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La semana que acaba ha sido pródiga en novedades políticas. También ha permitido calibrar la capacidad del gobierno para lidiar con un conjunto de conflictos, la mayoría de los cuales han sido resultado de sus propias torpezas. El incumplimiento de acuerdos parlamentarios, el fracaso de maniobras para quebrar la independencia de la justicia, la impunidad para crear organismos a la medida de sus necesidades políticas, las crecientes rispideces con la UCR y la Coalición Cívica y la caída de la popularidad del presidente Macri son parte de un combo de malas noticias para el gobierno, el que se sigue deslizando por una pendiente de desprestigio e ineptitud.
Jugando a las escondidas con el ARA San Juan. Esconder bajo la alfombra los problemas que no puede resolver, es una práctica habitual de la gestión Cambiemos. Es lo que viene sucediendo con la tragedia del submarino ARA San Juan. Sordas disputas de gabinete, flagrantes contradicciones y llamativos silencios han permitido que se multipliquen las hipótesis sobre las causas de la desaparición de la nave. Un reciente documento enviado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña al Congreso de la Nación, a raíz de un pedido de informes realizado por el diputado Guillermo Carmona, provocó un tsunami político de consecuencias impredecibles. La pregunta fue si el Submarino ARA San Juan, además de cumplir con las tareas establecidas en el Sistema de Avistaje en el Mar, tenía objetivos militares de reconocimiento, localización, identificación y registro de aeronaves y embarcaciones británicas o de cualquier otra nacionalidad. Sorprendentemente la respuesta de Marcos Peña fue:
“El objetivo táctico prioritario de esta patrulla era la localización, identificación, registro fotográfico/fílmico de buques frigoríficos, logísticos, petroleros, buques de investigación de otras banderas, etc., que se encontraran realizando alijo con un buque pesquero.
Como objetivos materiales secundarios de esta actividad se establecieron buques y aeronaves que operan desde las Islas Malvinas. Ello con el propósito de verificar el cumplimento de los convenios suscriptos por ambos países, en cuanto a la obligación de informar los movimientos de unidades en zonas particulares.”
La confirmación de que el submarino tenía una misión de espionaje sobre buques británicos, más la revelación de coordenadas que ponen a la nave argentina a pocos kilómetros de las Islas Malvinas, abre no sólo una grieta entre el Jefe de Gabinete, el de Defensa y la cúpula de la Armada sino que dispara la especulación sobre la presunta intervención de los ingleses en la tragedia de la nave siniestrada. La situación se torna aún más sospechosa por la reticencia del Ministro Aguad de comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y la premeditada demora que tuvo la integración de la Comisión de Bicameral Investigadora, una iniciativa del diputado opositor Carmona, aprobada hace tres meses por unanimidad de ambas Cámaras. La presión opositora posibilitó la integración de esta comisión especial aunque, Cambiemos aliada con el bloque del “peronismo dialoguista” que encabeza el filomacrista Miguel Pichetto, impuso sus autoridades con la intención de controlar y dilatar su funcionamiento. Sin dudas un gesto más que abre serias dudas sobre las responsabilidades del gobierno nacional en esta tragedia nacional.
Contradicciones, ocultamiento y demoras que constituyen un rompecabezas que comenzará a ser articulado, no sólo en la esfera de la justicia, sino en el seno mismo del Congreso Nacional. Sin embargo una pregunta intriga a muchos legisladores: qué relación existe entre la “nueva agenda” con el Reino Unido de Gran Bretaña planteada por Mauricio Macri y la desaparición del ARA San Juan que costó la vida de 44 argentinos. Sin embargo, es importante aclarar que también se barajan otras hipótesis relacionadas al mal estado del submarino, y fallas técnicas y de seguridad que deberían haber impedido que el buque zarpara.
El Congreso en el centro de la escena.Tal como lo señalamos el comienzo de este panorama, la semana que pasó fue de alta intensidad política. A medida que disminuye la iniciativa presidencial el Congreso adquiere centralidad como caja de resonancia de las tensiones políticas, económicas y sociales crecientes.
