Los 100.000 millones de pesos que el gobierno nacional quiere recortar a la seguridad social no solo afectará a los jubilados. La fórmula de movilidad previsional que el gobierno desesperadamente busca bajar, se utiliza también para la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares, las pensiones no contributivas (invalidez y otras) y las pensiones a ex combatientes de Malvinas. En total, afecta a un universo de más de 17 millones de argentinos, dentro de los cuales se encuentra los sectores sociales más indefensos y vulnerables de la sociedad: ancianos, niños y discapacitados.

El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) muestra que el 31,4% de los argentinos vive en situación de pobreza, lo que representa a unos 13,5 millones de personas. También indica que hay un 5,9% de indigencia, lo que equivale a 2,5 millones de argentinos.

Pero el dato más doloroso del informe de la UCA es que el 48% de los niños menores de 14 años vive en hogares pobres. La pobreza e indigencia golpea a más de cinco millones de niños, de los cuales un millón pertenecen a familias que no tienen ingresos para asegurar su alimentación básica.

A ese grupo de niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza se les reducirá el ingreso a partir de la reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri. Por esto, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) manifestó su rechazo al proyecto de ley a través de un documento titulado "La niñez no puede ser un elemento de ajuste económico”.

En ese sentido, el proyecto de reforma previsional resulta inconstitucional, ya que perjudica un derecho adquirido por los jubilados y por los menores beneficiarios de la AUH.

La magnitud del recorte se aprecia al comparar el aumento que determina la fórmula propuesta frente a la fórmula actualmente vigente. Así se advierte que el aumento de la AUH y de la Asignación por Embarazo, se vería reducido en el próximo ajuste (marzo de 2018) en más de un 50% de lo que correspondería si se mantuviera la fórmula actual.

Esos fondos están destinados a aquellos niños, niñas y adolescentes que pertenecen a grupos familiares que se encuentran desocupados o se desempeñen en la economía informal. Los derechos recortados por este punto afectan a casi 4 millones de niños que reciben la AUH y a casi 80.000 mujeres titulares de la Asignación por Embarazo.
El proyecto de ley que el gobierno insistirá en aprobar esta semana viola el principio de no regresividad, ya que afecta las transferencias a los menores, que principalmente, se destinan a la compra de alimentos. La AJUNAF exhortó al Ejecutivo y a los diputados nacionales “que revisen la reforma propuesta, en cuanto no se ajusta a los mandatos constitucionales, vulnerando de manera sustancial los derechos de la infancia”.

El Comité de los Derechos del Niño (ONU), a los fines del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha expresado en la Observación General N° 19 (julio 2016), que la obligación impuesta a los Estados partes para dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales significa también que “no deben adoptar medidas regresivas deliberadas en relación con tales derechos. Los Estados partes no deben permitir se deteriore que el nivel actual de disfrute de los derechos del niño”. Y más adelante continúa: “Las obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas impuestas por los derechos de los niños no se verán comprometidas por ningún tipo de medida regresiva, ni siquiera en tiempos de crisis económica”.

Lo dicho implica la obligación de no regresividad, que constituye una limitación que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a los poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a las posibilidades de restricción de los derechos económicos, sociales y culturales.

Frente al cálculo de movilidad propuesto en el proyecto de ley, se concluye que la disminución prevista resulta regresiva y confiscatoria en cuanto al abultado porcentaje que representa esa reducción. Por consiguiente, se estarían vulnerando de manera sustancial los derechos de la infancia.

Se cumplió la mitad del mandato del presidente Mauricio Macri y no parece haber avances en cuanto a su principal promesa de campaña: “Pobreza Cero”. Más bien, todo lo contrario, las medidas del gobierno van en camino de asfixiar la economía de las mayorías nacionales.