Columnistas // 2022-02-20
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PANORAMA POLÍTICO
PASANDO BOLETA
La reforma electoral impulsada por el gobernador Suarez tropieza en la salida. Portezuelo suma un nuevo capítulo, esta vez con más reparto y los gremios estatales se movilizan en Mendoza, en protesta por lo menguado del incremento ofrecido por el gobierno. Se avecina en el Congreso Nacional el debate por el acuerdo con el FMI. Voces a favor y en contra.


Boleta única: Luego de las elecciones generales del año pasado que le dieron un amplio triunfo en Mendoza a JxC, el gobierno provincial reimpulsó una iniciativa que se incluye en su idea de reforma institucional: la introducción del sistema de Boleta Única de Papel similar a la que se aplica en Córdoba desde 2019. Esta  consiste en una grilla de papel en donde se encuentra toda la oferta electoral, que puede agrandarse de acuerdo a las circunstancias hasta un tamaño ¡A5!, eliminándose las boletas de los diferentes partidos. En ella se disponen las diferentes categorías electivas y los candidatos en forma de cuadrícula. Los electores realizan su selección haciendo marcas en las opciones correspondientes.

Como viene repitiendo desde el inicio de su gestión, la “reforma” busca como objetivo “la disminución sustancial del costo de la política” en primer lugar para luego avanzar en una reforma constitucional que consagre la unicameralidad legislativa. Resulta curioso que se considere a éste como el principal problema de la democracia, pero no extraña. No hace tanto tiempo, la piedra filosofal que iba a mejorar la “calidad institucional” era el voto electrónico. Recordemos que en 2017 el radicalismo lo introdujo a partir de la modificación del artículo 60° de la ley electoral de manera progresiva. Esta iniciativa se aplicó sólo tímidamente pero, al comprobarse sus dificultades técnicas y elevados costos, fue poco a poco languideciendo.  

 A pesar de esta menguada visión de la dinámica de la representación y de no plantear ninguna iniciativa para propiciar la participación popular en los asuntos públicos, el oficialismo cuenta con las mayorías legislativas necesarias para aprobar el cambio de sistema sin mayores dificultades. Eso pensaba al menos el radicalismo, pero la parte de “sin mayores dificultades” fue un exceso de confianza, ya que desde la propia coalición, el Pro salió a romper. Amenazan con no votarla si previamente no se modifican algunos aspectos que consideran claves. El propio diputado Omar De Marchi planteó las diferencias al afirmar que "la discusión actual tiene gato encerrado" y que "se debe eliminar el casillero que da la opción de votar la lista completa porque "si no, no hay cambio institucional". Sostiene que si no se cambia ese aspecto, se trata de una variante de "lista sábana".

Otra importante objeción la planteó el PJ, por la falta de claridad del proyecto acerca de su aplicación en elecciones unificadas con la Nación. "Si hay desdoblamiento puede haber siete elecciones, la gente no va a querer eso. Si debatimos cambios en el sistema y buscamos ahorro, planteemos eliminar las PASO" dijo el senador Sat, que responde a los hermanos Félix.

Las dificultades plateadas y las diferencias políticas con el Pro, calificadas de oportunistas por los radicales, derivaron en sucesivas postergaciones de su tratamiento que se presumía como un desfile. Ahora se la percibe como una sesión caliente con abundantes pases de facturas que hacen vidriosa su aprobación a libro cerrado.

Mientras, desde la Legislatura se espera la respuesta a varios pedidos de informes entre los que se cuenta el del Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, el  diputado Carlos Sosa, quien responde a la Corriente Nacional de la Militancia, para que sean aclarados los numerosos puntos oscuros sobre la amañada “asignación” de casi 13 mil Has. de tierras fiscales en áreas de frontera de Malargüe, a favor de la empresa porteña El Azufre S.A que presenta más dudas a medida que se conocen más detalles.