Pero no hay simetría entre las dos cámaras. Si no fuera por los contrapuntos entre Pichetto y Cristina y los berrinches del rionegrino –en las raras ocasiones en las que le frustran alguna de sus operaciones- el Senado pasaría casi desapercibido. Las solemnidades y pompas que sus integrantes exhiben lo constituyen como un ámbito apto para la siesta y propicio para debates soñolientos. Evidentemente, los frecuentes furcios de Michetti no alcanzan para atrapar la atención pública. Un buen ejemplo de lo dicho fue el paso del canciller Faurié por la Comisión de Relaciones Exteriores en la semana que pasó. A pesar de las escandalosas decisiones e iniciativas de política exterior tomadas por el gobierno, el funcionario no tuvo demasiados cuestionamientos al momento de responder por sus desaguisados. Está claro por qué Faurié acepta ir al Senado y elude Diputados. Las reuniones en la Cámara alta se parecen más a los cocteles diplomáticos que el canciller frecuenta que a una verdadera interpelación legislativa.
La situación es distinta en la Cámara de Diputados. Allí el debate tiene la marca de lo plebeyo y las sesiones suelen ser tumultuosas y calientes, representativas del clima social del momento. La última fue especialmente reveladora de la crítica situación política que vivimos en el país. La explosión de ira se produjo durante la madrugada, cuando en un acto de absoluta mala fe el oficialismo se retiró al momento del tratamiento del rechazo al mega DNU que la oposición impulsaba y que había sido pospuesta para el final de la sesión.
La indignación tenía sobrados motivos. Durante largas horas se habían debatido los proyectos que en reemplazo del mega DNU había presentado el oficialismo. Al retirarse el interbloque Cambiemos y la mayoría de los integrantes del interbloque Argentina Federal –mejor conocido en la Cámara baja como interbloque Argentina Satelital debido a sus orbitaciones permanentes en torno al Macriplaneta- quedaron claras dos cosas: la primera, que el acuerdo entre Cambiemos y el interbloque de los gobernadores incluía dejar vigente el aberrante decreto que durante horas cuestionaron los urtubeystas y pichettistas; la segunda, que hasta que sean sancionados por el Senado los proyectos que se propusieron en reemplazo del DNU, Macri podrá hacer lo que quiera con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y con cada una de las facultades exorbitantes que se autoconcedió bajo el pretexto de necesidades y urgencias que nunca existieron. Incluso, Macri podría vetar las leyes si son sancionadas por el Senado y dejar vigente ese decreto desregulador y privatizador, burlándose de lo decidido por el Congreso.
El estallido de la indignación fue instantáneo. Resultó evidente que Cambiemos traspasó los límites de la razonabilidad, y actuó de mala fe y en abierta contradicción con el declamado republicanismo que sus actuales dirigentes reclamaban siendo oposición. Graciela Camaño, líder del bloque massista, se sinceró al reconocer que en tiempos de gobiernos kirchneristas –aún con la prepotencia que le daban las mayorías nítidas que tenía- nunca se había visto un golpe bajo como el que protagonizó Cambiemos.
Resulta evidente que Macri y los integrantes de su gobierno se han sentido blindados en su impunidad en las múltiples situaciones de abuso de poder, vulneración del estado de derecho y de abierta corrupción ceocrática. Ese blindaje se lo aportó hasta diciembre el Frente Renovador y hoy lo obtiene gracias al interbloque Argentina “Satelital”.
Desde la oposición, que se quedó en el recinto a denunciar el atropello, sonó con dureza la advertencia: la impunidad nunca es total ni sus garantes suelen ser confiables. Se escuchó decir que la renuncia del presidente Kuczynski en Perú es una prueba de ello. Un caso de presuntos sobornos y presiones sobre legisladores para que no votaran la destitución del mandatario aceleró su salida. Visto a la distancia no parece haber muchas diferencias entre las operaciones del gobierno sobre los legisladores peruanos y las que en se producen en el Congreso argentino. Aquí, al que no lo presionan con fotos de bancas vacías o carpetazos le ofrecen favores que van desde contratos y despachos hasta obras para sus provincias. Los otros favores que se supone que hay en medio de esas venalidades nadie lo sabe. No se sabe por ahora. Solo por ahora.
