Desde que el Gobierno Nacional anunció mediante los organismos pertinentes la posibilidad de prospección sísmica en nuestro mar, aparecieron diferentes opiniones en contra que en algunos casos confunden más que lo que pueden ayudar a debatir.

En primer lugar, Argentina tiene actividad prospectiva y productiva de hidrocarburos off shore desde 1950 no es casualidad que en aquella época al frente  del Gobierno Nacional se encontrara un tal Juan Perón. Es decir, esta no es una actividad nueva y de la cual no tengamos experiencia, sólo hay que remitirse para más datos a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego (comandadas por Alicia Kirchner y Gustavo Melella, respectivamente) y consultar no sólo la importancia que esta actividad representa en el movimiento económico local sino también en el control ambiental que los organismos competentes llevan adelante para darle garantías a su población. Ambas provincias forman parte de la Cuenca Austral que en su actividad off shore actualmente producen el 17% del gas y el 2% en petróleo respectivamente del total nacional anual. En los últimos 71 años de actividad petrolera en nuestra plataforma marina, cuántos derrames ha habido? 

En segundo lugar, el Reino Unido está llevando adelante actividad off shore en las Islas Malvinas desde 1990 sin que haya despertado el interés de ninguna ONG local o extranjera, respecto de los controles ambientales a los cuales como país soberano que reclama por un territorio usurpado, no tenemos acceso.

Por último, Mendoza hoy tiene una economía más pequeña que la del 2015 con el Estado provincial siendo el principal actor económico y con los privados en retirada. Además, su sistema de control ambiental ha sido destruído en los últimos siete años de gestión radical. Es por eso que se torna dramático, que cualquier debate sobre sobre la actividad productiva que sea, se lleve adelante con datos certeros, sin confundir ni generar pánico pero además teniendo en cuenta que se necesitan crear puestos de trabajo siguiendo todo el ordenamiento jurídico de protección ambiental que cuenta el país y los territorios provinciales, ya que la principal deuda ambiental es la pobreza.