-¿Cuál es la importancia de que la iniciativa esté siendo estudiada en las tres comisiones que finalmente se definieron: Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales?

La importancia es política. En el acuerdo al que se llegó, el de restringir a estas tres comisiones el debate, se entiende que el proyecto de despenalización y legalización del aborto involucra los aspectos que podrían tratarse en ellas: primero es una cuestión central de salud pública.

El tema concreto de la despenalización puede ser debatida en la de Justicia y Asuntos Penales, pero acá hago un paréntesis y dudo que en este trabajo en comisión se vaya a decir algo que ya no se haya dicho en Diputados donde tuvimos un debate excepcional, con una cantidad de expertos y expertas que han dado la más amplia cantidad de fundamentaciones de por qué esto tiene que ser despenalizado y legalizado.

No ha sido una exposición de esas de 50 /50 porque el 50 por ciento que está por la negativa ciertamente no representa a la mitad de la población de nuestro país. Es decir, esa voz que se le dio a un 50 por ciento de oradores representa a un sector muy minoritario pero con mucho poder, pero ni de lejos a la mitad de la sociedad argentina.  Entonces, la importancia de que pase en estas comisiones se debe a que en el Senado puedan revisarse fundamentaciones que ya se trabajaron en Diputados.

Respecto a la comisión de Asuntos Constitucionales tenemos que decir que los sectores antiderechos son los que más anticipan la inconstitucionalidad de la ley con lo que podemos prever que harán planteos de este tipo una vez que la despenalización y la legalización se aprueben. Igual creo que es interesante esta comisión porque hay cláusulas que se están intentando incorporar al proyecto como es la objeción de conciencia institucional que podrían ser atacadas de inconstitucionalidad en el futuro. Con esto lo que hacen es establecer barreras para el acceso a la salud de las mujeres en algunas instituciones médicas, lo que crea asimetrías territoriales para el acceso del derecho.

-¿Considerás necesario el que debate pase por la comisión de Presupuesto y Hacienda que fue eliminada de la propuesta oficial?

Eliminarla fue una decisión muy acertada porque ninguna razón presupuestaria puede ser invocada para negar la despenalización y legalización del aborto que es una cuestión de derechos humanos.

Además, quienes han estudiado fuertemente esta temática y la cantidad de egresos hospitalarios que hay por complicaciones pos aborto saben que el acceso voluntario a la interrupción de la gestación en las primeras semanas del embarazo reduciría los costos en salud pública.

Lo que será necesario en la implementación es que se dote de partidas presupuestarias específicas pero en el debate del presupuesto general. Será fundamental para la aplicación de la Ley porque esa ejecución va a requerir concientización, información a profesionales de la salud, incorporación a nuevos contenidos en las universidades al grado, y otorgar el presupuesto necesario para que todo esto suceda. Y que vale aclarar que es algo que no ha venido sucediendo hasta ahora con el aborto no punible.

Precisamente por esta razón no tenemos garantizado el derecho en todo el país, principalmente en Mendoza donde cada vez que aparece un caso a través de los medios tienen que estar las organizaciones feministas exigiendo que se garantice la no punibilidad y la práctica. Ciertamente no se ha hecho nada en cuanto a campañas de difusión sobre el acceso al aborto no punible para que las mujeres sepan que es su derecho desde 1922.

Entonces sí se necesitará de partidas presupuestarias específicas pero no del giro a esta comisión que solo era una estrategia política dilatoria de (Gabriela) Michetti, una ferviente opositora profundamente antiderechos cuyas expresiones públicas podrían valerle alguna complicación por apología de la violencia. Cuando ella pide hasta negar el aborto a mujeres negadas hace una invitación a sectores de poder estratégicamente situados de la parte médica a violar la libertad sexual y reproductiva de las mujeres y a respaldar muchas prácticas que hay de negación y castigo en los hospitales. Es una gravedad institucional máxima este tipo de declaraciones que vuelca abiertamente por su posición de privilegio en la política.

-¿Qué expectativas tenés respecto al tratamiento en comisiones y la posterior votación?

Mis expectativas son muy positivas, creo que esta ley va a ser aprobada en el Senado. Lo que me preocupa son algunas restricciones que se le puedan hacer y las dilaciones en caso de que se hagan las restricciones y el proyecto deba volver a Diputados.

Pero creo que después de todo lo que se ha visto en la calle no hay vuelta atrás sobre una mirada regresiva. Los sectores de poder que tienen en sus manos hoy la aprobación de la Ley han podido ver que el reclamo de despenalización y legalización del aborto es mayoritario en nuestro país.

Creo que eso está medido y que terminará inclinando la votación en el Senado. Es muy difícil votar en contra de lo que la mayoría del país reclama. Por ser una cuestión de salud pública de primer orden, de derechos humanos de primer orden, pero también por contar con el respaldo mayoritario de la población argentina el derecho al aborto va a ser ley.