Portezuelo del Viento: Luego de varios derrapes y errores “técnicos” cometidos por el gobernador Rodolfo Suarez, finalmente se decidió a convocar a las autoridades orgánicas y con representación política de peronismo mendocino para salir de la maraña que representa avanzar con el proyecto Portezuelo del Viento sobre el río Grande, ubicado en el departamento de Malargüe. Aún insisten desde el gobierno en que se hizo el pedido de laudo presidencial en el seno del COIRCO, cuando ya quedó claramente demostrado en las actas del comité de cuenca que sólo se había expresado la intención de pedirlo. De la reunión participaron las y los legisladores nacionales por Mendoza del PJ, los intendentes e intendenta municipales, salvo el caso de Emir Félix quien se encuentra internado. La representación opositora considera que la obra está en condiciones de ser adjudicada, puesto que ya fue laudada por Mauricio Macri en enero de 2018. No obstante y pese a que esta discusión es clave, decidió acompañar la estrategia del gobernador para no quedar atrapado en una encerrona política.

Las voceras de la reunión por el PJ, la sureña Liliana Paponet y Anabel Fernández Sagasti, insistieron en la necesidad de propiciar más el diálogo político que la confrontación con el resto de las 4 provincias que integran el Comité de cuenca del Río Colorado, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, para llegar a un consenso. También se planteó la posibilidad de interceder ante el Presidente, “para que la obra se pueda comenzar lo más antes posible".

Casi en simultáneo, siguieron las rispideces en la reunión del Comité Ejecutivo del COIRCO de la que participó el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, quien comunicó la misma postura sostenida por Suárez sobre la necesidad del laudo.

La verdadera razón especulativa de JxC es que creen que este laudo será desfavorable por la presión que viene realizando La Pampa sobre los demás miembros del COIRCO y sobre el gobierno nacional y de esa manera poder avanzar con el plan B que contempla la ejecución de otras obras hídricas y energéticas de menor envergadura, diseminadas en los distintos oasis y más redituables electoralmente en el corto plazo, echando mano del fideicomiso constituido con los recursos depositados puntualmente por la Nación.

Paritarias: Esta semana y luego de insistentes reclamos de las principales representaciones sindicales del sector público, se dio inicio a las reuniones paritarias entre el Gobierno y los gremiales de los empleados estatales, anticipándose un frente de conflicto al verificarse por todos los índices oficiales disponibles que las remuneraciones de las y los empleados públicos de Mendoza se encuentran entre los más bajos del país.

La propuesta que acercaron los representantes del gobierno no causó entusiasmo entre los paritarios sindicales de los sectores mayoritarios (SUTE, ATE y AMPROS). La misma consistió en un incremento del 40% en 6 tramos, más una suma anual de $115.600 en 12 cuotas que, según las cuentas del gobierno, daría un promedio del 46%. El reclamo sindical, por el contrario, aspira a recomponer algo de lo perdido el año pasado y cubrirse al menos de la inflación estimada.

Las primeras manifestaciones del desacuerdo ya fueron planteadas por la nueva conducción del Sindicato docente (SUTE). En el marco del plenario de representantes se acordó por unanimidad que no se irá a paro, ya que las negociaciones continúan, pero se expresarán en  una movilización por las calles de la ciudad el lunes 21, día del inicio oficial de clases, la colocación de afiches en las escuelas para hacer público el ingreso de bolsillo de aplicarse la propuesta  anunciada por el gobierno en paritarias y participar en los actos de inicio escolar para acompañar a las y los maestros y preceptores. También se evalúa en conjunto con los demás gremios estatales,  hacer visible el reclamo en los actos vendimiales.

La Fiesta de la  Vendimia suele coincidir con el inicio del año oficial en Mendoza, si bien en lo que va del año ya se han protagonizado no pocos conflictos, este 2022 promete no ser solamente un año de transición.

