Otro dato de color. La mayoría de los nuevos funcionarios también nombraron a sus propios familiares. El árbol genealógico gubernamental se hizo así más denso y rico. Gabriela Michetti trajo a su prima María Alejandra Illia; Marcos Peña, recatado el hombre, solo le dio una jefatura a su hermano Andrés y una asesoría a papá Félix. El mayor aporte lo hizo Jorge Triaca que nombró a su mujer Cecilia, a sus hermanas Mariana y Lorena y a su cuñado Ernesto. La ministra Bullrich, madre al fin, arrimó a su vástago Francisco, a su primo Pedro Cernadas, a su cuñada Ana Gascón Araoz y a la nieta de una de sus tías, Julieta María Williams. El ministro Frigerio invitó a su esposa Victoria y a su tío paterno Mario, que perdió el empleo por cambios en el organismo. El ministro Oscar Aguad ubicó a su yerno Rodrigo; el vocero presidencial Iván Pavlovsky engrosó el equipo con su esposa Marina y Pablo Avelluto, decidió compartir la tarea con su novia Carolina Azzi, pero él salió a desmentirlo. También Federico Sturzenegger impulsó a su esposa Josefina al Fondo de las Artes. Gustavo Santos, Ministro de Turismo nombro a su hijo Matías. Hasta Inés Zorreguieta, hermana de reina Máxima de la Casa Real Holandesa, se conchabó en Desarrollo Social. Pero lo de Triaca, nombrando en el SOMU a su casera, Susana Heredia dañó la imagen del equipo. Para recomponer y calmar a los nerviosos se dictó el decreto 93/2018 contra el nepotismo. Solo 12 familiares renunciaron. Mientras tanto se ajusta y despide personal en el INTI, Fabricaciones Militares, Paka Paka, Radio Nacional, el Senasa, el Hospital Posadas y en el yacimiento Río Turbio. Ellos, para el presidente, no forman parte del mejor equipo.

Escondiendo muertos en el cementerio: El presidente Macri afirmó que el Gobierno está "haciendo lo que había que hacer". Incorporar a la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde los negocios importan más que la gente, es una de esas urgencias. Las decenas de decretos de necesidad y urgencia, ignorando la Constitución Nacional y el rol del Congreso Nacional, se explican en parte por este motivo.

Los 192 artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 27/18, de Desburocratización y Simplificación, se ajusta a los requerimiento de la OCDE y ha sido la obra cumbre en su género. Apurado para revestir la nueva criatura de alguna legalidad, el DNU fue aprobado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de mayoría oficialista. Ese megadecreto deroga 19 leyes a la vez que modifica otras 140 normas, batiendo un nuevo record de vandalismo institucional. La norma cosechó ya varias denuncias porque "quiebra la división de poderes" y “apunta a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano".

Lo curioso es que mientras el DNU 27/18 está vigente desde mediados de enero, el Presidente igual lo desguazó en tres partes y, mezclando arbitrariamente sus artículos, elaboró tres leyes que mandó al Congreso Nacional. Dicen en los pasillos del parlamento que esta fue una exigencia de un senador opositor. Los diputados, que les toca ahora debatir estos proyectos, están que trinan por lo impresentable de la situación planteada. Pero si bien este DNU es un cementerio de leyes, decretos y regulaciones, no es menos cierto que el gobierno aprovechó este funeral para esconder algunos difuntos que erizarán los pelos a más de un desprevenido. Señalemos algunos:

Los bancos pueden ahora embargar la cuenta sueldo.

Se reducen las sanciones a empresas acusadas de evadir leyes laborales y tributarias en relación a las cargas sociales y trabajo no registrado.

Flexibiliza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, permitiendo usar el dinero de los jubilados en operaciones especulativas y financieras que pondrán en serio riesgo todo el sistema previsional argentino.

Afecta el derecho de los consumidores al imponer la factura electrónica obligatoria.

Transforma la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en una inmobiliaria que puede vender los campos, inmuebles y ganado del Ejército Argentino y otros bienes del patrimonio nacional, haciendo un click por internet.

Modifica las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de la investigación del lavado de activos reduciendo su injerencia en las pesquisas.

Elimina el Registro Industrial de la Nación que permite mantener inventario del sector industrial argentino.

Disminuye los controles para el movimiento de las obras de arte.

Introduce modificaciones fitosanitarias que afectarán las actividades agropecuarias.

Unifica y centraliza el sistema de contrataciones del estado.

La lista es extensa y compleja. Sin dudas que además de un duro golpe al sistema republicano de gobierno, al limitar el rol del parlamento y violar la Constitución Nacional, este DNU traerá serias consecuencias para la vida de muchos argentinos.

Una de noruegos: Como corresponde a un país serio que “ha vuelto al mundo”, mucha gente de probado abolengo se acerca a conocernos; ojalá también a invertir. Esta semana sus Majestades el Rey Harald V y la Reina Sonja,soberanos del Reino de Noruega, se dieron una vuelta por estas latitudes. Uno de los asuntos en común que tiene argentina con los nórdicos es el tema antártico. Es por ello que se realizó el Seminario “Argentina y Noruega - Pioneros en la Antártida”. Pero la sorpresa llegó con la exposición del canciller argentino Jorge Faurie. Según consta en el pedido de interpelación presentado por el diputado Nacional Guillermo Carmona, el diplomático argentino afirmó que “la Antártida es patrimonio común de la Humanidad”, en franca oposición a la soberanía argentina y a la Política de Estado que nuestro país mantiene desde 1904. Larga y rica es la historia de nuestros pioneros e investigadores en el continente blanco. Argentina declaró hace décadas su soberanía sobre un sector de la Antártida y fue uno de los primeros firmante del Tratado Antártico. Dado el estatus político que ocupa el canciller argentino, sus palabras pueden ser invocadas ante una eventual disputa de soberanía sobre un territorio cuyos recursos naturales y biodiversidad son altamente codiciadas. Una grave inconsistencia que se repite cuando la defensa de la soberanía argentina está en juego.

