La semana pasada escribíamos en nuestro panorama político algo que conviene reproducir porque brinda el marco para comprender el terremoto político que ha vivido Mendoza tras el anuncio de un acuerdo entre el gobernador Cornejo y la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, para posibilitar la sanción de la ley de ampliación de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Decíamos hace una semana que Cornejo “ha profundizado, bajo un barniz de apertura política, su acción de involucramiento en la vida interna de los partidos opositores. En el momento en que el Partido Justicialista nacional, a instancia del macrismo, era intervenido, Alfredo Cornejo recibía a la dirigente de La Cámpora y Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti para hablar del “futuro de Mendoza” y que “siempre hay que tener presente que Alfredo Cornejo es un especialista en dividir, fragmentar y jibarizar a sus opositores. Esa “picardía” explica una elevada proporción de sus éxitos políticos. Lo extraño es que haya quienes entusiastamente le faciliten tanto la tarea”.

Al expresar nuestra mirada sobre la “cumbre” Cornejo-Fernández Sagasti no conocíamos cuál era el negocio cerrado en esa reunión, pero algo olía mal. Todo quedó develado días después cuando fue anunciada la existencia de un acuerdo y su contenido: la ansiada ampliación de la Corte para Cornejo y el tratamiento de una inocua iniciativa de juicios por jurados (vendida como la panacea para resolver los problemas de la inseguridad) para Sagasti. Oro por baratijas, en definitiva.

Las suspicacias pronto aparecieron respecto de las “cláusulas secretas” del acuerdo: repartos de cargos para los diputados peronistas complotados en la aprobación de la ampliación de la Corte –especialmente para los que terminan sus mandatos la próxima semana-, compromisos de nombramientos de jueces camporistas y hasta el financiamiento de la campaña para la próxima primaria peronista fueron algunas de las versiones que circularon.

Reales o no, esos trascendidos no fueron el factor principal del desenlace de los días de furia que vivió el peronismo. Lo central fue la generalizada reacción contra una acción irresponsable, mezquina y funcional a los intereses de quien intenta ser el gran titiritero en la política mendocina, el gobernador Alfredo Cornejo. Las reacciones llegaron desde los más impensados y contradictorios “güines”, como son la organización barrial Tupac, los sectores más tradicionales del PJ mendocino, magistrados y agrupaciones de profesionales del derecho entre muchos otros sectores.

El diputado nacional Guillermo Carmona fue el primero en abrir fuego contra la ampliación de la Corte. Concentrando su cuestionamiento en Cornejo y advirtiendo sobre el riesgo de funcionalidad escribió en Twitter, ante la primera noticia sobre el acuerdo, “La ampliación de la Corte provincial con la que insiste Cornejo significaría el mayor retroceso institucional de Mendoza desde la vuelta a la democracia. Prestarse a esa maniobra es un acto de absoluta irresponsabilidad. No quiero que mi provincia sea como la Jujuy de Morales”. Horas después el presidente del PJ Omar Félix escribió en la misma red social, “El partido Justicialista se expidió claramente y con mandato partidario respecto de la ampliación de la Corte. Ese mandato está plenamente vigente. No acatarlo supone subordinar a todos los mendocinos al capricho de quien solo piensa en la suma del poder público”. Y el referente nacional de la Tupac Coco Garfagnini sostuvo que “si la democracia agoniza en Jujuy ampliar la Corte Suprema de Mendoza es transformar la agonía democrática en un virus terminal para el estado de derecho. La politiquería tiene un límite y es el cuero de los compañeros”.

Esta política de compensaciones pactada entre el gobernador y la senadora nacional, tuvo el efecto de acercar posiciones de referentes que están en las antípodas ideológicas. Se sostuvo ampliamente la idea que, una cuestión de tal magnitud institucional, como lo es modificar el número y el funcionamiento de la Suprema Corte, es una política de estado que no puede resultar de un arreglo, entre gallos y medianoche, de un par de dirigentes con necesidades políticas. Esta crítica, que se extendió por distintos sectores políticos, sociales y académicos, demuestra también la existencia de reflejos ciudadanos que ven en esta maniobra, un riesgo para la institucionalidad y las garantías constitucionales en la provincia de Mendoza. El fantasma de transformar nuestra provincia en una caricatura de la Jujuy de Gerardo Morales, no es el deseo ni la prioridad de los mendocinos, agobiados hoy por las tarifas y la pérdida constante de su poder adquisitivo, entre otros derechos fundamentales.

