La reforma tributaria tiene el objetivo de abaratar costos para mejorar la competitividad, de modo que las empresas locales estén en mejores condiciones para competir con las del resto del mundo. Así, supuestamente, se verán “incentivadas” para aumentar la producción y el empleo.

Estos cambios también estimularán la radicación de compañías extranjeras en el país. Para eso se propone reducir el impuesto a las ganancias que pagan las empresas y bajar los aportes patronales.

En segundo lugar se expone una reforma previsional, bajo la cual se plantea la modificación de la ley que establece dos aumentos anuales según los índices inflacionarios. El gobierno pretende que ahora sean cuatro las subas por año, pero nunca superando las cifras del INDEC. Es decir, un congelamiento de las jubilaciones y su poder de compra, con el retroceso que ello implica. Más aun teniendo en cuenta que el consumo de los adultos mayores se concentra en alimentos y medicamentos, que aumentan bastante más que el promedio inflacionario que indica el INDEC. Esto es, concretamente, una baja real de las jubilaciones.

En cuanto a la reforma laboral, la propuesta promueve, entre otras modificaciones: la baja en las indemnizaciones por despido; la eliminación del pago de horas extras a través de un “banco de horas” que permite promediar jornadas; eliminar la responsabilidad de las empresas que subcontratan trabajadores a través de entidades tercerizadas; regularizar formas de contratación precarias como monotributistas y otras que no contemplen convenios colectivos ni aportes a la seguridad social; la reducción de aportes y contribuciones patronales; la imposibilidad de solicitar judicialmente el restablecimiento de las condiciones de trabajo que hubieran sido objeto de una modificación ilegal; la reducción de las multas por empleo en negro.

A esto se suma la habilitación de un “fondo de cese laboral”, financiado indirectamente por los trabajadores mediante la reducción del salario y destinado a cubrir las indemnizaciones ante un despido sin causa. Es decir, que los empleados se paguen su propia indemnización. El mecanismo es contrario a la protección constitucional contra el despido arbitrario. Se cumple así el deseo del secretario de Empleo y ex CEO del grupo Techint, Miguel Ángel Ponte, quien dijo a principios de este año que “la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia; es como comer y descomer".

Las medidas propuestas hacen retroceder muchos avances en materia laboral y social conquistados desde el siglo pasado. Las reformas son explícitamente una continuidad de las políticas implementadas en la dictadura militar de los años 70 y en la década del ’90 bajo el menemismo.

Es absolutamente falso que la destrucción de los derechos laborales favorezca la creación de empleo y la propia experiencia de la República Argentina lo evidencia. En los ´90 el país experimentó rebajas de aportes patronales, bajas en las indemnizaciones y nuevas modalidades de flexibilización laboral, pero la tasa de desempleo prácticamente se triplicó de 6,5% a casi un 18% entre 1991 y 2001. Es asombrosa la continuidad y la similitud en los planteos de Menem – De la Rúa – Macri, como queda demostrado en el siguiente video elaborado por el programa TVR.

La maximización de la rentabilidad empresaria a costa de la destrucción de los derechos laborales solo puede traer como resultado el aumento de desempleo, la pobreza y la indigencia. No existe ejemplo en el mundo que demuestre que renunciar a derechos pueda crear trabajo.

La Asociación de Abogados Laboralistas rechazó la reforma que pretende arrasar con la ley de contrato de trabajo y las normas protectoras laborales y de la seguridad social. El presidente de la entidad, Matías Cremonte, fue taxativo: "Es una ley hecha a medida de los empresarios", “ni la dictadura se animó a tanto”, agregó más tarde.

No sorprende que los lineamientos se encuentren en sintonía con lo planteado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos representantes se encontraban en primera fila mientras el presidente Mauricio Macri anunció las reformas en el Centro Cultural Kirchner hace unos días.

La visita del FMI a la argentina, que concluyó el viernes pasado, apoyó el plan de reformas que busca el gobierno al expresar en un comunicado que “acelerar las reformas contribuiría a mitigar las vulnerabilidades que se observan en las perspectivas a mediano plazo y promovería un crecimiento vigoroso, sostenido y equitativo”.

El mismo apoyo brindó el FMI a las “reformas” de ajuste durante la década de 1990 que terminaron en la crisis económica y política más grave de la historia del país en el año 2001-2002.

Dime quien te apoya (¿o te da instrucciones?) y te diré quién eres (y cómo podemos terminar). Reformar hacia el pasado es la consigna.