Ayer nos enteramos a través de los medios, de la creación por parte del ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de Mendoza, de un “registro único de la diversidad”, al estilo de las fichas RUC (registro único de casos) que se llevan para los casos de víctimas de violencia de género, pero destinado a lesbianas, gays, travestis y trans.

La gacetilla de prensa enviada a los medios por parte del Ministerio refiere que el objetivo es “recabar datos de las necesidades de la comunidad para profundizar las acciones realizadas hasta el momento”, datos sobre tipos de discriminación, ámbitos y motivos y personales, sobre vivienda, educación, trabajo y salud.

En primer lugar consideramos que resulta discriminatorio, persecutorio y punteril la confección de fichas que contienen datos personales (nombres, filiación, lugar de residencia, etc.) de las personas de la comunidad LGTTBI.

Discriminatorio porque, lesbianas, gays, travestis y trans no somos víctimas de nada, no somos vulnerables por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Somos en todo caso vulneradxs por la falta de políticas públicas y de presupuesto para garantizar las leyes que protegen nuestros derechos y los del resto de las personas que habitan nuestra provincia.

Resulta al menos persecutorio y punteril que las personas para acceder a determinados “beneficios” y/o “políticas”, tengan que registrarse personalmente a través de su llegada a las oficinas del gobierno provincial o sus municipios. Nada se dice de la participación de las organizaciones de diversidad de la provincia y de la formación de personal y funcionarios de las distintas áreas de gobierno en la temática de género y diversidad. Menos que menos del presupuesto destinado específicamente en el 2018 para políticas destinadas a la comunidad LGBTI.

En todo caso debieran preocuparse las autoridades de la provincia por el incremento de las denuncias de discriminación por orientación sexual e identidades de género, tal cual surge de un reciente informe de la delegación de Inadi en Mendoza o por la desfinanciación y desmantelamiento de programas nacionales y/o provinciales (Salud, sexual y reproductiva, trata de personas, ESI, VIH-Sidad, violencia de gènero, etc) por falta de asignación presupuestaria.

Vivimos una realidad de ajuste económico donde se reprime a diario la protesta social que proviene de los sectores populares. Se incrementan los crímenes de odio contra la diversidad, particularmente travesticidios y transfemicidios, aumenta la persecución política y policial a mujeres, lesbianas y trans como queda de manifiesto en la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala y las amenazas y detenciones a activistas en las últimas marchas como la del Ni Un Menos del año pasado.

Asistimos a un recrudecimiento de la represión, del gatillo fácil y la mano dura, avalados por un presidente que muestra signos de supina ignorancia en el conocimiento de derechos humanos fundamentales (caso Chocobar), avalados por leyes y tratados internacionales.

En este contexto nacional y provincial, la creación del “registro de la diversidad” por parte del gobierno provincial parecer ser una mera estrategia para ocultar la falta de políticas públicas universales y el presupuesto adecuado para llevarlas a cabo.

Si se garantizan nuestros derechos como personas, nuestras orientaciones sexuales e identidades de género, no necesitamos de protocolos ni registros.