Los concejales de Santa Rosa aprobaron una ordenanza que implica el reemplazo de un empleado jubilado o fallecido, por un familiar directo: “Será obligación del Ejecutivo prever el ingreso del hijo/a, esposo/a, concubino/a al cargo vacante de menor categoría y acorde a la especialidad y aptitudes”, afirma la resolución.

Como era de esperarse la intendenta Norma Trigo decidió vetarla por considerarla “inconstitucional”, ya que la designación de los empleados municipales está a cargo del ejecutivo municipal y por supuesto también sus desvinculaciones.

Tal es así, que en Santa Rosa, apenas asumió la intendenta de Cambiemos, despidió a la mitad de la planta municipal.

Los que vivimos en Mendoza, (no todos), sabemos que la mayoría de la población económicamente activa de Santa Rosa trabaja en el estado por la falta de trabajo y desarrollo productivo en el departamento, teniendo en cuenta además, que la mayoría de su superficie es semiárida.

La mayor parte de la producción en la que se sustenta la economía de Santa Rosa es la agrícola ganadera. Se producen damascos y duraznos, se cría ganado vacuno, porcino y caprino, y por último la apicultura, que junto con Lavalle se destaca debido a la calidad de la flora autóctona.

Teniendo en cuenta este resumido contexto de la situación, podemos deducir, que en primer lugar, no sobra el trabajo. En segundo lugar, el empleo estatal es importante para las familias que reciben ingresos por los trabajos y servicios que realizan al estado, y que por lo tanto perderlo por el dedismo político en un departamento con tantas limitaciones, no es una opción.

Sin embargo, la problemática que encierra esta ordenanza aprobada por los concejales, en su mayoría del espacio peronista, queda absolutamente invisibilizada por el tratamiento dado al tema en los medios de comunicación mendocinos y también nacionales. Clarín, La Nación, y Lanata desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidieron darle un lugar en sus agendas para hablar de lo absurdo que resulta el planteo. “Es increíble esto, es algo idiota", afirmó Lanata en su editorial del programa “Periodismo Para Todos”.

Y sí. Claramente un torpe “periodista”, que opina burdamente, y se ríe sin involucrarse en la realidad social sobre la que habla, rápidamente concluirá que es un planteo idiota.

Sin embargo, más allá de los desinformadores de siempre, debemos hacer una lectura crítica y comprensiva de la situación: Es cierto que corresponde al poder ejecutivo designar a los empleados municipales, pero esta ordenanza refleja una serie de problemáticas sociales concretas. En primer lugar, la necesidad de supervivencia de familias que sin el trabajo estatal no podrían subsistir, (aunque a Lanata le cueste entenderlo), y en segundo lugar la necesidad de una mayor protección a los empleados públicos, ya que en Argentina es común que tras un cambio de gobierno existan importantes reajustes de plantas, es decir, “echar a los otros para poner a los nuestros”, sin importar aquellos que durante 10, 20, 30 ó 40 años llevan prestando servicios al estado, en todos los gobiernos.

La situación se complica aún más, cuando gobiernos como el de Cambiemos apuntan todas sus energías a achicar el estado, por lo tanto, despedir trabajadores sin buscar una alternativa de trabajo.

Una vez más, el problema es político.

Si tenemos en cuenta la utópica frase “el estado somos todos”, no se debería dejar a la deriva a un solo trabajador, sin antes estar seguros de que encontrará un modo de subsistencia de vida.

Y una vez más, el problema es cultural. En algún momento tendríamos que comenzar a utopizar la desutopía: el estado no pertenece al ejecutivo de turno, sino al pueblo argentino que se dedica a sostenerlo y servirle.