Columnistas // 2022-01-30
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BAJANDO DEL ACONCAGUA EN OJOTAS
El gobernador Suarez tuvo que dar de baja a un cornejista de la primera hora. El ahora ex jefe de la milicia local, Roberto Munives, mordió el polvo por exceso de confianza y mucha impunidad. Mientras el gobierno nacional deposita mensualmente millones de dólares, Portezuelo del Viento quedó en un limbo hasta nuevo aviso. Alberto Fernández, luego de 16 meses de negociación, se anotó un triunfo político al alcanzar, dada las condiciones, un ventajoso acuerdo con el FMI.


La modorra veraniega que suele adormilar a la política mendocina en enero tuvo una convulsión febril de proporciones que dejó como saldo la salida abrupta del Director de Policía Roberto Munives. La razón fue su irregular ingreso al Parque Provincial Aconcagua y el posterior ascenso al emblemático cerro por parte de una expedición que formaron dos integrantes de la Patrulla de Rescate, además del propio Munives y su pareja, la abogada Mónica Delsouc.

Decir “irregular” es un eufemismo para resumir muchos actos ilegales de abuso de autoridad del ex jefe, entre los que la prensa mendocina prefiere recordar más el falseamiento de la declaración jurada de la mujer, quien ingresó a la reserva sin cumplir con el requisito de vacunación completa contra el Covid 19, establecido por disposición de la Secretaría de Ambiente como lógica medida de prevención sanitaria. Para hacerlo, se valió de una nota enviada por un subordinado suyo asegurando que los integrantes de la partida de ascensionistas cumplían con el esquema de vacunación completa. El abuso de autoridad no acabó aquí, ya que en la etapa de descenso, el ex Director de la Policía y su pareja utilizaron el helicóptero destinado a evacuaciones de emergencia, sin haber contratado el seguro con anterioridad como es la práctica para quienes acceden al Aconcagua. El escándalo es objeto de investigación por parte de la Inspección General de Seguridad y de la Justicia provincial.

Munives estaba en el cargo desde 2016 y responde ciegamente a las directivas de Cornejo. Es  conocido por actuar con arbitrariedad y autoritarismo manifiesto hacia sus subordinados en la conducción policial y por el abuso de la fuerza en las protestas callejeras, como la recordada agresión con palos y patadas a manifestantes que apoyaban las protestas que sacudieron a Chile en octubre de 2019, o por efectuar “recomendaciones” totalmente desubicadas a los padres de la adolescente Florencia Romano que cuidaran a su hija, quien fuera víctima de femicidio en 2020. La filtración pública de su “exceso de confianza”, que le costó el cargo también es parte de las tensiones que existen al interior de la policía y entre los funcionarios designados por Suárez con los que fueron mantenidos de la administración cornejista.

La seguridad ciudadana notoriamente es una cuenta pendiente en Mendoza y la ausencia del escurridizo ministro Raúl Levrino, una norma. Por eso llamó la atención la alta exposición pública del “Bruja” la última semana, lo que constituye un hecho desusado. En los ámbitos legislativos lo ven como un gesto de autoridad desproporcionado, sobre todo hacia el Director de Relaciones con la Comunidad Néstor Majul, quien es el principal delfín del ex gobernador. No obstante queda al descubierto la improvisación en esta materia por cuanto el comisario Marcelo Calipo, designado sucesor de Munives, hizo carrera a su sombra.

Mientras Suárez sigue deliberando sobre si insistirá o no en pedir el laudo presidencial por las desavenencias con las provincias integrantes del COIRCO respecto a la construcción del emprendimiento de Portezuelo del Viento,  el Gobierno nacional realizó el depósito de casi 53 millones de dólares que corresponde al décimo desembolso de un total de US$ 1.023 millones. Su actitud hostil hacia el ejecutivo nacional contrasta con el cumplimiento escrupuloso de la Nación en tiempo y forma de todas las cuotas acordadas como resarcimiento a Mendoza por los perjuicios de la promoción industrial en provincias vecinas. 