Este cambio de figuritas, que pretende instalar candidatos opositores a la medida de las necesidades del gobernador, pareció no contar con el conocimiento de Cristina Fernández de Kirchner. También la conducción nacional de La Cámpora pareció sorprendida con la jugada. O no sabía de la movida o sólo estaban en conocimiento de una parte del arreglo. Lo que sí se generó, fue una dinámica de presiones desde arriba y desde abajo, que puso momentáneamente en crisis las negociaciones. El oficialismo, provisoriamente, postergó el tratamiento del proyecto “hasta después de que se produzca el recambio legislativo”.

El sismo político de la semana modificó sin dudas el cuadro de ganadores y perdedores que daban los medios mendocinos. Perdió Cornejo, Sagasti, Ciurca y La Cámpora. Ganó la institucionalidad mendocina.

También hay que resaltar el hecho de que el peronismo mendocino tocó fondo. Pero la reacción de una parte de su dirigencia y de su militancia, abren la posibilidad de un horizonte de reconstrucción partidaria y programática que puede traducirse en un reposicionamiento de sus fuerzas y la de sus aliados. Habrá que ver si eso es posible.

Macrilandia. Mauricio Macri “es probablemente el líder más importante del mundo de la nueva época". Esta frase propagandística del consejero presidencial Durán Barba, extravagante y desproporcionada, no lo es para el propio presidente. Los principales medios de comunicación de la argentina le alimentan esta fantasía que luego se traducen en decisiones políticas, a veces trágicas. Jugar al golf con Barack Obama, volver a Davos, organizar el mini Davos en Buenos Aires, presidir el G20, avalar las atrocidades en Siria, aplaudir la proscripción de líderes populares, abrazarse con políticos golpistas y corruptos forman parte de una agenda que, estima, está en línea con este nuevo rol. Lamentablemente no son las formas sino los intereses los que mueven los resortes de la política mundial. Nada ha conseguido el presidente de estas costosas fantasías salvo promesas incumplidas, palmadas oportunistas y fotos de ocasión.

Una de las frases mejor teatralizada por el presidente Macri es, "Queremos volver a ser parte del mundo y cortar con el aislacionismo". Detrás de esta idea de colonia próspera se esconde, además de un rústico maniqueísmo, un incondicional alineamiento con los Estados Unidos, la Unión Europea y las corporaciones financieras internacionales, a quienes considera modelos de civilización, paladines del orden y la libertad, defensores del libre comercio y la globalización financiera.

El “otro mundo”, que el presidente desprecia y descalifica, con más prejuicio que conocimiento, es el populismo. Caen bajo esta ambigua definición los enemigos del capitalismo financiero; los gobiernos populares a los que considera autoritarios y excesivamente ideologizados. También integran este “eje del mal” aquellos pueblos que consumen lo que, a su juicio, no les corresponde y que brindan una mayor protección a sus economías y ejercen una robusta defensa de su soberanía política en el sistema internacional. En este sentido son notorios los esfuerzos del presidente Macri por agradar y ser un interlocutor confiable para los países centrales, atributos que no son malos en sí mismos sino cuando estas gestualidades se ponen al servicio de un proyecto de subordinación política y económica.