Macri contra los ex Combatientes de Malvinas. Es evidente que el modelo municipalista de Cambiemos de alumbrado, barrido y limpieza, preocupado por la eficiencia, la seguridad, el orden y los negocios no le interesa la distribución de la riqueza, la desigualdad ni la promoción de los derechos sociales y económicos de la población. Menos aún la historia, de la cuál es profundamente ignorante. Los ex combatientes Malvinas han sido una de las tantas víctimas de esta ideología del egoísmo. Ya casi en víspera del 2 de abril se multiplican los homenajes por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas. Pero hay que recordar que, hacia fines del 2016 el presidente Macri vetó el art. 3º de la Ley 27.329. Este proyecto permitía a los ex combatientes jubilarse con 57 años y proponía que se le pague una contribución, al momento del retiro, equivalente a 2 jubilaciones mínimas. Fue este último beneficio el que les quitó Mauricio Macri por Decreto 1250/2016, con el mezquino argumento de que los ex combatientes no realizaron el “esfuerzo contributivo” necesario para recibir esos recursos. Este veto fue rechazado luego por la a Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, aunque aún el decreto sigue vigente. Tal como lo señaló el ex combatiente Ernesto Alonso, el gobierno peca de “insensibilidad y desconocimiento”. Los 649 muertos en combate y los entre 300 y 454 ex combatientes que se suicidaron son para el Presidente un gasto innecesario. En la última sesión de la Cámara Baja, diputados de la oposición volvieron a insistir sobre la necesidad de otorgar esta cobertura señalando que “La reivindicación de los actos heroicos no se debe hacer solo con discurso grandilocuente para después, en los hechos, restringir la posibilidad de recibir este beneficio”. No quedan dudas que la reparación económica para los ex combatientes seguirá pendiente mientras sigan en el poder los amigos de los ingleses.
Un psicólogo ruso para Facebook. El gobierno nacional está sospechado y denunciado por intentar usar las redes sociales y la propaganda para amedrentar opositores e influenciar a la opinión pública. Para probarlo Amnistía Internacional publicó el informe “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina” donde denuncia ciberataques y agresiones, específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, que tienen el propósito no sólo de descalificar a referentes sino también de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura. Estos ataques, concluyen, tienen “su orientación vinculada con el oficialismo”. También, si bien no prosperó, ya hubo una denuncia contra Marcos Peña por el intento de usar las bases de datos de la ANSES para fines poco claros. El tema cobra vigencia por la masiva fuga de datos de la red social Facebook, los que habrían sido utilizadas para manipular la voluntad de millones de votantes en distintos países del mundo, incluida presuntamente la Argentina. Todo empieza cuando el psicólogo de origen ruso Aleksandr Kogan inventa un inocente test de personalidad que denominó “Esta es tu vida digital”. Pidió permiso a la empresa Facebook para usar algunos perfiles de usuarios de esa red social y probar su app. Una vez que reunió datos de 270 mil usuarios más la información de cada uno de sus contactos la vendió, sin su permiso, dice Facebook, en 800 mil dólares a la empresa Cambridge Analytics, cuya empresa matriz es Strategic Communications Laboratories (SCL). Esta consultora, utilizando un algoritmo aritmético, logró apropiarse así del perfil de cincuenta millones de usuarios de esta red social. Esta gran base de datos (Big Data) habría sido usada luego en distintas campañas políticas para elaborar mensajes electorales “a la medida de cada votante” y manipular así sus preferencias. Se especula que de esta manera habría ganado las elecciones Donald Trump en Estados Unidos como también incidido en el referéndum que llevó a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit). Todo este escándalo está bajo severas investigaciones y Facebook está sintiendo el impacto económico de esta fuga. Mark Zuckerberg va a necesitar más que un psicólogo ruso para salir de este escándalo.
