Tristeza y frustración quizá sean los sentimientos más extendidos entre los argentinos que dejaron de alimentarse con promesas enlatadas y son conscientes de la tragedia económica y social que se avecina. Mauricio Macri lo hizo. Acaba de hipotecar la vida de generaciones de argentinos con una deuda de 50.000 millones de dólares contraída con FMI. Con esta medida también sepultó cualquier ilusión de vivir soberanamente con lo nuestro y ató al país como furgón de cola del sistema financiero internacional el que impondrá, de aquí en más, las condiciones que mejor convenga a sus intereses. No satisfechos con esta pesada servidumbre, en el mismo anuncio la sociedad se entera que el gobierno fue a “pasar la gorra” al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF) donde consiguió otros 5.600 millones de dólares como una "muestra del apoyo que tiene la Argentina a nivel internacional".

Paradójicamente Nicolás Dujovne declaró que "Fuimos al FMI para evitar una crisis”. Por el contrario, el gobierno, por su incompetencia e insensibilidad, auto generó una crisis y se vio forzado a recurrir al FMI como prestamista de última instancia. Ahora hay que hacer los deberes porque la consigna de este organismo no es cuidar el bienestar de la gente sino el de los acreedores.

Una de esas exigencias, un verdadero sello de la institución, es exigir mayor autonomía para el Banco Central. A partir de ahora el Poder Ejecutivo pierde el control de la política monetaria y cambiaria y ella queda bajo la exclusiva mirada del FMI. Esto se hizo visible esta semana cuando Federico Sturzenegger, anunció que esa entidad bancaria dejaría de ofrecer los 5000 millones de dólares a $ 25 que diariamente ponía a la venta para controlar el aumento de la divisa. Libre flotación es la excusa ideológica. Cuidar los dólares es la verdadera razón. El FMI no está dispuesto a poner su dinero para que como ha ocurrido hasta ahora, se lo terminen escamoteando los especuladores que han lastrado las reservas del Banco Central.

“El FMI será ahora un ordenador de la política económica”, dice sin ruborizarse el diario La Nación, vocero del macrismo. Efectivamente el organismo financiero “auditará” el gasto, antes de desembolsar las cuotas del préstamo. La primera remesa de 15.000 millones de dólares llegará el 20 de junio. En consecuencia y en línea con esta política de ajuste, serán también las provincias las que caerán bajo la tijera de Christine Lagarde. No más escuelas, hospitales ni viviendas financiadas por el gobierno nacional. Hay que recordar que, para poder cumplir con las nuevas metas fiscales, el gobierno ya anunció un recorte de 30.000 millones de pesos en obra pública. Junto con el derrumbe de las inversiones públicas, caerán las transferencias a las provincias en unos 75.000 millones de pesos y, por supuesto, los subsidios de todo tipo y monto. En este nuevo pacto fiscal cada uno se las arregla como puede. Un discutible negocio para los gobernadores que “le hacen el aguante” a la política oficial para terminar, después de hipotecar su capital político, mendigando alguna obra pública. El debate en el Congreso Nacional, por el presupuesto del 2019, será la madre de las batallas. Allí quedará plasmada la “viabilidad” de cada uno de los estados federales.

Mientras usureros de todo pelaje han fugado de la Argentina 80.000 millones de dólares con la complicidad del gobierno, se ha empezado a instalar una campaña contra los empleados públicos para hacerlos responsables de todos los males de los argentinos. Un diario macrista de Mendoza denunció en su tapa digital, con letras de escándalo, que un empleado del estado provincial amañaba partes de enfermo para eludir sus responsabilidades. El efecto que se busca es crear condiciones que legitimen arbitrariedades y persecución contra los trabajadores del estado. El ajuste de 19.999 millones de dólares que pidió el FMI lo pagarán, como siempre, los asalariados, jubilados, pequeños productores y millones de niños y jóvenes que son las víctimas preferidas del modelo. Y como este feroz ajuste no se puede imponer sin conflicto social, se está diseñando una nueva concepción de la seguridad interior, donde las Fuerzas Armadas jugarían un rol protagónico en el control y represión de la protesta. El combo está servido. El peso de la hipoteca será demoledor.

