Mauricio Macri desprecia las instituciones. Acostumbrado a no pagar costos políticos por sus errores ni limitaciones, el Presidente está convencido que puede someter a su capricho a todos los poderes del estado. El uso abusivo y discrecional del veto y de los Decretos de Necesidad y Urgencia son, entre otras formas menos agresivas, los recursos más utilizados por el jefe del Poder Ejecutivo para suplantar la representación popular expresada en el Congreso de la Nación.

La pobreza republicana de la conducta presidencial no es nueva. Los memoriosos registran que el líder de Cambiemos vetó 128 leyes cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque pocos lo tengan presente, Mauricio Macri fue también diputado nacional. En esa condición se ausentó en 277 votaciones de un total de 321 que se dieron en el recinto en ese período. Sus inasistencias laborales llegaron al 86%. Blindado por su fortuna familiar, las grandes corporaciones económicas y lo medios de comunicación han logrado disimular sus negligencias y satisfacer generosamente sus antojos de niño rico. Sin embargo esa indulgencia está llegando a su fin. Ofender a tantos en tan poco tiempo tiene un límite y esta semana el Presidente pudo sentir en carne propia el aislamiento político de su gobierno y el rechazo de una sociedad que ya no admite mansamente sus arbitrariedades.

Esta baja tolerancia social a las decisiones presidenciales no es sólo consecuencia del veto al Proyecto de Ley que declaraba la emergencia tarifaria. El malestar es más profundo y complejo en su composición. El rechazo es a otro tipo de veto, más extendido y despiadado, relacionado con la aplicación de un modelo económico que deniega los derechos y el acceso al bienestar básico de un gran mayoría de argentinos y va dejando, a su paso, una trágica secuela de pobres y desocupados. El gobierno debería entender que la realidad es un dato duro que no puede ser disimulado o negado con malabarismos publicitarios de mal gusto. El fácil recurso de culpar a la oposición por intentar poner un mínimo de racionalidad al esquema tarifario, es una señal de infantilismo político y de profunda insensibilidad social que daña aún más la maltrecha imagen presidencial. También es cierto, como quedó evidenciado esta semana, que el margen de maniobra para sostener este rumbo de ajuste y recesión se ha reducido drásticamente. Las exigencias de FMI, la pérdida de aliados parlamentarios, las movilizaciones multitudinarias, el paulatino abandono de sus socios del “campo”, la caída en las encuestas, la creciente resistencia de los gobernadores y varias frustraciones en el plano internacional configuran un panorama poco alentador para quien desestimó los reclamos de la gente, el valor de la política y confió cándidamente en las virtudes de un capitalismo de amigos.

El veto más costoso. La proporción del salario promedio que las familias argentinas destinan al pago de las tarifas dolarizadas de los servicios públicos ronda el 22%. El Centro de Economía Política Argentina ha calculado que los aumentos acumulados, desde la llegada del presidente Macri a la Casa Rosada son del orden del 1400% para la luz, 1200% para el gas, 990% para el agua corriente, más del 100% para las naftas, 340% para los peajes y 232% para el pasaje de colectivo. Mientras que en ese mismo período los salarios, en promedio, sólo se han incrementado en un 69%. El retroceso de los ingresos es brutal y el estado de la economía familiar, desesperante. Frente a este panorama y la amenaza de nuevos tarifazos, la oposición consiguió aprobar en el Congreso Nacional un proyecto que pretendía retrotraer el precio de los servicios al valor de noviembre del 2017 y atar los aumentos a la variación del salario. Una iniciativa razonable para la mayoría, menos para el presidente Macri que reaccionó con una virulencia inusitada y apeló a todos los recursos disponibles para frenar la iniciativa. En el camino cometió varios desaciertos. Con su estilo de “patrón de estancia”, desoyó a sus aliados de la UCR, fundamentalmente al actual presidente del partido Alfredo Cornejo y a Elisa Carrió, que son “por momentos” críticos a la política tarifaria y a la gestión del Ministro Aranguren. También en el Senado el oficialismo intentó amedrentar a los legisladores y gobernadores del Partido Justicialista pidiéndoles responsabilidad e intentando, de pasada, jugar la carta que más le gusta: "no sigan las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", los amonestó, a sabiendas que el proyecto de “tarifas justas” es del Frente Renovador y del bloque Argentina Federal. Lo único que consiguió con ese apriete, fue ofender a sus circunstanciales aliados y perder su última chance para frenar la iniciativa. Una vez aprobado el proyecto sólo le quedó cumplir con su amenaza de vetarlo. Para justificar lo injustificable apeló a los más bajos argumentos. Advirtió que si no vetaba la ley había que suspender la Asignación Universal por Hijo y parte de las jubilaciones. Sin dudas un razonamiento ofensivo e incalificable. Un dato más, solo para confirmar el nivel de cinismo del oficialismo: entre los fundamento que da el Presidente para rechazar el proyecto de ley, afirma que el veto tiene por objeto “(…) restablecer un régimen tarifario justo y equitativo, alentar la producción, lograr inversiones que mejoren los servicios y hacer un uso responsable de recursos energéticos, reduciendo impactos negativos sobre el ambiente”.

