Una de las características fundamentales del sistema republicano de gobierno, como es el caso argentino, lo constituye el principio de división de poderes. Con estos contrapesos que fija tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la provincia de Mendoza se busca evitar que el poder, que reside en el pueblo, sea ejercido de manera autoritaria por un solo órgano o una sola persona. Aunque la realidad esté revelando hoy un grave déficit democrático y peligrosos daños institucionales, paradójicamente, la alianza Cambiemos llegó al poder enarbolando, hoy sabemos engañosamente, la bandera del republicanismo. Desde la sigla PRO, Propuesta Republicana que es el partido político del Presidente, hasta la fuerza política de la diputada Elisa Carrió, Coalición Cívica para la Afirmación de una República Igualitaria (CC-ARI), todas remiten recurrentemente a este concepto. Sin embargo, pocas veces en la historia democrática de nuestro país este principio ha sido tan profundamente vulnerado.

Un caso de extrema gravedad lo protagonizó el propio presidente Mauricio Macri cuando pretendió designar por decreto y sin acuerdo del Senado a dos jueces de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, haciendo una antojadiza y amañada interpretación de la Constitución Nacional. Pero ahora fue el gobernador de la provincia de Mendoza quien intentó forzar la ampliación de la Suprema Corte de Justicia.

Fue en noviembre del año pasado, cuando la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó la iniciativa de Juan Carlos Jaliff, que buscaba sustituir la ley 4.969 por una nueva norma que modificaba tanto la composición como el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. En lo sustancial, el proyecto se proponía elevar de 7 a 9 integrantes los miembros del máximo tribunal.

Uno de los argumentos principales del oficialismo para sostener el tratamiento de esta iniciativa era solucionar, hipotéticamente, el atraso generado por la saturación de expedientes que llegan al cuarto piso de tribunales. En especial reducir las demoras que se producen en Sala II, avocada a los asuntos penales y laborales. “Con el plan de reforma del sistema judicial, uno de los más ambiciosos de la historia de nuestra provincia, se tiene como objetivos principales una justicia cercana a la comunidad, moderna, con oralidad en los procesos y con tiempos rápidos de resolución que nos permita acercarnos a un sistema de justicia acorde a lo que los ciudadanos reclaman”, reza parte del fundamentos de la propuesta.

El pasado 18 de abril, la Cámara de Diputados en una Sesión de Tablas, resolvió por mayoría de votos, la preferencia con despacho de comisión para los proyectos de ampliación de la Corte y de juicios por jurado. En este sentido, se resolvió además que todos los expedientes referidos a juicios por jurado, sean acumulados al expediente promovido por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ampliación de la Corte obtuvo la preferencia gracias al acompañamiento de seis legisladores que integraban el bloque del PJ y que luego de esta votación decidieron armar uno bloque propio al que denominaron “Podemos vivir mejor”. Fue esa votación la que habilitó el tratamiento sobre tablas, sin que sean necesarios los dos tercios o un despacho de comisiones.

Para estos diputados era bueno abrir el debate ya que el gobernador le confió a Anabel Fernández Sagasti, en una reunión que mantuvieron a solas, que no iría por la reelección a pesar de aumentar los jueces de la Corte. De este modo, acordaron que el oficialismo trataría la propuesta de juicios por jurado y los diputados de Podemos darían la habilitación para tratar la reforma de la Corte. Por su parte, el bloque del PJ, y los miembros del bloque de la izquierda se opusieron a lo que consideraron, desde un principio, un avasallamiento institucional.

Finalmente, en aquella oportunidad, Nestor Parés decidió no seguir adelante con el proyecto aduciendo que no estaba dado el consenso. Es que el alboroto que generó a nivel nacional y provincial esta iniciativa, tanto desde sectores políticos, sociales y académicos, fue de tal magnitud, que el oficialismo debió dar marcha atrás a pesar de haber tenido asegurado los votos.

El pasado lunes, sorpresivamente se citó a una sesión especial para tratar nuevamente la iniciativa. Parecía que el gobierno había conseguido los votos a pesar de la negativa del bloque Podemos. Las esperanzas del Gobernador estaban puestas en los diputados de Protectora/PI. Según confirmó Parés, la presencia de los legisladores del Partido Intransigente estaban asegurados para lograr el quórum. El martes a las 18 horas, luego del partido que clasificó a la Selección Argentina a octavos de final en el mundial, los diputados del oficialismo asistieron a la sesión especial, debiendo pedir prórroga hasta las 20 horas ya que no podían conseguir el quórum. Intentaron presionar hasta último momento a los diputados de Protectora hasta que finalmente la sesión se dio por fracasada.

