Finaliza una semana donde crujieron los cimientos de la economía macrista y se han hecho visibles todo tipo de fracturas. Nuevamente este capitalismo de amigos giró los beneficios a los especuladores financieros, las grandes compañías de servicios públicos, los exportadores del sector rural pampeano que ganaron la pulseada por el dólar y volvieron a llenar sus alforjas con ganancias extraordinarias. Abusando de una correlación de fuerzas favorable, estos recursos exorbitantes fueron literalmente expropiados de los exhaustos bolsillos de los asalariados, jubilados y de la "caja" de las provincias, que fueron invitadas a eliminar impuestos para aliviar la pesada carga que recae sobre los usuarios de los servicios públicos. Nuevamente los negocios se impusieron a las necesidades de la gente. Sin embargo, esta vez, a pesar del aparente control y tranquilidad que intentó trasmitir el gobierno nacional, el temblor político y económico no pudo ser disimulado. Las fracturas dentro del gabinete también quedaron expuestas. Acusado de “mala praxis” el presidente del Banco Central tuvo que enfrentar la furia del equipo político del presidente. Tal fue la conmoción que hasta Alfredo Cornejo, un incondicional aliado Pro, salió a teatralizar críticas de ocasión contra algunos funcionarios nacionales.

A esta altura del desarrollo del programa económico, pocas dudas caben que el macrismo ha engendrado su propio Frankenstein. Mientras la producción nacional y el salario se derrumban a golpes de importaciones, devaluación e inflación, el monstruo financiero se ha fagocitado esta semana 4.300 millones de dólares del Banco Central y obligó a la autoridad monetaria a subir la tasa de interés a más del 30% para frenar la corrida cambiaria. De seguir esta escalada del dólar y la inflación, la criatura se llevará pronto a sus progenitores.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados, el interbloque Cambiemos se lo percibe cada vez más aislado y dubitativo. Al ya anunciado retiro de Emilio Monzó de la presidencia del cuerpo a fines del año próximo por diferencias con el jefe de Gabinete, la alianza Cambiemos tuvo que rechazar esta semana, vergonzosamente y en soledad, cada uno de los casi treinta proyectos presentado por la oposición para moderar el impacto de las tarifas usurarias sobre la población.

Con la misma intensidad y convicción, muchos mendocinos libran sus propias batallas políticas, sociales y ambientales. El debate sobre la implementación del fracking en la provincia fracturó también alianzas, provocó cruces verbales entre dirigentes, movilizaciones populares y cortes de ruta, los que fueron tachadas de “terroristas” en el novedoso y belicoso nuevo lenguaje del gobierno de Alfredo Cornejo.

Esta semana, nuevamente y lamentablemente, los peores fantasmas del pasado argentino parecieron regresar. Tarifazos, inflación, corridas cambiarias, deuda, fuga de divisas, devaluación recrearon un paisaje funesto de un país al que ya muchos creían superado. Hasta el trascendido del retorno de Domingo Cavallo, como asesor en la sombra del presidente Macri, vino a reforzar el temido regreso al precipicio neoliberal. Como toda pesadilla, estas imágenes sirvieron para recordar que los poderes económicos concentrados y sus aliados, externos y de cabotaje, no han resignado sus privilegios ni su desprecio por millones de argentinos, a los que consideran poco menos que intrusos, en la mesa del “país de la alegría”. Es también cierto que muchas personas, por convicciones ideológicas, ingenuidad o prejuicio, siguen creyendo que este programa de ajuste es ineludible luego de los gobiernos kirchneristas y el mito de “la pesada herencia”. Lamentablemente para el conjunto de la sociedad estos argumentos, luego de más de dos años de gestión, no pueden sostenerse suponiendo incluso e hipotéticamente que tal legado tuviese algún asidero. Queda claro para la enorme mayoría de la gente, que este descalabro económico provocado por un liberalismo ramplón, ni moderno ni democrático, entregado a la insaciable avidez de los amigos del presidente, es causa de angustia, incertidumbre y pesimismo. Ya no hay forma de ocultar que éste extendido estado de ánimo en la sociedad va fracturando el apoyo social de Cambiemos y tornando casi inútiles los montajes televisivos, la censura, la mentira organizada, la campaña del miedo y la represión como forma de contener la protesta.

Pero mientras el país se precipita a una de las experiencias políticas más regresivas y brutales que los argentinos hayan vivido desde la vuelta a la democracia, el presidente Macri, con la fe intacta en el rumbo adoptado, se dedica por ahora a uno de sus pasatiempos predilectos: descansar.

