Desde que asumió Mauricio Macri se inició un ciclo de brutal endeudamiento que erosiona la soberanía del país y lo subordina al capital financiero globalizado. Hace 193 años, por decisión de Bernardino Rivadavia, sucedió algo muy parecido. 

Al mismo tiempo que los americanos fueron logrando la independencia de España, empezaron a subordinarse a otra forma de colonialismo: la toma de deudas que otorgaban los intereses financieros y comerciales británicos.

Bernardino Rivadavia, siendo ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, firmó un acuerdo con la banca Baring Brothers de Londres, bajo el cual debían llegar a la argentina un millón de libras esterlinas, de las que llegaron solamente la mitad. En julio de 1824 se contrajo el empréstito para la realización de obras públicas para el puerto de Buenos Aires, aguas corrientes y la fundación de pueblos. Sin embargo, ninguno de estos proyectos fue concretado.

Este es el inicio histórico de la tragedia del endeudamiento externo argentino. La deuda se terminó de pagar 80 años después, en 1904. Aunque luego se tomó otro préstamo con la misma casa bancaria y recién lo terminó de pagar Juan Domingo Perón.

El pago fue garantizado mediante la hipoteca de todos los bienes de la provincia de Buenos Aires, entre ellos las tierras públicas. Para recibir nuevos créditos, Rivadavia decidió arrendar las tierras hipotecadas. En teoría, lo recaudado por estos arriendos, se utilizaría para el pago de intereses y amortizaciones del crédito con la Baring. Al mismo tiempo, se fomentaría el trabajo argentino bajo el arriendo en pequeñas parcelas. Pero las tierras fueron adjudicadas en inmensas extensiones.

Esta situación consolidó un pequeño grupo de grandes propietarios que fortaleció a la oligarquía terrateniente de la provincia de Buenos Aires, que a partir de allí ejecutará el control sobre el destino del país. Este reparto arbitrario de la tierra fue aprobado por el congreso de la nación en 1826 bajo la presidencia Bernardino Rivadavia. Con el pasar de los años, estos supuestos inquilinos, se transformaron en propietarios y, asociados a Gran Bretaña, conformaron la estructura productiva denominada “modelo agrario-exportador”.

El empréstito fue absolutamente innecesario y significó una estafa para el país. Sin embargo, los porteños argumentaron que serviría para “integrarnos al mundo”.

El bono del siglo

Con los mismos argumentos, casi 200 años después, la Alianza Cambiemos, heredera de la mentalidad de los porteños unitarios, ha iniciado un fuerte ciclo de endeudamiento externo. Casi 100 mil millones de dólares de nueva deuda desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Pero esta borrachera de la deuda llegó a niveles desquiciados cuando se realizó hace unos días la emisión del Bono Internacional 2117, colocado por 2.750 millones de dólares.

Luego de haber pagado en forma absoluta a los buitres, de haber generado las condiciones que posibilitan una fuga récord de dólares, de haber endeudado la argentina a una velocidad mayor que la dictadura militar y el menemismo, y la frutilla de este bono a 100 años, los “mercados” que gobiernan el mundo le dieron la espalda a Macri y lo dejaron en la frontera. Al día siguiente de la operación financiera, el banco de inversión Morgan Stanley le negó impiadosamente al gobierno la aspiración de mejorar la categoría de país "fronterizo" a "emergente", una de las consecuencias más esperadas por el gobierno nacional.

No hay economista serio en el país ni en el mundo que no observe con preocupación esta decisión que responde objetivamente a la necesidad de los acreedores y perjudica seriamente al país. Para un acreedor lo más importante es cobrar intereses a la mayor tasa posible y por el mayor lapso de tiempo. Por este bono, la argentina pagará 200 millones de dólares de intereses por año durante el siglo comprometido.

Hoy los acreedores están constituidos por grandes fondos de inversión que necesitan tener un flujo de intereses muy elevado para poder cumplir con sus propios clientes y asegurados, en un marco internacional donde las tasas de interés son relativamente bajas. Con este tipo de acciones se aseguran un buen negocio con intereses muy superiores a la media internacional.

El negocio del acreedor es que el deudor nunca termine de pagar la deuda, asegurándose una tasa de interés muy alta como la elegida por el gobierno nacional. La tasa de interés que se pagará es del 7,9%, lo que significa que en 14 años se amortiza el capital y los restantes 86 años se paga la cuenta de intereses. Mientras que en un bono de esta naturaleza la tasa de interés que se paga normalmente es de entre un 2% o 3%, la administración Macri elige pagar un plus muy superior de casi 8%. Dicho interés permite a los acreedores cobrar hasta 9 veces el capital “invertido”.

Diputados nacionales presentaron una denuncia penal por la toma de esta deuda: “Esta escandalosa operación financiera que perjudica objetivamente los intereses argentinos, y solo beneficia a los inversores que adquirieron estos bonos, es un claro acto de administración contra los intereses del Estado”. El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, porque podría haber implicado “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.

Desde que asumió Mauricio Macri, lo único que ha crecido en el país es la deuda y la carga de intereses que paga el presupuesto público. Como en la época de Rivadavia, los grandes grupos económicos internacionales se imponen por sobre los intereses nacionales. Quienes firmaron este endeudamiento están perjudicando seriamente el destino de la argentina.