Cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, en un acto fallido, anunció en el 2015 que el nuevo gobierno venía a cambiar “futuro por pasado” estaba desnudando la verdadera naturaleza del proyecto político que encarna la alianza gobernante.

A pesar de la advertencia, se subestimaron los alcances de su profecía. Sin duda que paraliza al observador más templado la capacidad y la celeridad con la que el macrismo destruye todo lo que toca. Nobleza obliga, hay que decir que fueron pocos los que pudieron darse cuenta que el presidente Macri era el portador de un proyecto político que, como la caja de Pandora, venía cargado de pobreza, cinismo y violencia, miserias que se esparcieron brutalmente sobre la mayoría del pueblo argentino. Como la diosa griega supo primero seducir con un relato edulcorado, fingidamente antipolítico. Un discurso en el que mezcló falsas promesas de felicidad con un mundo de fantasía, bucólicamente amarillo, donde había desaparecido la confrontación y el conflicto. Este vacío, publicitado como la “revolución de la alegría”, le alcanzó para que por una estrecha mayoría electoral la alianza Cambiemos se hiciera con el poder.

De allí en más el macrismo mostró el peor de sus rostros. Su programa de gobierno pulverizó la economía real, vulneró derechos humanos más elementales, desguazó al Estado, promovió la censura y la persecución a los opositores políticos entre otras innumerables calamidades. Previsiblemente este nuevo modelo económico, basado exclusivamente en la especulación y valorización financiera, debilitó gravemente la economía familiar como también la trama de solidaridades existentes convirtiendo a la política en un espectáculo televisivo guionado para manipular las audiencias y someter al escarnio público a los circunstanciales opositores. Todo prolijamente aceitado con recursos millonarios del Estado.

En medio de un creciente malestar social y con una imagen que fue perdiendo todo prestigio y confianza el Presidente redobló esta semana su apuesta autoritaria promoviendo ahora la configuración de una democracia bajo control; limitada y sometida a la vigilancia de las Fuerzas Armadas. Este ambiente de hostilidad social contra la gestión Cambiemos fue el clima perfecto para que el Presidente firmara el Decreto 683/18 dando cauce una de sus debilidades más conocidas: legitimar la militarización interna del país con la asistencia logística e inteligencia provista principalmente por los Estados Unidos e Israel.

Fiel a su nueva ideología la UCR que conduce Alfredo Cornejo ha salido a legitimar la decisión presidencial afirmando que “El radicalismo apoya y fue consultado por el Presidente. Ya hubo un pronunciamiento favorable. Consultamos a nuestros principales expertos y por eso le hemos dado el apoyo”. Estas declaraciones de gobernador de Mendoza están en las antípodas de las consignas democráticas que supo defender con heroísmo el partido político de Alem, Irigoyen y Alfonsín.

La decisión no fue sorpresa. Ya en el día del Día del Ejército, el presidente Mauricio Macri había anticipado que iba a incorporar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior, “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan”, declaró el Presidente en aquella oportunidad, alineándose explícitamente con el discurso de las “nuevas amenazas” elaborado por las los Estados Unidos. Esta doctrina, sobre la que se apoya la decisión presidencial, es conocida como Guerras Asimétricas o de cuarta generación. Es un tipo de amenaza que no necesariamente proviene de un Estado e incluye terrorismo, ataques cibernéticos, guerra de guerrillas, narcoterrorismo, al uso no convencional de armas de destrucción masivas, ataques químicos y/o bacteriológicos, y otros de similar naturaleza. En los Fundamentos del Decreto 638/18 queda expuesta esta doctrina “ (..) este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar.”

Como ninguna de estas amenazas tiene existencia real en la Argentina, un detalle sin importancia para el gobierno, se ha lanzado a la creación de nuevos enemigos internos; grupos de supuestos malvados definidos al gusto del gobierno y que, previsiblemente, coinciden con dirigentes y organizaciones que se oponen al proyecto de colonia pobre que alienta la alianza que gobierna el país. Esta política, peligrosa y letal, ya se ha cobrado la vida Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado entre otras innumerables vejaciones y arbitrariedades que están visiblemente condimentadas con connotaciones aporofóbicas, xenófobas y racistas.

Con el decreto firmado por el presidente Macri se altera todo el ordenamiento jurídico argentino en materia de seguridad y defensa. No se trata de una norma contra el “kirchnerismo” como repiten a coro los medios oficialistas. Este decreto vulnera desde la Constitución pasando por la Ley de Seguridad Interior 24.059, la Ley de Defensa Nacional 23.554 y su decreto reglamentario 727/06, y la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Toda esta plataforma legal refuerza la idea que el sistema de Seguridad Interior como el de Defensa Nacional está orientado a situaciones distintas y mutuamente excluyentes.

La intención de implantar un Estado policial ha sido masivamente rechazada esta semana por la oposición parlamentaria del FPV-PJ que presentó un Proyecto de Ley donde pide directamente la derogación del Decreto 683/18 fundamentado que “a través de un simple decreto reglamentario intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de Defensa Nacional, construido desde la recuperación democrática” y rediseñado “a partir de un amplio consenso político y social en relación al propio concepto de Defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles”. También las fuerzas sociales y políticas se movilizaron masivamente en todas las ciudades de la Argentina para repudiar esta decisión. En el documento leído en la ciudad de Buenos Aires se señaló que “El Gobierno está reeditando la teoría del enemigo interno para intentar acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones con las que nos manifestamos en todo el país en repudio a las políticas antipopulares del macrismo, basadas en las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional”.