Queda claro que su oposición desmesurada e irracional tiene que ver con las  posiciones ´políticas  “republicanas” de Juntos por el Cambio y no con los gestos institucionales del que ha dado muestras el gobierno de Alberto Fernández, incluso en momentos de máxima intensidad en las negociaciones con el FMI.

Esta novela seguramente seguirá escribiendo capítulos, por cuanto activar el mecanismo del arbitraje demandará un tiempo que no será corto y la presión de los intereses empresariales y políticos por dar de baja la obra se hacen cada vez más evidentes y organizados. La sistemática desarticulación de la Agencia de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, creada por la ley 8.051, y que debería ser el ámbito natural para canalizar un debate maduro que tiene la máxima prioridad para delinear el desarrollo actual y futuro de Mendoza es la clara muestra de que los intereses en juego buscan ser resueltos entre cuatro paredes y a espaldas de la mayoría de las y los mendocinos.

 

Para la mayoría de los argentinos, el Fondo Monetario Internacional es justificadamente sinónimo de crisis, ajuste y recesión. Salvo Mauricio Macri que esperaba que el país  se enamorara de Christine Lagarde, los préstamos del FMI,  gestado en complicidad con las élites locales, once en total desde 1983,  han desestabilizado invariablemente el sistema político y económico del país.  De allí el valor que cobra la decisión de  presidente Néstor Kirchner, cuando en el 2006 canceló los últimos resto de la deuda soberana con el organismo y se deshizo de esta nociva relación.  Pero esta situación se revirtió nuevamente cuando en el año 2018, el ex presidente Mauricio Macri debilitado  políticamente, tomó la decisión de acudir al impopular FMI a pedir 57.000 millones de dólares para salvar su gobierno al borde del colapso. La mochila de plomo fue colgada nuevamente del futuro de los argentinos y esta semana se consumó uno de los capítulos más delicado de esta operación. Alberto Fernández anunció que cerró un acuerdo con el FMI para renegociar la deuda de 44.000 millones de dólares que heredó justamente de  Mauricio Macri.

Si se tiene cabalmente en cuenta las condiciones en las que se pactó la deuda y los resultados obtenidos por los negociadores argentinos, no caben dudas que el resultado alcanzado es un excepcional  logro político de Alberto Fernández. “Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo” afirmó el presidente, concepto que corroboró  el ministro Guzmán  cuando resaltó que “Es el mejor acuerdo que se podría alcanzar”.  

Las negociaciones que comenzaron hacen 16 meses reflejan  un arreglo  absolutamente inédito en sus alcances y contenidos. Argentina no quedará sometida ni a ajustes ni reformas estructurales que puedan afectar su crecimiento. No al menos las que  el FMI  impone, con todo rigor,  a quien solicitan, como en este caso la argentina, un acuerdo de facilidades extendidas, en este caso por dos años y medio.  En su aparición pública AF afirmó que "teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento".

Los argentinos aún recuerdan el día en que Mauricio Macri apareció en televisión  a mediados de 2018, en un video grabado y trasmitido por cadena nacional comunicando, desencajado y desbordado por la situación económica,  que argentina volvía a atar su destino a los condicionamientos de FMI  por haber tomado un préstamo por  57 mil millones de dólares. Esos recursos, de los cuales ingresaron  44.150  millones de dólares, fueron  íntegramente fugado del país, sin que un solo centavo fuera invertido para aliviar la situación de la economía nacional.  Como resultado de graves  errores de gestión, pero fundamentalmente de un proyecto que literalmente saqueó los recursos productivos del país, el macrismo  hipotecaba en aquel momento el futuro de los argentinos   mientras se daba un golpe de muerte a su propio proyecto político y al de sus aliados.

