Un nuevo sujeto político vienen ocupando a fuerza de convicciones, ideas,  proyectos y militancia la vanguardia en el reclamo por nuevos derechos y nuevas solidaridades: es el movimiento de mujeres. Sobre este nuevo actor social se articula toda la praxis feminista que esta semana tiñó de verde cada uno de los rincones de la Argentina.  Con una identidad monolítica, una organización impecable y una masividad desbordante vienen a denunciar y a modificar todas las estructuras de dominación que las ha invisibilizado y les ha negado los mismos derechos y oportunidades que a los varones.

Más allá de las cuestiones legales en discusión, lo que la sociedad argentina tuvo que debatir es el derecho  soberano, que tienen las mujeres, a decidir sobre sus propios cuerpos. Esta idea estructurante es la que recorre, hace más de trece  años y siete presentaciones legislativas, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito  y que obtuvo media sanción legislativa la semana que está concluyendo.

Este resultado  legislativo fue consecuencia, de un proceso de maduración social, pero sobre todo de una  lógica política transversal que caracteriza al movimiento de mujeres. Estas nuevas formas solidarias de entender lo público fue  lo que permitió sortear las barreras que imponen las estructuras partidarias y propició que, diputadas pertenecientes a fuerzas parlamentarias diferentes, pusieran a andar  un proyecto que ya recorrió la mitad del trámite parlamentario y que, auspiciosamente, espera ahora su tratamiento en el Senado. Pero nada de esto hubiese resultado posible sin la fuerza y la movilización que se desplegó en cada rincón del país. Un verdadero ejército de mujeres  militantes, en su inmensa mayoría jóvenes, logró traspasar los muros del mundo privado e instaló el debate en el corazón mismo de cada familia. Fue en esos espacios, íntimos pero muchas veces refractarios al cambio, donde se fue gestando un proceso de legitimidad que más tarde estalló en las calles y se expresó en la Cámara de Diputados.  Fue también la sólida marcha de estas mujeres la que avanzó sobre las instituciones educativas, sindicales, culturales, partidarias, vecinales y hasta religiosas para persuadir y dar testimonio de la emergencia de una nueva agenda política y de derechos en el país.

La tarea no fue sencilla. El proyecto tuvo que trajinar, antes de llegar al recinto para su tratamiento, las comisiones de Salud, Legislación General,  Legislación Penal, Familia y Presupuesto por lo cual, más de 700 expositores presentaron sus argumentos, tanto a favor como en contra, sobre el proyecto en discusión.

Previsiblemente la dimensión ética y la dimensión política se superpusieron  durante todo el debate. En este aspecto, si bien la teoría política afirma que la tolerancia es un requisito necesario para la existencia de sociedades democráticas, no siempre estuvo presente entre quienes sostienen perspectivas opuestas. Aceptar la libertad del otro, la alteridad, no significa negar o relativizar la importancia que tienen todas las creencias puestas en juego en la discusión, como algunas posiciones periféricas han pretendido señalar.  Por el contrario, como señala Habermas, esta perspectiva permite que “la propia imagen del mundo únicamente se puede poner en práctica si se observan derechos iguales para todos”.

La dura realidad da cuenta que en  nuestro país los abortos clandestinos son la principal causa de muerte de mujeres embarazadas.  A pesar de las graves sanciones fijadas en el art. 85 del Código Penal, entre 500 mil y 650 mil mujeres recurren cada año a esta práctica. Esto no solo muestra la ineficacia de la ley sino también  la extrema gravedad de un problema social y sanitario que se oculta detrás del actual estatus quo.

Además, los números fríos de las estadísticas, señalan  que son las mujeres social y económicamente pobres, sin educación sexual ni llegada a una anticoncepción segura las que sufren las muertes o lesiones y  traumas más severos en los contextos de clandestinidad en que se dan hoy esas prácticas. En consecuencia también es un problema de justicia social. Por otro lado, como contracara de esta realidad, las mujeres con mayores recursos económicos acceden a abortos ilegales pero no inseguros. La actual  criminalización adicionalmente profundiza esta injusticia. Razonable sería aceptar, por otro lado, que la verdadera maternidad se elige. No se puede imponer forzosamente a ninguna mujer la responsabilidad de ser madre. Este aspecto, aunque en apariencia obvio, también se hizo presente en la mayoría de las conferencias y debates.

