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El Presidente Macri y sus aliados interpretaron el voto de la mayoría como un cheque en blanco, un fuero que los tornaba intocables. Desde su concepción política conciben el poder como sinónimo de impunidad. Mientras más poder concentran mayor es el grado de discrecionalidad, abusos y privilegios del que hacen gala. Pero como toda clase dominante, los dueños de la Argentina saben que no basta, para conservar el poder, con apropiarse de las riquezas materiales del país. Necesita ganar una batalla cultural; una disputa de valores donde triunfe el individualismo, el odio, el interés egoísta, el prejuicio, la indiferencia; necesitan de una sociedad anestesiada y subordinada que sea incapaz de cuestionar sus privilegios y que, no solo responda con docilidad a las injusticias y al saqueo, sino que incluso las celebre y las justifique.
Esa batalla cultural, al menos temporaria y parcialmente, ha sido ganada por el gobierno y sus aliados. La demoledora maquinaria de los grandes medios de comunicación y la complicidad de otros aparatos ideológicos han facilitado la manipulación y el secuestro del sentido común de una enorme mayoría de argentinos. Si bien es cierto que un porcentaje de la sociedad es plenamente consciente del daño que el macrismo está provocando, es también extendida la pasividad e incluso la defensa, que muchos sectores sociales, hacen de políticas que son autolesivas para ellos y para el conjunto de la comunidad como lo es la destrucción de la educación, la salud, la ciencia y los servicios públicos o las escandalosas operaciones de censura, persecución y encierro de los opositores políticos al gobierno. Es evidente que, al menos para una importante porción de la sociedad, lo único que percibe como verdadero es el simulacro, la teatralización de la realidad; el relato guionado por los medios de comunicación que sirve para alimentar la pasividad, la resignación, el odio y el prejuicio. Para quienes no aceptan esta ficción, el gobierno tiene reservado medios menos sutiles y amigables.
A pesar de que el Presidente Macri y su gabinete sufren de una notoria anemia retórica sus palabras, tan pobres como sus ideas, dejan traslucir la frivolidad, la ignorancia, la insensibilidad y el cinismo de lo que son capaces. Repasar la impunidad con que el Presidente y sus funcionarios han ofendido, muchas veces con crueldad, a millones de argentinos es tarea que supera esta editorial. También fueron decisiones autoritarias, y muchas ilegales, aquellas que se ensañaron con los derechos de los más desprotegidos. La eliminación de 160.000 pensiones por invalidez y la quita de pensiones por discapacidad a decena de miles de personas que viven en extrema vulnerabilidad forman parte de estas arbitrariedades. También a los jubilados se les recortó más $100 mil millones, barriendo con sus derechos y, en muchos casos, con sus vidas. En Ciencia y Tecnología la inversión cayó al nivel de naciones africanas como Gabón o Senegal mientras que un verdadero latrocinio se ha llevado adelante con los servicios públicos: transporte, electricidad, gas y agua alcanzaron, algunos de ellos, alturas que superan el 1.600% de aumentos. Menos visible pero con la misma impunidad Mauricio Macri ha estado vendiendo cientos de inmuebles, ubicados tanto en el país como en el extranjero, pertenecientes al patrimonio del Estado Nacional. No hay rincón del Estado que no haya sido depredado.
La política exterior es uno de esos campos de la gestión donde, la subordinación de la voluntad y de los intereses políticos y económicos de la nación, han sido puesto a merced de las grandes potencias. La energía del Presidente Macri por congraciarse con los Estados Unidos explica su lastimosa actitud frente a países hermanos, como también su denodado afán por destruir el proceso de integración regional. Así como con el acuerdo Foradori-Duncan dio por tierra con una política de Estado que tenía por eje la irrestricta defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, tampoco la desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, sensibilizó al gobierno que abandonó la búsqueda de la nave como dejó librados a su suerte a los familiares de los tripulantes.
Revela impunidad el Presidente cuando respalda públicamente a un policía, imputado por homicidio agravado por haber matado por la espalda a un asaltante menor de edad, en un caso de gatillo fácil. Más grosero resulta el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, donde el gobierno miente y encubre desembozadamente a los gendarmes, responsables de su represión y muerte, en un pacto de silencio entre los funcionarios y las fuerzas de seguridad. Pero todos los límites han sido transgredidos con Milagro Sala, que paga con violencia y cárcel la osadía de desafiar, desde su condición de mujer, indígena y pobre, a la burguesía provinciana dueña de la vida y el patrimonio de los jujeños.
A pesar de que no aparece ni el dinero ni los supuestos cuadernos del remisero Centeno, Mauricio Macri intenta esconder su propia impunidad detrás de este escándalo. “Hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos diga si eso es verdad y que nos demuestre que no hay impunidad" pontifica indignado desde la tribuna. La historia dirá cuál es la verdadera trama de esta operación. Mientras el país se sigue hundiendo en la pobreza y la desesperanza.
Quizá el macrismo se derrumbe porque, parafraseando a Jared Diamond en su conferencia sobre los motivos de del colapso de la sociedades, “hay un conflicto entre el interés de corto plazo de la élites gobernantes y el interés a largo plazo de la sociedad en su conjunto, especialmente si las élites logran aislarse de las consecuencias de sus acciones. Donde lo que es bueno a corto plazo para la élite es malo para la sociedad en su conjunto hay un riesgo real de que la élite haga cosas que puedan derrumbar a la sociedad en el largo plazo.” Este conflicto de intereses en la sociedad argentina está latente y hay fusibles que, en cualquier momento, pueden saltar y generar el derrumbe: pobreza, sobreendeudamiento, violencia son las bombas de tiempo que ha encendido el macrismo y que pueden hacerlo colapsar. Pero no necesariamente la Argentina está condenada a implosionar por la codicia y los intereses de una élite egoísta e irresponsable. Será responsabilidad de las fuerzas políticas de la oposición, de las organizaciones y de los movimientos sociales conscientes de la inminencia de esta catástrofe, los que tendrán que reconstruir materialmente pero también culturalmente a una sociedad estragada por el neoliberalismo.
