El 20 de junio pasado, mientras miles de chicos argentinos acompañados de sus familias, hacían solemnemente su promesa de lealtad a la bandera en honor al del 198º aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, Mauricio Macri festejaba con su gabinete la consolidación de su proyecto de dependencia y entrega de la soberanía nacional a manos del sistema financiero internacional. Su algarabía era por las “dos buenas noticias” provenientes del exterior. Por un lado, desde los Estados Unidos, se informaba que el Directorio del FMI aprobaba el préstamo Stand-by por un total de 50 mil millones de dólares. Por otro lado, la sociedad Morgan Stanley Capital International (MSCI) volvía a clasificar al país como "mercado emergente", una categoría que, según las fantasías oficiales, alentará la llegada de inversiones a nuestro país pero que no es más que un anuncio intrascendente que beneficiará a unos pocos empresarios.

Se impone aquí un paréntesis. Una de las grandes trampas de la economía es que el lenguaje es utilizado como un instrumento de poder y también de ocultamiento. Hace tiempo que la economía dejó de ser una ciencia para transformarse en un aparato ideológico a favor de los más poderosos. Aquí las palabras engañan, esconden, disimulan. El revolucionario lingüista Ludwig Wittgenstein ya advertía que lo más importante del lenguaje no está en su significado sino en su uso. Una verdad que puede ser constatada en el texto mismo del acuerdo firmado por el gobierno argentino.

Con estos recaudos es que deben interpretarse las cláusulas establecidas por el FMI. Señalaremos sólo algunos de los condicionamientos impuestos, para medir la magnitud de los recortes. Una de las variables que afectará con mayor rigor la actividad productiva es el compromiso de bajar, en tres años, el gasto de capital del estado en más de un 80%. Esto en la práctica significa casi paralizar la construcción de grandes obras públicas y de infraestructura. No más gasoductos, autopistas, líneas de alta tensión, puertos, compra de maquinarias, ferrocarriles, equipamiento para investigación y desarrollo, etc. Tampoco se realizarán obras relevantes para mejorar la calidad de vida de la población como escuelas, universidades, hospitales, centros de salud, cárceles, viviendas, centros culturales y deportivos, bibliotecas, etc. Quedan solo en pie aquellas obras que puedan costearse con los magros presupuestos de las provincias y los municipios, las que se financien con más endeudamiento o las que se realicen bajo la modalidad de contratos de Participación Público Privada (PPP) donde los privados ponen las prioridades, los recursos y se quedan con los beneficios. Por otra parte se continuarán reduciendo los subsidios que, traducido a lenguaje corriente, significan más tarifazos sobre los servicios públicos, los combustibles, etc. Como buenos monetaristas también los funcionarios macristas están convencidos que para frenar la inflación, que llegará este año al 30%, hay que reducir el consumo de todos los bienes y servicios. Esto objetivo se alcanza, además de achicar el gasto del estado, licuando los salarios y las jubilaciones. A menos consumos, menos inflación. El resultado de este razonamiento es un crecimiento de la economía cercano al cero por ciento, recesión que va acompañada de una caída del salario de alrededor del 13%. Otra víctima del FMI son los empleados públicos. El presidente Macri, un verdadero depredador de los bienes y servicios del estado, dijo en el año 2016 que había “un millón y medio de empleados públicos de más”. Para empezar el ajuste tiene en carpeta dejar en la calle a unos 35.000 trabajadores estatales. En cuanto al del precio del dólar, de eso se va a encargar el mercado, un eufemismo para no señalar a la fauna de especuladores, grandes bancos, fondos buitres y otros usureros que se han adueñado, junto al FMI, del control de la política cambiaria y monetaria de la Argentina.

Pero hay otro costo que el gobierno intenta, por todos los medios, disimular. Es el gasto financiero que tiene la Argentina. Estos están formados por el capital más los intereses de la gigantesca deuda externa que tomó la gestión del presidente Macri. Según el Observatorio de la Deuda, para el 2018 el monto total por vencimientos de deuda externa consolidada es de 64.649 millones de dólares. Para el 2019 será de 35.410 millones de dólares. Casi el 80% de esta deuda fue tomada por el gobierno del presidente Macri. Este es el enorme agujero por donde se escurren los enormes sacrificios de la sociedad argentina. Por allí se escapa el dinero que debería ir a la inversión pública, a la educación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo económico y la salud, sólo para citar algunas de las muchos destinos que podrían tener los más de 100.000 millones de dólares que se pagarán en concepto de deuda en estos dos años. Pero siempre es más fácil para los pequeños espíritus, culpar a los jubilados, empleados públicos y a los subsidios por las penurias que atraviesan millones de familias argentinas y miles de empresas que producen para el mercado nacional.

