Hemos terminado el 2020 con un 36,1% de inflación pero resulta que el año 2021 en lugar de haberla bajado se elevó al 50,9%. Según los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 29 años cada 15 días, en enero de 2022 los precios de la CBA aumentaron un 5,04%, los utiles y articulos escolares un 64,9% y la indumentaria escolar tuvo un aumento del 54,21%. 

Ahora, ¿cómo combatir este flagelo? De varias maneras. Una de ellas es poner en funcionamiento de una buena vez las distintas leyes que en su momento aprobó el Congreso Nacional. Leyes publicadas en el Boletín Oficial, después de haber sido promulgadas por el Poder Ejecutivo, pero que no no se aplican y tampoco se sanciona a los incumplidores. Un ejemplo de ello es la ley Observatorio de Precios, aprobada por el Congreso hace más de siete años, y que permitiría determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento abusivo o indebido de precios, de modo que el gobierno nacional pueda luego actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. 

También, en mayo de 2018, el Congreso aprobó una ley sobre la base de iniciativas presentadas por diputados y diputadas oficialistas y opositores, denominada “Defensa de la competencia” o “Ley Antimonopolio”, que crea un tribunal nacional de defensa de la competencia. Pero pasó el 2018, el 2019, el 2020, el 2021, estamos en el 2022… y el Poder Ejecutivo aún no designó a los cinco miembros integrantes de ese tribunal.

Otro ejemplo es la Ley de Góndolas, que aumenta sin dudas la competencia porque establece que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25%  del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos, y también establece que los productos elaborados por las empresas campesinas, de economía familiar, cooperativas y mutuales tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas. Sin embargo esta ley todavía no está puesta en funcionamiento. 

Y podría señalar, si tuviera tiempo, infinidad de normas legales, como por ejemplo la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades para defender a los usuarios de los servicios públicos, a los distintos consumidores de bienes y servicios. ¿Pueden creer que desde hace doce años en la Ciudad de Buenos Aires está el edificio en la calle Suipacha, está la infraestructura, el personal, pero el Congreso Nacional aún no designa al defensor del pueblo de la Nación? 

Además, sería interesante que desde el gobierno nacional y desde las distintas áreas provinciales se difundieran los principios y los valores de las cooperativas y mutuales, es decir, sectores de la Economía Social constituidos por los propios trabajadores y consumidores. De esta manera se lograría abaratar sensiblemente el precio unitario de los distintos bienes y servicios que consumimos, porque las cooperativas y las mutuales son entidades sin fines de lucro, organizadas por los propios usuarios y consumidores, y se venderían en las góndolas los productos de consumo cotidiano al precio justo y lógico, no a un precio excesivo y dolarizado, y no tendrían las ganancias absurdas y exorbitantes que llevan a cabo los grandes grupos del poder económico.

Existe hoy una cooperativa de consumo modelo en la Argentina, la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que se ha extendido por buena parte del sur argentino y de la provincia de Buenos Aires. Así, hay tantas otras centenares de cooperativas de consumo que existen en todo el país y que yo, cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, como extrapartidario en el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, le di un enorme apoyo y una gran difusión y al calor de ese apoyo se crearon centenares de cooperativas de consumo a lo largo de todo el país.

Hay que volver a difundir los valores, la doctrina y los principios del cooperativismo para que pueda incidir decididamente en la economía argentina, en buena parte gobernada y orientada por el sector lucrativo y capitalista que pone a los consumidores al servicio del capital en lugar de poner el capital y los recursos naturales al servicio del desarrollo humano.