Ni la flamante Directora de Discurso, Julieta Herrero, pudo ayudar a disimular el nerviosismo que mostró Mauricio Macri esta semana cuando, empujado por la estampida del dólar, debió enfrentar las cámaras para informar a la opinión pública, y en especial a los especuladores financieros, que entregaba el control económico del país al Fondo Monetario Internacional. Este video de 2.47, además de simbolizar un retroceso histórico en materia de endeudamiento, representa una hipoteca política que marcará a fuego el futuro del gobierno y sus aliados. Las imágenes mostraron a un presidente con las ya conocidas limitaciones como orador pero, también la sociedad pudo ver a un jefe de gobierno desorientado, golpeado por una situación que lo desborda, queriendo transmitir infructuosamente una confianza y una seguridad de la cual él mismo carece. El espectáculo televisivo lo completó el ministro Dujovne que repitió, con un duranbarbismo de manual, que "nosotros pensamos que en este contexto la mejor manera de proteger a la sociedad, de proteger los créditos del sector privado, es recurrir al financiamiento preventivo” del FMI. Deliró luego con frases hechas como que el país "está creciendo y está disminuyendo el desempleo" o la ratificación de que la inflación va a rondar la onírica meta del 15%, pronóstico que nadie comparte ni cree; menos aún el gobierno.

Después de casi dos años y medio de gestión, esta bancarrota era el destino de una muerte política anunciada. Es una verdad irrebatible que el colapso económico que vive el país, y que se va a profundizar, es el resultado no solo de errores de gestión, sino de un proyecto que literalmente saquea los recursos productivos del país. No es menos paradójico que este modelo, liberal en lo económico y reaccionario en lo político, fue derrotado en su propio terreno y por los mismos aliados de la coalición de gobierno. No fue el “populismo”, los sindicatos, la oposición legislativa, los gobernadores, los jubilados o los trabajadores quienes dañaron el programa de gobierno. El golpe se lo asestaron sus propios socios: los exportadores agrícolas y mineros, los grandes bancos, los operadores mayoristas del mercado que atesoraron o fugaron divisas; los amigos del poder que abusaron de su relación privilegiada con la Casa Rosada; los grandes medios de comunicación, los consultores del establishment y una apertura indiscriminada de las importaciones que se encuentra con una embestida proteccionista global, con los Estados Unidos a la cabeza. También fueron estos mismos sectores los que tomaron el control de las decisiones económicas las últimas semanas en la Argentina, una situación que les permitió quedarse con ventajas que transformaron rápidamente en ganancias extraordinarias.

Llama la atención, también la sospecha, cuando se analiza el esquema con que el Banco Central ha estado administrando las reservas de sus divisas. Irresponsable es el calificativo más piadoso que se le puede aplicar. En este sentido, fue el mismo presidente Macri quien reconoció, en el video de la discordia, que la escasez crónica y estructural de dólares que padece la Argentina obliga a tener cuidados especiales en su administración. Y es lógico deducir que esta restricción externa que afecta históricamente la economía nacional, la hace extremadamente vulnerable a los ataques especulativos y muy dependiente de los mercados financieros internacionales. Si bien esta variable pudo ser mantenida bajo control durante gran parte de los gobiernos kirchneristas, a partir de un conjunto de medidas implementadas al efecto, el esquema de administración macrista, paradójicamente, procedió a una total liberalización y desregulación del mercado financiero, dejando expuesto el dólar a todo tipo de turbulencias internacionales y operaciones especulativas de la más variada naturaleza. Las consecuencias de esta adoración al mercado están a la vista y los números de las sangrías pueden ser seguidas en los informes del mercado único y libre de cambios del Banco Central.

Igualmente es siempre aleccionador repasar brevemente alguna de las disposiciones adoptadas por el gobierno nacional para comprender, en parte, la naturaleza de esta esta crisis autogenerada. Es sin dudas también el precio que pagan los argentinos por “volver al mundo”, una definición ideológica que remite, en la concepción neoliberal, al sistema financiero internacional y a los alineamientos automáticos detrás de las grandes potencias europeas y de los Estados Unidos.

