Recesión de la economía conjugada con una inflación anual que puede superar el 45%, endeudamiento externo sin precedentes, fuerte retracción del consumo, devaluación del 114% en un año, y quiebre de miles de empresas. Todo esto es resultado de dos años y nueve meses de aplicación de medidas destructivas de la producción y el trabajo, aplicadas a la mayor velocidad posible por la administración de Mauricio Macri.

El desastre social que están generando no puede ser solo “equivocación” del grupo de CEOs gobernante. No solo se trata de una redistribución regresiva de ingreso. Trabajan por consolidar cambios estructurales irreversibles y una reconfiguración violenta de la sociedad. No podemos descartar una crisis autoinducida. Una “demolición controlada” de la estructura nacional.

La quita de retenciones al agro y la minería y otras modificaciones impositivas a favor de los sectores más concentrados, disminuyeron los recursos del Estado e incrementaron el déficit fiscal, que a su vez es pretexto para un brutal endeudamiento mientras generan un tremendo ajuste presupuestario. El endeudamiento desenfrenado llevó a tener que negociar con el FMI, que impuso nuevas medidas de reducción de gastos.

La dolarización de la economía impacta sobre el costo de la producción de bienes, también en el aumento salvaje de tarifas de servicios públicos, combustibles y otros insumos. Las tasas de interés son las más altas del mundo. Estas no son las medidas que favorecen la inversión ni el desarrollo productivo. Se hace cada vez más evidente que estamos asistiendo al saqueo del país, la destrucción de su aparato productivo y la disminución profunda de la calidad de vida de su población.

Las posibles “soluciones” frente a la crisis buscada y generada son todas destructivas y dolorosas. Por ejemplo, se busca instalar la posibilidad de adoptar el dólar como moneda oficial y el Tesoro de Estados Unidos analiza un nuevo plan de convertibilidad de la moneda. ¿Será potestad de los norteamericanos tomar las decisiones para enfrentar los problemas del país?

Durante los tiempos previos al estallido social del 2001 hubo planes de adoptar el dólar como moneda oficial. En 2018, los medios de comunicación y magnates financieros han vuelto a hablar de dolarización en Argentina. Se lo recomiendan a Macri para salir de la crisis que él mismo generó y que pretende profundizar, lo que significa perder (aún más) soberanía monetaria y dejar en el subsuelo los salarios de los trabajadores.

No debemos dejar de observar en este marco, que mientras Argentina se arrodilla frente al dólar, en el otro polo del poder mundial se consolida un bloque encabezado por Rusia y China que está generando las condiciones para sustituir la moneda estadounidense como referencia internacional. Por lo mismo, mantener la hegemonía del billete verde es el objetivo más importante de los Estados Unidos en el escenario global actual. ¿El deseo de “volver al mundo” va en esa dirección? ¿Lo que sucede en argentina es parte de una necesidad que excede nuestras fronteras?
La titular del FMIl, Christine Lagarde, advirtió la semana pasada que la escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos podría generar un “shock adicional” en los mercados emergentes que luchan por salir adelante, como Argentina y Turquía.
Como parte del mismo proceso de re-colonización, se está llevando al país a una nueva “crisis” de deuda: llegará al 87% del PBI en 2018 y el 75% de la misma está en moneda extranjera. Basta mirar el proyecto de ley de presupuesto del año 2019 para entender la magnitud del daño, respaldado (¿redactado?) por el FMI. Allí el gobierno nacional declara que el pago de los intereses de la deuda aumenta en un 49%. Los intereses de la deuda, comparados con otros rubros representa cuatro veces lo que el gobierno tiene previsto gastar en salud; casi tres veces en educación; veinte veces en vivienda; seis veces más que el pago de la Asignación Universal por Hijo y tres veces más que toda la obra pública. Es el segundo rubro más importante del presupuesto argentino, luego de las prestaciones de la seguridad social. Para el año próximo se propone erogar 600.000 millones de pesos en intereses de la deuda, siendo un cálculo muy conservador, ya que parte de un dólar a 40 pesos en promedio, que todos saben, es una ficción.

No es una novedad que el endeudamiento externo funcione como mecanismo de dominación de unos países (junto a sectores privados) sobre otros, donde los acreedores someten a los deudores a entregar su soberanía política y económica.

En la misma dirección, el país se encuentra en un proceso de extranjerización de empresas y recursos. El propio gobierno ha generado la debilidad externa que es funcional al debilitamiento de proyectos locales. Las empresas de la patria contratista se encuentran con sus representantes encarcelados y las acciones de sus empresas se derrumban. Las mismas podrían ser vendidas a precios muy generosos para “inversores” extranjeros. Esto también debe tenerse en cuenta como elemento central de lo que se oculta detrás de la “causa de los cuadernos” (aunque todavía no se trata más que de fotocopias).

El proceso de extranjerización de la economía a partir de compras o fusiones podrán ser presentadas como “inversión extranjera” o tal vez la “lluvia de inversiones” que por fin llega al país. Esta posibilidad genera una situación de alerta máxima: La administración central no solo reduce el nivel de ingreso de los trabajadores y las clases medias, el ataque al país es tan importante que incluso algunos grandes grupos capitalistas locales están siendo perseguidos y sus intereses perjudicados.

A casi tres años de la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno nacional, nos encontramos frente a un evidente proceso de recolonización de la vida nacional a partir de una crisis autoinducida que se profundiza.

Vale la pena decir también que se trata de un proceso abierto, no definitivo, con previsibles avances y retrocesos. En cuanto la viabilidad de detenerlo, mucho tendrá que ver el nivel de conciencia política del daño de la mayor cantidad de argentinos y argentinas en favor de una posible resistencia, organización de un frente defensivo del país y articulación de alternativas electorales competitivas que, una vez en el gobierno, dirijan la reconstrucción.