El presidente Macri destruyó su credibilidad. Sus palabras han perdido irremediablemente todo valor. La reiterada falsificación de los hechos, su fingido optimismo, las promesas deshonradas se estrellan ahora con la incredulidad, la falta de paciencia y la dura realidad que viven los argentinos. En tiempo record, Mauricio Macri desperdició la confianza que le sirvió para alcanzar el poder y mantenerse en él. Lamentablemente el daño ya está hecho y no puede ser reparado con un puñado de engaños, excusas y fabulaciones malintencionadas.

Esta semana el Presidente intentó recomponer su deteriorada imagen pública llamando a una conferencia de prensa para anunciar básicamente que él no es responsable de nada y que lo que viene es más de lo mismo o peor. Previsiblemente culpó de esta “tormenta” (léase crisis) a la pesada herencia, al “mundo volátil en el que vivimos”, a que no hay otro camino y volvió a posponer, esta vez para el próximo año, el arribo a la tierra prometida. Novedosa y destructiva forma de concebir la política; una especie de ponciopilatismo donde abandona sus obligaciones y sacrifica a sus electores en el altar del ajuste fiscal y la pobreza económica. Para desmontar los pretextos y las excusas basta con un sencillo ejercicio de comparación.

El mito de la “pesada herencia”, una de las más exitosas creaciones publicitarias del oficialismo, volvió a ser demolida esta semana en Mendoza por el economista Alejandro Vanoli quien fuera Presidente del Banco Central de la República Argentina. El ingeniero Macri, afirmó el experto, recibió un país donde la deuda sólo representaba el 40% del PBI y le bastaron sólo treinta meses para que esta hipoteca trepara al 80% del PBI. Solo para historiar, debe recordarse que Néstor Kirchner recibió la Argentina con una opresiva y fraudulenta deuda que llegaba al 140% del PBI. En materia de inflación, la misma bajó un 12% en el 2015 mientras que la gestión Cambiemos la duplicó en el 2016 y este año va camino a superar el 30%. El déficit fiscal y financiero fue multiplicado por tres durante la presente administración, en gran parte debido a los intereses de la deuda externa, un reaparecido Frankenstein al que ya se daba por extinto.

Tampoco sirve la excusa de la situación internacional. No hay una crisis global como la que el país debió enfrentar en el 2008 que justifique las penurias económicas que hoy sufre la Argentina. La suba de la tasa de interés de los Estados Unidos, esgrimida como pretexto por el gobierno, fue largamente anticipada; la fuga de capitales, otro de los despropósitos permitidos, fue generosamente alentada por el oficialismo al igual que la avalancha importadora que destruyó parte de la industria nacional. Todo se podría haber evitado, o al menos moderado, con políticas anticíclicas que protegieran la producción y el trabajo argentino. El camino del endeudamiento y la recesión no era la única opción posible como torpemente pretende sostener el gobierno. La vulnerabilidad del país es fruto ideológico de la ortodoxia neoliberal que desreguló la actividad financiera y propició una indiscriminada apertura comercial que trajo aparejado un grave desequilibrio económico que terminó en esta crisis y este endeudamiento.

Pero detrás de estos patéticos pretextos se solapan las verdaderas intenciones del proyecto político de Cambiemos: destruir la matriz productiva de la Argentina y con ello alterar regresivamente la estructura social existente. Más brutalmente dicho: se licuó, mediante tarifazos, inflación y devaluaciones el ingreso a los trabajadores, los jubilados y los sectores productivos y se transfirió estos recursos a los sectores concentrados de la energía, del agro, de los medios de comunicación y de las finanzas. Ahora, con un país hipotecado, tal como lo señaló el Diputado Guillermo Carmona en la conferencia “Impactos del acuerdo con el FMI”, será el conjunto de los argentinos, en especial los pueblos de provincias y las comunidades del interior del país, quienes sufrirán más intensamente el ajuste y la destrucción de sus formas de vida.