“La dignidad no se negocia”. La solicitud de convocar a un paro nacional por parte del movimiento trabajador, ya no permite dilaciones. El aumento del porcentaje de trabajadores y trabajadoras que pagan impuesto a las ganancias, el cierre de empresas e industrias, los despidos masivos, el cierre de paritarias a la baja y el veto de la ley para congelar las tarifas a costos del 2016 por parte del ejecutivo es una presión que los trabajadores ya no pueden soportar. Es una cuestión de supervivencia.

A pesar de las idas y vueltas y dudas de la dirigencia cegetista, en la marcha federal que convergió en Buenos Aires las organizaciones sociales y sindicatos pidieron a las centrales obreras y a la CGT que se ponga fecha a un paro general.

Luego de este pedido concreto, las centrales de trabajadores llevarán adelante una jornada de protesta “contra el ajuste, el tarifazo y el FMI” en conjunto con la Corriente Federal liderada por Sergio Palazzo y otras organizaciones incluidas en la Multisectorial 21F.

Sin embargo, la CGT no puso fecha, y se reunió con el gobierno y le planteó cinco reclamos concretos: Que se concrete una “norma” que evite despidos de empresas privadas y el Estado por seis meses (el presidente ya vetó la ley anti despidos), que se reabran las paritarias salariales sin “límites”, (el ejecutivo ya dejó en claro que solo puede pagar el 15%), que se elimine del pago del aguinaldo el impuesto a las ganancias, que la Superintendencia de Servicios de Salud les pague “urgentes” a los gremios el dinero que les adeuda a sus obras sociales (una deuda que le sirve al gobierno como método extorsivo), y que haya compromiso del Gobierno de que se no afectará la Ley de Contratos del Trabajo (difícil, cuando se acaba de firmar el acuerdo con el FMI y el ejecutivo intenta plantear una reforma laboral).

“Lo mejor sería lograr unidad con la CGT y hacer una medida nacional en conjunto, pero por el momento nosotros vamos a convocar a un paro con movilización”, dijo el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. “Independientemente de que la CGT haya pasado a un cuarto intermedio, la determinación está tomada, porque la situación acuciante de los trabajadores no admite más dilaciones. Estamos ante un escenario en el que los trabajadores no pueden seguir recibiendo como respuesta golpes, como el veto a la ley que frenaba el tarifazo y los aumentos de los precios, y ahora, encima, con una gestualidad ambigua dirigida a ablandar a un puñado de dirigentes, como si no supiéramos qué viene después del FMI”, resaltó.

El próximo martes la CGT vuelve a reunirse con el gobierno, esperando respuestas a estos reclamos. El problema es que ya es tarde. Las medidas que ha tomado el gobierno y que afectan la calidad de vida de los y las trabajadoras no tienen vuelta atrás. El problema de no entenderlo es que la inacción de la conducción generará la fragmentación de los sindicatos que componen la CGT. Los reclamos pasarán por fuera, y el movimiento trabajador se verá debilitado.

Las Malvinas argentinas. Hoy, 10 de junio es el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. En una nota publicada en este diario, y escrita por Vázquez del Faro, se expresa lo siguiente: “La Cancillería (anti)argentina y el Foreign Office quieren avanzar lo firmado en 2016 en el Tratado Foradori-Duncan. Con el “propósito de profundizar un diálogo constructivo y substantivo con el Reino Unido en temas de interés común” (¿?) funcionarios argentinos y británicos se reunieron a mediados de mayo en el marco del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), mecanismo establecido por la Declaración Conjunta de 1990 entre Argentina y el Reino Unido”.

“De acuerdo a datos del gobierno colonial kelper en el año 2016 fueron capturadas más de 270.000 toneladas de pescados y mariscos a partir de aproximadamente 240 licencias otorgadas a buques en su mayoría de bandera española, taiwanesa, malvinense y coreana.Fruto de la venta de licencias para depredar nuestro mar el gobierno “independiente” de las islas obtuvo ingresos por £21,5 millones (U$S33,3 millones) en concepto de ventas de licencias de pesca durante 2016. Sólo estos ingresos representaron más de la mitad del promedio anual del gasto público declarado por el ilegítimo “gobierno” de las islas durante el período 2009/2013 que ascendió a £41,2 millones. Nuestro Presidente debería hacer bien las cuentas, u$s 770 millones de capturas pesqueras anuales –sólo en Malvinas- no es poco dinero ni significa un déficit. Para tener una idea: u$s 770 millones es apenas u$s50 millones menos que las exportaciones de vino de Argentina a todo el mundo en el año 2017”.

