Columnistas // 2018-05-06
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PANORAMA POLÍTICO
Perdidos
Los especuladores financieros derrotaron la política oficial y obligaron un retoque. El gobierno, desconcertado, traslada los costos de sus errores a la población con un ajuste que castiga aún más el trabajo y la producción. Mientras, el gobernador Cornejo persiste con el orden en medio de un rechazo creciente.


Terminó otra semana negra para el gobierno y sus aliados. La crisis, qué duda cabe, es resultado del modelo económico rentístico macrista y también de la terquedad e ineptitud del gobierno para administrar la coyuntura. Fueron errores propios los que llevaron al equipo económico al trance de tener que elegir, entre sacrificar las reservas de Banco Central para frenar la escalada del dólar, o devaluar la moneda y alimentar así la espiral inflacionaria. En medio de la tormenta “el mejor equipo” dudó y José Mercado, el personaje metafórico con el que Charly García parodiaba a José Alfredo Martínez de Hoz, terminó poniendo la política y alzándose con los miles de millones de dólares de las menguantes arcas del estado. Cualquier argentino promedio sabe que los capitales especulativos sólo ofrecen amor rentado. Se pueden llevar bien con un cliente, siempre y cuando les paguen. Juegan fuerte y arriesgan pero definitivamente no son ludópatas. Forzado por la situación, el gobierno anuncia ahora que transfiere los costos de sus errores a la sociedad profundizando el ajuste, encareciendo el crédito y recortando las obras públicas, uno de los raros brotes verdes que había germinado en este desierto monetarista. Por supuesto que detrás llegarán puntualmente los aumentos de precios de los alimentos, los combustibles y todo producto que esté o no atado al dólar. Mientras los trabajadores se vuelven descartables, los salarios y las jubilaciones, van camino a transformarse en un certificado de pobreza.

Es un hecho desgraciadamente rutinario en la era de la CEOcracia macrista, que los especuladores financieros, liberados de toda regulación y control, aprovechen cualquier oportunidad para apropiarse de utilidades extraordinarias, con efectos devastadores sobre el consumo y la producción nacional. Uno de las causas profundas de esta situación radica en considerar que el país puede vivir y depender, casi exclusivamente, de una imaginaria lluvia de inversiones que desde el exterior vendrán a reactivar y sostener el aparato productivo y generar la riqueza que el país necesita.

El Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y un elenco de grandes bancos y depredadores globales que integran el sistema financiero internacional que se reúnen en Davos integran esa tabla de salvación, una nómina de imaginarios benefactores a los que el gobierno manda señales de confianza y amistad, con cándida esperanza de abrir mercados y atraer inversiones productivas de largo plazo.

Pero a pesar de las escandalosas concesiones otorgadas al capital extranjero, que incluyen flexibilización laboral, devaluaciones, blanqueos fiscales, remisión de utilidades, eliminación de retenciones e impuestos y hasta pedidos de disculpa por “los abusos” sufridos en argentina, ninguna ventaja relevante puede ser registrada bajo esta lógica, no sólo poco realista, sino dependiente y autodestructiva. Sin considerar los pésimos resultados obtenidos, el gobierno nacional se empeña en mostrar su incondicional subordinación a los poderes hegemónicos a los que hay que sumar Estados Unidos y Europa, de los cuales solo recibe saludos protocolares y pedidos de mayor sacrificio para la argentinos.

Encandilado por las luces imperiales Mauricio Macri busca de igual manera ubicarse como el interlocutor regional más mimado y se ha transformado, oficiosamente, en vocero y ejecutor de los deseos de la Casa Blanca y sus aliados en América Latina haciendo, entre otras cosas, de sepulturero del proceso de integración regional promoviendo el naufragio el Mercosur y la Unasur. Tampoco acompañar a la OTAN en sus aventuras belicista le ha reportado ningún beneficio y sí muchos riesgos, como el aval otorgado a los ataques a Siria o los oscuros negocios emprendidos con Israel. Mientras clama por el déficit democrático y republicano venezolano, en Argentina recorta los derechos de opinión como el reciente ataque contra el periodista Víctor Hugo Morales; persigue a la oposición, encarcela a dirigentes sociales y políticos, interviene a los partidos políticos, ignora las leyes del Congreso Nacional y somete a la justicia, mientras el hambre golpea a la puerta de millones de familias argentinas. El diputado por Mendoza Guillermo Carmona denunciaba esta semana en Bruselas, ante el Parlamento Europeo, esta lógica perversa del modelo macrista.

 La contracara de esta admiración por los ricos y poderosos del mundo es su desdén y falta de confianza en la inteligencia, creatividad, voluntad y trabajo de los propios argentinos. Este desapego e indiferencia, que se parece cada vez más al desprecio por lo nacional, lleva a sacrificar y a abandonar la defensa de los propios intereses, para satisfacer las pretensiones ajenas.