Fondo Monetario Internacional: El tratamiento y aprobación del acuerdo con el FMI por parte del Congreso tiene un fecha tope:  el 22 de marzo. Más allá de las especulaciones, todos los indicios indican que el mismo será aprobado antes;  tanto por ambas cámaras parlamentarias como por los equipos técnicos y el directorio  del organismo multilateral del FMI. La intención de Alberto Fernández es que el acuerdo esté concluido, en lo posible, antes de la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo para poder comunicarlo al pleno del Congreso. Lo ideal, especulan, es que el proyecto del acuerdo ingrese a Diputados la semana próxima. Este le permitiría a AF un discurso con mayor potencia política y con anuncios fundados en mayores certezas. Complementariamente la aprobación del acuerdo por ambas partes, evitaría el desembolso de los 2.800 millones de dólares de intereses que debería realizar la argentina en el mes de marzo.

En el plano internacional quedó  desmentido el supuesto malestar del presidente de los EEUU Joe Biden por las declaraciones de Alberto Fernández,  tanto en Rusia como en China en relación al dudoso respaldo del gobierno demócrata al acuerdo argentino con el FMI.  Hoy ese apoyo sigue intacto. “Así como Trump en su momento trabajó para favorecer al gobierno de Macri poniendo en riesgo el futuro de Argentina, hoy digo que el actual gobierno norteamericano, a la hora de darle un comienzo de solución al problema, acompañó con su voto a Argentina, y eso lo valoro” señaló AF para no dejar dudas de esa relación.

Luego se han abierto  una serie de especulaciones sobre cuál será la posición de Máximo Kirchner y los diputados que obedecen a su conducción cuando el proyecto sea tratado en la Cámara. Más allá de los intereses políticos personales que se juegan en un tema tan espinoso como es el acuerdo con el FMI,  las consecuencias para un legislador oficialista de votar negativamente este proyecto son extremadamente altos. El límite es la abstención y esta no es una opción que esté disponible para todos quienes integran el bloque del Frente de Todos.  Sin dudas que la prensa opositora fogonea abiertamente una potencial ruptura de la coalición de gobierno, pero desde el gobierno aseguran que los números de votos estarían garantizados y la unidad sigue siendo  un activo que nadie está dispuesto a dilapidar. Votarían incluso a favor muchos miembros de la agrupación que obedecen a Máximo K., aunque este pidió conocer la “letra chica” del proyecto antes de tomar una decisión.  El tiempo terminará develando esta incógnita.

En el Senado, si bien nadie va a aprobar  a libro cerrado un documento de esta envergadura, las resistencias tampoco aparecen tan nítidas. Allí el  silencio de Cristina es lo que se  presta  a la libre interpretación, según sea el nivel de simpatía o rechazo que esta genere. Para algunos su mutismo   es sinónimo de rechazo al acuerdo ya que, según estos exégetas, ella piensa que se podría haber logrado un mejor resultado a favor de argentina. Para otros, no hablar es la única alternativa que tiene la ex presidenta frente acuerdo. Una crítica suya al gobierno,  lo único que lograría es debilitar la figura presidencial y no modificarían sustancialmente la marcha del acuerdo. Quizá muchos no simpatizan con el estilo del ministro Guzmán de quien esperaban mayor dureza, o el deseo de conseguir  más plazos para dar  inicio del pago y así tener  mayor holgura de la economía nacional o tal vez irrite el escaso o nulo costo que pagó Macri por arrodillar al país ante un organismo del cual dijo estar “enamorado”. Todas son posturas atendible

Otro interrogante que abre la firma de este acuerdo es si su aprobación es la defunción de las aspiraciones del Alberto Fernández y del FdT de retener el gobierno en las lecciones de 2023. Dejando de lado las opiniones de quienes no tienen responsabilidades de gestión y gozan de  total libertad para manifestarse, la lógica indica, dado que las negociaciones con el FMI están cerrada, que:

El gobierno de AF asumió el gobierno con la responsabilidad, ante la sociedad argentina,    de solucionar este grave obstáculo. En su discurso de asunción del 2019 el presidente y quienes y, a través de él  integran la coalición, afirmó,  “ Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible, que hoy tiene la Argentina, no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”. En consecuencia, pretender desconocer la deuda a esta altura del proceso y en estas circunstancias  no es posible,  ya que sus consecuencias serían catastróficas. Solo en 2l 2022 se deberían cancelar más de 19.000 millones de dólares.