Otra de Hood Robin. Para alegría del accionista de Shell y actual ministro de Energía Juan José Aranguren, que posee más de $16.300.000 de acciones clase A de la Royal Dutch Shell PLC, los combustibles subieron un promedio de un 5% en todo el país. No contento con este aumento, que ya alcanza el 17% solo en el 2018, adelantó que en julio aumentarán otro 3% y no pierde la esperanza de un nuevo incremento en agosto. Hay que recordar que, desde principios de enero, las petroleras pueden fijar libremente el valor de los combustibles. Y eso es exactamente lo que hacen. No es disparatado suponer que, a fin de año, el litro de nafta ronde los $40 en promedio. Ya el año 2017 los combustibles aumentaron alrededor del 30% llevando acumulado, desde que asumió la gestión Macri, más del 100%. Resulta curiosa la forma en que el gobierno ataca el problema inflacionario. Mientras limita por decreto los aumentos salariales, despreciando el valor del trabajo, permite todo tipo ventajas a los socios del poder. En la Argentina del revés, la gente subsidia a las multinacionales petroleras. Una versión invertida de Robin Hood, el legendario habitante del bosque de Sherwood, que tomaba de los ricos para ayudar a los más débiles.

Cuando un amigo se va. Hundido hasta la cabeza en la corrupción, cae Mariano Rajoy. Se transforma así en el primer jefe del gobierno en España que es apartado del cargo por el Congreso desde que se recuperó la democracia en ese país. Una trama de dineros ilegales, conocida como el caso Gürtel, terminó por tumbar al Partido Popular que gobernaba España desde diciembre del 2011.Esta no es una buena noticia para Mauricio Macri que había convertido a este político conservador en uno de sus principales aliados en Europa y, según su escala de valores, en un ejemplo “de liderazgo, honestidad y empuje". A pesar del Presidente, de lo que seguro carecía el malogrado Rajoy, era de honestidad. Durante su última visita a la Argentina, el ex mandatario español señaló que "Somos dos gobiernos en plena sintonía sobre política económica y exterior". En eso no se equivocaba el ahora ex presidente. Ambos han sometido a sus pueblos a brutales ajustes económicos y han bregado por una ley de flexibilización laboral, que se frustró en España a fuerza de huelgas y movilizaciones, pero que aquí es por ahora una amenaza latente. Hostigar a Maduro y buscar liberalizar la relación Mercosur – Unión Europea fueron las penosas coincidencias en política exterior. Ahora, con Rajoy expulsado del gobierno suenan, por lo menos extemporáneas, las palabras del presidente Macri cuando afirmó que "El ejemplo de España es muy bueno para nosotros y estamos siguiendo el mismo rumbo".

Otra novedad desagradable para el gobierno nacional es el rechazo del consejo de ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al ingreso de la Argentina a esa organización internacional. Los países más desarrollados se resisten a hacerle lugar a la Argentina y la “lluvia de inversiones” tendrá que seguir esperando. La magia no existe en materia de relaciones internacionales donde prima sólo los intereses políticos y económicos y el más cruel pragmatismo.

Este conjunto de señales agravan aún más el aislamiento de un gobierno que en vez de recomponer el rumbo, profundiza el ajuste y alienta peligrosamente la conflictividad social.