Lo que el movimiento de mujeres y una mayoría social vino en definitiva a demandar  al legislador es el otorgamiento o denegación de un derecho. Se lo interpela, como representante,  sobre si está dispuesto a otorgar mayores libertades y protección para quienes hoy aparecen claramente como una minoría vulnerable.  Se trata en consecuencia de decidir colectivamente si el estado, con su sistema de salud, va a acompañar o a abandonar a la mujer que, sin considerar las circunstancias,  ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo.

A pesar de que algunos sectores  han intentado minimizar este proyecto y su tratamiento legislativo aduciendo que es parte de una estrategia distractiva del oficialismo para ocultar los problemas de la economía, están muy lejos de comprender los alcances de esta, casi única novedad, que presenta la escena política argentina que es el movimiento de mujeres en un sentido amplio. Ningún partido puede arrogarse sus logros, menos aún su conducción. Razonablemente  su incidencia política irá creciendo más allá del reclamo por derechos civiles y políticos. Su horizonte no tiene límites como tampoco su agenda. Cada fuerza política deberá desarrollar la suficiente sensibilidad para captar sus demandas y, eventualmente, sus adhesiones.

El otro verde. El modelo de capitalismo financiero dependiente instaurado por Mauricio Macri en Argentina  lo controla ahora el FMI. A las pocas horas de que el gobierno presentara su Carta de Intención y Memorándum de Políticas Económicas ante el organismo financiero internacional, echaron al presidente del Banco Central Federico Sturzenneger. Devaluaciones, corridas cambiarias, endeudamiento, fuga de capitales y una inflación galopante es la herencia de tierra arrasada que deja  el varias veces fracasado hombre del Presidente. Sólo en su última semana de gestión a la cabeza del Central dilapidó 794 millones de dólares de reservas y puso al dólar en un nuevo récord de casi 29 pesos, dejando encendida además la mecha de las Lebacs que, por más de 500.000 millones, vencen el próximo 19 de junio. El Secretario de Política Económica de Domingo Felipe Cavallo en épocas del Blindaje y el Megacanje  debería dar cuenta pública por sus errores, incompetencia y/o negociados. Ya antes estuvo procesado y logró esquivar a la justicia. Quizá la próxima no goce de la misma impunidad.

Mientras el aparato productivo vegeta y el salario de los trabajadores sigue cayendo en picada libre,  arriban al Banco Central los nuevos inquilinos designados, al menos formalmente, por el Presidente, con la misión de generar credibilidad y confianza entre los inversores.  Luis “Toto” Caputo es el nuevo presidente del Banco Central. Ex Ministro de Finanzas y famoso por su debilidad por endeudar a cien años el país y esconder su patrimonio personal en paraísos fiscales,  tiene la misión de estabilizar la moneda y controlar la inflación. El "Messi" del equipo económico es el último fusible que tiene para quemar el Presidente. De fracasar este ex Cardenal Newman, como es previsible si no hay cambio de modelo, se llevará con él las últimas cuotas de credibilidad de las que dispone. Aún le queda a Luis Caputo una parada por el Senado para cumplir, si lo aprueban, con el trámite de su designación.  Su última incursión por el Congreso nacional fue con escándalo y lo esperan para un segundo round.

Como Vicepresidente fue designado Gustavo Cañonero un hombre del riñón del sistema financiero al igual que Luis Caputo.  Fue funcionario del FMI y del Salomon Brhoters además de ser, según Perfil, el socio argentino de Franklin Templeton un fondo buitre que compró, entre las 13 y las 17 horas de este martes 15 de mayo pasado  y por 2.250 millones de dólares, Bote 2022/2026 los que sirvieron de salvavidas al gobierno ese vertiginoso Supermartes. Si hasta hoy no se sabía quién estaba detrás de esta operación, hoy la incógnita fue develada.