También los 65.000 millones de dólares que conforman el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, compuesto por acciones de alrededor de 50 empresas que cotizan en la bolsa, más bonos de deudas y Lebacs , corren el riesgo de ser liquidadas en un paso más hacia el vaciamiento que sufre el sistema previsional argentino. “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno” dice el texto de lo firmado con el FMI. Un aspecto del acuerdo que además de peligroso es ilegal.

La pregunta es entonces: ¿Cuál es el destino del crédito de 50.000 millones de dólares acordados con el FMI? Ya lo repasamos más arriba: ese dinero no está destinado al desarrollo económico ni a la inversión productiva y/o social. Estos recursos vuelven a salir del país para pagar capital más intereses de la deuda externa y también para financiar la formidable fuga de capitales que van a engrosar las cuentas de una legión de evasores, muchos de ellos funcionarios, que están radicados en los paraísos fiscales.

A sabiendas del rechazo que socialmente genera este arreglo el presidente Macri, para minimizar los daños políticos, viene eludiendo la intervención del Congreso Nacional en este delicado asunto, a pesar de las facultades constitucionales que así lo establecen. De igual manera el Bloque FPV-PJ intentó debatir, en Sesión Especial, esta nueva deuda pero por ausencia del opo-oficialismo del Bloque Justicialista, el Frente Renovador más Cambiemos, no se alcanzó el quórum requerido para el tratamiento. Pero allí quedaron los testimonios y la certeza de que la vuelta al FMI es la peor salida a la crisis, en la que el mismo gobierno sumió a todos los argentinos.

El jefe del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi señaló que el acuerdo con el FMI “es volver 20 años para atrás la historia económica de este país”. “La Argentina no va a crecer con el FMI, la Argentina va a la recesión más profunda”, agregó señalando que “nada (de ese dinero) va a ser utilizado para el desarrollo productivo” sino para “seguir pagando los intereses de la deuda y la fuga de capitales”.

A su turno el Diputado Guillermo Carmona subrayó la corresponsabilidad de los bloques aliados de Cambiemos en este despropósito y denunció “el silencio del presidente de la Unión Cívica Radical, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo” y de Elisa Carrió que acompañan entusiastas a esta nueva desventura del Presidente y su gabinete.

Paro Nacional. Luego de largas dilaciones y desbordada por las demandas de la dirigencia de base el Consejo Directivo de la CGT decidió llamar, para mañana 25 de junio, a un paro nacional de 24 horas, sin movilización. Los motivos abundan: caída del poder adquisitivo del salario y el consumo; los siderales aumentos tarifarios, el duro ajuste fiscal, la destrucción de la industria por efecto de la apertura importadora, el crecimiento de los despidos tanto en el sector público como también privado, la urgencia de reabrir paritarias por el nivel de inflación alcanzado, la necesidad de eliminar la base de cálculo del Impuesto a las Ganancias, el acurdo con el FMI y las amenazas de una ley de flexibilización laboral fueron parte de las razones que impulsaron a Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, los triunviros de la CGT, a convocar esta huelga.

A la CGT y sus organizaciones confederadas las acompañarán la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la Autónoma de Pablo Micheli; la Corriente Federal de los Trabajadores, del bancario Sergio Palazzo; el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), liderado por el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sasia; la CTA Perón que comandan Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy adhiriéndose también el gremio de camioneros que lidera Hugo Moyano. A la medida se suman partidos de izquierda y movimientos como a CCC y la CTEP.

La magnitud de la protesta, directamente proporcional a la crisis que sufre la producción y el trabajo, preanuncia un alto acatamiento de la huelga y se presume un fuerte impacto político para la gestión del presidente Macri. El reclamo gremial se produce en momentos en que el INDEC informaba un aumento en la desocupación, que subió en el último trimestre al 9,1%.

La estrategia del gobierno es tratar de minimizar la medida de fuerza y trabajar, después del paro, en fragmentar aún más el movimiento obrero y profundizar el diálogo con los más dóciles y “dialoguistas”. A esta altura de la crisis, esta estrategia es un recurso poco efectivo.

En Mendoza Garay ya está en la Corte y el peronismo plantea la unidad

  La semana pasada con 28 votos positivos y 9 en contra, el ex ministro de Gobierno Dalmiro Garay logró el aval del senado para ser juez de la Corte Suprema sin mayores sobresaltos. Además de los votos que proporcionó el oficialismo, se sumaron algunos del arco opositor como del bloque disidente del PJ “Podemos Vivir Mejor”. Los senadores Natalia Vicencio, Alejandro Abraham y Andrea Blandini votaron a favor del pliego.