Dos piezas importantes del oficialismo dieron la negativa al proyecto, y contribuyeron a este fracaso: el demócrata Marcos Niven y el massista Guillermo Pereyra. Por su parte, Mario Vadillo del PI afirmó: "Siempre dijimos que nos íbamos a presentar a votar en contra y convocamos a las fuerzas opositoras a que hicieran lo mismo. Venía muy forzado, me parece que el oficialismo equivocó el camino".

En tanto, distintas organizaciones se convocaron en la puerta de la legislatura para protestar contra la ampliación, fundamentalmente el Foro por la Libertad de Presos Políticos, quienes lo consideraron este proyecto una maniobra que promovería aún más la persecución, por ejemplo, de Nélida Rojas y otros miembros de la Tupac, al igual que ocurre con Milagro Sala en Jujuy. De no mandarse a archivar, el gobierno podría hacer un nuevo intento de tratarlo con futuros acuerdos o negociaciones, ya que sólo le falto un voto para poder obtener quórum y aprobarlo.

Si lo que realmente pretende el gobierno provincial es mejorar la administración de la justicia y acelerar los tiempos, deberá replantear el debate con transparencia y seriedad, discutiendo los verdaderos problemas que tiene el poder judicial, dejando de lado el aumento de jueces de la Corte sin considerar que ya el gobernador Cornejo colocó a su ministro de Gobierno como juez del máximo tribunal. Si Cambiemos pregona el slogan de la “justicia independiente”, deberá demostrar más coherencia con las propuestas que canaliza, si no quiere que los debates se limiten a acusaciones y extorsiones políticas, tal como sucedió con la reforma de la Constitución provincial, que es realmente necesaria pero que se frustra al limitarse su debate a la reelección del gobernador. Como resultado de esta agitada semana legislativa en Mendoza, se puede concluir que:

La opinión pública pudo conocer la verdadera faceta del Gobernador Cornejo quien, fracasada la sesión, no dudó en tildar de “cobardes” a quienes no estaban de acuerdo con su proyecto, agregando que la oposición no tiene fundamento y les pidió que se "dejen de joder con que quiero manejar la Corte". Sin dudas que esta desacomodada irrupción del gobernador dejan al descubierto, no solo sus intenciones, sino la enorme importancia que el proyecto tiene para el oficialismo y permite también poner en valor el extraordinario triunfo opositor al bloquear, al menos temporalmente, esta iniciativa.

Esta derrota del oficialismo provincial revela también el pésimo manejo político que han demostrado los operadores legislativos del gobernador. Hay que subrayar que, uno de los daños colaterales de este fracaso, es la crisis interna que desató al interior de la propia UCR, expresada por la Vicegobernadora Laura Montero quien señaló que el proyecto oficial viene “manchado por intereses circunstanciales que dañan las instituciones”. También este trance le sirvió al Ministro Martín Kerchner para blanquear implícitamente sus pretensiones a gobernador, como delfín del Alfredo Cornejo. Su protagonismo en este debate superó por mucho a la de un simple funcionario.

Por el lado de la oposición, el Partido Justicialista emerge tonificado de esta disputa legislativa, lo que permite profundizar el clima de diálogo y sumar coincidencias políticas en favor de la unidad de esa fuerza política. Sin dudas que muchos dirigentes del peronismo fueron los artífices de estas jornadas pero se destaca el dinamismo y la capacidad de articulación que demostró tener el diputado Guillermo Carmona. Su protagonismo e iniciativa le permitió vincularse estratégicamente con los distintos sectores políticos, en especial con Justicialismo más tradicional. La oportuna y ponderada presencia de Agustín Rossi en Mendoza sumado al esfuerzo conjunto para frenar el proyecto oficialista de ampliación de la Corte, puso al legislador nacional en un lugar protagónico de la política provincial.

Como venimos anticipando en distintos panoramas continúa habiendo un desfase entre la realidad material y la realidad virtual del gobierno, el que sigue sin prestar atención a las verdaderas urgencias que tiene esta sociedad, urgencias generadas por ellos mismos. Es incluso aún más alarmante el caso del gobernador provincial, que no habla de trabajo y producción, de dólar, economía o inflación, y mucho menos de salarios bajos, hambre y pobreza.

