de los gobiernos que prohijaron esas políticas.” Sin dudas el macrismo es una de estas vertientes.
Pero la idea de un país preperonista y para pocos, en especial sin trabajadores ni salarios, tropieza con enormes resistencia, no sólo del movimiento obrero organizado, de los movimientos sociales u opositores políticos. La indignación y la bronca se van extendiendo masivamente entre vastos sectores de la población y ya alcanza amplios franjas de la clase media y del pequeño y mediano empresariado. La masividad y adhesión al paro promovido por la CGT, que confluyó con la CTA, y a la que sumaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y una larga nómina de organizaciones sociales y políticas, convocado en rechazo al acuerdo suscripto con el FMI y las políticas de ajuste del gobierno nacional, fue uno de las medidas de fuerza más contundentes realizados contra el modelo macrista. Hugo Yasky, diputado nacional y dirigente gremial, sintetizó el momento afirmando que “En ningún país del mundo se sale de una crisis económica sin generación de empleo. No se sale nunca con la timba financiera”.
Otro rasgo del macrismo es la pérdida de independencia económica. La foto de la gerente del FMI, Christine Lagarde, engalanada con la bandera argentina anunciando el nuevo acuerdo alcanzado con el gobierno, mientras el Ministro Dujovne asentía sumiso a su lado, revela gráficamente la entrega de la soberanía monetaria y financiera al organismo internacional. Imbuida de su nuevo rol, la funcionaria del FMI aprovechó la desesperación del oficialismo, para pedir la cabeza de Luis “Toto” Caputo, el Messi de las finanzas, y bendecir a Guido Sandleris como nuevo presidente del BCRA, más dócil a las consignas del organismo. El nuevo acuerdo tiene como único objeto evitar el default, sostener al gobierno y financiar la candidatura del Presidente Macri por un nuevo periodo. Son 36.200 millones de dólares que el gobierno podrá utilizar en el año y tres meses que le quedan de mandato. Sólo para no olvidar: la deuda externa aumentó U$S 27.000 en seis meses y U$S 56.500 millones con respecto a 2017. Son casi U$S 100.000 millones más desde que asumió Macri, llegando a representar 90% del PBI en 2019. El dinero se fugó y una hipoteca insoportable condiciona a cualquier gobierno que lo suceda.
También esta semana, condicionado por el FMI, el gobierno decidió por Resolución 14/2018, recortar la tarifa social del gas y dejar de premiar, con el 10%, a quienes ahorran en el consumo de este fluido. Muchas regiones del país y de Mendoza, de climas más extremos, pagarán en carne propia, la voracidad de las empresas de servicios. También las naftas, que ya subieron 50% en lo que va del año, volverán a aumentar en octubre. Axión ya incrementó hasta 8,9% el precio de los combustibles a partir de este sábado. Sería interesante que el gobierno explicara cuáles son las ventajas para un país que es dueño de vastos yacimientos hidrocarburíferos.
También las pensiones no contributivas por invalidez, que reciben alrededor de 170.000 discapacitados, están nuevamente en peligro. Basándose en un decreto inconstitucional de 1997, el gobierno nacional estableció que toda aquella persona que haya sido notificado de una baja en su pensión debe presentarse, en el perentorio lapso de 10 días, en la ANSES para certificar que cumple con una extensa lista de requisitos que exige el organismo. De no hacerlo, automáticamente pierde el beneficio. Si se tiene en consideración la extrema vulnerabilidad social en que viven miles de estos beneficiarios, es probable que una gran mayoría de ellos nunca se enteren del nuevo requisito y terminen perdiendo este beneficio. Otro vergonzoso gesto de insensibilidad que retrotrae este gobierno 70 años atrás.
Así como el trabajo es la fuente principal del desarrollo, también la experiencia macrista enseña que, los frutos de esfuerzo colectivo, pueden ser arrebatados en sólo un par de años. Ese es el secreto del capitalismo financiero: robar la riqueza y el trabajo de los pueblos.

Mendoza, tierra de conflictos. El gobierno provincial tiene la equivocada percepción de que todas las acciones de su gobierno no tienen costo político por la aceptación social con la que llegó al gobierno en 2015.
Lo cierto es que nadie vive del pasado. Si bien la gestión peronista anterior no sobresalió por sus logros económicos y sociales, han pasado dos años y medio de gestión y el gobernador Cornejo ya se ganó el mote de autoritario y reaccionario, que perdió ante la Nación todo lo que se propuso, y no produjo ninguna auténtica transformación, (no reforma), en la provincia.
Las últimas encuestas conocidas a través de los medios a principios de este año, marcaban la caída en su imagen y el crecimiento del perfil de Omar De Marchi. Tiempo atrás Elbio Rodríguez, responsable de la medición, también anunció que hay un 20% de intención de voto a favor de Julio Cobos, quien tiene mejor imagen que el delfín propuesto por Cornejo, el ministro Martín Kerchner.