Pan y Trabajo. Mientras las vecinas de Recoleta y Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires se lamentan por el estado en que quedó la recién remodelada Plaza de Mayo después del acto multitudinario de la Marcha Federal, noble sentimiento urbanístico del que también se hicieron eco los diarios Clarín y La Nación, el balance final de esta pacífica Marcha fue un contundente mensaje político a la gestión de Cambiemos. Con la consigna “Contra el ajuste, por pan y trabajo” y luego de haber recorrido gran parte del país, las nutridas formaciones que integraron movimientos sociales, gremios y fuerzas políticas confluyeron frente a la Casa Rosada para expresar su rechazo a la política económica del Gobierno, repudiando masivamente el veto presidencial al proyecto tarifario aprobado en el Congreso y la vuelta de Argentina al FMI. La Marcha Federal convocada por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, recibió importantes apoyos políticoscon la presencia en el acto de Sergio Palazzo de la Bancaria, los miembros de la CGT Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, Roberto Baradel en representación de los docentes bonaerenses, Pablo Moyano de Camioneros, Rodolfo Daer del gremio de la Alimentación, Hugo Godoy de ATE, Omar Plaini de Canillitas, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo. Cada uno de los oradores, a su turno, reclamó a la CGT que convoque a un paro general en contra de las políticas de ajuste y hambre que lleva adelante gobierno nacional. Concluido el acto los triunviros Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, ratificaron un paro general cuya fecha está pendiente de confirmación.

En tanto, en Mendoza y sin cobertura de los medios de comunicación, la Marcha Federal se hizo notar en el nudo vial con ollas populares, donde confluyeron diferentes organizaciones sociales que pidieron además la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, Ley de Emergencia de Adicciones, Ley de Infraestructura Social, Ley de Urbanización de Barrios Populares y la Ley de Agricultura Familiar.

Quizá el gobierno aproveche el clima de movilizaciones para probar cómo funcionan los cambios en materia de seguridad que anunció el presidente Macri el Día del Ejército Argentino. Debería saber que poner a los militares en la calle con la excusa de combatir la llamadas “nuevas amenazas” es un grave error que elimina la frontera entre Defensa y Seguridad Interior y cuyo fin no declarado es controlar y eventualmente reprimir el creciente descontento social.

Una corte adicta a Cornejo. El mismo avance sobre las instituciones se observa en la provincia de Mendoza. Para el Gobernador es una obsesión desde que asumió su mandato modificar el número de jueces que integran la Corte Suprema. Luego de un intento de acuerdo con algunos sectores de la oposición, el proyecto de ley aún no ha sido tratado, fue tal el repudio a nivel provincial y nacional que el oficialismo se tuvo que replantear sus métodos.

No obstante, la semana pasada el ejecutivo presentó en el senado un pliego para proponer a un nuevo juez de la Corte, luego de la renuncia de Alejandro Pérez Hualde. El propuesto es ni más ni menos que el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, que proviene obviamente del núcleo más cercano a Cornejo.

Esta propuesta se da en un contexto en el cual las organizaciones de mujeres de distintos partidos políticos claman porque sea una mujer la nueva integrante de la Corte, que pueda darle al máximo tribunal provincial una perspectiva de género. Cornejo respondió a las críticas afirmando, que no importa si es hombre o mujer, sino que tenga perspectiva de género. Hasta el momento no se le reconocen a Garay ningún tipo de actividad relacionada con la igualdad de género, de hecho es íntimo amigo de Alejandro Jofré, el subsecretario de Trabajo, denunciado por abuso sexual.

Las mujeres en pie de lucha. El próximo 4 de junio se realizará una nueva marcha #NiUnaMenos, que comenzó en Argentina en el año 2015, y luego se hizo mundial. Esta marcha tiene como objetivo pedir justicia por todas las mujeres que mueren en manos de la violencia machista. La convocatoria es a las 18.30 en el kilómetro cero, y la columna terminará en la explanada de la Casa de Gobierno donde las mujeres pedirán por mayor atención del estado en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, además de reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito, y la expulsión de funcionarios violentos en el estado.

Esta marcha se da en el marco de una fuerte polémica a nivel nacional por la ley que se tratará en el congreso el próximo 13 de junio para permitir el aborto legal. En Mendoza particularmente se realizó un pañuelazo masivo en la explanada de Casa de Gobierno el martes pasado. En medio de este reclamo, se dio la censura por parte de la Facultad de Medicina de la cátedra de aborto legal. Los docentes y estudiantes debieron trasladarse a la facultad de Artes y Diseño, donde les prestaron un aula.

Por otra parte, el senador electo por el Partido Intransigente y pastor evangelista Héctor Bonarrico, comparó a las mujeres que reclaman por el aborto legal con Hitler, en un acto de violencia simbólica impropio para un senador provincial.

En tanto, el próximo lunes diferentes organizaciones sociales y políticas realizarán la presentación de un proyecto a través del senador provincial Luis Bohm, en el cual proponen la creación de un Programa de promotoras territoriales contra la violencia de género, con intención de aprovechar el contacto permanente en los diferentes barrios que tienen las organizaciones para prevenir y poder ayudar a tiempo en los casos donde se exprese algún tipo de violencia contra la mujer. Esta iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la secretaría de Género y Diversidad de la provincia.