En un modelo económico basado en la especulación y la “timba” financiera, el gobierno ha puesto a manejar los recursos del estado a los dueños del casino. Claro, apuestan  con el dinero de la gente quienes ya empezaron a pagar en carne propia las pésimas jugadas del “mejor equipo”.

En la Carta de Intención presentada al  FMI, 33 carillas que ya fueron remitidas a la directora del Fondo, Christine Lagarde, como ya lo anticipáramos el domingo anterior,  el gobierno se compromete a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, a realizar modificaciones en las metas de inflación y el déficit, también a  eliminar subsidios, suspender la obra pública, revisar los impuestos, jubilaciones y flexibilizar el sistema de empleo. Mucho de los gobernadores se están enterando por estas horas de la letra chica del acuerdo donde se plasma la caída de  las transferencias no automáticas y las obras públicas, y los impuestos van a la baja al igual que el crecimiento de la economía. Básicamente se les pide a los gobernadores que se inmolen políticamente en el altar del “déficit cero”, una meta suicida sobre la que  ni siquiera se les ha permitido opinar. La provincia de Chubut es una muestra de las dimensiones del incendio por venir y de cómo la realidad derrota la fantasía. Si bien ya se ha reiterado la escasa vocación republicana del Presidente, este acuerdo con el FMI debe pasar por el Congreso de la Nación. De ignorarlo puede traerle serios trastornos legales y políticos. Entre ellos, que el FMI no gire los recursos o  que, en el futuro, la República Argentina desconozca este compromiso y sus términos.

En definitiva, con una devaluación que ya alcanzó el 200%; una tasa de interés del 40%; una deuda externa que ha crecido en más de 150 mil millones de dólares, un dólar que ronda los 30 pesos, una inflación que va a alcanzar el 30%  y un acuerdo con el FMI donde se pretende un ajuste de 19.300 millones de dólares en tres años, no queda mucho margen por el análisis. La conflictividad social será de ahora en más el tablero donde se decida el futuro político del presidente Macri.

Cambios en el gabinete y un mes de movilizaciones. Desesperado, el Presidente encaró en estos últimos días cambios profundos en el gabinete y en la cartera de Economía. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger fue renunciado por supuesta “falta de credibilidad” de su gestión, aunque es conocido que la política económica que ha llevado al país a una bomba de tiempo por la irresponsable política de Lebacs, y a un endeudamiento millonario con el FMI es obra de Caputo y Dujovne. Sin embargo, “Toto” como le dice su círculo más cercano ahora será el nuevo presidente del Central. Dujovne absorbe ahora Hacienda y Finanzas, ambas carteras estaban divididas por decisión del Presidente “para evitar un superministro”. En este marco además se dio a conocer durante la semana que la mansión en la que vive Dujovne tributa impuestos al estado como si fuera un baldío.

Según dejaron trascender algunos periodistas cercanos al gobierno, la salida de Sturzenegger se debe a una discusión fuerte con Caputo por la fuerte subida del dólar que ayer cerró $28,8 en la venta. La pretensión de Caputo era realizar una oferta diaria de 5 mil millones de dólares para defender un dólar a $25, mientras Sturzenegger planteaba un dólar a $26,80. Además, la fallida negociación de Sturzenegger para que los acreedores renovaran Lebacs el super martes, fue resuelta por Caputo, quien es el astro de la emisión de deuda en Argentina.

En el día de ayer, además, el gobierno anunció la salida del polémico ministro Aranguren, responsable del aumento desmedido de tarifas en todo el país, situación que ha generado un gran descontento social con el gobierno. Este será reemplazado por Javier Iguacel, actual titular de la Dirección Nacional de Vialidad, sin experiencia en el sector público y proveniente del trabajo privado en empresas petroleras.  

También fue reemplazado Francisco Cabrera por el contador Dante Sica, director de la Consultora Abeceb, y defensor del acuerdo con el Fondo quien deberá dar respuestas a la crítica situación que atraviesan las fábricas y los sectores de la producción a causa de la devaluación de la moneda, la inflación creciente, los tarifazos y la competencia de las importadoras.