En esta línea de pensamiento y bajo la excusa de reducir el déficit fiscal, el gobierno nacional se avocó al debilitamiento de ARSAT; al desfinanciamiento de los organismos vinculados al desarrollo de la energía nuclear como la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y el retraso en la construcción de Atucha III; al desmantelamiento de Fabricaciones Militares; a recortar los presupuestos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y en Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta); avanzó también en el desguace del CONICET; redobló los ataques a la educación pública y, en particular, a las universidades estatales; procedió al cierre del programa Conectar Igualdad entre otros tantos retrocesos vinculados al conocimiento, la producción nacional, y el desarrollo tecnológico. El mismo rechazo expresa el gobierno por la cultura nacional. La caída estrepitosa de la producción cinematográfica, la industria del libro y la actividad teatral y musical es tan preocupante como la pérdida de rentabilidad, por falta de mercado interno y tarifas, que arrincona a la industria del cuero, la horticultura y la vitivinicultura de Cuyo, la peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro y Mendoza, la olivicultura, la actividad lechera de la Pampa Húmeda, el tabaco de Corrientes y Jujuy; los limones, mandarinas y naranjas del Litoral y otras calamidades que están destruyendo las economías regionales. Otro tanto ocurre con la apertura indiscriminada de las importaciones que está llevando a la quiebra a numerosas empresas industriales, pequeñas y medianas. Quizá la Cuestión Malvinas sea el perfecto paradigma de cesión de soberanía y entrega de los recursos naturales que retrata a la perfección la naturaleza política del gobierno.

El mejor equipo de los últimos 50 años ya lleva dos años y medio de gobierno confirmando día a día su notable impericia y los riesgos de tener lealtades e intereses cruzados. “Subestimamos algunos fenómenos como el pase de la devaluación a la inflación y subestimamos el impacto de las tarifas en la inflación general”, dijo el secretario de Comercio, Miguel Braun para explicar el susto de esta semana. Una confesión que preocupa por el grado de ingenuidad y desconocimiento. Quizá algunos miembros del gabinete aún no logran darse cuenta que una cosa es ser columnista de televisión o CEO de una multinacional, como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otra muy diferente es ser funcionario. Ser parte del estado y al mismo tiempo pedir al "mercado", del cual se sienten parte, que los acompañe es por lo menos psicótico. Como ya lo dijimos, la decisión de subir la tasa al 40% evitará en el corto plazo la pérdida de reservas pero sumará mayor recesión, pérdida de empleo y de poder adquisitivo. Esta semana, todos los argentinos terminamos más pobres que hace siete días.

Los funcionarios bien, ellos tienen su patrimonio en moneda extranjera en algún paraíso.

En Mendoza, esto es todo por ahora. La tensa calma que había en Mendoza se transformó en conflicto cuando el Gobernador de Mendoza aprobó un decreto que permite la utilización del fracking como método de extracción de petróleo.

El último año de gestión de Cornejo y los comienzo de 2018 fueron turbulentos, fundamentalmente por los cierres de paritarias a la baja, la ratificación una y otra vez del ítem aula, los aumentos desmedidos de tarifas y los reclamos de productores por la crisis de las economías regionales, que se vieron fuertemente afectadas por la falta de políticas que permitieran su fortalecimiento y por la apertura indiscriminada de importaciones que afectó en particular a la industria vitivinícola. También el incremento de las tarifas de los servicios afecta gravemente a los pequeños productores los que, además de la caída del consumo, deben sostener su producción, mantener los puestos de trabajo y ser competitivos en un mercado que tiende la inestabilidad y a la recesión. Este escenario también alcanza a otras actividades como la olivicultura, la fruticultura y las hortalizas.

La situación política fue propicia para Cornejo, que obtuvo el permiso en la legislatura para un endeudamiento desmedido en dólares y que se vio favorecido, en el último tiempo, por la sugestiva fractura del bloque del PJ. Mientras, los intendentes opositores, se mueven al ritmo de sus posibilidades tratando de equilibrar el diálogo y la resistencia, con la mirada atenta sobre los recursos que habilita discrecionalmente la nación, cuya generosidad se calibra en función del signo político del gobierno comunal. Falta de institucionalidad y resabios de conductas populistas y centralistas que “el mejor equipo” no ha podido erradicar pero que endilgó en su momento, con enojo republicano, al kirchnerismo.

En tanto Cornejo, convertido en el presidente de la Unión Cívica Radical, se propone mantener los espacios de poder que tiene en la provincia mientras busca el lugar que, personalmente, mejor le convenga en el tablero nacional. Sin embargo, comienza a sentir en Mendoza los aprontes de la interna política que le presentan los propios radicales, como es el caso del Senador Julio Cobos, algunos intendentes con pretensiones, pero fundamentalmente su socio y adversario, el edil PRO Omar de Marchi, caballo de Troya del macrismo.