Como ya se ha subrayado, el gobierno de Cambiemos desreguló totalmente la actividad financiera y cambiaria eliminando los topes que se habían fijado en el 2011 para la compra y venta de divisas extranjeras. El objetivo declarado por el gobierno macrista fue su obsesión de volverse más confiable para el mundo financiero y asegurarse un acceso irrestricto a los mercados para tomar deuda sin objeciones de los usureros de turno. Según el Centro de Economía Política Argentina, en base al Balance Cambiario del Banco Central, la salida de divisas acumulada desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2018, por compra de moneda extranjera del sector privado para atesoramiento, alcanza los 40.909 millones de dólares.

También los capitales especulativos fueron beneficiados por esta desregulación. El presidente Macri eliminó el requisito, fijado en el 2005 por Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna, que exigía a estos capitales golondrinas una permanencia mínima de 1 (un) año en el país. A partir del 2017, este tipo de fondos pueden moverse con absoluta libertad saliendo y entrando a jugar en el mercado local según su propia conveniencia. Alrededor de 7500 millones de dólares de las reservas fueron liquidados estos últimos días para financiar la fuga de capitales.

Los sectores exportadores fueron otros de los sectores beneficiados con este proceso de liberalización. Según el Decreto 893/21017 los exportadores de materias primas, bienes y servicios no están obligados a liquidar sus divisas en el mercado de cambio. Ahora pueden hacerlo en el momento que mejor le plazca y no cuando el gobierno lo decida. Es decepcionante ver a Elisa Carrió despechada diciendo, “Nosotros acompañamos al campo en los momentos difíciles, bajamos las retenciones, la sociedad acompañó... ahora les digo a ellos: No retengan la soja, empiecen a liquidar para que ingresen divisas”.

Tampoco el incentivo a la reinversión de utilidades de las empresas viene funcionando, ya que la salida de divisas al exterior no para de crecer. Según el CEPA, los giros de utilidades y dividendos al exterior experimentaron un crecimiento muy relevante en estos últimos años, alcanzando un monto acumulado de 5.206 millones de dólares, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2018.

Otro perjuicio lo generó también la total liberación del comercio. La apertura indiscriminada de las importaciones produjo un descomunal déficit de la balanza comercial que en el año 2017 fue de 8.741 millones de dólares. En el primer trimestre de este año ya las pérdidas alcanzan los 3.107 millones de dólares de déficit. Obviamente que también este desequilibrio se financia con deuda externa.

Tampoco ayuda a la crisis el aumento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esto significa que Argentina, junto a otros países que integran las “economías emergentes”, sufre la fuga de “inversiones” de corto plazo que se vuelcan ahora al mercado estadounidense. Menos dólares disponibles. Pero no es ni la excusa ni la explicación de los males que aquejan la economía nacional.

Fue este giro monetarista que dio el gobierno de Mauricio Macri el que dio origen también al problema de las LEBACS. Como ya señalamos, la “salida del cepo” significó también la desregulación total de la compra de dólares. Con el objetivo de poder contener la subida del precio de esta divisa, se decidió sacar dinero circulante mediante la colocación de los bonos LEBACS, inaugurando así una política de altas tasas interés. Y ha sido justamente esta combinación de altas tasas con la necesidad de contener al dólar en su escalada, lo que ha generado un crecimiento incontrolable de estos bonos que se han transformado en una verdadera pesadilla para el Banco Central.

Hoy los especuladores financieros se mueven entre el dólar o las LEBACS, según convenga. Esta bicicleta financiera es sostenida por el gobierno para evitar la devaluación y de esta manera contener los niveles de inflación. Pero no ha logrado alcanzar ninguno de estos objetivos. Hay que remarcar que estos bonos pagan tasas de interés que rondan el 40%. No hay economía productiva ni generación de empleo posible con este costo del dinero.

El próximo martes vencen 640.000 millones de pesos en LEBACS. Son alrededor de 27.000 millones de dólares. Se trata de una situación extrema en términos políticos y financieros. Si los tenedores de bonos deciden mayoritariamente no renovar los bonos y pasarse a dólares, el golpe financiero será catastrófico. Pero si la mayoría decide renovar sus letras, el gobierno solo estira su agonía. Es el modelo lo que tiene que cambiar.

Arrinconado por las demandas de dólares y habiéndose cerrado las ventanillas tradicionales, el “mejor equipo”, con las reservas del Banco central en estado crítico, han decidido frenar la corrida cambiaria pactando con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de asistencia financiera. Los argentinos son conscientes de que el FMI no ha salvado ninguna economía del mundo ni está interesado en la calidad de vida de las sociedades Su interés radica en garantizar a los especuladores que tendrán asegurada su tajada mientras, “la receta” para la sociedad Argentina, será más ajuste y más pobreza.

