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Para el 2015 corrían otros vientos en nuestro continente, vientos de igualdad, de solidaridad, vientos libertarios, que hicieron posible la sanción de la ley nacional de Matrimonio Igualitario.
El proyecto político, social y económico que hizo posible ésta y muchas otras leyes ampliatorias de derechos, se basó fundamentalmente en tres ejes centrales: redistribución de la riqueza, derechos humanos como política de Estado y la Argentina como parte integrante de la Patria Grande.
Hoy vivimos una etapa de retroceso, una vuelta al ideario más retrógrado que se cimenta en una parte de la sociedad caracterizada por su conservadurismo o indiferencia, donde los derechos humanos se tornan un curro, la redistribución de la riqueza es puro cuento del populismo de izquierda y la Argentina debiera volver a ser aquel país europeo en medio de la América mestiza.
Una grieta que no es nueva, que lleva 500 años: patria o colonia, civilización o barbarie, pueblo u oligarquía.
La Argentina de hoy no es el mismo país que amaneció hace siete años con la ley de Matrimonio Igualitario. Mientras escribo esta nota, en la pantalla de TV, la bonaerense reprime a los trabajadores de Pepsico con una violencia que no se veía desde los años 90, Lula Da Silva es condenado en un juicio sin pruebas. El ajuste, la suba de precios y los altos índices de desocupación están generando cada vez mayor brecha entre ricos y pobres, mientras Mendoza (23.000 millones) y Argentina (40.000 millones) toman en menos de un año y medio una deuda externa que nos hipoteca el futuro.
En este contexto la realidad de lesbianas, gays, travestis, transexuales y bisexuales, no escapa a la regla de tremendo retroceso. Asistimos diariamente a nuevas restricciones y obstáculos en el acceso de derechos humanos fundamentales, vemos con mucha preocupación un cambio de paradigma, donde pasamos de un modelo de políticas públicas universales focalizadas, al de la igualdad de oportunidades, que implica ni más ni menos que el abandono de las poblaciones vulneradas y la asistencia direccional, para atender solamente aquellas que encuentran los medios para acercarse al Estado.
En Mendoza sigue pendiente la implementación plena de la ley de Educación Sexual Integral, mientras en el departamento de Malargüe el cura Pato expresa públicamente que dicha ley: “Es una ofensa a Dios y tenemos que levantarnos en armas para defender nuestras familias”.
El vetusto y discriminatorio Código de Faltas de la Provincia, habilita tratamientos compulsivos de salud en pleno siglo XXI y nos habla de homosexualismo y prostitución escandalosa, siendo utilizado como pretexto para perseguir y hostigar a distintos grupos vulnerados, estigmatizando, discriminando y/o reprimiendo a personas migrantes, indígenas, afrodescendientes, en situación de pobreza, niños y niñas en situación de calle, lesbianas, gays, bisexuales y trans, por mera “portación de cara” o apariencia física, entre otras cuestiones.
Mientras tanto el proyecto de ley de cupo laboral para personas trans sigue durmiendo en la “activa” comisión de género y diversidad de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Y hablando de proyectos es imposible no mencionar el de libertad religiosa y de conciencia, actualmente en discusión en el Congreso de la Nación, que implica habilitar la objeción de conciencia permitiendo invocar un deber religioso relevante o una convicción moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica.
En materia de violencia y crímenes de odio, solo basta mencionar a manera de ejemplo, los más de seis meses de detención ilegal de "Higui”, defendiéndose de un intento de violación grupal; o los afiches aparecidos en la estación Santa Fe de la línea H de Buenos Aires que lleva como nombre Carlos Jáuregui, quien fue el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA): "No confundan a nuestros hijos. No queremos ideologías de género", en alusión a pinturas que muestran personas del mismo sexo besándose; o los ataques constantes por orientación sexual que siguen incrementándose notablemente al ritmo que se profundiza la restauración conservadora.
Según el registro de la Defensoría LGBT porteña (que depende de la Defensoría del Pueblo) en 2015 se reportaron 28 casos por ataques y discriminación y 43 por afectación de derechos a personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersex. Mientras que en 2016 se contabilizaron 58 agresiones y 72 casos por afectación de derechos. Es decir, que las denuncias de agresiones motivadas por orientación sexual e identidad de género aumentaron a más del doble en el último año.
A manera de cierre y como reflexión en este día, está claro que una parte importante de nuestra sociedad tiene una tolerancia escasa frente a la ampliación de derechos, sobre todo de aquellos que afectan una parte de sus privilegios o contradicen su sentido común. Generar conciencia política y social que nos permita cimentar cada uno de los avances es la tarea diaria, aún y más en épocas de retroceso.