Cleto Cobos, hombre de palabra. El dirigente radical, luego radical- kirchnerista y ahora radical-macrista, Senador Nacional Julio Cleto Cobos, personaje de cambiantes convicciones políticas, con dificultades para mantener lealtades y un envidiable apetito por los cargos públicos, viene gozando desde hace años del favor del electorado. Esta semana se cumplieron diez años de la traumática madrugada en que este representante mendocino le tocó desempatar, como Presidente del Senado, en la sesión donde se votaba la Resolución 125/08 de retenciones móviles. El proyecto, que provocó un violento conflicto y lockout de las patronales agrarias, consistía en la implementación de un esquema de retenciones móviles para la soja, el maíz y el trigo. El objetivo de la Mesa de Enlace, que representaba “al campo” se resistía a la iniciativa con el fin de mantener o aumentar la alta rentabilidad percibida por una parte de los productores agropecuarios, debido básicamente al incremento de los precios internacionales de la soja y otros commodities. El gobierno, por su parte, entendió que estos aumentos generaban ganancias extraordinarias y que podrían ser gravados parcialmente con fines distributivos y para contener el precio de los alimentos. Con el “no positivo” de Julio Cobos finalmente ganaron los exportadores agropecuarios, los pools de siembra más importantes y las multinacionales de los agroquímicos. Triunfó la patria sojera, Monsanto, y el sistema de los agronegocios. Hoy, con Mauricio Macri, las retenciones han casi desaparecido, el proceso de concentración, extranjerización y reprimarización de la economía sigue avanzando y las economías regionales están en vías de extinción, pero Julio Cobos se prepara para intentar volver a ser gobernador de Mendoza.

Malas palabras. La cruzada moralizadora de la alianza Cambiemos hace agua por todos lados. Las promesas del oficialismo de sostener un alto estándar ético y dotar de transparencia al Estado, algo que comparten todos los argentinos, se está derrumbando tan estrepitosamente como su proyecto político y económico.

Y no sólo la gobernadora María Eugenia Vidal está en medio de un escándalo a raíz de las denuncias por aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. También en Mendoza la permeable moral del oficialismo está en entredicho. El pez por la boca muere, dice un conocido refrán popular. Nada más apropiado para describir las recientes declaraciones que, la diputada Marcela Fernández, hizo a la periodista Jimena Catalá, en una nota que MDZ titulara “De la Dinaf a la Legislatura. “La Justicia no tiene los pies en la tierra”. La parlamentaria radical, que llegó a refugiarse a la legislatura provincial tras su traumático paso por la Dinaf, reconoce que llega a su banca gracias a los buenos oficios de su mentor Tadeo García Zalazar, Intendente de Godoy Cruz y el aval del propio gobernador de la provincia Alfredo Cornejo. Consultada sobre la dificultosa negociación parlamentaria para ampliar la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la verborrágica legisladora dijo que “No hay mejor momento que los de la negociación política para este tipo de reformas y más considerando que vienen tiempos electorales. En tiempos electorales los pedidos bajan de nivel y pasan a ser yo quiero seguir en la banca', eso se puede conceder y así avanzar con la reforma en cuestión.” No conforme con esta temeraria afirmación, y consultada sobre quiénes son los que quieren quedarse en sus bancas, hizo referencia a cuatro legisladores del peronismo, los que a su juicio “Son personas que llevan mucho tiempo o algunos llevan poco y quieren continuar”. No es necesario ser un erudito en materia jurídica o ciencias morales para entender el significado de las delicadas declaraciones de la legisladora radical, la cual tiende un manto de sospecha sobre la forma de reclutar voluntades a la que estaría apelando el oficialismo. Seguramente será el propio peronismo quien pida formales explicaciones sobre los dichos de la diputada Marcela Fernández.

Se agudiza la crisis económica y social de la provincia. Mientras el gobernador Cornejo se encarga de mediciones y encuestas para posicionar un candidato potable a la gobernación, la situación económica y social continúa deteriorándose de un modo vertiginoso. Este mes, pudimos conocer que la inflación en Mendoza del primer semestre fue del 20%. Es importante destacar que el Gobernador cerró las paritarias estatales en su mayoría en un 15% y en tres tramos. Es por esto que a pesar de su cerrazón en comprender la realidad económica que atraviesan los trabajadores, decidió activar la cláusula gatillo luego de que la inflación superara el 15%, para las paritarias que había cerrado el gobierno. Esta vez, decidió tener un gesto con el Sute y sumarlos a este aumento a pesar de no tener un acuerdo cerrado con el gremio.

El subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón reconoció que la pobreza alcanza al 28% de los mendocinos, una cifra por demás preocupante y que no tiende a bajar sino más bien a subir, a falta de medidas concretas para contener a esa población que hoy está marginada y fuera del sistema. “Tenemos distintos tipos de asistencia alimentaria, la mayoría va a las escuelas. Desde desayuno y almuerzo hasta alimentos en seco. Estamos ayudando a alrededor de 220 mil personas por día. Se podría ampliar y mejorar también en cuanto a los servicios que se prestan y orientarlo a la primera infancia. Si como estado apuntamos con políticas a niños entre 0 y 4 años podremos ver en el corto plazo mejoras en las condiciones de pobreza”, afirmó.

Por otra parte, durante la semana pasada surgieron una gran cantidad de reclamos por el cobro de “facturas estimadas” a los usuarios de gas, por parte de la empresa Ecogas. Las únicas beneficiadas por los tarifazos abismales impuestos por el gobierno de Mauricio Macri, son las empresas. No obstante, han aprovechado el caos generado por una mala aplicación de los aumentos para cobrar lo que les place, y sin tener ninguna reprimenda por parte del estado provincial.

La semana pasada presentamos en este diario el caso concreto de una factura que llegó a una vecina de Las Heras, donde le cobraban un “consumo estimado” por el mes de agosto, y no por el consumo real del usuario. De este modo se confirma además que la empresa no envía a alguien que concurra físicamente a las viviendas a revisar los medidores en las viviendas. Es que cuando por parte del estado se envían señales de absoluta impunidad respecto a los derechos y necesidades de usuarios, consumidores y ciudadanos, siempre hay empresas deseosas de aprovechar el contexto, y maximizar sus ganancias y rentabilidad a costa de la estafa y el robo.

Si hablamos de pequeñas y medianas empresas, aquellas realmente perjudicadas por los tarifazos y la inflación desmedida, podemos confirmar que hace 6 meses que continúan en baja las ventas minoristas, presentando mayor caída los sectores de la construcción, materiales eléctricos, neumáticos y artículos de librería y juguetería, según los últimos datos publicados por la Federación Económica de Mendoza. Al igual que ocurre con la inflación, el promedio de baja de ventas es mayor en la provincia que en el resto del país, siendo un 4,2% a nivel nacional y un 5,6% a nivel provincial.

Por otra parte, en todos los departamentos de la provincia los comedores se encuentran colapsados y permanentemente surgen nuevos en casas de vecinos y vecinas que ponen a disposición sus hogares para acercar un plato de comida a los más chicos.

Días atrás, Cáritas denunció el aumento de la pobreza y afirmó que “los comedores y refugios no dan abasto”. La iglesia ubicada en Peatonal y 9 de julio es testigo de esta situación. Según relató una voluntaria de la organización a Canal 9 Televida cuando comenzaron con la asistencia en esta parroquia se acercaban cerca de 65 personas por mes, terminaron el 2017 con 500 personas y hoy la cifra asciende a las mil personas.

La cifra del desempleo del primer trimestre informada por el Indec en Mendoza del 4,1% no tiende a mejorar, y según encuestas realizadas por Synopsis consultores que incluye entre otras provincias a Mendoza, Santa Fé, Córdoba y Buenos Aires, el 47,9% cree todavía que su situación personal va a empeorar.

Entre el negacionismo del gobernador Cornejo sobre la crítica situación económica, y el ajuste que deberá hacer el Presidente para cumplir con los objetivos que impone el Fondo Monetario Internacional, los mendocinos estamos entre la incertidumbre y la desesperanza atravesando la última etapa de un gobierno que prometió mejoras en la calidad de vida de toda la sociedad.

Vendrán etapas de organización y solidaridad popular para enfrentar la crisis. Pero mientras tanto, deberá construirse una alternativa política capaz de poner límites a los poderes concentrados de la economía, derogar o re negociar el acuerdo con el FMI, y redistribuir los recursos de los argentinos a las mayorías trabajadoras que hoy se encuentran atravesando, luego de diez años de crecimiento económico, su peor momento.