El presidente Macri acaba de dar un paso peligroso en su acelerada marcha hacia los momentos más oscuros de la historia Argentina. Primero entregó el manejo de la economía al FMI. Esta semana decidió resignar el control de la política de seguridad y la defensa a manos de las Fuerzas Armadas. Ambas decisiones, distintas en apariencia, están profundamente ligadas y responden a una misma necesidad. Sin embargo, un mínimo de sentido común, aconseja un camino distinto. Es el desarrollo económico, el bienestar de la población, la salud, la educación la respuesta más contundente contra la violencia, el caos social, el crimen organizado, los extremismos políticos, religiosos y el narcoterrorismo entre otras calamidades que afectan al mundo.

El gobierno abrió la caja de Pandora. Bárbaros llamaban los griegos a quienes vivía o se ponían fuera de la polis, de la civilización. La alianza Cambiemos, con esta decisión, ha roto una política de estado y un acuerdo civilizatorio; un pacto implícito que puso a la Argentina en el camino del respeto al sistema democrático y sus instituciones. Sus consecuencias se vaticinan trágicas.

Ajuste por todos los frentes. La necesidad de sacar dinero de algún lado para justificar el ajuste que propone el FMI, y pagar intereses de deuda que implican a esta altura un 15% del PBI argentino, el gobierno decide recortar por los sectores que no representan para él una alianza de gobierno, o un aporte económico. Es por esto que ahora uno de los muertos en el altar del ajuste es el Invap, una empresa estatal de tecnología de punta.

Esta empresa fue la encargada de construir los Arsat 1 y 2, y el Saocom1A, un satélite que será lanzado en agosto de este año en California. Esto se suma a la deuda millonaria que el Invap tiene del Estado. De hecho, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que asciende a unos 1400 millones de pesos.

Unilateralmente, como acostumbra este gobierno, se decidió dejar sin presupuesto a esta empresa, comprometiendo el trabajo de 1400 personas, y comprometiendo proyectos de envergadura en marcha como la construcción de un radar, mientras la empresa envía un reactor a Holanda además de enviar un satélite a Estados Unidos.

En tanto, el Presidente visitó el martes pasado la Exposición Rural junto al ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevere (de la Sociedad Rural). Daniel Pelegrina, el actual presidente de la SRA, aseguró que se quedó charlando con el presidente Macri y destacó que "estaba conforme con el apoyo recibido". Además, remarcó el fuerte apoyo del presidente al campo e informó que Macri "defendió la política de las retenciones".

Mientras el único sector conforme con el gobierno festeja y espera recibir hoy a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la tradicional inauguración hoy en la Rural, las mayorías se encuentran desesperanzadas por la sistemática implementación de un cruel ajuste que pareciera no acabar, al menos no en este gobierno.

La semana pasada supimos que a través de una resolución, Afip informó que sólo uno de los padres podrá descontar ganancias de sus hijos. Este aumento en la presión impositiva para el sector trabajador, se suma al incremento del 58,8% de personas que pagan ganancias desde que asumió este gobierno. En diciembre de 2015, había 1.175.478 personas que pagaban ese impuesto; mientras que en marzo de 2018 esa cifra se elevó a 1.866.568 personas. En definitiva, otra estafa de la campaña Cambiemos.

Por otra parte, y a través de un decreto el Presidente subió el piso por el cual las familias perciben las asignaciones familiares. El ingreso del grupo familiar bajó de 94.786 a 83.917. Por otro lado, subió el mínimo, que antes estaba en $200 pesos y ahora será de $2816. Además habilita a la Anses a poder seguir subiendolo. Por otro lado, también bajó el ingreso individual de cada miembro de la familia desde $47.393 a $41.959, lo cual reduce el número de trabajadores que reciben la asignación.

En relación a las provincias patagónicas, el decreto disminuye el valor de las asignaciones familiares a partir de septiembre. Por lo que las familias de las zonas en las que se percibían beneficios pasarán a cobrar menos de la mitad. Se trata de un ajuste del 50%. El beneficio por asignación familiar por hijo pasó de $3.407 a $1.578. Por lo que un trabajador que cobra asignaciones familiares por 3 de sus hijos, pasará de cobrar $10.221 a cobrar $4.734.

Mientras tanto, el FMI exige a la Argentina liquidar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el que nos aseguraba a las próximas generaciones el derecho a la jubilación. Si bien el gobierno ya había poblado los directorios de las empresas en las que el estado tiene acciones con sus mejores amigos, y puso en marcha la reparación histórica para descapitalizar el FGS, ahora van por más.

El texto del acuerdo con el FMI anticipa que el gobierno nacional venderá acciones del FGS, decisión que deberá pasar por ambas cámaras del Congreso de la Nación.

Una vez más el Congreso deberá actuar de contralor, y ocupar el rol protagónico en el que la oposición es la responsable de frenar el desguace del estado.