La política exterior macrista que mezcla vanidades, negocios y cinismo se inició, con la excusa de ser confiables al capital financiero, con el pago usurario a los Fondos Buitres. Complotado con sus nuevos socios regionales atacó después el proceso de integración regional flexibilizando el Mercosur, abandonando la UNASUR y desertando de la CELAC. En línea con los planes norteamericanos, Macri se alejó del multilateralismo y reivindicó el rol de la Organización de Estados Americanos, se sumó al Tratado del Pacífico, aceleró el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea y se volvió un habitué del Grupo de Lima, cuya única actividad conocida es hostigar a Venezuela bajo el guión inconfundible de la Secretaría de Estado. También se ha sumado a la lucha contra las “nuevas amenazas”, definidas en sintonía con la versión actualizada del Pentágono. El listado de los enemigos se ha vuelto más extenso y ambiguo e incluyen el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, los conflictos sociales, las migraciones, el indigenismo, algunas expresiones del ambientalismo, el narcotráfico y otras formas de delitos trasnacionales. Este nuevo paradigma, entre otros riesgos, es una amenaza al sistema democrático, ya que altera el rol de las Fuerzas Armadas las que son involucradas, no ya en la defensa de la soberanía territorial, sino en función de la seguridad interior. Toda esta parafernalia propagandística ha servido de excusa al oficialismo para abrir la temporada de compras de armamentos y “capacitación” destinado a la represión interna.

En materia económica y comercial, el presidente Macri no ha titubeado en sacrificar la producción y los salarios nacionales para ser aceptado como miembro de la Organización Mundial de Comercio. Haciendo sonrojar hasta la delegación norteamericana, Macri declaró en la Cumbre de Buenos Aires, “Podemos invocar la primacía del interés nacional, y esperar la próxima crisis, o podemos poner por delante nuestros intereses compartidos y examinar qué OMC necesitamos y podemos impulsar”. Toda una confesión en relación al lugar que ocupan los intereses nacionales en el relato macrista.

Una prueba de lo que es “el mundo” para Macri pudo observarse en las posiciones adoptadas con la guerra en Siria. Desconociendo todos los tratados internacionales, el pasado 13 de abril, la ciudad de Damasco en Siria, fue bombardeada en una operación conjunta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Con un discurso refritado de viejas aventuras bélicas y para justificar el ataque misilístico, Donald Trump aseguró, refiriéndose al gobierno de Bashar al-Assad , que “Esta masacre fue una escalada significativa en un patrón de uso de armas químicas por parte de ese muy terrible régimen”. Esta afirmación se sostenía cuando aún, los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), desplazados a Siria para recabar pruebas, no iniciaban una inspección que pudiera respaldar la acusación estadounidense. Queda también claro que se habla de “masacres” cuando la cometen regímenes equivocados y no cuando las atrocidades son ordenadas por la Casa Blanca De cualquier manera, el presidente Macri, desde la Cumbre de las Américas en Lima, se plegó automáticamente a los argumentos de Trump, afirmando que “La Argentina renueva su firme condena al uso de armas químicas tal como ha ocurrido en los últimos días en Siria". La experiencia argentina debería enseñar a los dirigentes los riesgos implícitos que acarrean estas adhesiones incondicionales a posturas guerreristas y violentas como sucedió en la década de los 90.

Esta porfía de colocarse del lado de las apetencias extranjeras contra los intereses del propio país, se repite peligrosamente en la política sobre la Cuestión Malvinas. El acuerdo Foradori – Duncan del 13 de septiembre de 2016, es una muestra acabada de esta subordinación política. En ese documento, argentina se compromete a “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos”. También se estableció un trabajo en conjunto con las tropas imperiales que ocupan territorio argentino y que son una verdadera amenaza para la paz en el Atlántico sur. Este verdadero atentado contra los intereses argentinos se completa con una total claudicación en materia de soberanía, retrocediendo casi dos décadas en este reclamo.

Siempre es conveniente establecer buenas relaciones con los actores del sistema internacional, salvo cuando éstas crean mayor dependencia y se hagan a expensas de los intereses de los argentinos.

De las tarifas se encarga la cúpula.  “Hay que sacar la discusión tarifaria del Congreso”, afirmó Alfredo Cornejo la semana pasada luego de que fracasara en diputados la sesión para tratar un proyecto de ley planteado por la oposición para congelar las tarifas del gas, y en el marco de una operación burda del oficialismo en el medio de la Cámara de Diputados operando a legisladores, fundamentalmente al aliado oficialista Olmedo para que se levantara de su banca y evitara el quórum que la oposición estaba a punto de obtener.