Las cartas del gobierno están echadas. El próximo martes los especuladores decidirán parte del futuro político del macrismo. Mientras, de los argentinos de a pie se va encargar el FMI. Esto ya lo vivimos. Un verdadero Déjà Vu colectivo.

Un límite al tarifazo de la oligarquía energética. En la era Macri la Argentina está siendo gobernada por socios y gerentes de las oligarquías energética y financiera. Basta con ver los planteles del gobierno para concluir que esa es la situación. Los ministros Aranguren y Caputo son las más evidentes expresiones de los intereses predominantes a los que el gobierno sirve. Por eso no es casual que las batallas políticas más ruidosas y contundentes que se han librado en el Congreso de la Nación hayan sido la del endeudamiento –con la citación de Caputo a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública- y el debate y combate por el tarifazo brutal aplicado por el gobierno.

Las iniciativas contra el tarifazo no son recientes. Ya a comienzos del año 2016 las distintas vertientes opositoras presentaron los primeros proyectos que exigían la realización de audiencias públicas y instaban al gobierno a la moderación en su afanosa tarea de recortar subsidios y aumentar tarifas.

Las iniciativas crecieron al ritmo del tarifazo y derivaron en la citación a Aranguren para dar explicaciones en un plenario de comisiones en el que el ministro eludió responder a dos cuestiones centrales: el mantenimiento de sus vínculos con la Shell –beneficiaria de pingües negocios con la importación de gas- y el valor del gas en boca de pozo. Los escandalosos favorecimientos de las empresas energéticas no solo han estado relacionados con las empresas petroleras: el sector eléctrico registra un impresionante entramado de vínculos entre sus figuras más representativas y el núcleo de poder macrista. Mindlin y Nicolás Caputo se destacan como articuladores de los sectores integrantes de la oligarquía energética y el gobierno, aprovechando una directa y personalísima relación con el presidente.

La sesión en la Cámara de Diputados puso al descubierto las dificultades del oficialismo para articular una respuesta a la avanzada opositora. La Ley de Tarifas cuenta con la simpatía generalizada de quienes padecen el tarifazo y establece medidas razonables que permitirían mitigar su impacto económico y social. Nos podemos preguntar quién o quiénes podrían estar en contra del reconocimiento de la emergencia tarifaria, con retrotraer al 1 de noviembre del año pasado los aumentos, con restringir cualquier aumento al porcentaje de aumento de los salarios, con la protección de las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas frente al tarifazo, con el reconocimiento de un crédito a favor de los usuarios por lo que hayan pagado de más, con la ampliación de la tarifa social para los que tienen menores ingresos y para los clubes de barrio, centros asistenciales, comedores comunitarios y centros culturales barriales, o con los límites al aumento de las garrafas… La respuesta es decepcionante: diputados y diputadas de Cambiemos estuvieron en contra –algunos a regañadientes- con esas medidas benéficas y razonables. El interbloque Cambiemos actuó, por lo tanto, como el mandatario de la oligarquía energética que marca los rumbos del gobierno antipopular y oligárquico de Mauricio Macri.

El mismo lamentable papel ha jugado el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Como gobernador de Mendoza intentó simular una preocupación por el impacto del tarifazo. Como presidente del Comité Nacional de la UCR fue el vocero de Macri en la defensa y justificación de las medidas que favorecen la fenomenal concentración económica en manos de la oligarquía energética. Cada vez está más claro que al ucerreísmo no le va quedando ni una pizca del sentido popular y nacional del radicalismo de Alem, Yrigoyen, Illia y Alfonsín. Lamentable.

Mejor no hablar de ciertas cosas. Luego de anunciar las nuevas relaciones del país con el FMI, Macri escapó del incendio en Buenos Aires y se vino a Mendoza, donde tuvo junto al gobernador Cornejo una agenda poco abultada, y la visita del Presidente pasó casi desapercibida.

Una visita al Parque Tecnológico de Godoy Cruz, la entrega de nuevos chalecos en el Centro de Entrenamiento Policial de Panquehua, y una visita a la fábrica de ecobolsas La Rañatela en Maipú junto al intendente Alejandro Bermejo fueron las actividades del día.

