Con la firma del decreto 683/2018 que permite la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, se desechó uno de los principales consensos que la democracia pudo conseguir. Gobiernos disímiles de los últimos 35 años tuvieron la característica de no permitir que los militares interfieran en problemas de orden interno.

El trauma social que implicó el genocidio de la última dictadura militar había dejado esta decisión permanente que ahora puede romperse y traer consecuencias imprevisibles.

El gobierno nacional también incluyó en su plan de “actualización” del rol de las fuerzas “la custodia y protección de objetivos estratégicos”, aunque, fiel a su escasez de argumentos para tomar decisiones que modifican la vida de millones de argentinos, no especificó cuáles son.

El anuncio generó la reacción de la oposición, de los organismos de derechos humanos y de amplios sectores de la sociedad que se manifestaron masivamente en distintos puntos del país denunciando que la medida no sólo es ilegal, sino contraria a los consensos alcanzados acerca de que no debe mezclarse la política de seguridad interior con la de defensa nacional.

Una decisión tan importante como la que intenta imponer el presidente, no ha sido, otra vez, el resultado de un necesario debate público ni su imprescindible tratamiento en el Congreso de la Nación.

Otra vez, el gobierno se muestra alineado con la doctrina de las “nuevas amenazas” que se transmite desde el Comando Sur de Estados Unidos, con el objetivo de que las fuerzas militares se dediquen al combate al narcotráfico y al terrorismo.

La experiencia de Colombia, México y la recientemente sumada de Brasil nos muestran lo terrible que puede significar esta idea de poner a las Fuerzas Armadas a cumplir una tarea diferente para la que fueron concebidas. La medida es peligrosa e innecesaria. 

Lo anunciado contempla la modificación del decreto 727 de 2006, que reglamentó la ley 23.554 de Defensa Nacional y limitó el accionar militar a las agresiones estatales externas. El decreto 683/2018 publicado en el Boletín Oficial el martes 24 de julio con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dice: "El ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad".

En su articulado establece: “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina”. Es decir, le quita la obligatoriedad de que la agresión sea “estatal”, lo que le da habilitación para operaciones en el interior del país.

Entre los considerandos del decreto de Macri se argumenta que “este tipo de agresiones no sólo son de carácter estatal, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la defensa nacional puede y debe contribuir a preservar”.

Los objetivos en el decreto mencionan al narcotráfico y al terrorismo como peligros que nos amenazan. Sin embargo, el problema de las drogas es contemplado en todo el mundo como un problema de salud pública, mientras que “la guerra contra las drogas” ha fracasado rotundamente porque no tuvo resultados positivos ni en la reducción del consumo ni en la diminución del narcotráfico, al tiempo que sí tiene consecuencias trágicas en miles de muertos.

En cuanto al “combate al terrorismo”, solo necesitamos repasar la historia reciente para ver el uso del que fue objeto.

Aumentan la preocupación, además, las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lanzó una irresponsable acusación contra algunos dirigentes de movimientos sociales y gremiales al responsabilizarlos de un supuesto plan desestabilizador previsto para diciembre próximo.

Los organismos de derechos humanos sostienen que detrás de los paradigmas de las “nuevas amenazas” que promueve Estados Unidos, se abre la posibilidad de una mayor represión de la protesta social y el uso de la inteligencia militar para tareas de espionaje interior.

Otro aspecto que explica esta decisión del gobierno son el resultado de sus políticas de ajuste, ya que resulta evidente que la modificación regresiva de la distribución del ingreso viene relacionada con la ampliación del aparato represivo. 

Todo el ordenamiento jurídico argentino, desde la Constitución, la ley de Defensa Nacional y su decreto reglamentario 727/06 y la ley de Seguridad Interior, establecen con claridad que el sistema de seguridad interior como el de defensa nacional están orientados a situaciones distintas y se excluyen mutuamente.  

Podemos llegar a tres conclusiones provisorias a partir de la modificación que pretende el gobierno de la Alianza Cambiemos:

• En primer lugar, se están violando las Leyes de Defensa y Seguridad Interior, y se está eludiendo la necesaria participación del Congreso Nacional.

• En segundo lugar, puede ser el regreso de las Fuerzas Armadas a ejercer tareas de represión interna. Estos es, represión de la protesta social que el gobierno supone en un futuro cercano como consecuencia inevitable del ajuste brutal decidido en acuerdo con el FMI.

• En tercer lugar, el alineamiento del país con la agenda de Estados Unidos en materia de seguridad en el mundo.

En síntesis, la decisión implica la posibilidad de mayor represión interna y aumento de la sumisión externa.