-En caso de que la legalización de la práctica se transforme en ley ¿cuáles crees que serán los puntos centrales y los desafíos para su aplicación efectiva? Concretamente, a modo ilustrativo, cómo debería aplicarse desde tu mirada el derecho a una mujer que desee no continuar su embarazo y recurra al hospital público.

Los puntos centrales para su aplicación efectiva tendrán que ver con que exista voluntad política de cumplir la ley, el tema del presupuesto, un fuerte trabajo en la formación de los y las profesionales de la salud.

Sostengo que la mayoría del sector sanitario no está en contra de la ley pero sí hay algunas personas estratégicamente situadas que pueden estar oponiéndose y son quienes terminan imponiendo su opinión al resto. Si tenés un jefe de servicio en tocoginecología que es objetor y llama al resto de su personal a que se pronuncie al respecto lo más probable es que ese personal objete para evitar problemas laborales, así termina funcionando esto en los servicios.

Yo trabajo, muy fuertemente desde el 2012,  en el sector de formación de salud en cuestiones de accesos de las mujeres y lo que más encontramos de parte de médicos y médicas, psicólogas y psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras y enfermeros es el desconocimiento de lo que la ley dice y el temor a ser sancionados si garantizan derechos.

Por eso tendrá que trabajarse mucho en la formación, en la incorporación de estos contenidos a las currículas de grado, en la sensibilización permanente en los hospitales, y en que las mujeres conozcan que tienen derecho, lo exijan en los hospitales y si se organicen los dispositivos en la atención primaria también. Luego armar fuertes protocolos de denuncias sobre los incumplimientos.

También trabajar fuertemente sobre la objeción de conciencia que es la estrategia diseñada desde el Vaticano de modo privilegiado para obstaculizar el derecho. Esto es parte de la política sexual de la Iglesia en contra de la autonomía de las  mujeres sobre sus propios cuerpos. Hay lugares donde ha de ser un requisito funcional para el acceso a los cargos no ser objetor. También, seguramente, abogadas y abogados deberemos hacer fuertes planteos de inconstitucionalidad porque esto es lo que ha pasado un poco en el resto de los países donde se legalizó y despenalizó el aborto.  Allí los sectores antiderechos hicieron planteos cuestionando la constitucionalidad de la Ley y en todos los casos los perdieron.

El acceso de la mujer que desee no seguir su embarazo debe estar libre de barreras: de tiempos dilatorios y de intervenciones que resulten moralizantes. Por eso no deben incorporarse en el cuerpo de la Ley lo que se llama “períodos de reflexión / enfriamiento”,  que es esto de que la sujeta gestante va a pedir un aborto y se la manda a su casa a “reflexionar” durante cinco días asumiendo que las mujeres no hemos sido conscientes de esta decisión o que las mujeres somos seres irreflexivos.

Tampoco las consejerías deberían estar armadas con personas que no tengan una formación con perspectiva de género acreditable. De lo contrario se pueden transformar en un lugar de adoctrinamiento o de culpabilizaciones según quiénes estén allí.

-Respecto a la objeción de conciencia médica ¿Podrá ser recurrida arbitrariamente por los médicos que se opongan a la ley o habrá un modo de regularla para garantizar el derecho?

No puede ser ejercida de manera abusiva porque el abuso del derecho está penalizado en nuestro país, básicamente por el tipo de incumplimiento de funcionarios públicos. Será necesario regularlo, claro.

El proyecto prevé regulación y sanciones para quienes vulneren o violen la reglamentación de la objeción de conciencia.  Desde mi punto de vista la calidad de no objetor debiera ser incorporada en los requisitos para el acceso a cargos en la salud pública en sectores estratégicos como un jefe de servicio de tocoginecología. Debiera ser condición y declarado de manera previa al ingreso a la salud pública.

-¿Implica en lo presupuestario una erogación importante de parte del Estado? Así lo sostienen en sus fundamentos quiénes se oponen al proyecto.

Acá hay dos grandes puntos que me gustaría mucho señalar. Primero: está acreditado que con el coste que tienen las muertes de mujeres y las complicaciones pos aborto que requieren intervenciones hospitalarias son valores económicos que se verían reducidos a partir del acceso legal a abortos seguros. La mayoría de los abortos podrían hacerse perfectamente con medicamentos. Estos procedimientos no solo son seguros, sino muy económicos.

Pero más allá de eso, aun bajo este supuesto, que no es real y no tiene asidero en ningún estudio de costos, y el acceso al derecho supusiera una mayor asignación presupuestaria por parte del Estado, ello debiera ser garantizado porque un derecho no puede ser desconocido en base a la falta de presupuesto.

Este argumento esconde la búsqueda de la vulneración de las mujeres en su autonomía sexual y reproductiva. Me recuerda mucho a lo que se decía en los años 80 sobre que el Estado, probablemente de parte de estos mismos sectores antiderechos, no debía gastar dinero en el AZT para personas con VHI porque habían adquirido el virus de manera promiscua,  por pecadores e impuros ante los ojos más conservadores de la Iglesia.