Mientras tanto, el pasado 14 de junio en Buenos Aires y todas las provincias del país se realizó una jornada de paro y movilización de las dos CTA, Camioneros, la Corriente Federal y los movimientos sociales. "Las dos CTA hemos recibido el compromiso de ir a una gran unidad del movimiento obrero", destacó el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, y mencionó al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y al líder de la Corriente Federal, Sergio Palazzo, como posibles conductores de la reunificación. Además, se lanzó una convocatoria multisectorial para el próximo 9 de julio bajo la consigna "la patria existe, fuera el FMI”.

Por su parte, Hugo Moyano líder de Camioneros ratificó la convocatoria a un paro general nacional: "Le decimos a los empresarios que no se dejen presionar por el Gobierno porque si no recibimos una respuesta por el 27% de aumento salarial vamos a ir al paro el 25, 26 y 27 de junio",día en que la CGT convocó al paro nacional.  

Además, Moyano volvió a pedir al gobierno que se exima el medio aguinaldo de impuestos: "Triaca dice que no se puede eximir de impuesto el medio aguinaldo porque tienen que recaudar 100 millones. Que se los saque a las mineras, al campo, a los funcionarios que tienen la plata afuera, pero no a los trabajadores".

El martes pasado la CGT dejó plantados a funcionarios del gobierno nacional que los esperaban para evitar el llamado a un paro nacional.  "Luego del debate la conclusión es que los datos económicos y de empleo, los datos que tienen que ver con todo lo que afecta a los sectores más vulnerables se van afectando y cada vez son más alarmantes", señaló Héctor Daer, acompañado por Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.

Por eso, afirmó: "Lo que hemos decidido es declarar el día 25 un paro de actividades por 24 horas sin movilización". En esa línea, agregó: "Es necesario resolver los problemas del poder adquisitivo. Una de las peores causas que está teniendo esta debacle económica tiene que ver con la caída del poder adquisitivo del salario y la caída del consumo".

Más allá de la necesidad del gobierno de bajar la conflictividad social, no podía dar lugar a los pedidos de la CGT porque debido a su política económica y al acuerdo con el fondo no tiene opciones. No puede dejar de cobrar el impuesto al trabajo, asegurar el aumento salarial por sobre la inflación y mucho menos evitar despidos, víctima de su propia falta de proyecto económico sustentable.

En Mendoza la situación no es diferente. Más allá del silencio del gobernador respecto a la crisis económica, los distintos sectores sociales intentan hacerse escuchar. Por un lado, los productores pidiendo que el gobierno nacional se haga cargo de la lucha contra la plaga de la polilla de la vid. El gobierno provincial plantea que los productores hagan un pago de $1500 al mes para combatir la plaga, y el proyecto está siendo tratado en la Legislatura provincial con fuertes cruces entre el oficialismo y el peronismo, el bloque mayoritario de la oposición.  

Por otra parte ya comenzaron a realizarse los primeros cortes de luz por falta de pago en distintos puntos de la provincia, fundamentalmente en la zona Sur.

En tanto, Alfredo Cornejo estuvo esta semana en Buenos Aires poniéndose al día respecto al acuerdo con el Fondo. Sin embargo, tanto el Gobernador como el ministro de Hacienda mendocino Lisandro Nieri, no pudieron dar ninguna certeza sobre cómo impactará el ajuste, fundamentalmente de obra pública, en la provincia. Lo único que pudieron afirmar es que la inversión para Portezuelo del Viento está asegurada.

La certeza de la profundización del ajuste, y la incertidumbre sobre cómo impactará en la provincia preocupa cada vez más a los sectores productivos y a los trabajadores de la construcción. Ahora más que nunca la provincia necesita de un gobierno que transmita consignas claras y lineamientos sobre cómo los mendocinos y mendocinas sortearemos la crisis, en un invierno que se anticipa feroz antes de comenzar.