Mientras tanto… Las mujeres en lucha

El paro internacional de mujeres es reflejo de lo que podríamos denominar la cuarta ola feminista. Mujeres de todo el mundo marcharon con diferentes consignas, pero fundamentalmente bajo el objetivo de la igualdad de género.

Argentina, pionera del movimiento Ni una Menos que se expandió al resto del mundo, no fue la excepción. Esta vez, el paro internacional se dio en nuestro país en el marco de la instalación por parte del estado nacional del debate por el aborto legal y seguro. No podemos dejar de desconocer que es un debate de larga data entre las mujeres argentinas, pero sin dudas la presentación de un proyecto en el Congreso genera la esperanza de que próximamente exista una ley que proteja a las mujeres que mueren en el pais por realizarse abortos clandestinos.

Muchos antiabortistas intentaron invisibilizar la multitudinaria convocatoria, pero la lucha de las mujeres por la igualdad no puede reducirse a una sóla consigna. Todavía una mujer sigue muriendo cada 30 horas en argentina víctima de la violencia de un hombre, la brecha salarial es del 30%, y continúan realizando mayoritariamente las tareas domésticas y de cuidado. Sin mencionar, que los hombres continúan ocupando los lugares de tomas de decisiones tanto en el ámbito público como privado.

“Nuestra explotación es doble: porque nos explotan en el trabajo productivo y nos explotan también en el trabajo reproductivo, ese que se vuelve invisible, ese que nos mete en la tarea de nuestras casas, en las tareas de cuidado, de crianza, ese que hace que nuestra jornada laboral sea triple”, afirma el documento que leyeron en conjunto mujeres representantes de distintos sectores sociales frente a la explanada de Casa de Gobierno en Mendoza.

Desde el 2015 en adelante las mujeres están en peores condiciones que antes: se recortaron programas de salud y reproducción sexual, y se condenó a miles de mujeres a la dependencia económica o a la pobreza, tras los despidos masivos, la precariedad laboral, y los bajos salarios docentes donde la mayoría son mujeres.

En este sentido, los anuncios del presidente del primero de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, no parecieran cobrar ningún tipo de expectativa para la lucha de las mujeres. Cabe recordar que en el recorte del estado el gobierno convirtió al Consejo Nacional de las Mujeres en un instituto, bajando de esta manera el rango y el presupuesto del mismo por el que se destina un 0,007% del presupuesto nacional, es decir, $5 para cada mujer.

Por otra parte, el Presidente afirmó en su discurso que “no tiene explicación” que una mujer gane menos que un hombre, y prometió generar trabajo para las mujeres desempleadas y aumentar los días de licencia para paternidad y fertilización asistida. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha sido presentada en el Congreso nacional y la situación económica tampoco tiende a mejorar la situación económica de las mujeres, y no pareciera mejorar en el mediano plazo.

En Mendoza la situación es igualmente crítica. Aún falta la implementación de leyes fundamentales como la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, la ley de Aborto No Punible y la ley nacional de parto humanizado 25929.

Sin embargo, unas de las denuncias más contundentes fue contra los funcionarios de Cornejo que están acusados por violencia de género. La marcha en Mendoza partió de la subsecretaría de Trabajo, porque el subsecretario Alejandro Jofré tiene tres denuncias por abuso sexual a tres mujeres que trabajan en la subsecretaria. Miles de mujeres exigieron su renuncia inmediata.

El caso de Jofré es el último conocido, pero la lista es larga. Está el Director General de Escuelas, Jaime Correas denunciado por violencia laboral contra una trabajadora del Diario Uno, el ex ministro de Salud, Rubén Giacchi, quien debió renunciar a su cargo cuando se conoció que fue denunciado por golpear a su ex pareja, Fernando Giunta, quien estaba al frente de la fiscalía de Violencia de Género, también denunciado por su ex mujer quien sufrió violencia económica y maltrato por parte del fiscal. Marcelo D´Agostino, subsecretario de Justicia, acusado de agredir físicamente a una mujer que trabaja en la Casa de Gobierno, el fiscal de Instrucción de Godoy Cruz Gustavo Fehlmann, acusado de acosar a una estudiante universitaria, Marcelo Esquivel, designado por Roberto Munives como jefe policial en Capital, denunciado por su mujer por violencia de género, Luis Gabriel “Turco” Mendoza, Director General de Gestión Social en Godoy Cruz denunciado por abuso sexual a una menor, Rafael Escot, juez de la Quinta Cámara del Crimen , acusado por una fiscal de su misma cámara por violencia, y por último Julio Fonzalida, funcionario de Alvear que golpeó a una empleada frente a la omnipresencia de las cámaras de seguridad.

Esta es una larga lista de lo que falta, y hay mucho más. Lo importante es que las mujeres están en marcha, y todos sabemos el qué, el para qué y el cómo. Pareciera a veces que algunos, y algunas, (sin distinción de clase, pertenencia política o social), intentan enredar esta lucha con discusiones estériles y fuera de lugar.

Los que estemos a la altura de las circunstancias debemos entender que en este momento la lucha es por la igualdad, y por lo tanto también, por el principio irrenunciable a la libertad.