Tanto Macri como Cornejo centraron sus discursos y en la inseguridad, que tampoco muestra índices mejorables a nivel país. Por ejemplo, en 2017 de acuerdo con un relevo del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Di Tella, los robos violentos aumentaron un 10% en todo el país hasta convertirse en el 55% del total de casos de inseguridad.

En tanto, el día viernes una caravana que vino desde Malargüe compuesta por algunos vecinos, miembros del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo, y hasta el intendente radical de Alvear Jorge Vergara Martínez brindaron su apoyo al gobernador Cornejo, a pesar de que éste no los recibió y la tarea estuvo a cargo de la vice Laura Montero.

Julián Matamala, secretario general del sindicato, amenazó con tomar medidas de fuerza si en los próximos 30 días no se puede comenzar a trabajar con la estimulación hidráulica o fracking. Además, todos criticaron a los ambientalistas y aseguraron que el fracking no contamina y jamás ha contaminado, aunque no sustentaron esa opinión con ningún tipo de documentación, informe, o aval de algún control provincial realizado en el departamento.

En tanto, la fiesta de la ganadería en General Alvear estuvo signada por las manifestaciones anti fracking tanto de alvearenses como de sanrafaelinos. Este evento es la segunda fiesta más importante de la provincia luego de Vendimia, pero esta vez el oficialismo decidió no asistir por temor a los escraches y a la manifestación antifracking, aunque sí lo hicieron algunos dirigentes de la oposición y concejales de otros departamentos del PJ como Mirna Osorio y legisladores como Marcelo Romano del partido intransigente y Patricia Galván del PJ. 

En tanto, el mismo viernes en la legislatura provincial se dio a conocer el cierre de la ejecución presupuestaria del 2017, donde Alfonso Brandi, responsable de la oficina de Presupuesto y Hacienda, afirmó que se cumplió con el 99% de la ejecución, y que el déficit es de 4 mil millones de pesos. En tanto, en intereses y gastos de la deuda se pagaron 4.021,40 millones de pesos.

Sin embargo, nada se ha dicho hasta el momento del aumento sideral de la deuda pública de Mendoza tras el fuerte aumento del dólar, que hoy representa casi el 40 % del presupuesto provincial. En total, desde que asumió Cornejo en Mendoza la deuda en dólares de la provincia pasó de 460 a 767 millones. Por eso, el cuestionamiento que se viene haciendo desde distintos sectores al ministro de Economía y ex Hacienda Martín Kerchner, quien creyó que durante el gobierno de Macri podría endeudarse en dólares porque tendría estabilidad, a pesar de que la provincia recauda en pesos. Ahora fruto de la inexistencia de un plan económico, la deuda en dólares de Mendoza aumenta al ritmo de los errores e inexperiencias del equipo económico del gobierno nacional.

Al margen de la agenda política provincial dos puntos de reclamo sucedieron en la semana que fueron significativos. El primero un pañuelazo en la Plaza Independencia organizado por las comunicadoras de la provincia de Mendoza, que juntaron firmas a favor del aborto seguro, legal y gratuito y que logró una gran convocatoria.

Por otra parte, se dieron nuevos reclamos frente a los tarifazos. Esta vez fue en el departamento de Las Heras, donde jóvenes pertenecientes a la juventud peronista del departamento se disfrazaron al estilo de los protagonistas de la Casa de Papel simulando un “atraco al bolsillo de la gente”. Obviamente tuvieron incidentes con la policía por estar afectando el normal circulamiento del tránsito.

Mientras tanto, el gobernador estuvo en el día de ayer en Rosario en el congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA), actualmente conducida por la Franja Morada, que eligió nuevas autoridades. Una vez más la victoria fue para el radicalismo.

El elegido fue esta vez Bernardo Weber, estudiante de derecho de la Universidad Nacional de La Plata, quien sucederá a ladiputada nacional por Cambiemos, Josefina Mendoza. En tanto, la Juventud Universitaria Peronista (JUV)retuvo la Secretaria General de la Federación.

El radicalismo continuará conduciendo la FUA como desde el inicio de la democracia, a pesar de ser parte de un gobierno que no tuvo ningún inconveniente en ajustar por el lado de las universidades públicas, generando en el último presupuesto una quita de 3 mil millones de pesos.