El pasado 18 de abril el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció una reforma a la seguridad social que dio inicio a una ola de manifestaciones en varios puntos del país. Con el fin de darle sostenibilidad al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió varios cambios al sistema de pensiones (incluyendo la privatización). Aunque el gobierno pudo mantener intacta la edad de jubilación, planteó la reducción de un 5% de las pensiones de los ya jubilados y el aumento de los aportes tanto de trabajadores como de empresas, lo que generó un descontento generalizado.

Los sindicatos del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y Unión Nacional de Empleados apoyaron la reforma, mientras que la patronal Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) la rechazó? y presentó un recurso de amparo para revertirla. A los pocos días (el 22 de abril), el gobierno derogó las reformas a la seguridad social y llamó al diálogo a todos los sectores. Sin embargo, la ola de protestas aumentó y hubo asesinatos, torturas y destrozos.

Las técnicas y armas usadas en las protestas violentas de la oposición en Nicaragua son idénticas a las que vimos en Venezuela durante 2017. Se trata de grupos entrenados para enfrentar a las fuerzas de seguridad, producir incendios en infraestructuras gubernamentales, ataques, robos y secuestros. Se han documentado muchos casos de torturas a ciudadanos que son o "parecen" oficialistas, de la misma forma que sucedió en Venezuela con aquellos considerados “chavistas”. En efecto, algunos sectores de la oposición no buscan una salida negociada a los conflictos, sino generar un clima de violencia para presionar al presidente a dejar el gobierno.

El financiamiento de distintas organizaciones de Nicaragua por parte del establishment político de los Estados Unidos juega un papel importante. La denominada “Nica Act” aprobada por el congreso estadounidense es un ejemplo claro de que Washington está operando en el país centroamericano. La Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) entrega millones de dólares a ONGs y otros grupos opositores para "desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil". La USAID recibe directrices del Departamento de Estado de los Estados Unidos y tiene vinculación directa con la CIA. El organismo ha sido acusado de realizar actividades de desestabilización de gobiernos no alineados con la política exterior estadounidense.

Si bien la crisis parecería haberse iniciado en abril, los sucesos actuales tienen un antecedente en las movilizaciones por la derogación de la ley que establece el marco para la construcción del canal interoceánico.

¿Un nuevo canal interoceánico?

Las tensiones sociales en Nicaragua aumentaron desde 2013 a partir del proyecto y la sanción de la Ley Nº 840 “para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente al canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas”. Están en contra sectores políticos de la oposición, instituciones de la “sociedad civil”, grupos ambientalistas y comunidades indígenas. Muchos de ellos tienen razones fundadas para temer consecuencias negativas en la protección del ambiente y de ciertas poblaciones. Pero también es posible sospechar que con este tipo de acciones Nicaragua inquieta a los Estados Unidos, en medio de su disputa por el poder y la influencia en el continente.

Centroamérica, que conecta América del Norte con América del Sur y el océano Pacífico con el océano Atlántico, toma relevancia estratégica: la región deberá posicionarse en el futuro cercano como un centro logístico a nivel mundial.

El gobierno de Nicaragua otorgó la concesión para la construcción del Gran Canal al consorcio chino HKND Group. El proyecto pretende construir carreteras, dos puertos, un lago artificial, un aeropuerto, un complejo turístico y una zona de libre comercio, así como fábricas de acero y de cemento. Se anunció el comienzo en 2014 y proyectaba estar funcionando para el 2020.

El Canal Interoceánico de Nicaragua busca aliviar el denso tráfico del Canal de Panamá y proporcionar un paso más rápido de las naves procedentes de América Latina a Asia. Esta ruta de 278 kilómetros de longitud será tres veces más larga y casi el doble de profundo y ancho que el de Panamá. Una de sus principales ventajas, comparada con la panameña, sería la posibilidad de atender buques de mayor tonelaje. De hecho, en un futuro, los grandes barcos de carga no podrán pasar por el antiguo trayecto.

Para algunos analistas, la construcción del Canal de Nicaragua por parte de una empresa China es el principal objetivo a destruir de los Estados Unidos, que ve peligrar su privilegio comercial en este continente. Por eso mismo estaría desestabilizando el gobierno de Daniel Ortega, en el marco de su objetivo geopolítico de bloquear las fuentes de abastecimiento de recursos (energéticos, sobre todo) a China.

Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos denunció la “oscura nube de tiranía” que pesa sobre los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Su viaje a Brasil y Ecuador supone una nueva fase del ataque contra estos países. Lo que comenzó como una protesta por las reformas a la seguridad social, se transformó en un intento de golpe al gobierno de Daniel Ortega. Se articulan en ese contexto varias ONG's y distintas organizaciones violentas financiadas por las agencias de "cooperación" de Estados Unidos, en coordinación con una campaña de manipulación en los medios de comunicación.

Nicaragua también se puede analizar junto al resto de acontecimientos internacionales y continentales, como parte de una lucha en el sistema global en donde Estados Unidos intenta derribar a los gobiernos y desestabilizar a los países que no aceptan sus mandatos.

Así entró Nicaragua en el ojo del huracán.