-¿Qué hay del argumento de los legisladores “pro vida” sobre que la implementación de la ley implicará mayores erogaciones presupuestarias para las provincias de frontera por la posible recurrencia de ciudadanas de países limítrofes a hacer uso de nuestro sistema de salud a esos fines?

Esto es una cuestión que debe ser tratada entre la diplomacia de los diferentes países y llegar a algún tipo de arreglo para la garantía de derechos. Pero es una problemática que ocurre en relación a todo el sistema de salud en las provincias de frontera. Es lo que muchas veces se invoca en Mendoza sobre que llegan chilenos en masa a hacerse diversas intervenciones quirúrgicas. Estos argumentos no tienen sentido de ser dentro de un debate de despenalización y legalización del aborto porque no son razones para estar ni a favor ni en contra del proyecto. Carece absolutamente de fundamentación parlamentaria.

Luego, son argumentos que esconden una profunda xenofobia y que son bastantes preocupantes porque de lo que estamos hablando es del acceso a la salud de las personas independientemente de su condición de nacionalidad.

Entre países debe arreglarse cómo Argentina recupera su aporte en gasto de salud pública, puede ser bajo condiciones de reciprocidad u otra fórmula. Son cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional público y privado que estarían en juego en relación a estas erogaciones.

-¿La letra del proyecto deja abierta alguna posibilidad para que continúen judicializándose situaciones graves como ocurre en los casos de niñas o mujeres con discapacidad?

El proyecto no deja márgenes a las judicializaciones pero pueden seguir ocurriendo porque ha sido la estrategia sistemáticamente aplicada por los antiderechos, aun cuando tenemos por ley casos que explícitamente señalan que no debe pedirse autorización.

Los casos de niñas y mujeres con discapacidad son los que ya tenemos permitidos por la causal salud, causal violación o riesgo para la vida hoy en día. Deberían siempre estar garantizados pero se obstaculizan por la falta de voluntad política. La letra de la ley no deja ese margen, tal vez sí la política judicial de los sectores antiderechos.

-¿Cuáles serán los pasos para que el derecho se concrete en las provincias? ¿Se verán obligadas a adherir a la ley o será una decisión librada a sus legislaturas?

Las leyes nacionales que regulan cuestiones fundamentales de derechos humanos que son de orden público no requieren de la adhesión por parte de las provincias. Esto no puede ser una decisión librada a las legislaturas porque de lo contrario estaríamos regulando derechos humanos fundamentales con la posibilidad de asimetrías territoriales, lo que genera una situación de profunda inequidad que sería inconstitucional en Argentina. Es decir, causarían desigualdades justamente por el lugar en que hayamos nacido las mujeres siendo partes de un mismo país sometido a una misma legislación.

Esto es equiparable a lo que pasa con la Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres que no requiere adhesión de las provincias. Hay provincias como la nuestra que han sacado leyes provinciales de adhesión y que no eran necesarias, casi como un gesto político de favorecimiento a esa ley pero que realmente han servido de muy poco porque ni han dotado de presupuestos específicos para la implementación de la norma ni han organizado el servicio de justicia para que se aplique. Todo esto tiene que ver con la falta de políticas públicas de Estado para sostener la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Entonces la ley de aborto no requerirá la adhesión de las provincias, sí la voluntad política de aplicarla.

-¿Cuáles crees que serán los mayores desafíos del movimiento de mujeres para hacer respetar la ley y su aplicación?

Los desafíos que tenemos por delante son los que venimos enfrentando para que se cumpla el acceso a la educación sexual integral en las escuelas frente a obstaculizadores de diversas religiones hegemónicas. Lo mismo que pasa con la falta de políticas públicas de la Dirección General de Escuelas que desde el 2006 no logra implementar esta ley.

Vamos a tener que enfrentar los mismos desafíos por los que cada día luchamos para que se garantice el acceso a la anticoncepción hormonal y de emergencia en los centros de salud, que son suministros que no están plenamente garantizados. Los mismos desafíos que enfrentamos en los hospitales desde hace años para que se cumpla el derecho a la ligadura tubaria sin más requisitos que el consentimiento, y las mismas para que se respeten los abortos no punibles.

En definitiva, el enfrentar a sectores ultra conservadores y a sectores que tienen fuertes intereses en lo económico para que el aborto siga siendo clandestino. Y la exigencia al Estado para que cumpla no solo con las prácticas en los hospitales sino también para que apliquen políticas de promoción de derechos.

-Desde lo personal ¿Qué significa para vos la posibilidad de que el derecho a abortar sea ley?

Para mí significa el reconocimiento de la humanidad de las mujeres, el reconocimiento de nuestra autonomía sexual y por lo tanto terminar con una situación de esclavitud legalmente instituida que es lo que significa la penalización y la criminalización de nuestra autonomía.

El derecho al aborto trasformado en ley tiene que ver con el reconocimiento de una dignidad que nos asume plenamente como humanas y no como cosas portadoras de una vida que nos trasciende como vasijas reproductivas.