No es menos paradójico que  este modelo,  liberal en lo económico y reaccionario en lo político, fuera  derrotado en su propio terreno y por los mismos aliados que llevaron a Mauricio Macri al poder.  No fueron el “populismo”, los sindicatos,  la oposición legislativa, los gobernadores,   los jubilados o los trabajadores quienes tumbaron  el programa de gobierno de Cambiemos.  El golpe se lo asestaron sus propios socios: los exportadores agrícolas y mineros, los grandes bancos, los operadores financieros mayoristas del mercado que atesoraron o fugaron divisas; los amigos del poder que abusaron de su relación privilegiada con la Casa Rosada;  los grandes medios de comunicación, los consultores del establishment y  una  apertura indiscriminada de las importaciones, eliminación de las retenciones, y otras medidas  que desfondaron las arcas del estado nacional.

El cronograma de devolución del monumental prestamos Stand By fue también otra ficción macrista de imposible cumplimiento y con el cual tuvo que lidiar el gobierno de Alberto Fernández en este proceso de negociación:  5.100 millones de dólares en 2021 , 19.100 millones de dólares en 2022, 19.300 millones en 2023 y 4.900 en 2024. Montos de cumplimiento imposible para la realidad argentina.  A ello se suma   las restricciones externas con la  crónica y estructural escasez  de dólares que padece la argentina, lo que la  hace   extremadamente vulnerable a los ataques especulativos y muy  dependiente de los mercados financieros internacionales. Sin embargo, con  la llegada de Macri al poder, paradójicamente, se procedió a una total liberalización y desregulación del mercado financiero, dejando  expuesto el dólar  a todo tipo de turbulencias internacionales y operaciones especulativas de la más variada naturaleza que terminó en el 2018 con una corrida bancaria , con las reservas del Banco central en estado crítico, y debiendose pactar  con el Fondo Monetario Internacional  un acuerdo de asistencia financiera para no terminar como el Fernando de  la Rúa en el 2001.

El acuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández  no  fija  condicionamientos estructurales: no  afecta a los jubilados ni a sus derechos; promueve la inversión pública y no impone ningún tipo de flexibilización laboral. Tampoco relega el gasto social o el de ciencia y tecnología ni tiene incidencia en los servicios públicos.  Este compromiso no conlleva tampoco  devaluaciones abruptas y permite acceder a nuevo financiamiento internacional para sostener la recuperación económica en marcha.  No hay condicionamientos. Hay compromisos de seguir creciendo, ordenando las cuentas públicas por más de dos años,  para luego enfrentar el nuevo cronograma de pagos.

 La deuda existe y el país debe cancelarla más allá de las responsabilidades de este despropósito. Tal como lo señaló AF “Tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”. Como ya aconteció en otras etapas de la historia reciente, el peronismo siempre honró las obligaciones con los acreedores,  a pesar  que casi nunca fue responsable por las deudas contraídas. Por izquierda se fogonea la idea de no pagar al Fondo, o que lo hagan quienes tomaron la deuda. Loable deseo pero impracticable.   No pagar sería desertar del gobierno y dejar las puertas abiertas a una crisis monumental y a la vuelta del neoliberalismo al gobierno. La caída en default generaría  una inmediata explosión económica y social, con hiperinflación incluida, ya que se carecen de los mínimos recursos para vivir con lo  propio. Sin crédito e inserción política y comercial con el mundo,   no hay salida posible en una arquitectura global como la que hoy existe.

La reacción de los mercados también fue favorable a los resultados del acuerdo: el dólar blue cayó  6,5 pesos por unidad, el índice Merval (que mide el valor en pesos de una canasta  de acciones)  subió un 4,7%. Estas mejoras, con fuertes subas en acciones y bonos, alcanzaron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street que crecieron alrededor de un 9% y el riesgo país cayo alrededor del 4%.   

Ahora viene el turno del Congreso Nacional. Allí los endeudadores de Juntos por el Cambio, responsables de la situación, deberán dar la explicaciones del caso y asumir su compromiso con el acuerdo  alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández. Rechazarlo sería el colmo del cinismo.


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