El domingo pasado adelantábamos cuáles podrían ser los reclamos del movimiento trabajador al gobernador, y cuáles serían los ejes que debería haber abordado en su discurso del 1 de mayo, que son probablemente los que más aquejan a la sociedad: los tarifazos, la caída de la producción y el empleo, los bajos salarios, la inflación, y el fracking.

Si hay algo que la política no debe hacer, es romper el pacto social formulado al amparo de las instituciones. Honrar este compromiso es lo que enaltece la actividad política, además de ser fundamental para la construcción de una sana democracia, a pesar de que la nuestra dejó de serlo hace tiempo. Cambiemos, en todas sus expresiones, enfrenta los reclamos de los distintos sectores sociales, y en diferentes ámbitos, de dos maneras: o ignorándolos, o siendo despectivos, atribuyendo los problemas de la comunidad a un sector político en particular, que es el kirchernismo y el peronismo. Ahí hay un punto de ruptura que irrita a las sociedad y es el absurdo de suponer que gobernar es disciplinar, mandar y ordenar a una comunidad lo que debe hacer, cómo debe consumir, cuánta energía debe gastar, cuánto y en qué debe ahorrar.

Las señales que comienzan a observarse, también desde sectores de clase media, profesionales, comerciantes, segmentos sociales no militantes, e incluso muchos de ellos votantes de Cambiemos, es una creciente sensación de hastío porque al parecer importan más los compromisos políticos del Gobernador con el Presidente, o del Presidente con los organismos internacionales, que responder a las carencias materiales reales que atraviesan los argentinos y que tiene que ver con la satisfacción de derechos y necesidades básicas, como claramente lo expresan las organizaciones sociales: pan, techo y trabajo.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, Cornejo afirmó en este sentido, el interés por colocar a Mendoza “en el umbral de un Estado nuevo, un Estado que dice la verdad a los ciudadanos aunque sea dura y que tiene autoridad para afrontar los problemas”.

Bajo la máscara de estado nuevo, y el falso concepto de “verdad”, este gobierno provincial, en línea con el gobierno nacional, justifica las medidas que favorecen a los sectores concentrados de la economía, en el caso de los tarifazos a las empresas proveedoras de energía, y en el caso del fracking a las empresas explotadoras de los recursos gasíferos y petroleros. Detrás del fracking la única verdad, es que el pasivo ambiental que deja es tan grande, la rentabilidad para el estado tan baja y para las empresas privadas tan altas, que simplemente, bajo estas condiciones, no conviene.

Respecto al fracking en su discurso, el Gobernador afirmó: “El decreto busca complementar el control ambiental serio, científico, con el desarrollo que aporta la actividad petrolera. Este gobierno propone y está convencido que la gran mayoría de los mendocinos quiere esa armonía, del desarrollo con el cuidado del medio ambiente de la Provincia. Hemos licitado 11 áreas petroleras luego de 10 años que no se hacía. Se trata de áreas recuperadas por falta de inversión de sus antiguos concesionarios. Ahora, aquí se cumplen los contratos”, concluyó. El problema, además, es que la mayoría de la sociedad sabe cómo fallan los controles provinciales respecto a la contaminación que podría generar el fracking, a tal punto que actualmente en la provincia no existe ninguno.

El resto del discurso de Cornejo no trajo novedades para los mendocinos. Resaltó el envío a la legislatura de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil; el Régimen Jurídico de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes; el Código Procesal de Familia y el nuevo Código Contravencional de la Provincia de Mendoza, para actualizar así la totalidad del marco normativo y procedimental. Y agregó, sabiéndose socialmente sospechado: “Es también en este único contexto, que debe ser entendida nuestra voluntad expresa de reformar la Suprema Corte de la Provincia”.

El otro anuncio importante fue la puesta en marcha de un nuevo plan de vivienda que se llevará adelante con fondos provinciales, en conjunto con la los municipios. Se denominará "Mendoza Construye", que establecerá una línea de crédito para familias con ingresos menores a 2 sueldos mínimos vitales y móviles, y otra para familias con ingresos de entre 2 a 4 sueldos mínimos vitales y móviles.

Respecto a la educación, un debate estancado en Mendoza, sostuvo que “la implementación del ítem aula mejoró no sólo el presentismo docente y de alumnos, recreando una cultura del esfuerzo, sino que ayudó a mejorar el clima escolar y los rendimientos”. Además anunció un régimen de becas que permitirá, a quienes accedan a ellas, cobrar en los últimos 6 meses del año 10.500 pesos por estudiar y perfeccionarse.

Mientras en la legislatura se escuchaba el discurso de una hora cuarenta minutos del gobernador afuera, detrás del vallado, se manifestaban el movimiento trabajador y las organizaciones ambientalistas porque, aunque parezca obvio recordarlo, el primero de mayo es el día del trabajador. Sin embargo, ellos no pudieron tener su acto tal como había sido pensado porque los parlantes colocados en el exterior de la legislatura reproducían a todo volumen las palabras de Cornejo, que paradójicamente no habló a los trabajadores, que al fin y al cabo, son los que sostienen este país.

      


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