Salvo la derecha neoliberal, pocos creen que el FMI sea un buen socio para los países con problemas económicos y financieros. El rechazo de los argentinos es masivo ya que el propósito de ese organismo, al permitir el  sobreendeudamiento de los países como el caso de la Argentina de Mauricio Macri, es quitar autonomía sobre las decisiones económicas, buscando controlar las principales variables de la economía, y con ello incidir profundamente en la vida institucional  de cada estado nacional.  En consecuencia ni el presidente ni los negociadores argentinos tienen una visión muy diferente del FMI.  El mismo Alberto Fernández afirmó en su momento ““El Fondo tiene que hacer una crítica mucho más profunda, no solamente a lo que ocurrió específicamente en Argentina, sino a lo que ha sido su política permanente en las últimas décadas”

También sobrevuela, entre los críticos, el argumento de que se podría haber logrado un mejor arreglo con el FMI.  Es legítimo plantearse las dudas pero también es bueno considerar las condiciones objetivas en las que se desarrolló este proceso. Hay un factor tiempo que limitó el margen de maniobra de argentina. Estos plazos de vencimiento no fueron acordados por el gobierno de AF sino por Mauricio Macri cuando tomó la deuda. "Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer" dijo AF cuando anunció el acuerdo con el FMI.  Una falta de acuerdo también pone en serio riesgo el proceso de recuperación que viene registrado la economía argentina. Este año el alza alcanzaría el 10%. El mismo Axel Kicillof que apoya el acuerdo dijo,   “El Presidente anunció hoy que el FMI refinanciará esos vencimientos, lo que evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato. Esperamos que la oposición colabore y se haga cargo del desastre que dejó a su paso” afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Una negociación, parece obvio, pero es un proceso que debe generar beneficios para todos los involucrados, resolviendo adecuadamente sus diferencias. Esta vez no fue la excepción. Argentina ganó en principio más tiempo para comenzar a devolver el dinero, concretamente tendrá una extensión inicial de dos años y medio, plazo que se podría ampliar a diez años.  En término de condiciones, y en palabras del presidente, el acuerdo no contempla restricciones que posterguen el desarrollo nacional; no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Estado; no se contempla un brusco ajuste fiscal; se implementará una reducción gradual de asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro nacional y se promoverán tasas positivas de tasas de interés; no se producirán saltos devaluatorios ni cambiarios y se va a bloquear la fuga de capitales.  El FMI quiere cobrar la deuda pero sabe que eso solo puede lograrse con crecimiento de la argentina.

En consecuencia, los efectos políticos de este acuerdo, solo podrán verificarse una vez puesto en marcha. El gobierno fue a la negociación debilitado por una deuda descomunal,  una economía golpeada a consecuencia en parte de una pandemia impiadosa pero también de una herencia ominosa; una oposición irresponsable que ni se hizo cargo de nada y unos plazos agobiantes para iniciar la devolución. Enfrente estaba el FMI quien representa las economías más desarrolladas del planeta, en especial a los Estados Unidos. Demás está señalar que usa  esa asimetría para incluir, la mas de las veces por la fuerza, reformas estructurales, las  que aquí no ha conseguido imponer  como cambios en el régimen previsional y en las regulaciones laborales.

Ya lo afirmó Alberto Fernández en su momento: "la historia juzgará quien hizo qué. Quién creo un problema y quién lo resolvió".  Ahora será el turno del Congreso Nacional. Se verá allí cómo funciona el sistema de lealtades, intereses personales y la defensa del interés nacional.

 


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