De la mano del FMI, Macri profundiza el ajuste y pierden las provincias. El ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne informó el martes 14 de agosto que Mauricio Macri firmó tres decretos mediante los cuales busca generar un ahorro fiscal estimado de 12.500 millones de pesos para lo que resta de 2018 y 53.000 millones de pesos para el 2019. De este modo eliminó el Fondo Solidario de la Soja creado en 2009 por Cristina Fernández de Kirchner.
Este Fondo tenía como objetivo contribuir a obras fundamentales en las provincias como por ejemplo en el área de salud y educación.
El gobierno justificó este ajuste brutal afirmando que ahora las provincias reciben un tercio de los recursos nacionales producto del Pacto Fiscal firmado con los gobernadores.
El primer bimestre de este año Mendoza recibió 508 millones de pesos de transferencia de capital, en relación a los 316 millones del año pasado. El problema es la discrecionalidad en la asignación de estos recursos que no se transfieren automáticamente, lo que da lugar a los favoritismos políticos. Por otra parte, si bien aumentaron en algunos porcentajes las transferencias de capitales, al compararlo con el mismo período del año pasado, aumenta la transferencia pero está por debajo de la inflación que alcanzó en el primer semestre un 19%.
Otra de las medidas tomadas por el gobierno, desesperado en reducir el déficit fiscal, es reducir un 66 por ciento el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, es decir, la restitución total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos internos por la mercadería de exportación una herramienta que tienen los gobiernos para estimular las exportaciones de algún sector de la economía que se quiera promover.
La Unión Industrial Argentina puso el grito en el cielo al enterarse de este nuevo ajuste fiscal, porque impactará negativamente en las industrias y las economías regionales, y se dejará de lado el objetivo de que Argentina sea “supermercado del mundo”, mediante la generación de valor agregado. “El resultado de este proceso es la profundización de las dificultades existentes para diversificar el abanico de productos exportados, afectando las decisiones de inversión del sector privado y la generación de más y mejores puestos de trabajo”.
Además criticaron la falta de generación de dólares genuinos, y la falta de reglas de juego claras, previsibles y estables en el tiempo.
Más allá del silencio del oficialismo local, para el gobernador Cornejo esta tampoco es una buena noticia. Para tener una magnitud de la pérdida económica que representa este decreto presidencial, Mendoza en 2017 recibió $764 millones de pesos en concepto de Fondo Solidario de la Soja.
Como explicaba este diario semanas atrás en una nota del periodista Marcelo Sivera, Cornejo intentará en el presupuesto 2019 una autorización para refinanciar vencimientos por 2.640 millones de capital.
De los 7.000 millones de pesos que vencerán el año entrante por la deuda deberá pagar los 4.360 de los intereses y dejará a la próxima gestión responder por los 2.640 millones de capital. A esta situación se suma que la de deuda pública mendocina es en un 51,2% en dólares. Y esto es mérito del ex ministro de Hacienda y actual en Economía, Martín Kerchner.
Dos cuestiones están claras: Disminuirán drásticamente las inversiones provinciales en áreas de interés común: sanitaria, educativa y obras de infraestructura. La segunda, las administraciones que asuman los gobiernos provinciales, municipios, e incluso del poder ejecutivo nacional se encontrarán con una bomba a punto de explotar, si es que eso no sucede antes de diciembre de 2019.
Aguad, a juicio político. Nueves meses pasaron desde que los familiares de los tripulantes del Ara San Juan se enteraron que el buque había desaparecido en las profundidades del mar argentino. Las esperanzas se fueron apagando poco a poco, y en el medio salieron a la luz las redes de mentiras tejidas por las Fuerzas Armadas y el gobierno nacional. Los familiares vivieron en carne propia la insensibilidad e irresponsabilidad de un gobierno que nunca les dio respuestas.
Uno de los principales responsables es el ministro de Defensa Oscar Aguad. En junio pasado quedó en el ojo de la tormenta tras conocerse que la empresa que ganó la licitación para comenzar la búsqueda tras contratación directa, Igeotest Geociencias y Exploraciones, no contaba con el equipamiento requerido por el pliego. La licitación fue investigada por la Oficina Nacional de Contrataciones y quedó sin efecto.
En el mes de julio hicieron otro llamado. Esta vez, Oscar Aguad dio la negativa a la licitación “por falta de presupuesto” y delegó la contratación a la Armada.
En tanto, los familiares de los tripulantes del Ara San Juan llevaban dos meses acampando en Plaza de Mayo. El ministro Aguad les contribuyó con un baño químico.
En julio el gobierno llamó a una nueva licitación y la decisión administrativa para poder comenzar la búsqueda fue firmada recién el jueves pasado.
El día miércoles el diputado nacional mendocino Guillermo Carmona y participante en la comisión investigadora del Ara San Juan anunció que impulsará en el Congreso el juicio político al ministro Aguad. "No se termina el trámite para contratar a una empresa que busque el ARA San Juan. Esta es una situación donde está en juego el destino de 44 argentinos, pero además estamos hablando del principal instrumento probatorio en la causa de la desaparición del ARA San Juan".
Un día después finalmente se aprobó la orden administrativa. Aguad y Marquitos peña se pasaban la pelota mientras 44 familias viven hace nueve meses con la desesperación por conocer la verdad.