El recientemente electo gobernador de la provincia de Mendoza el Lic. Alfredo Cornejo propuso en junio de 2020 la idea de separarse de Argentina, bajo el principio de autodeterminación de los pueblos (mendoexit). Independientemente de la argumentación político institucional, un análisis simple del origen y evolución de los fondos recibidos por la provincia de parte de la administración nacional, permite conjeturar que sin esa asistencia Mendoza incurriría en constante e incrementales desajustes presupuestarios. El posible escenario de reducción y/o eliminación de fondos desde el gobierno central hacia los estados subnacionales como resultado de la aplicación de medidas económicas diseñadas desde La Libertad Avanza (J. Milei) se podrían asimilar a las potenciales consecuencias del proyecto separatista mendocino.

Origen de los recursos corrientes

Mendoza a igual que los restantes estados provinciales recibe fondos de la nación, en el cual sobresale la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), en los últimos diez años (2013-2022) el total de recursos de origen nacional (RON) representaron en promedio el 52,2% de los recursos corrientes. Los Aportes No Reembolsables (ANR) importes que no son restituidos a la nación, fueron equivalente a $ 37.235 millones de pesos corrientes, que representan un 5,8% del total nominal de los RON.

Salarios

El presupuesto nacional 2023, destina la suma de $ 41.254, 5 millones a gastos en personal (pago de salarios de funcionarios y personal de los ministerios e instituciones nacionales con representación en el territorio mendocino). La suma es equivalente al 12,6% del total registrado en el presupuesto provincial 2023 al pago de salarios de empleados de la administración local ($ 327.346,7 millones).

Universidad Nacional de Cuyo

La nación proyecto destinar en 2023 la suma de $ 26.030,1 millones para el desempeño de las unidades académicas e infraestructuras de la Universidad Nacional de Cuyo. El monto asignado representa el 15,8% del total presupuestado por la administración provincial para el año 2023 a la Dirección General de Escuelas (DGE).

Obra pública

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación en su informe Plan Inversiones publicado en su página oficial, destaca que Mendoza contabiliza 109 proyectos con financiamiento nacional por un monto total de $ 90.177 millones. Setenta de dichas obras registran un rango de avance de obra entre el 80% y 100% equivalente a $ 25.049 millones. El Presupuesto 2023 de Mendoza proyecta un monto de $ 58.858 millones para obra pública, en septiembre registra una ejecución del 37,3% ($ 21.933 millones).

El Proyecto de Presupuesto Nacional (PPN) 2024 establece en su estructuración que Mendoza receptara fondos por la suma de $ 2.796.922 millones de ese total un 37% corresponde a recursos de origen nacional, en el que sobresale la coparticipación federal de impuestos, un 61% a gastos de la administración nacional en territorio provincial y el 2% restante se asigna a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Los ingresos totales contabilizados hasta septiembre/23 por la administración provincial es de $ 793.974 millones que es un 28,4% del monto total registrado en el PPN2024 con destino a Mendoza.

Las propuestas que están ligadas a temas económicos y a la administración del estado planteadas por Javier Milei y sus asesores, como la eliminación de ministerios, cierre del BCRA y quita de subsidios, preanuncian una relación entre Nación y provincias de alta volatibilidad institucional cuyas consecuencias aún no han sido realmente dimensionadas. Los datos expuestos precedentemente configuran un escenario cuya matriz se transformaría sustancialmente y se encaminaría hacia una interminable sucesión de hechos económicos y comerciales con impacto en el entramado productivo que eliminaría las opciones de beneficios originados desde el estado.

En Argentina y Mendoza no existen evidencias empíricas del resultado de la aplicación de medidas económicas y no económicas del calibre que propone el candidato presidencial Milei, no obstante, su promulgación y eventual aceptación por parte de un segmento significativo de la sociedad no solo abandonaría un proceso de integración territorial, sino también los contenidos sustantivos de un modelo de bienestar colectivo.