La dirigencia política, en particular el oficialismo, deberá comenzar a gobernar teniendo en cuenta lo urgente e impostergable que hoy lamentablemente es pan, techo y trabajo. De lo contrario, no será nada.

La conflictividad social y laboral. Es fama la debilidad que tiene el presidente Macri por sus vacaciones. Se han hecho populares sus bucólicas fotos en Chapadmalal o sus prolongados descansos en el exclusivo Cumelén Country Club, cerca de Villa La Angostura, donde se lo puede ver distendido, con su mujer y su hija, jugando al golf, tenis o paddle. Por eso llamó la atención su repentino cambio de hábito yendo a la Casa Rosada el día del paro general. Aunque un poco tarde para iniciar la jornada, llegó alrededor de las 13 horas, el primer mandatario tuvo tiempo para enfrentar las cámaras de televisión y dejar testimonio de esa paradoja: "Acá se trabaja" reprochó a la defensiva, para seguir luego raudo a su despacho.

Estas circunstancias no pasarían de una simple anécdota si no se tratara del Presidente de la Nación, quien se jactaba de laborioso y cumplidor, el mismo día en que una contundente huelga general paralizaba las principales ciudades y actividades de la Argentina. Con el argumento de que el paro es un hecho perjudicial para el país, una interpretación arcaica solo sostenida por el Código Penal francés de 1810, el gobierno del presidente Macri y una legión de medios oficialistas salieron a “bajarle el precio” a la medida de fuerza decretada por la CGT, las dos CTA, cámaras empresarias y organizaciones sociales. Ya en Tandil el Presidente había anticipado la estrategia. En su ciudad natal señaló que “el paro no contribuye a nada. No suma, porque no creo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por los trabajadores, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos.” Sin embargo la realidad se empeña en contrariar al Presidente ya que durante su gestión se han cerrado más de diez mil comercios, bajaron sus persianas más de siete mil pequeñas y medianas empresas y se han perdido alrededor de setenta y cinco mil puestos de trabajo en el sector industrial con una reducción anunciada de 70.000 empleados estatales. Sólo en los primeros cuatro meses se perdieron 94.500 empleos en blanco según la Encuesta de Indicadores Laborales.

No deja de ser llamativa la enfermiza debilidad que tiene el gobierno por destruir el empleo y la producción. En este sentido, así como a Mauricio Macri lo “alegra” el acuerdo con el FMI también despierta una cínica algarabía en su gabinete el despido masivo de personal del estado. Un caso que linda con lo patológico es el lamentable espectáculo que protagonizó el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, cuando esta semana anunció el despido de 354 trabajadores de Télam porque no respondían “al perfil que buscamos”. En medio de los reclamos y el dolor de las familias que recibían los infames telegramas afirmó que "hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Hoy ganó el futuro de la Agencia Télam". La catadura humana y moral del sujeto es literalmente repudiable.

Sin embargo, el gesto insensible y desdeñoso de los funcionarios frente al sufrimiento social, se puede transformar rápida y dramáticamente en un grave problema político si el gobierno no toma adecuada nota del estado de convulsión social que están gestando con sus erradas decisiones. Solo para poner en contexto, hay que destacar que la contundencia de la última medida de fuerza no fue sólo el resultado de su oportuna convocatoria. Por el contrario, las causas hay que buscarlas en creciente proceso de malestar social y agravamiento de la crisis económica que se expresa en una creciente conflictividad social que se viene incubando peligrosamente desde hace más de dos años. Puesto en números, durante 2017 se produjeron 2.265 protestas laborales de distintos sectores, con 778 paros según el informe del Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Si a las protestas laborales se le suman los conflictos estrictamente sociales el número asciende a 3.974 durante todo el 2017. En promedio, representaron 331 protestas mensuales y 11 protestas por día en todo el territorio nacional. Las tensiones han seguido creciendo en el año 2018. Según los informes que produce la consultora Diagnóstico Político, la conflictividad social en el primer cuatrimestre de este año ya sumó 1.784 piquetes. Sólo en el mes de mayo se registraron 556 cortes en todo el país.