Un martes 13, en septiembre de 2016 el gobierno argentino y Gran Bretaña acordaron “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico” de Malvinas. El acuerdo “Foradori-Duncan” deja de lado la disputa por la soberanía, al amparo de un pacto de 1989, pero introduce cambios en la política argentina hacia el Atlántico Sur: el aumento de vuelos y la eliminación de trabas en comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.

Es normal que este gobierno se encargue de entregar soberanía, lo explicó el Presidente claramente en una entrevista con Página 12: "Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes"."Al Tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año mantener las Malvinas, por lo que de recuperarlas, las Malvinas serían un déficit adicional para el país".

Garay a la Corte. El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, fue enviado a proponerse como juez de la Corte por pedido expreso del gobernador Cornejo. No es fácil encontrar a alguien de confianza en tiempos de interna feroz. Por ahora, la propuesta transita por los diferentes estadíos institucionales sin inconvenientes. Según información de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, se presentaron 1832 adhesiones de diferentes organizaciones -la mayoría del ámbito judicial- y 19 impugnaciones.
Aquellos que están de acuerdo con la candidatura son el Colegio Notarial, Colegio de Abogados y Escribanos, rectores de las universidades Mendoza, Aconcagua y Congreso, secretarios generales de algunos sindicatos (como la UOCRA, Sipemom, SOEM, Utedyc, Estaciones de Servicio y Petroleros, entre otros); y otras asociaciones civiles.
De este modo, si el pliego de Garay es aprobado, la Corte quedaría compuesta por Horacio Nanclares, Mario Adaro, Jorge Llorente, Alejandro Palermo, José Valerio y Julio Gómez. ¿Y las mujeres? No hacen falta si el hombre tiene perspectiva de género, según el Gobernador.

El aborto existe en la clandestinidad. El debate por el aborto legal, seguro y gratuito llegará este 13 de junio a su punto más importante cuando la Cámara de Diputados trate la Ley. A pesar de que esta es una lucha de años por parte del movimiento de mujeres, en los últimos meses la discusión fue parte de discusiones de mesa en los hogares, parte de los debates en programas de televisión, motivos de marchas, pañuelazos, notas, y testimonios que confirmaron una vez más, que la discusión por el aborto es un motivo de salud pública. Sin embargo, sectores de la iglesia y grupos “pro vida”, que normalmente pertenecen a la iglesia, movilizaron toda su estructura de poder para amedrentar y escrachar a aquellos legisladores a favor, mucho más a los indecisos, y a todas las mujeres que piden a gritos que ninguna mujer muera tras el entramado del gran negocio del aborto clandestino.

Por el momento, habría una diferencia de entre 8 y 10 votos entre los que están a favor y los que estarían en contra. Algunos diputados sorprendieron esta semana cuando comunicaron su decisión, como Felipe Solá o José Luis Ramón de Mendoza. A pesar de estar en contra de esa decisión que sólo puede tomar una mujer, votarán a favor porque entienden que es una cuestión de salud pública. En Mendoza además, Luis Borsani, Claudia Najul, Guillermo Carmona y Rubén Miranda votarán a favor.

El resto de los indecisos, que son aproximadamente 21 diputados, afirman que definirán su voto a último momento según sus valores y convicciones personales.

Las convicciones personales de los diputados no importarán al movimiento de mujeres: Si el congreso aprueba la ley, las mujeres deberán luchar por su implementación, como se debe, a pesar de los objetores de conciencia. Si el Congreso no aprueba la ley, la lucha continuará, y se sumará además la disputa por la separación de la Iglesia y el Estado.

No hay dudas de que en este momento histórico son las mujeres las que generarán los cambios más profundos en nuestra sociedad, en una disputa abierta contra los poderes patriarcales afianzados durante siglos.