Hace unos días arribó al país una misión del FMI. La comitiva encabezada por el economista italiano Roberto Cardarelli se reunió con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el responsable de Finanzas, Luis Caputo, entre otros. 

También los representantes del FMI llegaron a Mendoza con el fin de conocer la situación de las cuentas públicas de la provincia. Aquí el gobernador Cornejo sacó chapa de ajustador celebrando los despidos masivos del Estado: “La clave está en apuntar a la productividad de los empleados del Estado. En Mendoza hoy tenemos 4.500 puestos menos y no por ello se reduce la atención. El Estado debe funcionar aún con menos gente”, señaló según el diario Los Andes.

El objetivo de la misión es monitorear la evolución de las cuentas macroeconómicas y fiscales de Argentina. Este tipo de “controles” fueron suspendidos durante la presidencia de Néstor Kirchner, quien consideraba indigno de un gobierno soberano que el organismo revisara los números del país e hiciera “recomendaciones” de política económica.

Cincuenta años de historia argentina están marcados por acuerdos con el FMI. El país ingresó al organismo en 1956 por un decreto del gobierno de facto de Pedro Aramburu y su influencia recién se limitó en 2006 cuando Néstor Kirchner canceló lo adeudado y se desprendió de su tutela. Excepto Perón y los Kirchner, todos los demás gobiernos recurrieron al FMI y sus recomendaciones siempre fueron perjudiciales al país.

El FMI entregó un desembolso a la dictadura cívico militar dos días después del golpe, el 26 de marzo de 1976. Videla y Martínez de Hoz recibieron pronto al FMI para firmar un acuerdo por caída de las exportaciones y dos stand by, en 1976 y 1977, mientras, la dictadura devaluaba, liberaba precios, aumentaba tarifas y congelaba salarios. La industria quebraba y la inflación era de tres dígitos. El modelo se hundió y, tras la Guerra de Malvinas, volvieron las negociaciones con el FMI, que ofició de gestor entre el país y los bancos acreedores por la enorme deuda externa. El Terrorismo de Estado silenció las protestas.

Desde 1982 el país estuvo bajo acuerdos con el FMI o procurando su aprobación, allí vinieron las hiperinflaciones, el desempleo y sobreendeudamiento de los 90, bajo la supervisión reforzada del FMI, hasta que la crisis de 2001-2002 demostró la inviabilidad de esas políticas.

Tanto el gobierno de la dictadura cívico militar (1976-1983) como el de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) alinearon sus políticas económicas a las directivas del FMI. En 1989, en el marco del Plan Brady, el gobierno de Carlos Menem llegó a un nuevo acuerdo con el FMI para reestructurar la deuda a cambio de mantener la convertibilidad, junto a la apertura y desregulación de la economía, privatizaciones, reformas impositivas y previsionales, reducción de empleados públicos, y el destino mínimo del 2% del PBI para el pago de la deuda.

Ya en el año 2000 se acordó el denominado “blindaje”, que incluyó el congelamiento del gasto público, la reducción del déficit fiscal, y la elevación en la edad jubilatoria de las mujeres. El FMI recién fue limitado en su influencia con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, quien canceló la deuda con el organismo a principios del 2006.  

Hoy, el gobierno trata de implementar un programa neoliberal de valorización financiera y distribución regresiva del ingreso. En ese marco, se está desmantelando la protección aduanera a la industria nacional, y se han quitado controles sobre capitales especulativos. Al mismo tiempo se flexibilizan las leyes laborales para bajar “costos” empresarios y mejorar la “competitividad” de la economía.  

Estas políticas recesivas podrán reducir la recaudación de impuestos, entonces el FMI y los mercados reclamarán por un mayor ajuste de gastos a cambio de nuevos créditos.

Esta situación responde a una ideología concreta que impone el capital globalizado. No es una mera cuestión contable de equilibrio financiero, es un asunto central en la definición política de nuestro destino como país. La deuda externa se ha transformado en una forma de dominación, que imposibilita el desarrollo de los países supuestamente soberanos.

Desde que asumió Mauricio Macri, la deuda se ha incrementado brutalmente en más de 90 mil millones de dólares, lo que que coloca a la argentina bajo la conducción del capital financiero. La provincia de Mendoza sigue la misma línea y ha incrementado su deuda en casi 14 mil millones de pesos. La deuda de Mendoza creció bajo el gobierno de Cornejo un 105% y lo peor es que una parte importante de la misma está dolarizada, por lo que puede crecer sin ningún tipo de control por parte de la provincia, transformándose en una “pesada herencia” para gobiernos futuros.

Valerse del endeudamiento en forma burda e irresponsable generará subordinación a la lógica del sector financiero globalizado y deviene en una disminución importante en el nivel de vida de la mayoría de la población.  Volver al Fondo como juez de la política económica significa que el oficialismo está preparando un severo ajuste fiscal, tanto en la Nación como en las provincias.

Lo crucial que debemos definir los argentinos es si construimos un país sobre la base de la autonomía y determinado por sus propios intereses, a partir de los cuales generar sus vinculaciones con el resto del mundo; o de uno elaborado en el marco de la dependencia por intereses extranjeros que determinan su acción política y dirigen su economía.

El FMI recorriendo el país es una señal de lo que vendrá.