Sin embargo, este año el presidente de la UCR nacional no para de sumar goles en contra: aún no avanzó el proyecto de Potasio Río Colorado, no consiguió evitar el shock de aumentos a las tarifas en invierno a pesar del pedido de gradualismo hecho al Presidente, tiene relaciones conflictivas con las centrales obreras de toda la provincia, no ha sido capaz de resolver las crisis de las economías regionales, y además, suma proyectos innecesarios en un momento de crisis económica como lo es el Código Contravencional o el decreto PRO-fracking , resistido por los ambientalistas, o los gratuitos insultos contra los docentes agremiados en el Sute.
De todas estas acciones-omisiones, sin dudas la más rechazada en todos los niveles sociales, es el Código de Faltas, que ahora volverá a ser tratado en Senadores el próximo martes. El martes pasado, día del paro general, el oficialismo pegó el faltazo a la sesión ya que no podían asegurar la presencia de sus legisladores. Ahora la intención es dar media sanción al proyecto, sin modificaciones, para evitar su retorno a Diputados donde necesitará un improbable dos tercios para conseguir su objetivo.
También los abogados y sus gremios profesionales están muy enojados con el Gobernador. Critican la inconsistencia jurídica del Código, que no distingue una contravención de una falta. La molestia con Alfredo Cornejo se acrecienta por la pretensión del gobierno de hacer rendir a los abogados un examen para ejercer su profesión, con intenciones indisimuladas de achicar la matrícula provincial. Este tipo de decisiones dependen de la Ley de Educación Superior y no del capricho arbitrario de una autoridad sin facultades para decidir quién puede ejercer o no una profesión.
Mientras tanto, en las calles del centro mendocino, se realizaba un acto con una movilización multisectorial que logró reunir a las dos CTA, la CGT y el Sute, gremio este que busca volver a la Confederación a la cual perteneció en sus inicios. Los colores políticos de los sindicatos y los Secretarios Generales y adjuntos vienen, desde un tiempo a esta parte, intentando confluir en las medidas de fuerza para ganar visibilidad y fortaleza. Con ello también evitan las atomizaciones y asegurar el impacto, y en segundo lugar, para protegerse colectivamente, tanto de las agresiones políticas, como las persecuciones laborales y las sanciones económicas, que se traducen en multas cada vez que se manifiestan por las calles de la ciudad.
El paro en Mendoza fue contundente a pesar de que el gobierno extorsiona a muchos trabajadores con descuentos (docentes) y a otros con despidos (ejecutivo, municipios oficialistas). Un día antes de la huelga, y de forma provocadora, el Gobierno salió a anunciar que ese día habría actividad “normal” en la provincia, desestimando e ignorando una vez más los reclamos legítimos de los trabajadores. El mensaje de los gremios fue continuar con la lucha hasta que cese el ajuste. Se prevé entonces que habrá tiempos turbulentos de aquí a fin de año, teniendo en cuenta que continúa la agenda de aumentos, el primero será el 30% de aumento del gas.
Las que logran nuevas conquistas, en este contexto son las mujeres, que la semana pasada obtuvo, por unanimidad, la media sanción en diputados de la ley de paridad de género, que especifica que las mujeres deberán ocupar, para cargos legislativos, la mitad de los espacios en diputa.
La frutilla del postre de la semana fue, sin dudas, el proyecto de Ley que ingresó en el día de ayer, por mesa de entradas, a la Cámara de Senadores. El mismo se propone modificar la Ley 7722 para desarrollar la megaminería, hoy frenada por la prohibición de utilizar las principales sustancias contaminantes que se utilizan para la explotación y extracción de minerales metalíferos. Este proyecto lleva la firma del senador Alejandro Abraham del Bloque Unidad Ciudadana. Es paradójico también que el Gobernador Cornejo, sancarlino él, que llegó a la gestión acompañado por organizaciones ambientalistas y con el proyecto del Eco Parque como buque insignia, persista, directa o indirectamente, en habilitar esta actividad.
Dos años transcurrieron desde que se expidió la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la Ley, tras ocho años de conflicto. Cornejo, ya en 2016 y por decreto, devolvió al grupo Macri la concesión de una mina de cobre en Malargüe. La licencia había sido revocada en 2014 por incumplimientos reiterados. Además inició una Mesa de Diálogo Minera para “debatir” sobre la actividad, invitando a empresarios extranjeros, uno de ellos impulsor en Australia de quitar los impuestos a la minería.
Durante el fin de semana ningún legislador oficialista u opositor hizo declaraciones respecto a este proyecto. Las repercusiones vinieron del lado de las organizaciones ambientalistas, y es previsible que se esté en víspera de otro huracán político en la legislatura.
El problema del Gobernador radica en pensar que todos los que reclaman contra los tarifazos, el desempleo, la pobreza, o el medio ambiente son peronistas u opositores. Están cometiendo el mismo error que marcaban al kirchnerismo, “gobernar para los propios”. Lo cierto es que no son opositores u oficialistas, sino la franja más ancha de la sociedad que simplemente desea vivir con dignidad.
Olvidar esto sí tendrá sus costos políticos. Mucho más si hay una oposición capaz de interpretar a tiempo esas demandas y proponer un proyecto de gobierno que contemple las necesidades de la mayoría.