Corridas.Hace dos meses, desde esta misma columna, advertimos que estábamos en presencia de una corrida bancaria. No se trata de tener poderes mágicos o adivinatorios, sino de observar cómo el BCRA se desprendía de dólares diariamente, sólo para que el tipo de cambio no subiera repentinamente. Las autoridades del BCRA y el resto del equipo económico, abandonan en marzo la "libre flotación" del dólar ya que vieron en primera persona que los incrementos del tipo de cambio iban directo a la inflación (pass through). Hace más de dos años fueron perfeccionando su propia trampa de tasas altas para permitir la entrada de capitales financieros (ante la ausencia de inversiones reales y de largo plazo) que, junto a una enorme deuda, permitía un tipo de cambio que iba por detrás de la inflación.

En 2018, esta estrategia empieza a fracturarse. En el primer trimestre del año el déficit de comercio exterior fue de u$d 4.600 millones de dólares, mientras que el pago de intereses de deuda subió un 100% también en los primeros tres meses respecto al mismo período del 2017 generando un gasto adicional (por fuera del presupuesto) de u$d 500 millones. Luego entre marzo y abril el BCRA se deshizo de u$d 6715 de las reservas y además debió subir la tasa de referencia de las Lebacs por encima del 30%. Sin los datos de comercio exterior ni de pago de intereses de deuda de abril, “el mejor equipo de los últimos 50 años” de desprendió hasta ahora de u$d 12.000 millones de dólares. Este es un punto donde uno duda si son o se hacen, quizás un poco de cada cosa. Para otro momento dejamos el contexto externo, ya que lo escrito hasta ahora es difícil de soportar.

Fracking. Tal como lo venimos señalando, las políticas que llevan adelante Macri a nivel nacional y Cornejo en Mendoza producen fuertes fracturas económicas y sociales y repercuten en el clima político. El malestar crece en la sociedad y la presión tiende a liberarse por donde encuentra fisuras o válvulas de escape. El dos por uno, los despidos, la precarización previsional y los tarifazos han sido hasta ahora los más significativos motivos de la movilización popular de alcance nacional. Amplios sectores de la sociedad han expresado su repudio a las decisiones de Cambiemos y lo siguen haciendo frente a esas mismas o nuevas problemáticas que genera el accionar oficial. La respuesta de la derecha gobernante cada vez se torna más unidireccional: la criminalización creciente de la protesta social.

General Alvear, en el sur mendocino, es un caso testigo del modo en el que el malestar se manifiesta en las plazas y en las calles. Primero surgió la reacción frente a los tarifazos que han afectado con extrema dureza tanto al consumo residencial como a los sectores de la producción, particularmente en la industria conservera. De esa actividad industrial depende el precio que se paga a los productores por la ciruela y el durazno, y la subsistencia de cientos de trabajadores y de sus familias. Luego vino la reacción popular frente a la decisión de Cornejo de autorizar el fracking en la actividad hidrocarburífera. La sensibilidad alvearense con los temas ambientales siempre está a flor de piel, aunque desde la llegada de Cornejo a la gobernación había sido ahogada por la incorporación al gobierno municipal de algunos de los más importantes activistas del ambientalismo local. Aún así Alvear ha explotado nuevamente.

Todo indica que se trata de malestares acumulados en un pueblo que depositó mayoritariamente su confianza en Cornejo y en Macri, y no ha recibido otra cosa que agresiones desde que comenzó el gobierno de Cambiemos. Es así como a los tarifazos y crisis del sector frutícola se suman el abandono de los ganaderos frente a los incendios de comienzos de año y los desmanejos gubernamental del conflicto con La Pampa por el río Atuel, de fuerte impacto en la opinión pública de ese departamento sureño. El No al Fracking parece expresar las frustraciones y enojos acumulados durante más de dos años. Que las movilizaciones y protestas se produzcan a pocos días de comenzar la Fiesta de la Ganadería de Zonas Áridas no hace otra cosa que tensionar aún más las posiciones entre los manifestantes, un gobierno municipal sin reacción ni respuestas y el gobierno de la provincia que busca desactivar el conflicto con amenazas y gestos autoritarios.

Altos funcionarios del gobierno provincial han calificado a las manifestaciones contra el fracking como “terrorismo”. El secretario de Ambiente Humberto Mingorance acusó de “hacer terrorismo” a quienes difunden información sobre las consecuencias de esa práctica. Luego le siguió con el mismo argumento el superministro de Economía y otras tantas funciones Martín Kerchner quien dijo que “esa campaña es terrorismo y busca meter miedo”.

No parece fruto de la inventiva individual esa conceptualización uniforme de parte del ministro que promueve la actividad petrolera y el secretario que tiene que controlarla. Evidentemente el gobierno ha decidido cerrar las puertas al diálogo y a la búsqueda de consenso. Cornejo ha decidido jugar fuerte y no dar brazo a torcer en una decisión que nació mal parida tras la autorización de una “prueba piloto” sin que se cumplimentaran los procedimientos ambientales correspondientes.

