Columnistas // 2017-07-28
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Sentencia histórica en Mendoza: la justicia federal condenada
El miércoles 26 de julio de 2017 fue histórico: se juzgó y condenó a los jueces cómplices de la última dictadura cívico militar. “Fue un día luminoso de justicia en Mendoza, se ha hecho historia”, celebró el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes del juicio.

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Durante los años 1976-1983 en la Argentina las Fuerzas Armadas y de Seguridad cometieron actos horrendos mediante los cuales se sometió, humilló, asesinó, torturó, atacó sexualmente y desapareció a 30 mil argentinos, con la complicidad de un sector de la sociedad civil. En ese periodo se llevó a cabo un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas conocido como Terrorismo de Estado.

Pero la aplicación de este régimen político basado en la desaparición forzada y la tortura no se pudo realizar sin la participación del Poder Judicial, que tenía la obligación de investigar y juzgar precisamente estos delitos. Así quedó demostrado en la sentencia que condena a la justicia federal.

Entonces, es posible afirmar que una gran cantidad de integrantes del Poder Judicial apoyó a la dictadura y además otorgó posibilidad de actuar con impunidad mediante diversos mecanismos. Este juicio evidencia que el horror represivo del Estado no era ajeno a los funcionarios judiciales, sino que fueron cómplices archivando las denuncias por secuestros, robos y ataques sexuales y rechazando los hábeas corpus, protegiendo a los criminales y brindándoles la impunidad necesaria para llevar a cabo sus atrocidades.

Por eso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, dictó la sentencia que los condena. Para el Tribunal, los magistrados fueron parte de un "plan criminal" que garantizaba impunidad a los secuestradores y torturadores y condenaron a 25 de los 28 acusados del juicio. Entre ellos se encuentran los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret, condenados a prisión perpetua y simbólicos por la enorme influencia que mantuvieron hasta hace muy poco en el plano judicial de la provincia y el país.

Tanto Romano como Miret habían sido destituidos siendo los principales referentes de los tribunales federales de la provincia. Romano fue condenado por 84 casos de secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios. Miret por 9 hechos de secuestros, 3 tormentos y 7 homicidios. El debate oral comenzó a principios de 2014 y durante sus 216 audiencias se escucharon más de 300 testimonios. En total fueron 28 los imputados, procesados por detenciones, secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, abusos sexuales y apropiación de una niña, lo que afectó a más de 200 personas.

La sentencia de Mendoza marca un quiebre en la larga historia de avances y retrocesos de los juicios, ya que se los condena con la figura de los crímenes de lesa humanidad y en el contexto del “delito internacional de genocidio”. Estos cuatro jueces fueron condenados como partícipes necesarios. La "justicia" federal de Mendoza estuvo en el banquillo de los acusados y ha sido ejemplarmente condenada.

La clave simbólica del juicio es que ha quedado en evidencia el aporte que brindó el poder judicial al Terrorismo de Estado, tanto que sin él no hubiese sido posible. Ha quedado demostrado que la justicia federal de Mendoza fue cómplice del terror.

Se trató del juicio más importante en la historia de Mendoza y todas las agencias de noticias del mundo han llamado la atención sobre el mismo.

El pueblo de Mendoza está orgulloso de los fiscales, abogados y jueces que han hecho justicia con aquellos que fueron cómplices de torturas y violaciones de todo tipo, con el agravante de que eran los representantes de la ley en esos días. Cabe destacar que estos jueces juzgados tuvieron las garantías constitucionales para defenderse, cosa que no tuvieron las víctimas del Terrorismo de Estado.

Ha sido una jornada histórica en nuestra provincia y el país. Estos juicios son la expresión de una lucha de los organismos de derechos humanos y de todo el pueblo argentino por la memoria, la verdad y la justicia. Esta lucha y resistencia han sido la respuesta al abandono y la impunidad.

Sólo hay justicia si hay condena a los genocidas. Las calles de la provincia y del país se han vuelto un poco más seguras y más libres. Las víctimas descansan un poco más tranquilas.

Tal vez, a modo de alivio frente a tanto dolor, los seres humanos han inventado la idea de los derechos humanos. A veces, algunos hombres, logran que esa idea trueque en forma material. Es cuando los genocidas son condenados.


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