En una cámara oculta que le hicieron a los gerentes de la empresa británica, se menciona a la Argentina como uno de los lugares donde esta consultora habría prestados sus servicios. Uno de los ejecutivos filmado, Alexander Nix , vivió en la Argentina; es amante del polo y padrino de la Fundación PRO Alvear de Intendente Alvear, en la provincia de La Pampa, un lugar que también ha visitado Mauricio Macri cuando era Jefe de Gobierno. La consultora SCL tiene un domicilio en la ciudad de Buenos Aires y un correo electrónico. Hasta allí la historia. Ahora la pregunta es si esta empresa trabajó efectivamente en nuestro país y, de ser así, a quien prestó sus ilegales servicios. El gobierno por ahora lo niega, pero su credibilidad está por el suelo. Esta situación se agrava porque Marcos Peña, quien ya controla la Protección de Datos de todos los argentinos, ha creado una fantasmagórica y peligrosa Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Opinión Publica” para “monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población”. Esta oficina se clausura, dice la Resolución, a fines del 2019. Los fines electorales de esta Unidad son groseramente evidentes. Como dice el dicho: si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro. También aquí es pertinente la pregunta que se hace Beatriz Busaniche en el diario La Nación, “¿Quién podría resistir la tentación de utilizar herramientas de influencia social tan sofisticadas que nos permitieran decirle a cada persona lo que quiere escuchar y así ganar su confianza, y por supuesto su voto? No se puede ser ingenuo a la hora de valorar estas capacidades. Si la tecnología lo permite y la base de datos existe, sin lugar a dudas, más temprano que tarde, será usada para los fines develados en este escándalo global que tiene sus coletazos también en la República Argentina.”
Frente Judicial y Presos Políticos. Tal como lo venimos señalando en este panorama las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la corporación judicial se sigue deteriorando. Primero fue la acordada 4/2018 La Corte Suprema de la Nación que dio un golpe profundo al oficialismo al derrumbar el manoseado Tribunal Oral Federal 9 que iba juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el máximo tribunal pidió al Consejo de la Magistratura que se investigue si existieron irregularidades en conformación de la Sala I de la Cámara Federal que decidió cambiar la carátula de la denuncia de evasión agravada a Cristóbal López, socio propietario del Grupo Indalo, que permitió su excarcelación. Pero también el Máximo Tribunal se interesó por indagar las filtraciones, en los medios de comunicación macristas, de conversaciones privadas que mantuvieron Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Este tema llegará al Congreso y amenaza con tener efectos políticos de porte.
Pero la noticia más trascendente de última hora es el fallo que concedió la excarcelación a los presos políticos Carlos Zannini y Luis D'Elía, otorgada por Tribunal Oral Federal (TOF) N° 8, después de más de 100 días de prisión preventiva. Una de los más vergonzosos procesos judiciales de la historia argentina está empezando a ser tímidamente reparado. Carlos Zannini, acusado de ser el cerebro detrás Memorándum con Irán, que según el ultramacrista Juez Bonadío, buscaba encubrir a los iraníes prófugos de la masacre de la AMIA y traicionar así a la patria, fue excarcelado. “Me inventaron un delito que no he cometido. La peor hipótesis de derecho en el mundo es que vaya un inocente preso y yo soy un inocente que estuvo preso. No se olviden de eso” declaró el ex Secretario Legal y Técnico de la presidencia. En una nota de VCF MENDOZA titulada “Liberaron a Zannini y D'Elía”, se dan detalles adicionales de esta liberación. Este es un escalón más en el descenso político que, hasta hoy incontenible, abre una incógnita sobre el futuro de este experimento de restauración oligárquica que encabeza Mauricio Macri.
A 42 años del golpe cívico militar. La marcha del 24 de marzo, como todos los años, fue multitudinaria. Madres y abuelas marcharon con organizaciones políticas, sociales, sindicales y junto a miles de ciudadanos, por la vigencia del proceso de memoria, verdad y justicia.
En Mendoza la convocatoria también fue masiva, y la consigna fue “la lucha continúa”: es que todavía hay episodios oscuros en el golpe de estado para los argentinos, que no llegamos a comprender. Por un lado la falta de identificación de restos de miles de desaparecidos, la búsqueda persistente de Abuelas que luchan por encontrar a los nietos que faltan, y el insoportable intento judicial y del ejecutivo en los últimos dos años de otorgar prisión domiciliaria a los genocidas, brindar beneficios en las condenas, y recuperar la teoría de los dos demonios entre otros grande perjuicios ocasionados a la lucha por la memoria.