Lo que está en marcha entonces es un proceso de descomposición económica y social resultado del agobiante ajuste que golpea el bolsillo de millones de argentinos que han perdido la confianza y toda esperanza en el gobierno de Cambiemos. Esto quizá explique mejor la profundidad del reclamo y la diversidad de actores que se plegaron al paro del 25J. Frases vacías, ineptitud, codicia, prepotencia y corrupción gubernamental alimentan el malestar de los sectores populares donde ya el hambre y la crisis comienzan a cobrar sus primeras víctimas. Se multiplican los comedores comunitarios mientras el paisaje de las grandes ciudades se comienza a poblar de familias que viven la calle y buscan en la basura su alimento cotidiano. El Observatorio de Deuda Social de la UCA señala que “El combo devaluación, inflación, suba de tarifas y menor crecimiento del empleo empujará a una nueva alza del índice de pobreza que podría colocarse en el 29% para fin de año”. En Mendoza, un 48% de los niños están bajo la línea de pobreza. Solo el Banco de Alimento de esta provincia asiste a 81 comedores comunitarios donde reciben alimentos 28.000 personas, siendo los niños los más afectados. Una cifra alarmante que roza la tragedia. Fue esta misma insensibilidad e inacción la que llevó, hace una semana, a la muerte a Valentino Ladislao, un niño de cinco años quien dependía de un aparato eléctrico para respirar. Un prolongado corte de luz detuvo su respirador y falleció camino al hospital. La responsabilidad es de la empresa EDESUR, uno de cuyos principales accionistas es Nicolás Caputo, padrino de bodas del Presidente. Capitalismo de amigos en medio de del dolor y la desesperanza.

Lejos y olvidada quedó la promesa de “pobreza cero”. Mientras la desnutrición y el abandono castigan a los más humildes, una enorme porción de la clase media argentina, que en su momento apoyó a esta élite egoísta y codiciosa, luce tan desencantada como endeudada al quedar fuera del pequeño círculo de privilegiados. Para entender este desencanto baste señalar que, según el Indec una familia tipo de cuatro personas necesitó en mayo, ingresos por $18.833,55 para no caer por debajo de la línea de la pobreza. Son entonces los sectores de ingresos fijos, que cerraron sus acuerdos salariales en torno a un incremento de 15%, en un contexto de inflación que va a superar el 30%, los más castigados y los candidatos a engrosar la fila de los nuevos pobres.

También en Mendoza el paro tuvo una alta adhesión. El secretario general de la CGT local Luis Márquez afirmó que hubo alrededor de un 85% de acatamiento. Aclaró que esta no era una medida de los dirigentes sino de los trabajadores que sufren las políticas neoliberales, “es el gobierno quien tiene que reflexionar” aclaró. Después de comparar a Cornejo con Macri, el dirigente sindical señaló que “el pueblo no los eligió para que castigaran a los trabajadores y trabajadoras de Mendoza”.

Estas son parte de las causas profundas que explican el alcance del paro del 25 que tuvo, entre otros objetivos, rechazar el programa de ajuste de la economía acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Querer culpar a la CGT o a los partidos de la oposición de esta situación solo sirve de consuelo a quienes no quieren o pueden aceptar que el gobierno ya está entrando en su cuenta regresiva en medio de un descalabro financiero que, solo en esta última semana, llevó el dólar a 30 pesos a pesar de que el Banco Central salió a vender, en los últimos días, 450 millones de dólares: 300 millones de sus reservas y 150 millones del préstamo acordado con el FMI.

Pero en política los espacios vacíos se llenan. Con ese objetivo han empezado a caminar el país, para sondear sus chances presidenciales, algunas figuras opositores que tienen esta aspiración. Tal es el caso de Agustín Rossi, que se ha dado a la tarea de recorrer la Argentina y tomando contacto con cada realidad de cada región. En su extensa visita a la provincia de Mendoza responsabilizó al Presidente de la situación económica que atraviesa la Argentina. Bajo su óptica Mauricio Macri fue el único presidente de la democracia que recibió un país sin crisis ni endeudamiento y se lo terminó entregando al FMI. Afirmó que ya no alcanza solo con resistir las políticas oficiales sino que la oposición debe asumir la responsabilidad de ofrecer a la sociedad un nuevo proyecto, construir una nueva mayoría con políticas públicas que devuelvan la dignidad a las familias argentinas. Propuso, como solución de fondo, trabajar por la unidad pero en torno a un programa de gobierno compartido y consensuado con todos los sectores que hoy están siendo agredidos por las políticas oficiales.

Los tiempos para el oficialismo y la oposición se reducen. En este contexto y con este clima social las posibilidades de renovar el mandato del presidente Macri se van hundiendo al influjo de sus propios errores, tan groseros como la insensibilidad social de su proyecto político.