La ola de detenciones e imputaciones se produjo cuando el gobierno del presidente Mauricio Macri comenzó a tener problemas para aprobar dos reformas que perjudicarían la vida de millones de argentinos, la previsional y la laboral. El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva y pidió el desafuero de la ex presidenta, ahora senadora, además ordenó el arresto de ex funcionarios y dirigentes y procesó a otros.

En este contexto, una de las reformas que más interesa al gobierno es la del “cambio” en el sistema jubilatorio. Ése sería el gran objetivo del año para cumplir con los “pedidos” del Fondo Monetario Internacional y obtener los 100.000 millones de pesos que pretende “ahorrar” con el sacrificio de los mayores que, dicho sea de paso, representan el sector social que más adhiere a las consignas de “Cambiemos”.

¿La resistencia y la preocupación creciente de la población llevarían a la necesidad de montar un circo mediático y judicial para correr el centro de atención? ¿Logrará el gobierno imponer el saqueo y absorber 100.000 millones de pesos de “la plata de los jubilados”?

La jubilación de la alegría

Con el incremento del desempleo y la precarización laboral, junto a la privatización del sistema de la seguridad social, el 40% de los adultos mayores quedaron excluidos en la década de 1990 del derecho a la jubilación. El plan de previsional que inició en 2005 el gobierno de Néstor Kirchner, permitió incorporar a casi tres millones de personas al sistema. La cobertura previsional trepó de 66% al 94% en el año 2014, el nivel más elevado de toda América Latina.

El objetivo fue incorporar a las personas que tenían edad para cobrar una jubilación, pero estaban excluidos por no contar con los 30 años de aportes. El resultado fue una notable mejora distributiva a favor de los mayores y al mismo tiempo una política de igualdad de género, ya que más del 70% de las jubilaciones otorgadas bajo esa moratoria fueron a mujeres, muchas de ellas habían sido toda su vida “amas de casa” o habían tenido trabajos informales donde sus patrones no habían realizado aportes al sistema.

La cobertura jubilatoria creció otra vez con la nueva moratoria del año 2014 alcanzando el 97% de la actualidad. La ampliación fue acompañada con un incremento en términos reales del poder de compra de jubilaciones y pensiones.

Un aspecto importante de esa recuperación adquisitiva fue la aprobación de la Ley de Movilidad Jubilatoria que comenzó a aplicarse en 2009 y hoy está vigente, siendo uno de los puntos que el gobierno del presidente Mauricio Macri quiere modificar.

Entre marzo de 2009 y septiembre de 2017 las jubilaciones registraron aumentos acumulados de 950%, mientras que la inflación medida por consultoras privadas y el ente estadístico de la Ciudad de Buenos Aires fue de 692%. Durante ese período el haber mínimo pasó de 690 a 7246 pesos. Si en lugar de aplicarse esa fórmula, las jubilaciones se hubieran regido por la propuesta del actual gobierno, la jubilación mínima habría quedado en 5470 pesos, un 24,5% menos.

El haber mínimo pasaría con la fórmula actual de 7246 a 8296 pesos, 1050 pesos de suba, equivalente a un aumento de 13%, mientras que de aplicarse el cálculo propuesto por el gobierno la mínima pasará a 7660 pesos, con un alza de 414 pesos, menos del 6%. La diferencia entre ambos cálculos es de 636 pesos, que el jubilado dejará de recibir por el cambio de medición.

La fórmula de movilidad previsional no solo se utiliza para actualizar las jubilaciones, sino también para otras prestaciones de la Seguridad Social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares de los trabajadores formales, las pensiones no contributivas (invalidez y otras) y las pensiones a ex combatientes de Malvinas. En total, afecta a un universo de más de 17 millones de argentinos.

La modificación de la ley de movilidad sin duda impactará fuerte y negativamente en el poder adquisitivo de los actuales jubilados. Pero no hay que dejar de tener presente que afectará mucho más a los futuros jubilados, es decir, a los actuales trabajadores. Si el presente es mal momento para jubilarse, el futuro será peor, por lo que sería bueno que gremios y sindicatos encargados de defender los derechos de los trabajadores tomaran una firme posición. Lo mismo sucede con los legisladores que deberán tratar la propuesta a partir de la semana que viene.

El objetivo del gobierno es conseguir un “ahorro” de más de 100 mil millones de pesos en prestaciones el año próximo, tal como solicita el Fondo Monetario Internacional, para sostener el incrementando de los gastos en intereses por endeudamiento externo y la fuga de capitales al exterior, mientras se excusa en el déficit fiscal récord generado por este mismo gobierno.

En definitiva, ser cruel con los humildes para satisfacer a banqueros y financistas, locales e internacionales. Ninguna novedad.