Finalmente Cornejo, que estuvo en la semana haciendo gira como presidente de la UCR por Buenos Aires, dio en el ángulo. No solamente la discusión no se dio en el Congreso, sino que en una reunión pactada con la cúpula de Cambiemos y sin ningún tipo de participación de organizaciones sociales o de la oposición, ratificaron que los aumentos continuarán, aunque las boletas se podrán pagar en cuotas pero con tasas de interés, aunque Massot rescató que “serán más bajas que las del mercado”.

Días atrás Cornejo había criticado duramente a Aranguren: “Es difícil explicar que pagábamos energía o gas a 11 centavos de dólar y, en dos años, pagaremos 5,1 dólares”. En este marco le propuso al gobierno una alternativa por fuera del poder legislativo, que tenía que ver con una tarifa plana, y el pago en cuotas. El pago en cuotas se logró pero con intereses, la tarifa plana para el gobierno no es viable porque perderían las empresas.

Fue así como Cornejo viajó a Buenos Aires el 19 de abril para intentar plantear como referente de la UCR el tema tarifario. Macri, Marcos Peña y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibieron a Cornejo, para luego ampliar la reunión incluyendo a Emilio Monzó, Mario Negri, Nicolás Massot, y Gustavo Lopetegui entre otros. El encargado de dar el mensaje del gobierno fue Negri: "Aplanamiento de las facturas de los dos bimestres de mayor consumo, mayo-junio y julio-agosto, se podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponde a los meses de mayor consumo, de mayo a agosto. Las cuotas se harán efectivas en lo tres bimestres de menor consumo, el último bimestre de 2018 y los primeros de 2019”.

En medio de movilizaciones en todo el país por la imposibilidad de pagar tarifas cuando los sueldos aumentan nominalmente mucho menos que los servicios, el mejor razonamiento del gobierno y de Cornejo fue proponer generar una campaña de concientización para que la sociedad sepa que mientras más energía consuma, más abultada será la boleta, como si dos años de aumentos sistemáticos no fueran suficientes para la “toma de conciencia”. Además, según el cuadro tarifario presentado por Aranguren a fines de marzo, “el aumento máximo será para los de menor consumo porque los de mayor consumo ya habían visto elevada su factura”. Para el primer grupo, que hace menos uso del gas, el incremento será de 314 pesos a 440; para el segundo, de 958 a 1269; mientras que los mayores usuarios pasarán de abonar el servicio 2195 a 2805 pesos. La garrafa social de gas aumentó un 16,75% y el tubo de 10 kilos, pasó de $185 a $216.

Después de una semana de tensiones internas, y sin aportar soluciones como referente de la UCR, Cornejo debió asumir que el radicalismo no está en condiciones de gobernar el país: “Muchos militantes radicales sueñan con que el radicalismo vuelva a ser el partido de poder de la Argentina, el que construyó la democracia con Raúl Alfonsín”. “Aún necesitamos de líderes compartidos, es necesario que en equipo trabajemos para construir un nuevo líder natural de nuestro partido que pueda competir mano a mano en una presidencia de la Nación”.

El asunto es que más allá de la parafernalia en torno a la herencia kirchnerista, y el discurso de que los argentinos no estábamos pagando la energía que consumimos, como si el subsidio estatal no viniera de nuestros impuestos, lo que le falta a la cúpula gobernante es realidad, y ésta es que el promedio de los trabajadores del país destina el 15% de su salario al pago de los servicios.

En este marco Argentina se convirtió este mes en el tercer país de América del Sur en el que más porcentaje del salario mínimo promedio se destina al pago de tarifas de servicio públicos como gas, electricidad y agua. Argentina quedó por detrás de Venezuela, que ocupa la cima con 33%, y Chile, donde el pago de las tarifas abarca el 23% del salario mínimo.

No sabemos cómo hará el sector productivo del país, las pymes, los profesionales y comerciantes para enfrentar los aumentos. Pero si de algo estamos seguros, es que no queremos ser Venezuela.