De este modo Cornejo consolida el control sobre las áreas fundamentales de gobierno que necesita para hacer frente al candidato a gobernador que quiera competir con el suyo, (aparentemente sigue insistiendo con Martín Kerchner), quien deberá ir a una Paso con Omar de Marchi, el favorito de Mauricio Macri y Rogelio Frigerio para la gobernación.

El acompañamiento de un sector del peronismo - kirchnerismo a esta medida generó rupturas al interior del peronismo local. La primera grieta importante ocurrió cuando desde el bloque Podemos Vivir Mejor aseguraron que acompañarían con su voto la ampliación de la Corte. La segunda, luego de que los senadores de ese bloque votaran el pliego de Garay.

Sin embargo, este fin de semana se generó una novedosa situación al interior del peronismo y kirchnerismo. El candidato presidenciable Agustín Rossi, llegó a Mendoza para participar de distintas actividades. Su visita cerró en el día de ayer con un potente acto en el Teatro Selectro en el que confluyeron todos los sectores del peronismo, y esta vez es cierto que no faltó ninguno. Los oradores fueron, además de Rossi, Carlos Heller, referente del Partido Solidario y el diputado nacional Guillermo Carmona quien fue responsable de la venida de Rossi y de la convocatoria al resto de los sectores del peronismo y del kirchnerismo.

La consigna del acto fue construir la unidad del peronismo, del kirchnerismo y del resto de los sectores pertenecientes al “campo nacional y popular”, que deseen oponerse al modelo de país que impone Cambiemos. Rossi destacó que esa unidad deberá tener un contenido, es decir un proyecto de gobierno y de país. Además, afirmó que el gobierno opositor que asuma en 2019 deberá dar marcha atrás con leyes clave del actual gobierno nacional como la reforma previsional, los tarifazos, además del espurio acuerdo con el FMI, que complicará demasiado las cosas para el gobierno que deberá gobernar los próximos años.

Carmona y Rossi se reunieron durante el viernes y el sábado con sectores del trabajo y la producción, empresarios pyme, la CGT, el presidente del PJ Omar Félix, realizaron un desayuno con mujeres, visitaron el ex centro clandestino de detención D2 junto a organismos de derechos humanos, y recorrieron departamentos del Gran Mendoza.

Pareciera ser que en una Argentina devaluada, lo que continúa importando a los distintos sectores y a la ciudadanía en común es la coherencia y el contenido. Es decir la mantención de los dirigentes en una misma línea de construcción, con planteos que tienen que ver con un mismo proyecto de país, y encuadrados en ciertos límites que son intraspasables.

Luego de la estafa electoral de Cambiemos, la población necesita volver a creer en la dirigencia política. Sino, se corre el peligro de “son todos lo mismo”, y de la devaluación de la política como herramienta de construcción y transformación social.

En este marco la trayectoria de los dirigentes importa, porque permite conocer cuáles han sido sus posiciones en temas fundamentales. No será lo mismo a la hora de votar a una oposición en 2019 cuando recordemos a aquellos bloques de la oposición que no asistieron a la sesión especial de la Cámara de Diputados a pedir que el acuerdo con el Fondo pase por el Congreso. No será lo mismo a la hora de votar, cuando recordemos aquellos legisladores opositores que votaron el pago a los Fondos Buitres cuando Argentina estaba ganando una batalla internacional contra estos especuladores.

Más allá de la operación Tinelli, es claro que la nueva farandulización que propuso Macri no funcionó. Dos casos resonantes son los de Miguel Del Sel, que a pesar de obtener muy pocos votos de diferencia con el candidato ganador a gobernador de la provincia de Santa Fé demostró su incapacidad absoluta para encarar una campaña, y mucho más para gobernar, además de sus pésimas bromas machistas. El mismo caso fue el de Martiniano Molina como intendente de Quilmes, quien además de confundir el Pozo de Quilmes con un bache asfáltico demostró también su absoluta incapacidad de administrar un municipio tan importante, guiándose por el nepotismo. La falta de experiencia y la ignorancia sobre temas fundamentales deberá ser la vara sobre la que deberán medir los votantes a sus candidatos. Además de evaluar su trayectoria política, porque no es justo votar a un candidato para que forme parte de un bloque en particular que luego haga y deshaga a su antojo olvidando el mandato popular.