En la marcha mendocina, una columna recordaba a aquellos fallecidos por la violencia institucional, víctimas de la represión absurda, o del gatillo fácil. De hecho, después del 2001 y los muertos por represión en Plaza de Mayo, este gobierno ya carga con el peso de haber asesinado en mano de las fuerzas represivas a Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y Facundo Burgos de 11 años asesinado por la policía de Tucumán. Sin mencionar la represión y las detenciones o incautaciones, por ejemplo últimamente a una mujer que vendía chipa, o a un joven que vendía sanguches de salame en los bosques de palermo.
La manipulación de la justicia, la intervención del ejecutivo a través de la opinión deliberada (como cuando Chocobar asesinó a un pibe chorro en la calle y el Presidente lo defendió), la creación de tribunales a través de DNU, la designación de jueces sin el proceso correspondiente, y la utilización de la prisión preventiva como herramienta política para encarcelar a funcionarios públicos del kirchnerismo sin sentencia ni condena firme, pura y exclusivamente para el juego mediático, arena de construcción política del PRO.
Sin dudas, los derechos humanos de los argentinos están avasallados y en riesgo, y la moralina de la mano dura y la corrupción aportan la parte ética a esta realidad política que nos trajo el gobierno nacional.
El BID existe, la inversión privada no. La Asamblea del BID realizada en la provincia de Mendoza atrajo participantes de distintos países del mundo, y le dio a la provincia una fuerte visibilidad regional. Sin embargo, más allá del partido de fútbol que jugó el gobernador con funcionarios nacionales y del BID, la visita de Campanella, la apertura del paso Cacheuta, pareciera haber un desfase entre las propuestas del Banco y la realidad argentina y mendocina y es justamente la falta de inversión privada en áreas necesarias para el desarrollo de la provincia, que tienen que ver con la reconversión de la matriz productiva. Por otra parte, el BID además de otorgar créditos en dólares en tasas medianamente convenientes, propone proyectos de desarrollo a través de la planificación, justamente lo que falta en la provincia. Un claro ejemplo es el ordenamiento territorial: Las obras encaradas por el gobierno provincial a lo largo y ancho de la provincia se realizaron sin planeamiento, sin las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, y sin la aplicación de un plan de ordenamiento generado en gestiones anteriores, desde la secretaría de ambiente, y a su vez de la agencia de ordenamiento territorial.
En el día de ayer el Presidente participó del cierre de la Asamblea de Gobernadores del BID: Insistió en que se está generando empleo privado genuino, y volvió a convencerse de que en la Argentina hay un “crecimiento gradual, inclusivo y sostenible, un camino de desarrollo, en el que estamos combatiendo la pobreza para que ningún argentino se quede atrás”.
Caso Carleti, una trama de ocultamiento político. El ex marido y senador de la UCR Leonardo Hisa, es el principal sospechoso de la muerte de Norma. Además, el padre de los dos supuestos sicarios contratados por Hisa para el asesinato era un ex empleado del senador radical mientras estuvo en su cargo.
El día viernes y por segunda vez intentaron profanar la tumba de Norma en el cementerio de Tunuyán.
En medio de esta lamentable situación se suma la tensión y acusaciones políticas. Emiliano Campos Fadel es ahijado político de Leonardo Hisa. Diputado por el Tercer Distrito (Tunuyán) desde 2015, además escribano de Hisa, y sobrino. Y le da trabajo al joven Lucio Hisa en la Cámara.
Campos fue de los primeros en declarar después del crimen, pero hubo esa noche una triangulación de llamados entre Leonardo Hisa, Juan Carlos Guerrero (el padre de tres de los cinco imputados) y el diputado Campos. Esos llamados captaron la atención de los abogados querellantes que representan a los hijos mayores de Norma, los Gómez. Creen que lo que contaron tanto Guerrero como Campos en el expediente, respecto de la naturaleza de los llamados es contradictorio.
En la Legislatura, por ahora, hay silencio respecto al caso.