Tampoco parecen con voluntad de ceder los manifestantes. La protesta ya se ha propagado al Valle de Uco (con cortes y el sometimiento a procesos penales a los manifestantes) y al área Metropolitana. Todo indica que la decisión de Cornejo de avanzar generará un sostenido conflicto socio ambiental que será motivo de desgastes y altos costos para el gobierno.

Se impone que la oposición realice un llamado de atención al gobierno: si protestar por cuestiones ambientales es terrorismo los que lo hacen, en consecuencia, serían terroristas. Ese tipo de peligrosas afirmaciones en boca de altos funcionarios provinciales expone a quienes expresan sus posiciones y opiniones a la peor de las criminalizaciones, la que implica calificar como terrorista a quien no opina como el gobernador y ejerce su derecho de libre expresión. Resulta evidente que desde el gobierno han querido meter miedo a los manifestantes por esa vía. Las consecuencias de imputaciones de tan alto tenor siempre son nefastas para el estado de derecho. Como mínimo, Kerchner y Mingorance deberían retractarse.

“Nada para festejar”. Este martes primero de mayo, cuando el gobernador mendocino dé inicio a la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura provincial, en la Plaza Independencia a partir de las 9.30 se reunirá la CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma, y la CGT regional junto a la federación de jubilados y pensionados, organizaciones sociales y partidos políticos para conmemorar el día del trabajador y de la trabajadora.

Este acto se da además en el marco del envío por parte del poder ejecutivo nacional al congreso de la Nación, de tres proyectos de ley hijos de la tan mentada reforma laboral que el oficialismo nunca pudo votar. El primero de ellos, es el blanqueo de empleados informales a través de una especie de indulto a las empresas. El segundo es un proyecto para la creación de prácticas formativas para estudiantes por un año, y por último la creación de una Agencia que determinará qué enfermedades laborales podrán ser cubiertos por el Plan Médico Obligatorio (PMO).

En tanto, en Mendoza la relación del movimiento trabajador con el gobernador no está en su mejor momento. De hecho, la relación del gobernador con el sindicalismo es siempre polémica, por la abierta confrontación de Cornejo hacia los trabajadores, sin mencionar que en dos años y medio de gobierno el diálogo con ellos ha sido casi nulo, y cuando se ha referido a ellos ha sido de forma violenta, como cuando le sugirió tratamiento psiquiátrico al secretario general del Sute Sebastián Henríquez.

En este marco la postura de los sindicatos será un discurso luego de que hable el gobernador. Pero los principales reclamos giran en torno a las paritarias a la baja, los despidos en organismos estatales y la falta de creación de empleo, la precaria situación de supervivencia de los jubilados y pensionados, y por supuesto los tarifazos que nominalmente superan el aumento salarial. Puntualmente, en Mendoza el gobernador tiene la responsabilidad de aumentar un 78% las boletas de agua que recibiremos los mendocinos.

En su discurso del primero de mayo del año pasado, los principales logros de la gestión estatal habían sido para el gobernador “ordenar las cuentas del estado”, “tener los pies sobre la tierra”, y “la mejora del perfil de deuda”. Los principales proyectos enviados a la legislatura que festejó el gobernador fueron la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, la ley que regula la Prisión Preventiva, la unificación de la aplicación del Código Procesal Penal en toda la Provincia y la puesta en marcha del Banco de ADN. Además, anunció el año pasado el envío a la legislatura de una nueva ley “que obliga a los presos a trabajar en las cárceles y que modifica la actual ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad”.

El discurso del gobernador de este año, deberá ser en un tono diferente. Un primero de mayo después, no tendrá otra opción que hablar de los problemas de fondo. Los sectores políticos, esperan explicaciones respecto a graves situaciones que atraviesa la provincia, fundamentalmente la crisis de las economías regionales, el decreto ejecutivo que habilita el uso del fracking, el aumento desmedido de tarifas, la situación de pobreza de los jubilados, la falta de discusión educativa, el desempleo y los niveles de inseguridad y el hacinamiento en cárceles que se mantienen, además por supuesto de la inflación que fue dos meses consecutivos más alta que en el resto del país.

El discurso de mano dura y orden en el estado ya no es suficiente. Ahora Cornejo deberá explicar un 26% de pobreza, y fundamentalmente cómo harán las familias mendocinas para llegar a fin de mes, mientras se debaten entre pagar los servicios públicos en cuotas y con intereses, y llevar un plato de comida para sus hijos.